La negación es la última trinchera de quien perdió la batalla pero se niega a abandonar el campo. Durante cuarenta años, un puñado de actores políticos y mediáticos administró Costa Rica como si fuera una herencia familiar que se transmitía por costumbre, no por mérito. Hoy ese orden se derrumbó y lo que presenciamos no es una crisis del país, sino el espasmo de una élite que descubrió
que ya nadie necesita sus servicios. La diferencia es crucial, aunque para ellos sea
imperceptible.
Maquiavelo lo anticipó con precisión quirúrgica hace cinco siglos: “No hay nada más difícil de emprender, ni de éxito más dudoso, ni más peligroso de manejar, que iniciar un nuevo orden de cosas, porque el innovador tiene por enemigos a todos aquellos que se beneficiaban de las instituciones antiguas”. Eso es exactamente lo que ocurre en Costa Rica. Un sistema político agotado resiste su propia
obsolescencia con las únicas herramientas que le quedan: el ruido, la distorsión y el insulto disfrazado de análisis.

La anatomía de un colapso anunciado
El bipartidismo tradicional no cayó por un golpe externo. Se desplomó por descomposición interna. Durante décadas, el Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana construyeron una alternancia cosmética donde cambiaban los rostros pero permanecían las redes de poder. Luego el Partido Acción
Ciudadana prometió renovación ética y entregó parálisis institucional, obras
detenidas, sindicatos enquistados en ministerios y una burocracia que creció hasta
convertirse en un obstáculo para la ciudadanía. El resultado fue un Estado fragmentado, capturado por círculos que operaban sin rendir cuentas. Cientos de órganos desconcentrados, duplicidades absurdas,
direcciones institucionales funcionando como feudos privados.

Ese deterioro silencioso destruyó la eficiencia, minó la confianza y quebró la gobernabilidad.
Cuando el actual gobierno asumió el poder heredó ese país. Y esa herencia explica por qué hoy hay tanto odio entre quienes vivieron cómodamente de ese desorden durante décadas. La ciencia política describe este fenómeno como “realineamiento electoral crítico”, el momento en que un sistema de partidos pierde legitimidad representativa y colapsa. Las encuestas son elocuentes. Liberación Nacional no levanta cabeza. La Unidad subsiste por inercia. El PAC fue sepultado en las urnas. La ciudadanía no destruyó estos partidos, ellos se apagaron solos al perder contacto con la realidad que decían representar.

Lo fascinante no es el colapso, sino la reacción. Cuando un grupo pierde poder activa mecanismos defensivos ampliamente documentados por la psicología política. Primero viene la negación: insisten en que nada cambió, que todo sigue igual. Luego la disonancia cognitiva: rechazan cualquier evidencia que contradiga su identidad política. Finalmente se refugian en comunidades cerradas donde repiten
entre ellos las mismas consignas para mantener la ilusión de que aún representan a
alguien más que a sí mismos. Nietzsche lo expresó con lucidez: “Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo”. El problema es que el porqué de ese viejo orden se evaporó.
Ya no hay razón de ser para una estructura que solo servía para perpetuarse a sí misma. Y cuando se pierde el porqué, lo único que queda es resistencia irracional.

Esta resistencia adopta una forma particularmente peligrosa: el lawfare, la instrumentalización del derecho con fines políticos. Procedimientos administrativos convertidos en armas, denuncias sin sustento, presiones disfrazadas de legalidad. No es defensa del Estado de derecho, es manipulación del Estado para frenar un proceso que ya no controlan. Hannah Arendt advirtió que cuando una estructura de
poder se derrumba, quienes vivieron de ella recurren al ruido y la distorsión para impedir que la realidad avance sin ellos. Eso es precisamente lo que presenciamos.

Mientras tanto, el país avanza y los datos lo confirman. El Banco Central registra mejora sostenida en la trayectoria de la deuda como porcentaje del PIB. El Ministerio de Comercio Exterior documenta niveles históricos de inversión extranjera directa. La ejecución de obra pública superó la inercia paralizante de los últimos gobiernos. La modernización regulatoria, esperada por años, comenzó a ejecutarse
enfrentando intereses enquistados en instituciones que operaban como pequeños
reinos autónomos. ¿La respuesta de los detractores? Silencio sobre los datos, ataques personales
contra el Presidente. No desmontan cifras porque no pueden. No rebaten argumentos porque no tienen. No presentan alternativas porque su único proyecto político es volver al pasado que los beneficiaba. Su agenda se reduce a burlas,
rumores y caricaturas. Es la conducta clásica de quien perdió la batalla intelectual y
solo le queda el insulto. Esta reacción no es ideológica, es psicológica. No defienden principios, defienden
privilegios. No discuten reformas, discuten poder. Es miedo disfrazado de indignación moral. Y ese miedo tiene razón de existir, porque lo que enfrentan es su propia irrelevancia en un país que decidió cambiar sin pedirles permiso.

Costa Rica atraviesa una transformación histórica que no requiere aprobación de quienes añoran la comodidad del viejo sistema. La era de los partidos tradicionales terminó porque dejó de cumplir su función. Los medios que los protegían ya no moldean la opinión pública como antes. Las instituciones capturadas ya no operan sin escrutinio. Y la ciudadanía no está dispuesta a regresar.

Esto no es un conflicto entre izquierda y derecha. Es un conflicto entre un país que despertó y una clase política que se niega a aceptar su final. Entre una ciudadanía que exige resultados y unas élites que solo ofrecen nostalgia. Entre datos verificables y narrativas fabricadas.
La casta política y mediática que gobernó durante cuarenta años no resolverá los problemas que ella misma generó. El país lo sabe. La transición está en marcha. Y por más ruido que produzcan, por más procedimientos que inventen, por más titulares que fabriquen, el proceso es irreversible.
El colapso que se niegan a ver es el suyo propio. Costa Rica ya los superó. Ahora solo falta que ellos lo acepten. Pero la historia no espera a quienes se quedaron atrás. El cambio no pide permiso. Simplemente avanza.
El autor es politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

⚠️ Nota de la Redacción:
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VOCES DE OPINION: En esta columna, el politólogo Milton Madriz Cedeño expone una crítica frontal y fundamentada sobre la degradación institucional de la Asamblea Legislativa, el deterioro de la función representativa y la urgente necesidad de reformas que devuelvan la dignidad al que debería ser uno de los pilares de la democracia costarricense.

En los últimos tres años y medio, la Asamblea Legislativa de Costa Rica no solo ha tocado fondo institucional, se ha convertido en un circo de mediocridad profesional, ética y política que avergüenza a la democracia. Lejos de ser un pilar de gobernanza, el Parlamento es hoy un escenario donde “payasos legislativos” despilfarran recursos públicos en espectáculos vacíos mientras el país clama por soluciones serias. Esta no es una crisis pasajera; es la evidencia de un sistema político que premia la ineptitud y castiga la competencia, comenzando por un mecanismo de elección que privilegia lealtades partidarias sobre la idoneidad técnica y la integridad.

Los partidos políticos, como guardianes de listas cerradas y opacas, seleccionan candidatos no por su capacidad para legislar con rigor, sino por su obediencia a cúpulas clientelares, perpetuando un ciclo de representantes desconectados de la realidad nacional y ajenos a principios básicos de accountability y transparencia.

La desaprobación popular no es un rumor, es un veredicto implacable. Según la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR, septiembre 2025), la Asamblea Legislativa ostenta uno de los niveles de confianza más bajos, con apenas un 12% de aprobación, solo superada por los partidos políticos (10%) como las instituciones peor valoradas del país. Este dato no sorprende: la ciudadanía percibe un Parlamento incapaz de responder a las demandas de una Costa Rica golpeada por la desigualdad, el estancamiento económico y la erosión institucional.

En un contexto donde el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (2024) coloca a Costa Rica en el puesto 42 de 180 países, con una puntuación de 58 que refleja un estancamiento en la lucha contra la opacidad, la desconfianza en los diputados no es solo comprensible, sino justificada. La Asamblea ha fallado en su rol constitucional de fiscalización y legislación equilibrada, convirtiéndose en un engranaje más de un sistema que prioriza el corto plazo político sobre la sostenibilidad gubernamental.

La ineptitud parlamentaria no se limita a discursos vacíos; se manifiesta en un desprecio sistemático por las normas de gobernanza. Proyectos de ley ingresan sin estudios de impacto, con mociones mal redactadas o sin sustento jurídico, violando principios básicos de técnica legislativa. La Sala Constitucional ha señalado repetidamente estas fallas: en 2024, muchas resoluciones revelaron vicios procedimentales que invalidaron normativas enteras, exponiendo la fragilidad de un proceso legislativo improvisado.

Los debates, cuando los hay, son caricaturas: frases grandilocuentes, argumentos populistas y una alarmante ausencia de rigor analítico. Este no es un Parlamento que legisla; es una máquina de generar ruido, donde los diputados, elegidos a través de un sistema que ignora competencias mínimas, perpetúan errores que cuestan caro al erario y a la credibilidad institucional.

La crisis ética es aún más grave, erosionando los fundamentos mismos de la representación democrática. Los conflictos de interés son moneda corriente: desde diputados que promueven proyectos beneficiando a grupos cercanos hasta comisiones investigadoras que se convierten en plataformas de autopromoción mediática. El clientelismo legislativo florece en un sistema donde la lealtad partidaria pesa más que el interés público.

Un ejemplo reciente: en 2025, la Contraloría General de la República identificó irregularidades en contrataciones públicas, incluyendo fondos para asesores y servicios relacionados con entidades como RACSA, con casos que cuestionan hasta el 25% de los contratos por falta de idoneidad o nexos personales con los diputados. La ética, en esta Asamblea, no es un principio; es un accesorio prescindible.

Legislar requiere conocimiento técnico, económico y jurídico, pero esta Asamblea parece alérgica a la competencia. Leyes aprobadas sin análisis de impacto fiscal, sin consulta a expertos o sin evidencia empírica son la norma. En 2024, el Ministerio de Hacienda reportó que una porción significativa de las iniciativas legislativas con implicaciones presupuestarias carecían de estudios de sostenibilidad financiera, lo que agrava el desequilibrio fiscal del país.

Los diputados, en muchos casos, no entienden los proyectos que votan, delegando su responsabilidad a asesores igual de improvisados e inhábiles. El resultado es un cuerpo legislativo que opera como una asamblea de “analfabetos funcionales”, incapaz de responder a los retos de una sociedad compleja, y todo ello potenciado por un sistema electoral que no filtra por formación ni experiencia, dejando al país con representantes que priorizan el “show” sobre la sustancia.

El costo de esta farsa es un país que paga caro. El presupuesto de la Asamblea Legislativa para 2025 supera los ₡49.543 millones, según el Ministerio de Hacienda. Este dinero cubre salarios, asesores, comisiones, sesiones extraordinarias y una logística que, en teoría, debería traducirse en leyes efectivas. Sin embargo, el retorno es miserable: en el período 2022-2025, solo una fracción de los proyectos aprobados ha tenido un impacto medible en indicadores sociales o económicos, según el Programa Estado de la Nación.

Cada sesión inútil, cada moción frívola, cada ley mal diseñada es un robo al erario público y una traición a la confianza ciudadana.

La gobernanza efectiva exige representantes competentes, no marionetas de partido. Por ello, propongo un paquete de reformas para rescatar la Asamblea de su decadencia:

• Pruebas de idoneidad obligatorias para candidatos a diputado en temas de derecho constitucional, economía básica y políticas públicas.
• Requisitos de capacitación técnica para integrar comisiones especializadas, como Hacienda o Asuntos Jurídicos.
• Publicación obligatoria de los procesos de selección de candidatos dentro de los partidos, con auditorías externas.
• Indicadores públicos y periódicos para medir la productividad y calidad legislativa de cada diputado.
• Mecanismos vinculantes para suspender o destituir a diputados que incurran en conflictos de interés o faltas éticas comprobadas.

Estas medidas no son utopías; son estándares mínimos en democracias avanzadas que Costa Rica, alguna vez modelo en la región, debería imitar para romper con un sistema de elección que perpetúa la mediocridad.

La Asamblea Legislativa 2022-2026 no solo ha fracasado; ha traicionado su mandato. No es víctima de fuerzas externas, sino resultado de su propia inercia y degradación, donde una élite política prioriza el espectáculo sobre el servicio, seleccionada a través de un proceso electoral que ignora la meritocracia y fomenta el clientelismo.

La ciudadanía merece un Parlamento técnico, ético y eficaz, no un circo de cartón que se burla de sus necesidades. Es hora de cerrar el telón de esta farsa y construir una legislatura que honre la democracia costarricense. Porque estos diputados no merecen gobernar; merecen ser relevados.

Nota del editor:
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Los textos publicados en Voces de Opinión reflejan la diversidad de perspectivas y el ejercicio del pensamiento crítico dentro del marco del respeto democrático.

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