Independencia sí. ¿Pero quién vigila al árbitro?
La defensa de la independencia judicial abre otra discusión, cómo fortalecer la confianza ciudadana en quienes ejercen ese poder.
POR MUNDO ACR | Lecturas de poder que explican lo que otros pasan por alto.
Cuando una de las voces estratégicas del Tribunal Supremo de Elecciones sale públicamente a defender la estabilidad de los magistrados electorales, la discusión deja de ser únicamente jurídica.
También se vuelve institucional, política y ciudadana.
Eso fue precisamente lo que ocurrió con la reciente columna publicada por Gustavo Román Jacobo, Director General de Estrategia y Gestión Política del TSE, quien dedicó varias páginas a defender una idea central, la independencia de los magistrados requiere estabilidad en el cargo y mecanismos que los protejan de las presiones del poder político.
Su planteamiento no es menor.
Tampoco se trata de un asunto técnico reservado para abogados o especialistas en derecho constitucional.
Lo que está en discusión es algo mucho más profundo, quién protege la independencia del árbitro electoral y cuáles son los controles que existen sobre quienes ejercen ese poder.
La tesis de Román
La columna sostiene que un magistrado cuya permanencia dependa del agrado de una mayoría política difícilmente puede actuar con plena independencia.
Por esa razón, Román recurre a ejemplos internacionales, a la Constitución Política, al Código Electoral y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender la existencia de garantías reforzadas de estabilidad para los jueces supremos y magistrados electorales.
Su razonamiento es sencillo.
Si un juez teme perder el cargo por una resolución incómoda, corre el riesgo de dejar de decidir conforme al Derecho y empezar a decidir conforme a los intereses de quienes tienen el poder para removerlo.
Pocas democracias modernas discutirían seriamente ese principio.
La independencia judicial y electoral constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho.
Sin árbitros independientes, las instituciones terminan expuestas a las presiones de los gobiernos, los partidos políticos o las mayorías circunstanciales.
Sin embargo, la propia fuerza del argumento abre una pregunta que merece atención.
Cuando el árbitro habla
La columna resulta especialmente llamativa porque no fue escrita por un académico observando la realidad desde afuera.
Tampoco por un comentarista político.
Fue escrita por uno de los funcionarios estratégicos de la institución encargada de arbitrar los procesos electorales del país.
Y ese detalle importa.
Porque los artículos de opinión rara vez aparecen en el vacío.
Normalmente responden a una preocupación, a una tensión o a una discusión que el autor considera relevante.
En este caso, Román no solo explica por qué considera legítimo el modelo actual de estabilidad para los magistrados electorales.
También responde, aunque sea de manera indirecta, a quienes consideran que esos mecanismos deberían revisarse o interpretarse de forma distinta.
La señal más evidente aparece cuando advierte sobre quienes tendrían “muchas ganas de sustituir a los magistrados electorales por otros que sean dóciles al poder político”.
A partir de ese momento, la columna deja de ser únicamente una explicación jurídica.
Se convierte también en una defensa institucional.
Y precisamente por eso genera preguntas que van más allá del debate legal.
La otra mitad de la conversación
Román dedica gran parte de su texto a explicar cómo proteger a los magistrados del poder político.
Pero dedica mucho menos espacio a otra inquietud que también existe en cualquier democracia moderna.
¿Cómo se fortalece la confianza ciudadana en quienes ejercen tanto poder institucional?
El ciudadano común no elige magistrados electorales.
No participa directamente en su nombramiento.
No decide sobre su permanencia.
No tiene mecanismos equivalentes a los que existen en los procesos electorales para premiar o castigar decisiones.
Y aun así, las resoluciones de esos órganos pueden influir sobre procesos políticos, derechos fundamentales y controversias nacionales de enorme trascendencia.
Por eso la confianza pública se vuelve tan importante como la independencia.
No porque una sustituya a la otra.
Sino porque ambas se necesitan mutuamente.
La independencia protege al árbitro de los políticos.
La confianza protege la legitimidad del árbitro ante los ciudadanos.
Una pregunta legítima
Nada de esto significa que los magistrados deban quedar expuestos a las presiones partidarias.
Tampoco significa que las mayorías políticas deban tener la capacidad de remover jueces o árbitros electorales según las conveniencias del momento.
La historia latinoamericana ofrece suficientes ejemplos de por qué ese camino puede terminar debilitando la democracia.
Pero la estabilidad de quienes ejercen ese poder tampoco elimina las preguntas sobre confianza, legitimidad y rendición de cuentas.
Porque una institución puede ser jurídicamente independiente y, al mismo tiempo, enfrentar cuestionamientos ciudadanos.
Puede estar protegida de los políticos y aun así verse obligada a fortalecer su legitimidad pública.
Puede gozar de amplias garantías constitucionales y seguir enfrentando preguntas legítimas de una sociedad que exige cada vez más transparencia.
Y esas preguntas no desaparecen por el simple hecho de invocar la independencia institucional.
La conversación pendiente
La discusión de fondo no parece ser si los magistrados deben ser independientes.
Pocas democracias serias cuestionarían ese principio.
La discusión pendiente parece otra.
Cómo garantizar que instituciones diseñadas para estar protegidas de las presiones políticas mantengan también la confianza de quienes les entregan esa autoridad.
Porque una democracia necesita árbitros independientes.
Eso difícilmente está en discusión.
Lo que sigue abierto es cómo fortalecer la legitimidad, la transparencia y la confianza pública alrededor de esos árbitros.
Y ahí es donde la conversación apenas comienza.
Porque cuando una voz del propio sistema sale a defender la independencia de quienes ejercen ese poder, inevitablemente surge una pregunta que ninguna democracia puede darse el lujo de ignorar.
¿Quién vigila al árbitro?
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