TSE aclara del llamado de subcomité del Congreso de EE.UU.
La discusión sobre la inmunidad presidencial volvió a tomar fuerza este miércoles.
El TSE marca línea: la autonomía electoral no está en juego
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) salió al paso de la convocatoria realizada por Catalina Crespo, embajadora de Costa Rica en Estados Unidos, quien fue llamada a un subcomité del Congreso estadounidense para referirse al proceso de solicitud del levantamiento de la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.
El Tribunal fue claro:
Lo que ocurra fuera del país no altera ni influye en el trámite interno costarricense.
Costa Rica mantiene una de las democracias más fuertes del continente
El TSE recordó que la estabilidad política del país se sostiene en la autonomía total con la que administra los procesos electorales y garantiza los derechos políticos de la ciudadanía.
Costa Rica ocupa el puesto 18 entre las democracias plenas del mundo, según el Democracy Index 2025 de The Economist.
En América solo superan esa posición Canadá y Uruguay.
Llamado desde EE. UU.: un gesto político sin efecto jurídico
De acuerdo con el Tribunal, la convocatoria estadounidense es un acto político externo, sin ninguna incidencia en:
- El proceso electoral costarricense.
- El trámite de levantamiento de inmunidad.
- Las competencias del juez electoral.
El procedimiento vigente se rige por el artículo 270 del Código Electoral, que establece los pasos para valorar si existe viabilidad jurídica para iniciar una causa.
Levantamiento de inmunidad no significa destitución
El Tribunal enfatizó que este trámite no implica una decisión sobre la permanencia en el cargo del Presidente.
Es únicamente un requisito previo para evaluar si corresponde abrir un procedimiento, respetando el debido proceso y los plazos que la ley exige.
Asamblea Legislativa tiene la última palabra
El TSE reiteró que respetará plenamente lo que decida la Asamblea Legislativa, cuyos diputados actúan como representantes legítimos del pueblo costarricense.
Además, indicó que los legisladores deben analizar elementos políticos y contextuales, mientras que los jueces electorales se rigen exclusivamente por criterios jurídico-procesales.
