Colombia se estremece ante un suceso que revive dolorosos recuerdos. El ataque perpetrado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe, senador de la derecha, retrotrae al país a las épocas más convulsas marcadas por la violencia política y el terror del narcotráfico, reminiscentes de los tiempos de Pablo Escobar. El atentado, ocurrido durante un acto público en Bogotá, ensombrece el panorama electoral de cara a los comicios de 2026.

Este hecho no es un incidente aislado en la historia colombiana. El magnicidio ha sido una trágica constante, desde el asesinato de un líder liberal en 1948. La década comprendida entre 1987 y 1990 fue especialmente cruenta, con el asesinato de cuatro candidatos presidenciales a manos de sicarios, presuntamente financiados por los cárteles de la droga que, liderados por figuras como Pablo Escobar, desafiaron al Estado colombiano.

Un Paralelismo Inquietante: Ayer la Izquierda, Hoy la Derecha

En aquel entonces, los blancos de la violencia fueron principalmente líderes de izquierda y figuras progresistas. Hoy, el atentado contra Miguel Uribe, un joven senador de 39 años perteneciente a la derecha conservadora, dibuja un paralelismo inquietante. Uribe había anunciado su intención de suceder a Gustavo Petro en la presidencia. A pesar de no haber iniciado formalmente su campaña, se encontraba en un encuentro con potenciales votantes en un sector popular de la capital cuando fue alcanzado por tres disparos. Un joven de 15 años ha sido detenido como el presunto autor material del ataque.

El presidente Gustavo Petro se refirió al suceso con una frase que denota la gravedad de la situación: “La historia se repite y, por tanto, nuestro deber es detener esa repetición”. Sectores de la derecha han señalado al mandatario por una supuesta promoción de mensajes de odio contra la oposición, acusaciones que Petro rechaza como “oportunistas”.

La Violencia Política Como Sombra Histórica

Laura Bonilla, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación, analiza la persistencia de la violencia en la política colombiana. “Los grandes hitos políticos en Colombia han estado muy marcados por la violencia, desafortunadamente”, explica a AFP. “Eso ha sido una característica que nos ha llevado de una década a otra”.

La memoria colectiva colombiana aún recuerda el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, un hecho que desató una ola de violencia bipartidista. Décadas después, la década de los 80 y el inicio de los 90 vieron caer a líderes como Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán (1989), Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro (ambos en 1990), este último, tras haber dejado las armas como comandante del M-19.

Si bien la llegada de Gustavo Petro a la presidencia en 2022 generó esperanzas de dejar atrás este ciclo de violencia, el atentado contra Uribe siembra dudas. Analistas como Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, han lamentado este retroceso, especialmente de cara a las elecciones de 2026. “El atentado contra Miguel Uribe marca un regreso a los peores momentos de violencia política en el país”, expresó en sus redes sociales.

Un “Déjà Vu” que Alarma a Colombia

Para muchos colombianos adultos, los disparos contra Miguel Uribe son un “déjà vu”, un doloroso recordatorio de un pasado que se resiste a desaparecer. “Me recuerda la violencia de muchos años atrás”, comentó a AFP Rafael Navarro, exministro de Justicia, al acudir a la clínica donde fue atendido el precandidato.

La impunidad que marcó muchos de los magnicidios de las décadas pasadas profundizó las divisiones políticas en un país con una fuerte presencia de actores armados ilegales, quienes históricamente han intentado influir en el poder político.

Tras desear la pronta recuperación de Uribe, el presidente Petro hizo un llamado a la reflexión: “La muerte de un dirigente político, cualquiera que sea su pensamiento, puede originar una vorágine de violencia si no controlamos, si nos dejamos llenar el corazón de la venganza, del prejuicio y del odio”. El propio mandatario ha denunciado amenazas recientes contra su vida.

La historia política colombiana está marcada por estos episodios de violencia. Incluso Álvaro Uribe, líder del partido al que pertenece el precandidato atacado, sobrevivió a múltiples atentados en el pasado, incluyendo un ataque con explosivos en 2002 perpetrado por las FARC.

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Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano, ha sido víctima de un atentado en Bogotá. El ataque ocurrió al oeste de la capital, en el parque Modelia de Fontibón, durante un acto político. Según testigos, un hombre se acercó al político por la espalda y le disparó a corta distancia.

Uribe recibió dos balazos, causándole heridas graves entre el cuello y la cabeza, según reporta Noticias Caracol. El político, con rastros de sangre en el rostro y la camisa, fue trasladado de urgencia a un hospital.

Detención del Sospechoso e Investigación en Curso

Las autoridades han confirmado la detención del presunto atacante, cuya identidad no ha sido revelada. Testigos afirman que el sospechoso fue inmovilizado por el personal de seguridad presente. En redes sociales, circula un video que muestra a una persona boca abajo con sangre en el suelo mientras un policía le coloca las esposas.

Agentes del orden público están trabajando en la escena del crimen, recogiendo pruebas. Los investigadores buscan determinar si se trató de un ataque organizado por un grupo criminal o de la acción de un individuo aislado.

El Medical Center de Engativá, donde fue hospitalizado el precandidato del Centro Democrático, aún no ha emitido un informe sobre su estado de salud. Se espera que en las próximas horas se proporcionen más detalles sobre la condición del político, así como los resultados preliminares de la investigación.

Condena del Partido y Preocupación por la Democracia

El partido político al que pertenece el senador de 39 años ha condenado enérgicamente el atentado. “Rechazamos enérgicamente este ataque que no solo pone en peligro la vida de un líder político, sino que también atenta contra la democracia y la libertad en Colombia”, declaró el Centro Democrático en un comunicado. La formación expresó su solidaridad con la esposa de Uribe, Claudia, su hijo, su familia y su equipo de trabajo.

Este incidente ha generado gran preocupación en el panorama político colombiano, resaltando los desafíos de seguridad que enfrentan los líderes públicos en el país.

🇨🇴🗣”Respeten la vida, esa es la linea roja”: Petro se pronuncia tras el ataque contra Miguel Uribe

🔴El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha pronunciado sobre el intento de asesinato del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, ocurrido este sábado en Bogotá durante un acto político.

¿Consideras que este tipo de ataques puede influir en el clima político de cara a las próximas elecciones en Colombia?.

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Dieciocho congresistas de Costa Rica, representando diferentes partidos políticos y posturas independientes, presentaron un ambicioso proyecto de ley que propone inhabilitar a presidentes y vicepresidentes por cometer actos de violencia política contra las mujeres. De aprobarse, estas figuras quedarían imposibilitadas de ocupar cargos públicos durante ocho años.

Detalles del Proyecto

El proyecto, identificado bajo el expediente 24.778, fue liderado por la diputada Cynthia Córdoba Serrano del Partido Liberal Progresista (PLP) y respaldado por otros legisladores de partidos como Frente Amplio, Liberación Nacional y el oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD). La propuesta busca reforzar la Ley 10.235, promulgada para prevenir y sancionar la violencia contra mujeres en política, incluyendo sanciones más severas para altos cargos del Poder Ejecutivo.

Entre las reformas clave se destacan:

1. Incorporación de Responsabilidades: La Presidencia y Vicepresidencias de la República, así como cabezas de ministerios y presidencias ejecutivas, estarán sujetas al cumplimiento de esta ley.
2. Inhabilitación por Violencia Política: Funcionarios electos que incurran en violencia política no podrán ocupar cargos públicos por ocho años.
3. Ampliación del Plazo de Prescripción: El periodo para denunciar actos de violencia política pasaría de un año a ocho años, brindando mayor tiempo para actuar ante estos casos.

Motivaciones del Proyecto

El texto del proyecto expone un preocupante patrón de violencia de género en la política costarricense. Entre los incidentes citados están declaraciones ofensivas del presidente Rodrigo Chaves Robles hacia diputadas, calificándolas de “mentirosas” o “comunistas resentidas”, así como ataques verbales a la contralora Marta Acosta Zúñiga.

Los proponentes subrayan que estos actos no solo dañan la reputación de las mujeres en política, sino que perpetúan un ambiente hostil que socava los avances hacia la igualdad de género.

La diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), Cinthya Córdoba, y la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Monserrat Ruiz, coinciden en señalar que en los últimos años han surgido varios casos de violencia política.

La jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, califica la reforma propuesta como “un acto de hipocresía”.

Siguientes Pasos Legislativos

El proyecto deberá ser evaluado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) debido a su posible incidencia en materia electoral. Si se objeta, la Asamblea Legislativa tiene un plazo limitado para aprobarlo.

Impacto Potencial

De aprobarse, la ley establecería un precedente en la región, enviando un mensaje contundente contra la impunidad en casos de violencia política de género. Además, reforzaría el compromiso de Costa Rica con la igualdad y el respeto hacia las mujeres en espacios de poder.

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“El día de ayer fui violentada políticamente por el regidor Marvin Venegas de la manera más machista y misógina. Por supuesto, ha aprendido muy bien de su compañera de partido, Dinorah Barquero, a violentar políticamente a las mujeres”, expresó Fuentes.

Denuncias de corrupción en el municipio

Además de las acusaciones de violencia política, Fuentes señaló presuntas irregularidades relacionadas con los permisos para la colocación de publicidad en paradas de autobuses del distrito de San Rafael. Según la regidora, estas concesiones podrían estar relacionadas con beneficios personales para Venegas.

“Los rafaleños me han denunciado que este señor da permisos para que las paradas sean utilizadas con publicidad. ¿A cambio de qué?”, cuestionó Fuentes.

Fuentes también atribuyó a Venegas la responsabilidad de problemas críticos en el cantón, como la mala planificación vial, la inseguridad y los desarrollos urbanísticos irregulares.

Rechazo a la violencia y acciones legales

La regidora enfatizó que no permitirá que estas agresiones queden impunes, declarando que llevará el caso ante instancias judiciales y administrativas como la Fiscalía, la Auditoría Municipal y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Yo a usted no le tengo miedo, Marvin. Podrá ser el más machista y el más misógino, pero no me intimidará. Llevaré estas denuncias a las instancias correspondientes porque no voy a permitir que me violenten políticamente”, concluyó Fuentes.

Estas declaraciones ponen de manifiesto el clima tenso en el Concejo Municipal y la lucha contra la violencia política hacia las mujeres en Costa Rica.

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