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Gordienko habló de “mordaza”, drogas y 1948. Los 42.000 votos siguen sin respaldo público verificable

Abril Gordienko volvió a explicar el episodio que ella misma llevó al Plenario Legislativo el 16 de septiembre. Un pastor cristiano, según relató, le ofreció 42.000 votos durante la campaña electoral a cambio de ₡420 millones.

Doce días después, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) dedicó buena parte de una extensa entrevista con Revista Dominical de La Nación a defender lo ocurrido. Cuestionó la reacción del oficialismo, habló de una supuesta “mordaza” contra la oposición y aseguró que la insistencia sobre el caso busca distraer al electorado de los problemas que enfrenta el Gobierno.

La conversación terminó pasando por investigaciones contra diputados oficialistas, sanciones profesionales, narcotráfico, polarización, populismo, la Guerra Civil de 1948 y el futuro de la democracia costarricense.

Después de todo ese recorrido, el punto que originó la controversia permanece prácticamente donde estaba.

Hasta este 28 de septiembre no se conoce públicamente la identidad del pastor que supuestamente hizo el ofrecimiento. Tampoco se han hecho públicos mensajes, grabaciones, documentos, testigos u otro elemento independiente que permita comprobar que aquella propuesta ocurrió en los términos descritos por la legisladora.

Gordienko sostiene que ocurrió.

Lo conocido públicamente todavía no permite comprobarlo de manera independiente.

42.000 y ₡420 millones

Hay algo particularmente llamativo en las cifras.

Gordienko no habló de unos 40.000 electores ni de una cantidad aproximada de dinero. El 16 de septiembre dijo en el Plenario que le ofrecieron 42.000 votos por ₡420 millones.

La división es exacta.

₡10.000 por cada voto prometido.

En la entrevista, la propia diputada calificó de “fantasioso” que alguien pudiera garantizarle semejante cantidad de votos.

Entonces queda una pregunta que la entrevista tampoco despeja.

¿De dónde salieron exactamente los 42.000?

Si aquella persona habló de congregaciones, territorios, iglesias, dirigentes, listas de personas o alguna estructura capaz de movilizar a 42.000 electores, esa información no aparece.

Tampoco se conoce públicamente qué utilizó el supuesto pastor para intentar convencer a una candidata de que podía cumplir semejante ofrecimiento.

No hace falta declarar falso el relato para advertir lo que falta.

Tenemos una cifra extraordinariamente precisa. Todavía no tenemos un elemento público independiente que permita saber de dónde salió.

Las denuncias anunciadas

Otra frase quedó pendiente desde el 16 de septiembre.

Cuando la diputada oficialista Kattia Mora le pidió denunciar lo sucedido, Gordienko respondió que presentaría “las denuncias respectivas”. También defendió que este tipo de situaciones fueran denunciadas políticamente y ante las autoridades competentes.

Días después explicó que consultó con abogados y que una eventual denuncia enfrentaba dificultades por falta de pruebas y porque el supuesto negocio nunca llegó a concretarse.

En la entrevista fue más categórica.

“No tengo por qué denunciar penalmente lo que no es un delito”.

Eso no basta para acusarla de haberse contradicho.

Una denuncia penal no es necesariamente lo mismo que poner hechos en conocimiento del Tribunal Supremo de Elecciones u otra autoridad.

La pregunta permanece.

¿Qué ocurrió con las “denuncias respectivas” que anunció?

La entrevista no lo aclara.

Mientras esa respuesta seguía pendiente, el diputado oficialista Gonzalo Ramírez presentó una gestión ante el TSE para solicitar que se investigara el supuesto ofrecimiento.

Después, el Plenario aprobó remitir al Ministerio Público y al TSE las actas, audios, videos y demás antecedentes oficiales relacionados con lo dicho por Gordienko.

El artículo 279 no cierra el caso

En una parte de su defensa, Gordienko señala una diferencia jurídica que sí existe.

La diputada sostiene que el ofrecimiento que describió no está expresamente contemplado como delito electoral.

El artículo 279 del Código Electoral castiga a quien, mediante dádivas, promesas de dádivas, violencia o amenazas, trate de inducir o induzca a una persona a adherirse a una candidatura, votar en determinado sentido o abstenerse.

Lo narrado por Gordienko tiene otra mecánica.

Una persona habría solicitado dinero a una candidata prometiéndole conseguir votos.

El artículo 279 no describe literalmente ese supuesto.

ACR no puede convertir esa diferencia en una absolución ni en una condena.

Determinar si los hechos, en caso de comprobarse, encajan en alguna conducta sancionable corresponde a las autoridades.

Pero antes de discutir cuál norma podría aplicarse hay algo anterior.

Hay que establecer qué ocurrió.

La “mordaza”

Gordienko llevó después la discusión hacia la reacción del oficialismo.

La calificó como algo “gravísimo en una democracia” y acusó a los diputados de Gobierno de intentar poner una “mordaza a los diputados de la oposición”.

La actuación de la mayoría legislativa no se limitó a enviar documentos a las autoridades.

Con 29 votos a favor, 15 en contra y 13 ausencias, el Plenario remitió los antecedentes al Ministerio Público y al TSE. La moción también exhortó a Gordienko a identificar al pastor y entregar mensajes, grabaciones, documentos, testimonios u otra prueba relacionada.

Agregó que, si no presentaba elementos que sustentaran su afirmación ante las autoridades, debía aclarar sus palabras y ofrecer una disculpa pública a la comunidad cristiana evangélica y al país.

Los diputados opositores presentes votaron en contra.

La exigencia política de una eventual disculpa puede cuestionarse. La oposición lo hizo.

Pero la moción no le prohibió hablar a Gordienko. Tampoco le impuso una sanción, determinó que hubiera mentido o resolvió que cometiera un delito.

“Mordaza” es la forma en que Gordienko interpreta políticamente lo ocurrido.

El oficialismo también carga sus propios problemas

Gordienko sostiene que la insistencia sobre los 42.000 votos busca apartar la atención de los problemas que enfrenta el oficialismo.

Y varios de los asuntos que menciona existen.

Fernando Obaldía enfrenta dos denuncias por presunto acoso sexual y una comisión especial legislativa comenzó a investigarlas este 28 de septiembre. Eso no determina la responsabilidad del diputado.

La Procuraduría de la Ética Pública abrió una investigación preliminar contra Cindy Murillo por un posible conflicto de intereses y presunta legislación en provecho propio. Una investigación preliminar tampoco determina responsabilidad.

José Miguel Villalobos acumula tres sanciones disciplinarias del Colegio de Abogados que suman 102 meses de suspensión, equivalentes a ocho años y seis meses. Villalobos cuestiona que el Colegio tenga competencia para sancionarlo después de que se apartó del ejercicio profesional.

Gordienko tiene asuntos concretos sobre los cuales ejercer control político.

Pero ninguno identifica al pastor ni demuestra que alguien podía entregar 42.000 votos.

Los problemas del oficialismo no borran las preguntas sobre Gordienko. Las preguntas sobre Gordienko tampoco borran los problemas del oficialismo.

La “lista negra”

Entre esos cuestionamientos apareció el narcotráfico.

Gordienko afirmó que el Gobierno de Estados Unidos había dicho que Costa Rica estaba en una “lista negra de países con mayor flujo de drogas”.

Costa Rica sí aparece en la clasificación estadounidense de países considerados importantes para el tránsito o producción de drogas ilícitas.

Pero el documento oficial no la presenta en esos términos.

La Casa Blanca denomina la clasificación “Major’s List” y para el año fiscal 2027 incluyó 23 países.

Hay una diferencia todavía más importante.

Estados Unidos distingue dentro de esa política a los países que considera que han “fallado demostrablemente” durante los doce meses anteriores en realizar esfuerzos sustanciales para cumplir sus obligaciones internacionales antidrogas.

En la determinación de 2026 aparecen cuatro.

Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia.

Costa Rica no está en ese grupo.

Y su presencia entre los países considerados importantes para el tránsito de drogas tampoco comenzó con el actual Gobierno. Costa Rica ya figuraba en la determinación correspondiente al año fiscal 2025 y también estaba en la correspondiente al año fiscal 2024.

El propio documento estadounidense ha advertido que la inclusión en esa lista no necesariamente refleja los esfuerzos antidrogas de un Gobierno ni su nivel de cooperación con Estados Unidos. Factores geográficos, comerciales y económicos también pesan en esa clasificación.

Costa Rica enfrenta un problema grave de narcotráfico. Estar en esa lista importa.

Lo que no aguanta es convertir la clasificación, por sí sola, en una condena de Washington contra el actual Gobierno.

1948 no fue 1943

La entrevista llega después a las alianzas políticas.

Gordienko explica que no tiene problema en trabajar con partidos ideológicamente distintos y reivindica la tradición socialcristiana de alcanzar acuerdos en momentos difíciles.

Como ejemplo menciona “el acuerdo del 48 con don Manuel Mora y la Iglesia Católica” y lo vincula con las Garantías Sociales y el Código de Trabajo.

Ahí el calendario importa.

Las reformas sociales centrales a las que alude corresponden a 1943, durante el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, con la participación del movimiento comunista encabezado por Manuel Mora y el respaldo de la Iglesia Católica bajo monseñor Víctor Manuel Sanabria.

La Guerra Civil llegó cinco años después.

Gordienko puede reivindicar aquella tradición de acuerdos.

Lo que no puede hacer la cronología es mover 1943 hasta 1948.

¿La misma hostilidad de la posguerra?

Gordienko vuelve a 1948 más adelante, esta vez desde su historia familiar.

Cuenta que uno de sus abuelos debió exiliarse por pertenecer al sector derrotado en la Guerra Civil y asegura que actualmente siente “ese mismo nivel de hostilidad, de distanciamiento, de enojo hasta de odio”.

Esa es su percepción.

La comparación histórica exige algo distinto.

La Costa Rica posterior a la Guerra Civil venía de un enfrentamiento armado, una sociedad profundamente fracturada y nuevos episodios de violencia política.

La polarización de 2026 puede estudiarse, medirse y discutirse.

Pero afirmar que alcanzó “ese mismo nivel” que una sociedad recién salida de una guerra requiere evidencia que la entrevista no aporta.

Una democracia “bajo ataque”

Antes incluso de entrar al caso de los 42.000 votos, Gordienko hace una afirmación todavía mayor.

Al explicar cómo nació la unión de diputados opositores asegura que desde el primer día tenían claro que “la democracia estaba bajo ataque”. También afirma que la separación de poderes había sido puesta “un poquito en jaque” por el Ejecutivo anterior y que eso se confirmó con el actual.

Es un diagnóstico político serio.

Precisamente por eso necesita hechos que permitan medirlo.

En esa respuesta no identifica indicadores o decisiones concretas suficientes para establecer el alcance del “ataque” que describe ni para demostrar, a partir de esa sola explicación, un deterioro comprobado de la separación de poderes.

Que una diputada diga que la democracia está bajo ataque demuestra algo.

Que ella considera que está bajo ataque.

No basta, por sí solo, para demostrar el diagnóstico.

Y volvemos a los 42.000

Después de recorrer casi toda la entrevista, algunas afirmaciones de Gordienko resisten el contraste mejor que otras.

Los problemas del oficialismo existen.

Su discusión sobre el artículo 279 encuentra una diferencia real entre el texto de la norma y la conducta que asegura haber enfrentado.

También es legítimo discutir políticamente que una mayoría legislativa condicione una eventual disculpa a la falta de elementos que respalden declaraciones pronunciadas durante el control político.

Otras afirmaciones cambian cuando se les agrega contexto.

La clasificación estadounidense sobre drogas no equivale por sí misma a una condena contra el Gobierno.

Las reformas sociales que Gordienko llevó a 1948 corresponden a 1943.

Y comparar el clima político actual con el nivel de hostilidad de una sociedad recién salida de una guerra civil exige algo más que una percepción.

Pero ninguna de esas discusiones responde la pregunta que abrió esta historia.

Una diputada de la República afirmó públicamente que un pastor cristiano le ofreció conseguir exactamente 42.000 votos por ₡420 millones.

Ella misma considera fantasioso que alguien pudiera garantizar semejante cantidad.

Doce días después seguimos sin conocer públicamente quién era esa persona, de dónde salieron los 42.000 o qué presentó para convencerla de que podía movilizarlos.

Gordienko anunció “las denuncias respectivas”. No se conoce públicamente qué ocurrió con ellas.

Los antecedentes llegaron al TSE y al Ministerio Público después de actuaciones impulsadas por otros legisladores.

La entrevista permitió conocer mucho sobre lo que Abril Gordienko piensa del oficialismo, la democracia, el narcotráfico, la polarización y 1948.

Del pastor sabemos prácticamente lo mismo que el 16 de septiembre.

Y de los 42.000 votos todavía falta saber de dónde salieron.

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¿Qué debería explicar Abril Gordienko para cerrar las dudas sobre los 42.000 votos?