El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha confirmado el asesinato de una mujer de 43 años, de apellido Peralta, en Nicoya, Guanacaste. Los hechos ocurrieron la noche del viernes, cuando la víctima fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca en su vivienda. Minutos después, las autoridades detuvieron a su expareja, un hombre apellidado Sánchez, de 49 años, quien es el principal sospechoso del crimen.

La rápida detención se logró gracias a la colaboración de vecinos que alertaron a la Fuerza Pública. El sospechoso fue localizado cerca de la escena del crimen con las manos ensangrentadas y ya ha sido puesto a disposición del Ministerio Público. En la vivienda de la víctima, el OIJ encontró indicios balísticos que formarán parte de la investigación.

La exministra Cindy Quesada critica el manejo periodístico

El trágico suceso ha reavivado el debate sobre los femicidios en Costa Rica, y la exministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, ha emitido un comunicado con fuertes críticas. Quesada lamentó el asesinato y señaló que el manejo “irresponsable” por parte de medios de comunicación y algunos grupos feministas podría haber contribuido a motivar este tipo de crímenes, en lo que llamó un “efecto copycat”.

La exministra se refirió a una polémica reciente en la que, según ella, sus declaraciones sobre la prevención de la violencia contra las mujeres fueron sacadas de contexto, acusando a los medios de malinterpretar sus palabras. A pesar de sus críticas, Quesada fue enfática en que “los únicos culpables son los hombres agresores que toman la decisión voluntaria de acabar con la vida de una mujer”.

La familia de la víctima pide justicia

La familia de la víctima ha expresado su indignación y dolor por el crimen. El tío de Peralta, Elbert Peralta Gómez, habló con la prensa y pidió a la justicia que actúe con celeridad y firmeza. “No hay ninguna razón, no existe ni la más mínima razón para que un hombre le haga daño a una mujer”, declaró el familiar.

Peralta Gómez también criticó que estos crímenes se conviertan en un “circo mediático” que se olvida rápidamente, y abogó por sanciones severas, pidiendo que los responsables sean recluidos en centros de máxima seguridad. “No puede usted atacar a una mujer por lo que piensa, por lo que es. Por ninguna razón”, concluyó.

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En el documento, Quesada explica que en una entrevista previa, buscaba analizar el delito desde una perspectiva criminológica. Su objetivo era comprender los nuevos perfiles de los agresores, a quienes describe como hombres “mucho más violentos” con vínculos al crimen organizado y con historiales criminales. Como prueba de su argumento, señaló que un 45% de los femicidios de este año fueron cometidos por hombres con antecedentes penales, un dato que, según ella, debe ser visto como una “alerta que debemos atender con seriedad”.

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El llamado a la prevención y la trayectoria de la exministra

Quesada reiteró que, aunque el único culpable de la violencia es el agresor, es necesario advertir sobre los factores de riesgo y fortalecer las redes de apoyo. Esto implica, según ella, acompañar a las mujeres que buscan salir de ciclos de violencia, especialmente cuando las relaciones son con hombres “peligrosos y altamente violentos”.

La exministra también criticó que algunos actores manipulen sus palabras para hacer creer que culpabiliza a las mujeres por la violencia que sufren, algo que considera una “mentira que ofende”. En su comunicado, la exministra de la mujer Cindy Quesada insistió en que su compromiso es y seguirá siendo luchar contra la violencia machista con datos y claridad. Mencionó algunas de las herramientas que impulsó durante su gestión, como la App ELA y los Puntos Violeta, las cuales buscan ofrecer apoyo a las mujeres en riesgo.

Quesada concluyó su declaración reafirmando su compromiso con la prevención y con el acompañamiento a las mujeres, señalando la importancia de detectar los riesgos a tiempo para salvar vidas.

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El 24 de enero de 2024, el ministro de Justicia de Argentina, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Gobierno de Javier Milei pretende eliminar la figura del femicidio del Código Penal. Esta decisión ha generado un gran debate en el país sobre sus posibles consecuencias.

La historia de Carolina Aló

El caso de Carolina Aló, asesinada por su pareja en 1996, fue un hito en la lucha por el reconocimiento del femicidio en Argentina. Su padre, Edgardo Aló, luchó durante años para que el crimen de su hija fuera reconocido como femicidio. Esto llevó a una reforma en 2012, cuando el agravante por violencia de género fue incorporado al Código Penal, permitiendo penas más severas para quienes asesinan a mujeres en un contexto de violencia de género.

El argumento del Gobierno

El Gobierno de Milei argumenta que eliminar esta figura del Código Penal promovería la igualdad ante la ley. Según Cúneo Libarona, el femicidio debería ser tratado como un homicidio común, sin distinciones basadas en el género de la víctima. Milei también ha criticado lo que llama “feminismo radical” y considera que el término “femicidio” distorsiona el concepto de igualdad.

La importancia de la figura del femicidio

La figura del femicidio no solo busca penalizar el asesinato de mujeres, sino también reconocer que estos crímenes ocurren en un contexto de violencia de género. Según expertos, las mujeres víctimas de femicidio a menudo son asesinadas por parejas o ex parejas, lo que agrava el delito. Eliminar este agravante podría reducir la protección legal para las mujeres en situación de violencia.

Opiniones en contra de la reforma

Organizaciones como Ni Una Menos y Amnistía Internacional se oponen a la eliminación del femicidio. Argumentan que esta medida retrocede en los avances en derechos de las mujeres y favorece la impunidad. Además, creen que debilitará las políticas públicas que protegen a las víctimas de violencia de género.

Consecuencias de eliminar el femicidio

Si el proyecto se aprueba, el femicidio dejaría de ser un agravante en los casos de homicidio, lo que podría reducir las penas a los responsables de estos crímenes. Esto también implicaría una disminución en la protección de las mujeres, ya que las leyes que actualmente existen fueron diseñadas específicamente para protegerlas en situaciones de violencia doméstica.

Situación en América Latina

La figura del femicidio está presente en la mayoría de los países de América Latina, y su eliminación en Argentina sería un retroceso significativo. Según ONU Mujeres, 13 de los 18 países de la región que tipifican el femicidio también han aprobado leyes integrales contra la violencia de género.

Reflexión final

La discusión sobre la eliminación del femicidio del Código Penal refleja una profunda división sobre cómo abordar la violencia de género en Argentina. La reforma propuesta por el Gobierno de Milei podría significar un retroceso en los derechos de las mujeres, lo que plantea la necesidad de un debate más amplio sobre la igualdad y la protección contra la violencia en el país.

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Dieciocho congresistas de Costa Rica, representando diferentes partidos políticos y posturas independientes, presentaron un ambicioso proyecto de ley que propone inhabilitar a presidentes y vicepresidentes por cometer actos de violencia política contra las mujeres. De aprobarse, estas figuras quedarían imposibilitadas de ocupar cargos públicos durante ocho años.

Detalles del Proyecto

El proyecto, identificado bajo el expediente 24.778, fue liderado por la diputada Cynthia Córdoba Serrano del Partido Liberal Progresista (PLP) y respaldado por otros legisladores de partidos como Frente Amplio, Liberación Nacional y el oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD). La propuesta busca reforzar la Ley 10.235, promulgada para prevenir y sancionar la violencia contra mujeres en política, incluyendo sanciones más severas para altos cargos del Poder Ejecutivo.

Entre las reformas clave se destacan:

1. Incorporación de Responsabilidades: La Presidencia y Vicepresidencias de la República, así como cabezas de ministerios y presidencias ejecutivas, estarán sujetas al cumplimiento de esta ley.
2. Inhabilitación por Violencia Política: Funcionarios electos que incurran en violencia política no podrán ocupar cargos públicos por ocho años.
3. Ampliación del Plazo de Prescripción: El periodo para denunciar actos de violencia política pasaría de un año a ocho años, brindando mayor tiempo para actuar ante estos casos.

Motivaciones del Proyecto

El texto del proyecto expone un preocupante patrón de violencia de género en la política costarricense. Entre los incidentes citados están declaraciones ofensivas del presidente Rodrigo Chaves Robles hacia diputadas, calificándolas de “mentirosas” o “comunistas resentidas”, así como ataques verbales a la contralora Marta Acosta Zúñiga.

Los proponentes subrayan que estos actos no solo dañan la reputación de las mujeres en política, sino que perpetúan un ambiente hostil que socava los avances hacia la igualdad de género.

La diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Cinthya Córdoba, y la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Monserrat Ruiz, coinciden en señalar que en los últimos años han surgido varios casos de violencia política.

La jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, califica la reforma propuesta como “un acto de hipocresía”.

Siguientes Pasos Legislativos

El proyecto deberá ser evaluado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) debido a su posible incidencia en materia electoral. Si se objeta, la Asamblea Legislativa tiene un plazo limitado para aprobarlo.

Impacto Potencial

De aprobarse, la ley establecería un precedente en la región, enviando un mensaje contundente contra la impunidad en casos de violencia política de género. Además, reforzaría el compromiso de Costa Rica con la igualdad y el respeto hacia las mujeres en espacios de poder.

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