En su primer discurso como diputada, Vianey Mora afirmó que frente al “autoritarismo y la injusticia” las personas trabajadoras no deben claudicar.

Horas después, la propia legisladora defendió públicamente el uso de un pin con la hoz y el martillo, símbolo históricamente asociado a la Unión Soviética y al comunismo internacional, y aseguró que no será la última vez que lo porte.

“No será la última ni la primera vez que lo porte”, declaró Mora.

La diputada explicó que para ella el emblema representa “la unión de los trabajadores del campo con los trabajadores de la ciudad” y sostuvo que es un símbolo que ha enarbolado “luchas socialistas y comunistas” en favor de la clase trabajadora.

Sin embargo, la hoz y el martillo no es un emblema laboral neutro ni un símbolo genérico del Día del Trabajador.

Aunque históricamente fue utilizado por movimientos obreros y socialistas, su significado político contemporáneo está particularmente ligado al movimiento comunista internacional y, de forma emblemática, a la Unión Soviética, donde se consolidó como símbolo oficial de uno de los proyectos ideológicos más influyentes y controvertidos del siglo XX.

La escena abre así un debate político inevitable.

Porque la hoz y el martillo no es un símbolo históricamente neutro.

Fue el emblema central de la Unión Soviética, régimen que marcó el siglo XX bajo una estructura de poder asociada históricamente con autoritarismo estatal, persecución política, censura, represión de la disidencia y graves violaciones a derechos humanos ampliamente documentadas por la historiografía contemporánea.

Eso no significa que toda persona que use ese símbolo respalde automáticamente cada episodio de ese pasado.

Pero sí significa que su utilización pública, y más aún su reivindicación expresa desde una curul legislativa, inevitablemente genera escrutinio sobre el mensaje político e histórico que proyecta.

La discusión se vuelve todavía más sensible cuando quien reivindica ese símbolo es la misma figura que, en su discurso inaugural, apeló precisamente a la lucha contra el autoritarismo.

En política, invocar conceptos de alto peso moral mientras se reivindican símbolos cargados de una historia profundamente controvertida no pasa desapercibido.

Porque cuando una figura pública decide hablar de autoritarismo, también queda expuesta a que la ciudadanía examine con qué símbolos, referentes y antecedentes elige identificarse.

Más allá de la interpretación ideológica que cada sector haga sobre el comunismo como corriente política, el hecho político concreto es otro.

Vianey Mora decidió inaugurar su etapa como diputada combinando un discurso contra el autoritarismo con la reivindicación explícita de uno de los símbolos más discutidos y polarizantes del siglo XX.

Y eso, inevitablemente, abre preguntas sobre coherencia histórica, simbólica y política.

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En su primer mensaje desde el Plenario Legislativo, la diputada del Frente Amplio Vianey Mora apeló a la memoria histórica de la clase trabajadora y afirmó que “ante el autoritarismo y la injusticia, claudicar y doblegarse no es una opción”.

La frase marcó el tono ideológico de su intervención en el marco del Día Internacional de la Clase Trabajadora.

Sin embargo, su referencia al autoritarismo reabre inevitablemente un antecedente político que ha acompañado su nombre desde antes de asumir la curul.

Mora fue la asesora legislativa que viajó a Venezuela en 2024 para presenciar las elecciones presidenciales de ese país, en un desplazamiento financiado por el Consejo Nacional Electoral venezolano, organismo severamente cuestionado por amplios sectores de la comunidad internacional por su cercanía con el régimen de Nicolás Maduro.

El viaje se realizó luego de que la diputada Rocío Alfaro, quien había sido invitada directamente, solicitara que Mora asistiera en su lugar.

En aquel momento, Costa Rica se encontraba entre los países que cuestionaron con dureza la legitimidad del proceso electoral venezolano y denunciaron un deterioro democrático en ese país.

Ese antecedente vuelve políticamente inevitable una pregunta de consistencia.

Cuando una figura pública invoca el discurso contra el autoritarismo, también se expone a que se examine cómo ha actuado frente a otras expresiones de poder cuestionadas internacionalmente.

La discusión no implica asumir automáticamente una posición ideológica por asistir a una observación electoral.

Pero sí abre debate sobre la coherencia con la que se utiliza un concepto tan sensible como “autoritarismo” en el debate político nacional.

El discurso de Mora también reforzó otra dimensión habitual del Frente Amplio, la reivindicación de la clase trabajadora desde una narrativa de lucha social y confrontación frente a estructuras de poder.

No obstante, ese mensaje se emite ahora desde una curul legislativa, es decir, desde uno de los espacios institucionales de mayor poder político del país, lo que añade otra capa de lectura sobre cómo ciertos sectores trasladan discursos históricos de militancia hacia posiciones de poder formal.

En política, invocar grandes conceptos siempre tiene un costo.

Quien habla de autoritarismo, justicia social o lucha obrera no solo propone una visión de país.

También invita a que se revise su propio historial bajo esos mismos estándares.

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La controversia se centra en las posturas políticas y las acciones públicas de los asesores de las dos diputadas que votaron a favor del desafuero, lo que ha generado un debate sobre la posible influencia de sus posiciones en una decisión de tan alto impacto para el país.

El informe de mayoría, que será votado por el Plenario Legislativo, fue respaldado por las diputadas Andrea Álvarez del Partido Liberación Nacional (PLN) y Rocío Alfaro del Frente Amplio (FA). Sin embargo, el análisis del entorno de ambas legisladoras revela antecedentes que podrían, según algunos analistas, poner en entredicho la neutralidad del proceso.

El caso del asesor del PLN: La comparación con el chavismo

El politólogo y asesor especializado de la diputada Andrea Álvarez, Giancarlo Casasola Chaves, ha expresado públicamente una postura crítica hacia la administración del presidente Chaves. En un artículo de opinión publicado en un medio de comunicación, Casasola trazó un paralelismo entre el presidente de Costa Rica y el fallecido mandatario venezolano, Hugo Chávez.

De Chávez a Chaves. Por Giancarlo Casasola Chaves

En su texto, el asesor señaló: “De Chávez a Chaves. Pareciera lejano, incluso extremista, pensar que Hugo Chávez y Rodrigo Chaves podrían tener paralelismos de estilo en sus formas de gobernar que, aunque no son equiparables en todo, presentan similitudes preocupantes”.

El artículo profundiza en varios puntos de coincidencia, entre ellos:

• La retórica para descalificar: El autor comparó las conferencias de prensa de Chaves con las cadenas nacionales de TV de Hugo Chávez, señalando el uso de una retórica planificada para descalificar a adversarios.
• Debilitamiento institucional: El texto argumenta que ambas figuras han buscado socavar la institucionalidad, concentrando el poder y enfrentando a instituciones como la Contraloría, la Fiscalía y el Poder Judicial.
• Ataques a la prensa: Casasola menciona que, al igual que en el caso venezolano, el presidente de Costa Rica ha utilizado un lenguaje hostil contra los medios, tildando a la prensa de “canalla” y “sicarios políticos”.

Casasola, quien también fue candidato a regidor por el PLN en las elecciones municipales de 2020, evidencia una postura abiertamente antichavista en su análisis, lo que para algunos críticos podría ser un indicio de falta de imparcialidad en su rol de asesoramiento en una comisión tan sensible.

La asesora del Frente Amplio: Observadora en las elecciones de Venezuela

Por su parte, la asesora de la diputada Rocío Alfaro, Vianey Mora Vega, también ha sido objeto de escrutinio. Mora, quien labora para la jefa de fracción del FA, fue candidata a la alcaldía de Desamparados en las elecciones municipales de 2024 y recientemente ganó una candidatura a diputada en la convención interna del partido.

La controversia en su caso surge a raíz de un viaje realizado en julio de 2024 a Venezuela, donde fungió como observadora de las elecciones presidenciales. El viaje de Mora fue financiado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país, un ente controlado por el régimen de Nicolás Maduro.

La invitación original fue para la diputada Rocío Alfaro, quien delegó en su asesora. Este hecho es relevante, ya que las elecciones venezolanas fueron calificadas como fraudulentas por diversos países, incluyendo Costa Rica. La aceptación de un viaje financiado por una entidad de un gobierno cuestionado plantea dudas sobre la objetividad de la asesora de cara a su trabajo en la Asamblea Legislativa.

¿Puede un asesor influir en una decisión política?

Si bien la decisión de votar a favor del desafuero recae exclusivamente en las diputadas, el rol de los asesores es fundamental en la investigación, el análisis y la redacción de informes que fundamentan las decisiones políticas. La existencia de un manifiesto sesgo político, como en el caso de Casasola, o de un vínculo con un régimen cuestionado, como en el caso de Mora, puede generar legítimas preguntas sobre si la recomendación se basó únicamente en criterios jurídicos o si también fue influenciada por posturas ideológicas preexistentes.

A medida que el informe de mayoría avance al Plenario Legislativo, la discusión sobre la imparcialidad del proceso podría intensificarse, con los ojos puestos en la influencia de quienes asesoraron la decisión.

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