Auditoría en Asamblea, alerta por uso ilegal del Transitorio IX.
“Auditoría Interna alerta al Directorio Legislativo por posible aplicación ilegal del Transitorio IX del Empleo Público”
La advertencia llegó este 20 de noviembre y encendió señales dentro del Congreso: la Auditoría Interna advirtió al Directorio Legislativo que la decisión de aplicar una tercera y cuarta etapa del Transitorio IX de la Ley Marco de Empleo Público (LMEP) carece de sustento legal y podría generar responsabilidades administrativas y civiles para los miembros del órgano.
¿Qué está pasando?
Según el documento, el Directorio aprobó el 5 de noviembre la ejecución de nuevas etapas del Transitorio IX para nombrar en propiedad a funcionarios interinos.
Sin embargo, tanto la Auditoría Interna como la Asesoría Legal institucional coinciden en que:
- El Transitorio IX ya agotó su vigencia en 2024.
- El beneficio aplicaba únicamente a interinos que al 10 de marzo de 2023 tuvieran dos años continuos en plaza vacante.
- Cualquier intento de reactivarlo es ilegal, porque convertiría una regla excepcional en una norma permanente.
Advertencias clave del informe
La Auditoría señala que:
- La decisión se basó en un informe que carece de fundamento jurídico.
- Se ignoraron criterios previos de la Dirección de Asesoría Legal, que desde septiembre advirtió la caducidad de la norma.
- Aplicar nuevas etapas podría provocar:
- Fraude de Ley, al usar el transitorio para evitar concursos ordinarios.
- Desviación de Poder, al emplear potestades para fines distintos a los permitidos.
- Riesgo de Abuso de Autoridad, al actuar con conocimiento previo de la improcedencia.
¿Por qué no proceden las nuevas etapas?
El informe recuerda que el plan remitido a MIDEPLAN estableció tres carteles en 2024, después de los cuales el transitorio quedaba “satisfecho y caducado”.
Por eso, funcionarios que cumplirían dos años en noviembre 2025 o febrero 2026 no forman parte del grupo beneficiario original, definido por ley.
¿Qué pidió la Auditoría al Directorio?
La recomendación es directa:
Reconsiderar y revertir la decisión de aplicar nuevas etapas, porque ya no existe base legal para continuar con el Transitorio IX.
La institución debe, en cambio, volver al régimen ordinario de concursos que exige la LMEP.
