Solano defiende estructura judicial ante críticas del Ejecutivo
La presidenta de la Sala Tercera rechazó cuestionamientos sobre el presupuesto judicial mientras el Gobierno plantea revisar funciones dentro del Poder Judicial.
Mientras Costa Rica enfrenta una de las etapas más tensas en materia de seguridad, homicidios y crimen organizado, la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, salió este lunes a defender públicamente el presupuesto y la estructura actual del Poder Judicial frente a los cuestionamientos lanzados desde el Ejecutivo.
Pero más allá de la discusión sobre dinero, plazas o recortes, sus declaraciones terminaron abriendo otra conversación mucho más profunda sobre cómo terminó creciendo la estructura del sistema judicial costarricense durante las últimas décadas.
Solano reaccionó luego de que el Gobierno insistiera en que al Poder Judicial se le asignan recursos superiores a los establecidos originalmente en la Constitución Política.
La magistrada rechazó esa idea y aseguró que existe una “distorsión” alrededor de cómo se interpreta el presupuesto judicial.
Según explicó, el 6% constitucional originalmente pensado para el Poder Judicial fue diseñado en una época donde la institución tenía funciones mucho más limitadas y no incluía órganos como el OIJ, el Ministerio Público, la Defensa Pública o la atención a víctimas y testigos.
“De ese presupuesto del 6% constitucional, solo un 3.1% es destinado a judicatura”, afirmó Solano.
La magistrada también defendió el peso presupuestario del OIJ y aseguró que la policía judicial consume recursos similares a los de toda la judicatura debido al costo técnico de las investigaciones criminales.
“¿Por qué decidieron que el Organismo de Investigación Judicial estuviera en el Poder Judicial?”, cuestionó durante su intervención.
Sin embargo, mientras desde el Poder Judicial se insiste en que la estructura actual responde a necesidades reales de investigación, persecución penal y equilibrio procesal, desde el Ejecutivo empiezan a aparecer señales de que el modelo completo podría entrar en discusión.
La propia presidenta Laura Fernández dejó abierta la posibilidad de revisar si algunas funciones que hoy están dentro del Poder Judicial deberían separarse de esa estructura.
“Creo que llegó el momento de analizar el otro montón de cosas que le metieron al Poder Judicial y que tal vez no deban pertenecer a ese poder de la República”, afirmó la mandataria.
La discusión ya no gira únicamente alrededor de recursos congelados, salarios o nuevas plazas.
También empieza a tocar temas mucho más sensibles para el país: cómo se distribuyen realmente los recursos judiciales, cuál debe ser el alcance del Poder Judicial y si la estructura actual sigue respondiendo a las exigencias de una Costa Rica golpeada por violencia, narcotráfico y desconfianza institucional.
En medio de esa tensión, Solano defendió que el Poder Judicial viene realizando un esfuerzo histórico para aumentar su productividad.
Según afirmó, el 2025 ha sido el año con mayor cantidad de sentencias penales emitidas en la historia de la institución, gracias a procesos internos de optimización de recursos y reorganización administrativa.
Aun así, reconoció limitaciones importantes relacionadas con infraestructura, presupuesto y creación de nuevas plazas.
Pero uno de los momentos más incómodos de toda la conferencia llegó cuando Laura Fernández puso sobre la mesa otro tema históricamente sensible dentro del país: la permanencia de magistrados durante décadas dentro del Poder Judicial.
La presidenta recordó que Orlando Aguirre acumula 37 años como magistrado y cuestionó si períodos tan extensos realmente favorecen la eficiencia y la rendición de cuentas institucional.
El intercambio terminó dejando algo claro: la conversación alrededor del Poder Judicial ya no se está limitando únicamente a seguridad o presupuesto.
Ahora también empieza a tocar el tamaño, la estructura y el funcionamiento de uno de los poderes más determinantes dentro del funcionamiento institucional de Costa Rica.
Unidad de Análisis Político ACR
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