Corte Plena destituye a Randall Zúñiga del OIJ
La salida del exdirector ocurre en medio de fuertes tensiones entre el Ejecutivo y la cúpula judicial por presupuesto, estructura y credibilidad institucional.
Por Unidad de Análisis Político ACR.
La destitución definitiva de Randall Zúñiga como director del OIJ llegó la noche de este lunes, pero el golpe institucional venía acumulándose desde mucho antes.
Y el momento político en que ocurrió tampoco pasó desapercibido.
Horas antes, la cúpula judicial había enfrentado una de las jornadas más incómodas de los últimos meses tras la reunión sostenida con el Ejecutivo, donde el Poder Judicial quedó bajo cuestionamientos relacionados con presupuesto, estructura institucional, salarios, permanencia de magistrados y resultados frente a la crisis de seguridad que vive Costa Rica.
En medio de ese escenario institucional delicado, Corte Plena acordó por unanimidad revocar el nombramiento de Zúñiga por falta gravísima.
La decisión se basó en un expediente disciplinario relacionado con desatención de deberes del cargo, afectación a la imagen institucional y divulgación de información confidencial de investigaciones.
El caso había estallado desde octubre de 2025, cuando comenzaron las denuncias administrativas y penales alrededor del entonces director policial.
Según las investigaciones preliminares, Zúñiga habría compartido información sensible del OIJ, detalles de reuniones y datos sobre operativos con mujeres ajenas al Poder Judicial.
Además, enfrenta denuncias penales por presuntos delitos sexuales presentadas por mujeres mayores de edad, aunque esos procesos continúan en investigación y no forman parte directa de la causa administrativa que terminó provocando su salida definitiva.
La decisión de Corte Plena llegó justo el día en que vencía la segunda prórroga de suspensión del jerarca policial.
En lugar de extender nuevamente la medida cautelar, los magistrados optaron por removerlo definitivamente del cargo.
Y aunque el Poder Judicial insistió en que las labores del OIJ continuaron funcionando de manera ininterrumpida durante todo el proceso, el impacto institucional terminó siendo inevitable.
Porque la caída del director del principal cuerpo de investigación criminal del país no ocurre en cualquier momento.
Ocurre precisamente cuando el Poder Judicial atraviesa cuestionamientos públicos alrededor de: eficiencia, credibilidad, presupuesto, estructura, y capacidad de respuesta frente al crimen organizado.
Durante la reunión de este lunes, figuras como Patricia Solano y Orlando Aguirre defendieron públicamente la necesidad de más recursos para enfrentar la violencia y sostuvieron que el sistema judicial continúa realizando esfuerzos importantes pese a las limitaciones presupuestarias.
Sin embargo, desde el Ejecutivo también crecieron los cuestionamientos sobre funcionamiento institucional, salarios, estructura interna y resultados visibles para la ciudadanía.
La propia presidenta Laura Fernández incluso dejó abierta la posibilidad de revisar si algunas funciones actualmente concentradas dentro del Poder Judicial deberían separarse de esa estructura.
Pero la destitución tampoco parece marcar el cierre del conflicto.
Horas después de la decisión de Corte Plena, la defensa de Randall Zúñiga confirmó que presentará un recurso de reconsideración y eventualmente acudiría a la vía contencioso administrativa o laboral para cuestionar la legalidad de las actuaciones tomadas por los magistrados.
Según el abogado Saúl Umaña, la defensa sostiene que existían pruebas incorporadas al expediente que, a su criterio, no fueron valoradas adecuadamente antes de la destitución.
La salida de Zúñiga además implica la pérdida total de su plaza en propiedad dentro del Poder Judicial, por lo que no regresaría a la institución en ningún otro cargo.
Y aunque el caso del exdirector del OIJ tiene dimensiones administrativas, penales e incluso personales todavía bajo investigación, el impacto político e institucional ya trascendió el propio expediente disciplinario.
Porque la discusión que hoy rodea al Poder Judicial ya no gira únicamente alrededor de recursos o plazas.
También empieza a tocar algo mucho más delicado para el país, la confianza pública en las instituciones encargadas de investigar, juzgar y enfrentar la violencia y el crimen en Costa Rica.
En Mundo ACR seguimos explicando las decisiones, tensiones y movimientos que están marcando la seguridad, la justicia y el rumbo institucional de Costa Rica.
