Orlando Aguirre pide más recursos para la justicia.
El presidente de la Corte pidió liberar fondos para enfrentar el crimen organizado en medio de cuestionamientos ciudadanos sobre la respuesta del sistema judicial.
Por Unidad de Análisis Político ACR
Mientras Costa Rica sigue enfrentando homicidios, expansión del narcotráfico y una creciente sensación de inseguridad, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, volvió a insistir en que el Poder Judicial necesita más recursos para enfrentar el crimen organizado.
Pero fuera del discurso institucional, también sigue creciendo otra presión cada vez más visible, ciudadanos que sienten que la justicia no está respondiendo al ritmo de la crisis que vive el país.
Aguirre reiteró este lunes la necesidad de que Hacienda libere más de ₡8.688 millones aprobados en dos ocasiones por la Asamblea Legislativa y destinados al fortalecimiento del OIJ y el Ministerio Público.
Según explicó, esos recursos permitirían financiar 176 plazas para el OIJ y 99 para la Fiscalía, además de alquileres, equipo de transporte y herramientas necesarias para investigaciones relacionadas con crimen organizado, narcotráfico, corrupción y violencia.
El magistrado aseguró que actualmente el Poder Judicial enfrenta un faltante cercano a las 1.200 plazas, incluyendo aproximadamente 200 jueces que, según dijo, hacen falta para responder a la carga de trabajo que enfrenta el sistema judicial.
“El enfrentamiento del crimen organizado requiere de recursos”, afirmó Aguirre, quien además defendió que, pese a las limitaciones presupuestarias, el Poder Judicial “ha venido realizando su función de manera eficiente”.
Las declaraciones llegan en un momento particularmente sensible para el país.
Costa Rica atraviesa una de las etapas más tensas de los últimos años en materia de seguridad, con homicidios que mantienen presión constante sobre policías, fiscales y tribunales, mientras la discusión pública alrededor de la justicia se vuelve cada vez más dura.
Porque el reclamo ciudadano ya no gira únicamente alrededor de más policías o más operativos.
También empieza a tocar la lentitud de muchos procesos judiciales, expedientes que avanzan durante años y una percepción de desgaste institucional que golpea directamente la confianza en el sistema.
Ahí es donde la discusión sobre recursos empieza a chocar con otra realidad mucho más incómoda para el Poder Judicial.
Mientras desde la Corte se insiste en que hacen falta dinero, personal y herramientas para combatir el crimen organizado, una parte de la población sigue preguntándose por qué, aun con la estructura actual del sistema judicial, continúa sintiendo que la respuesta de la justicia no logra ir al mismo ritmo de la violencia que golpea las calles.
El choque ya no se limita únicamente a Hacienda congelando recursos o a la Asamblea Legislativa aprobando partidas.
También empieza a sentirse entre el discurso institucional y el cansancio de una ciudadanía que observa cómo la criminalidad crece mientras la confianza en las instituciones continúa debilitándose.
Aun así, Aguirre sostuvo que las limitaciones presupuestarias afectan directamente la capacidad operativa del Poder Judicial y recordó que las restricciones derivadas de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas siguen impidiendo crear nuevas plazas al ritmo que consideran necesario.
La discusión alrededor de seguridad y justicia continúa creciendo en medio de un país donde cada vez más personas no solo esperan capturas o allanamientos.
También esperan sentir que el sistema judicial todavía tiene capacidad real de responder al nivel de violencia, narcotráfico y criminalidad que enfrenta Costa Rica.
En Mundo ACR seguimos explicando las decisiones, tensiones y movimientos que están marcando la seguridad y la justicia en Costa Rica. Porque entender cómo funciona el poder también es parte de exigir respuestas. Para más análisis y noticias, unase también a nuestro canal de WhatsApp.
