El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) de Costa Rica avanza en la construcción de un nuevo centro de mando y control digital. Este sistema, que operará a inicios de 2026, promete transformar la respuesta policial en el país. Así lo informó el ministro Mario Zamora.

El centro se ubicará en la sede central de la policía en Barrio Córdoba, San José. Su función principal será conectar diversas cámaras de vigilancia para mejorar la respuesta ante incidentes. “Ese cambio ya lo empezamos a construir, ya está en obras en este momento”, enfatizó Zamora.

Tecnología para Policías y Patrullas: Inversión y Donación

La iniciativa incluye la implementación de cámaras corporales para cada policía. Estas grabarán las operaciones, siguiendo el modelo de otros cuerpos policiales como Tránsito o policías municipales. Las patrullas también se equiparán con dispositivos electrónicos y GPS. Esto permitirá georreferenciarlas dentro del sistema.

La inversión para este proyecto asciende a $1,5 millones de dólares, aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, Costa Rica recibirá una donación de Estados Unidos por $9,5 millones para el software y hardware necesarios. El ministro Zamora reconoció la necesidad de contratar y capacitar a técnicos para estas nuevas funciones.

Una Nueva Estrategia de Respuesta Policial

Zamora explicó cómo operará esta nueva forma de respuesta. Ante una llamada de emergencia al 9-1-1, la policía podrá identificar la ubicación exacta. Así, dirigirán las unidades y accederán a toda la red de cámaras de vigilancia disponibles. “Vamos a interconectarnos con los centros de cámara de cada una de las municipalidades existentes en Costa Rica”, detalló.

Una estrategia innovadora es el control de los semáforos. La policía podría ponerlos todos en rojo para “crear un embotellamiento artificial”. Esto evitaría el escape de sospechosos.

Los policías de Fuerza Pública también serán equipados con dispositivos para reportar digitalmente los partes policiales. Podrán adjuntar imágenes y pruebas de los sucesos. Esto “dará trazabilidad informática y lo presentará como evidencia”.

Reconocimiento Facial y Protección de Datos

El sistema también incluirá cámaras de reconocimiento facial. Zamora explicó que trabajaron con la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prohab). El objetivo fue definir un mecanismo para identificar a prófugos o personas requeridas, pero protegiendo la privacidad del resto de los transeúntes.

Como ejemplo, Zamora mencionó el robo de vehículos. Las cámaras del país conectadas al sistema podrán buscar y rastrear placas. Esto facilitará su ubicación. Este proyecto representa un avance significativo en la modernización de la Seguridad Pública en Costa Rica.

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La Asamblea Nacional de Ecuador dio luz verde este martes al proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, una normativa que, según sus defensores, es una herramienta esencial para combatir el crimen organizado y anticipar amenazas a la seguridad del Estado. Sin embargo, su aprobación ha desatado una ola de controversias y preocupaciones en diversos sectores del país.

El proyecto fue respaldado con 77 votos a favor, provenientes principalmente del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), algunos asambleístas del partido indigenista Pachakutik, y legisladores independientes.

Durante la sesión, Inés Alarcón, asambleísta de ADN y presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, defendió el proyecto con firmeza. “Esta es una ley conectada con la realidad que vive el país y que resalta la importancia de la obtención de información oportuna y eficaz para evitar que se materialicen hechos terroristas en territorio nacional”, manifestó Alarcón, según una nota de prensa del Parlamento. Con la aprobación de esta ley, Ecuador establecerá “por primera vez” un Sistema Nacional de Inteligencia y siete subsistemas integrados a nivel policial, militar, de análisis financiero y económico, de la Casa Militar Presidencial, tributario, aduanero, penitenciario y de rehabilitación social, además de otros que el presidente Daniel Noboa decida incorporar.

Las Sombras de la Vigilancia: Dudas y Cuestionamientos

A pesar del apoyo oficialista, la normativa ha generado profundas dudas en sectores críticos. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), que votó en contra del proyecto —a excepción del legislador David Arias, quien fue expulsado por su voto—, ya se habían advertido que la ley contiene artículos que implican “espionaje, vulneración de datos personales, filtración legalizada” y que “expone a las y los ciudadanos”.

La asambleísta Victoria Desintonio (RC) fue contundente: “La seguridad del Estado no puede convertirse en excusa para vulnerar la intimidad de la ciudadanía”. En este sentido, destacó puntos clave de la normativa que “permite interceptar comunicaciones y acceder a datos personales sin orden judicial”.

Según Radio Pichincha, que tuvo acceso al documento, la ley faculta a la máxima autoridad del Sistema Nacional de Inteligencia a solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones. Asimismo, obliga a los operadores de servicios de telecomunicaciones a proporcionar al Sistema Nacional de Inteligencia la información requerida para sus actividades, incluyendo datos históricos y en tiempo real de comunicaciones, conexiones de abonados telefónicos, información técnica, informática, y localización de terminales, aunque con un límite de solicitud a un período máximo de cinco años.

El Sistema Nacional de Inteligencia también podrá requerir la entrega y actualización permanente de bases de datos e información a entidades públicas por razones de seguridad integral del Estado, con el fin de identificar y alertar sobre riesgos y amenazas.

Otro punto controvertido es la gestión de los fondos para operaciones de inteligencia. La ley establece un fondo permanente de gastos especiales “cuyo uso no se someterá a las normas previstas en la ley que regla el sistema nacional de contratación pública”. Se especifica que el Contralor General del Estado tendrá la potestad exclusiva de control sobre esos gastos, sin que ninguna otra entidad pueda intervenir en su fiscalización o requerir información. Además, se le otorga a este funcionario la potestad de incinerar la documentación. La normativa también prevé que los servidores públicos que realizan operaciones de inteligencia y contrainteligencia reciban documentos con nueva identidad para proteger su vida, identificación que solo deberán usar en el ejercicio de sus funciones.

“Poderes Omnímodos” y Riesgo para la Privacidad

Para el abogado y analista político Mauro Andino, la aprobación de esta normativa legaliza el espionaje “como instrumento de persecución, chantaje y hostigamiento político”. “La máxima autoridad del sistema de inteligencia -designada por el presidente- tendrá poderes omnímodos para espiar, recopilar y capturar información e interceptar comunicaciones y mensajes, acceder a la lista de abonados y a los registros telefónicos. También podrá exigir a las instituciones públicas las bases de datos que dispongan. Todo esto sin la autorización de un juez”, explicó.

La legisladora Jahiren Noriega (RC) expresó con contundencia: “Hasta acá llegó tu derecho a la privacidad”. A ella se sumó el asambleísta Xavier Lasso, quien señaló que esta ley “plantea un espionaje sin ningún tipo de control” y, además, “implica un retroceso de derechos porque vulnera la privacidad de los ecuatorianos”.

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