Por MUNDO ACR | Mirada Global

Delcy Rodríguez no llegó a Naciones Unidas a enterrar el chavismo.

Tampoco habló como la misma dirigente que siete años atrás impulsaba el “No More Trump”.

Llegó con una tarea bastante más difícil: explicar una Venezuela que necesita reconstruir relaciones con Estados Unidos, atraer capital, renegociar una deuda gigantesca y volver al sistema financiero internacional sin presentar ninguno de esos movimientos como una renuncia al proyecto político del que ella misma proviene.

Su discurso dejó ver cómo pretende hacerlo.

Rodríguez mantuvo las críticas a las sanciones y a la interferencia extranjera. Reivindicó la soberanía venezolana y recordó los años de confrontación con Estados Unidos.

Pero después agradeció públicamente a Donald Trump y a su Gobierno por tomar el camino de las relaciones diplomáticas y la cooperación.

No fue una cortesía aislada desde el podio.

Un día antes, Rodríguez se había reunido personalmente con Trump en Nueva York. Su delegación llegó además mientras avanzaban conversaciones sobre energía, minería y la reestructuración de la deuda venezolana, estimada entre $150.000 millones y $200.000 millones. Durante la misma visita mantuvo encuentros con representantes del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo.

Puestas juntas, esas piezas muestran algo más complejo que un cambio de aliados.

Delcy no enterró el antiimperialismo. Está intentando reconstruirlo para hacerlo compatible con una relación pragmática con Washington.

No se volvió trumpista

La lectura fácil sería colocar la fotografía con Trump al lado del “No More Trump” de 2019 y declarar una conversión ideológica.

El discurso no permite llegar tan lejos.

Rodríguez no adoptó el ideario de Trump ni abandonó las críticas a las sanciones y a las presiones externas. Sigue utilizando buena parte del lenguaje soberanista que acompañó al chavismo durante años.

El cambio aparece en otro lugar.

Washington ya no figura únicamente como el poder del que Venezuela debe defenderse. Ahora también es el poder con el que Venezuela necesita negociar.

Rodríguez intenta resolver esa aparente contradicción presentando el acercamiento no como subordinación, sino como ejercicio de soberanía: Venezuela coopera porque decide hacerlo.

La diferencia es enorme.

Menos de nueve meses después de la operación estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro, la antigua vicepresidenta de su Gobierno se sentó con Trump en Nueva York y posteriormente presentó el encuentro como “histórico”.

No estamos viendo simplemente a una dirigente cambiar de opinión.

Estamos viendo al poder venezolano adaptarse a un cambio brutal de circunstancias sin declarar muerto el proyecto político que lo precedió.

Dos pragmatismos en Nueva York

Mirar únicamente a Delcy dejaría media fotografía fuera.

Estados Unidos también se está moviendo.

Washington pasó de ejecutar la operación que capturó a Maduro a negociar directamente con una de las figuras centrales de su antiguo Gobierno.

Y los asuntos sobre la mesa pesan.

Energía. Minería. Deuda. Reconstrucción financiera.

Las conversaciones económicas y financieras que acompañaron la visita venezolana tampoco son decoración diplomática. Venezuela busca recuperar acceso a financiamiento y activos internacionales mientras intenta reconstruir sectores fundamentales de su economía.

Hay entonces dos necesidades encontrándose.

Venezuela necesita capital, mercados, inversión y margen internacional.

Estados Unidos tiene intereses económicos, energéticos y geopolíticos en una Venezuela estable.

La ideología no desapareció.

Ahora tiene que convivir con los intereses.

Eso ayuda a entender cómo Delcy puede agradecer a Trump y, dentro del mismo discurso, seguir cuestionando sanciones e interferencias extranjeras.

No escogió públicamente una de las dos Delcy.

Está intentando hacerlas compatibles.

La frase que obliga a volver a 2024

Trump ocupó buena parte de la atención.

Pero la frase políticamente más pesada del discurso apareció cuando Rodríguez habló de elecciones:

“La democracia no se mide por la existencia de elecciones: se mide por la calidad de la competencia que precede esas elecciones”.

Esa frase merece algo más que convertirse en titular.

Merece regresar a Venezuela.

Porque apenas dos años atrás el país celebró unas elecciones presidenciales cuya calidad de competencia fue precisamente uno de los asuntos cuestionados internacionalmente.

El Centro Carter estuvo en Venezuela por invitación del propio Consejo Nacional Electoral para observar las presidenciales del 28 de julio de 2024.

Su conclusión fue que el proceso no cumplió los estándares internacionales de integridad electoral y no podía considerarse democrático. Señaló restricciones sobre actores políticos, sociedad civil y medios, problemas de transparencia y un CNE favorable al oficialismo. También sostuvo que no pudo verificar los resultados anunciados por la autoridad electoral.

El informe final del Centro Carter sobre las presidenciales venezolanas de 2024 profundizó posteriormente en las condiciones de aquella elección.

Informe final del Centro Carter sobre las elecciones venezolanas de 2024

Ahora pongamos solamente dos hechos uno al lado del otro.

En 2024, observadores internacionales cuestionaron las condiciones de competencia de las presidenciales venezolanas.

En 2026, quien encabeza Venezuela afirma ante Naciones Unidas que una democracia debe medirse precisamente por la calidad de esa competencia.

No hace falta convertir el contraste en una confesión.

Rodríguez no dijo que las elecciones de 2024 fueran fraudulentas. Tampoco declaró que Venezuela careciera entonces de democracia.

Atribuirle cualquiera de esas conclusiones sería poner palabras en su boca.

La pregunta más difícil no necesita hacerlo.

¿Cómo habría pasado la Venezuela electoral de 2024 la vara democrática que Delcy Rodríguez acaba de formular en 2026?

Los hechos hacen el resto.

¿Transformación desde dónde?

Rodríguez no se limitó a prometer elecciones.

Habló del inicio de una “transformación democrática profunda”, de diálogo con sectores opositores y de condiciones de participación para todas las fuerzas políticas.

La cobertura internacional del discurso confirmó la promesa de futuras elecciones y también que Rodríguez no anunció una fecha para celebrarlas.

Ahí aparece otra tensión dentro del discurso.

Transformar significa cambiar algo.

Si Venezuela necesita ahora una transformación democrática profunda, mejores condiciones de participación y una competencia de mayor calidad, resulta inevitable preguntar qué considera el nuevo Gobierno que necesita cambiar.

El discurso no lo define completamente.

Puede involucrar instituciones, condiciones electorales, relaciones entre oficialismo y oposición o una reorganización política más amplia después de la caída de Maduro.

Eso tendrá que demostrarse.

Porque “transformación democrática” describe una intención.

No garantiza el resultado.

Delcy acaba de imponerse su propia vara

Este puede terminar siendo uno de los efectos más importantes de su intervención.

Rodríguez estableció un criterio que también deberá aplicarse a las elecciones que organice su Gobierno.

Si la democracia depende de la calidad de la competencia, ya no bastará con colocar urnas y anunciar un ganador.

Habrá que observar quién puede competir.

Qué candidatos quedan habilitados.

Qué acceso tienen las fuerzas políticas a los medios.

Cómo actúa la autoridad electoral.

Qué observadores internacionales pueden ingresar.

Cómo se resuelven las controversias.

Y si los resultados pueden verificarse independientemente.

Delcy prometió elecciones.

Pero hizo algo políticamente más comprometedor:

definió cómo quiere que se mida su calidad democrática.

Sus propias palabras podrán volver después.

La economía ya tiene calendario

La política electoral todavía no.

Mientras Venezuela no tiene una fecha anunciada para votar, la apertura económica ya tiene reuniones, negociaciones e interlocutores.

FM, Banco Mundial, BID, Washington, Energía, Minería, Deuda.

Las negociaciones económicas conocidas hasta ahora muestran a Caracas intentando recuperar acceso al sistema financiero internacional mientras busca inversión para reconstruir una economía profundamente golpeada.

Eso permite observar dos velocidades.

La reinserción económica ya está en marcha. La apertura electoral continúa siendo una promesa.

No significa que una contradiga necesariamente a la otra.

Pero importa saber cuál avanza primero y bajo qué condiciones.

Si los acuerdos económicos, energéticos y financieros se concretan mientras las elecciones continúan sin fecha, la relación entre democratización e intereses económicos se convertirá inevitablemente en parte de la historia venezolana.

Y no será una pregunta únicamente para Caracas.

Washington también tendrá que demostrar cuánto pesa su exigencia de elecciones libres cuando comparte mesa con intereses energéticos y estratégicos.

El chavismo intenta aprender otro idioma sin olvidar el suyo

Durante años, la confrontación con Estados Unidos fue más que una disputa diplomática.

Ayudó a construir identidad.

Soberanía. Revolución. Antiimperialismo. Resistencia frente a Washington.

Delcy no eliminó esas palabras del discurso.

Les está cambiando la función.

La soberanía que antes servía principalmente para justificar resistencia ahora también sirve para explicar cooperación.

El antiimperialismo debe convivir con una negociación directa con Washington.

El acercamiento al sistema financiero internacional puede presentarse como reconstrucción nacional en lugar de abandono ideológico.

Y una futura apertura política recibe el nombre de “transformación democrática”, sin que Rodríguez condene explícitamente el sistema del que proviene.

Eso no parece accidental.

Permite cambiar sin declarar una ruptura.

La operación más difícil

Ese puede ser el verdadero tamaño del desafío que Delcy mostró ante Naciones Unidas.

Necesita modificar profundamente la relación de Venezuela con Estados Unidos sin presentar el movimiento como capitulación.

Necesita inversión y financiamiento internacional sin anunciar que el proyecto económico anterior murió.

Necesita prometer una transformación democrática sin convertir automáticamente esa promesa en una condena del sistema político que heredó.

Y necesita convocar elecciones después de establecer ella misma una definición de democracia mucho más exigente que la simple existencia de votos.

Por eso la fotografía con Trump, aunque histórica, puede terminar siendo la parte menos importante de esta semana.

La fotografía mostró que algo cambió.

El discurso empezó a mostrar cómo Delcy pretende explicarlo.

No llegó a Nueva York para anunciar que abandonó el chavismo.

Llegó a intentar demostrar que puede modificarlo sin dejar de hablar su idioma.

Ese intento puede funcionar.

También puede terminar chocando con sus propias contradicciones.

La respuesta no estará en otro discurso.

Estará en las decisiones que sigan.

Porque Delcy ya definió su democracia.

Ya abrió la puerta a Washington.

Ya habló de transformación.

Ahora Venezuela tendrá que demostrar cuánto de todo eso ocurre fuera del podio.

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Por MUNDO ACR Latinoamérica

Evo Morales ya no es presidente.

No puede volver a ser candidato.

Enfrenta una orden judicial de captura.

Y lleva meses refugiado en una región cocalera de Bolivia para evitar ser detenido.

Sin embargo, mientras el país atraviesa una nueva crisis política y social, su nombre vuelve a aparecer en el centro de todo.

Las carreteras permanecen bloqueadas en distintos puntos del territorio.

El transporte de alimentos, combustibles y medicamentos se ha visto afectado.

La tensión crece entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Y el gobierno enfrenta una presión cada vez mayor para recuperar el control de la situación.

En medio de ese escenario hay una imagen que resulta difícil de ignorar.

El hombre que ya no gobierna sigue siendo una de las figuras más influyentes de Bolivia.

Desde el Trópico de Cochabamba, una región que durante décadas fue su principal bastión político, Morales respalda las movilizaciones que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz y la convocatoria de nuevas elecciones en un plazo de 90 días.

La escena resulta llamativa porque, sobre el papel, Evo Morales parece haber perdido buena parte del poder que acumuló durante años.

Ya no controla el gobierno.

Ya no controla la presidencia.

No puede competir nuevamente por el cargo.

Y tampoco atraviesa su momento de mayor popularidad.

Aun así, conserva algo que sigue teniendo peso en Bolivia, una base de seguidores capaz de movilizarse y mantener presión en las calles.

Esa capacidad no nació ahora.

Durante décadas, Morales construyó una relación estrecha con organizaciones campesinas, sindicatos, movimientos indígenas y sectores cocaleros que fueron fundamentales en su ascenso político.

Fue precisamente esa fuerza social la que lo llevó desde el liderazgo sindical hasta la presidencia del país.

Y es esa misma estructura la que hoy sigue demostrando que su influencia no desapareció junto con el cargo.

Por eso algunos analistas sostienen que Evo Morales perdió poder institucional, pero conserva poder social.

No gobierna desde un despacho.

No firma decretos.

No dirige ministerios.

Pero sigue siendo capaz de influir en el clima político nacional.

Mientras tanto, Bolivia enfrenta problemas mucho más urgentes que una disputa entre líderes.

La economía atraviesa dificultades.

La población siente el impacto de la incertidumbre.

Y el desabastecimiento provocado por los bloqueos empieza a golpear la vida cotidiana de miles de familias.

Para muchos ciudadanos, la preocupación ya no es quién gana una batalla política.

La preocupación es cuándo volverá la normalidad.

A esa tensión se suma el proceso judicial que enfrenta Morales por presunta trata de personas y el presunto embarazo de una menor de edad cuando ejercía la presidencia.

El exmandatario rechaza las acusaciones y sostiene que se trata de una persecución política.

La justicia boliviana, por su parte, mantiene vigente una orden de aprehensión luego de que fuera declarado en rebeldía al no presentarse al inicio del juicio.

El caso ha profundizado la división alrededor de su figura.

Para unos sigue siendo un líder popular que representa a sectores históricamente excluidos.

Para otros simboliza una etapa política que Bolivia debería dejar atrás.

Y quizá ahí se encuentra la verdadera dimensión de la crisis actual.

Porque lo que ocurre en Bolivia parece ir más allá de una protesta o de una disputa entre dirigentes.

El país atraviesa una transición compleja.

Después de dos décadas marcadas por la influencia del Movimiento al Socialismo, intenta construir una nueva etapa política mientras todavía convive con el peso de una de las figuras más determinantes de su historia reciente.

Por eso la pregunta ya no parece ser únicamente dónde está Evo Morales.

La pregunta es otra.

¿Cómo puede un líder que ya no gobierna seguir teniendo la capacidad de alterar la conversación política de todo un país?

Tal vez la respuesta esté en que algunos dirigentes abandonan el poder, pero no desaparecen de la historia.

Y Bolivia todavía parece estar descubriendo cuánto de su presente sigue conectado con el legado, y las controversias, de Evo Morales.

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Porque la información no termina cuando termina la noticia. En MUNDO ACR seguimos la historia completa.

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ACR Mundo | Redacción Latino américa

Colombia entra a la última semana electoral con un oficialismo fuerte… pero cada vez más desgastado.

A solo días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, Colombia llega a la recta final de campaña bajo un ambiente cada vez más polarizado, incierto y emocionalmente cargado.

Las principales encuestas divulgadas antes de la entrada en vigor de la veda electoral coinciden en algo, Iván Cepeda, candidato respaldado por el oficialismo y cercano al proyecto político impulsado por Gustavo Petro, mantiene el liderazgo de la primera vuelta.

Pero al mismo tiempo empiezan a mostrar otra señal que cada vez pesa más dentro del ambiente político colombiano, el rápido crecimiento del candidato independiente Abelardo de la Espriella.

Y ahí fue donde empezó a aparecer otra lectura dentro de la campaña.

Porque aunque el oficialismo conserva una base electoral sólida, varias encuestas y escenarios de segunda vuelta empiezan a mostrar un panorama mucho más complicado para Cepeda fuera de la primera ronda.

La discusión ya no parece centrarse únicamente en quién llega primero el 31 de mayo.

Ahora la verdadera duda empieza a girar alrededor de otra pregunta, ¿el oficialismo todavía tiene suficiente respaldo para sostenerse en una segunda vuelta marcada por el cansancio político, la inseguridad y la polarización social?

La elección empieza a sentirse más emocional que ideológica.

Las diferencias entre las encuestadoras reflejan el enorme nivel de tensión política que atraviesa actualmente Colombia.

El Centro Nacional de Consultoría (CNC) ubica a Cepeda con un 33,4% frente al 30,9% de De la Espriella.

AtlasIntel muestra prácticamente un empate técnico entre ambos candidatos.

Mientras tanto, Invamer presenta un escenario más favorable para el oficialismo, aunque incluso ese estudio reconoce el crecimiento acelerado del candidato independiente durante las últimas semanas.

Sin embargo, el dato que más empieza a repetirse no es quién lidera la primera vuelta.

La señal más delicada para el oficialismo aparece en los escenarios de balotaje.

Varios estudios muestran que De la Espriella podría imponerse en una eventual segunda vuelta presidencial.

Y ahí la elección cambia completamente de dimensión.

Porque en América Latina muchas veces la primera ronda mide estructuras políticas e identidad ideológica, pero la segunda termina convirtiéndose en una votación marcada por rechazo, desgaste y necesidad de cambio.

El crecimiento opositor empieza a reorganizar el tablero colombiano.

Uno de los fenómenos más visibles de mayo ha sido el ascenso acelerado de Abelardo de la Espriella.

Analistas y medios colombianos coinciden en que el candidato independiente ha absorbido buena parte del voto conservador y de derecha que inicialmente respaldaba a Paloma Valencia.

Aunque la senadora mantiene una base competitiva, el movimiento político empieza a mostrar algo más profundo, sectores opositores comienzan a concentrarse alrededor de la candidatura que perciben con mayores posibilidades de enfrentar al oficialismo en una segunda vuelta.

Eso empieza a reorganizar parte del tablero político colombiano en el tramo final de campaña.

Y mientras el oficialismo mantiene una estructura fuerte en primera vuelta, también empieza a enfrentar un ambiente social cada vez más desgastado por temas como inseguridad, tensión económica y polarización política.

Polymarket y las apuestas internacionales empiezan a mover señales.

La elección colombiana ya no solo está siendo seguida por encuestadoras tradicionales.

También empieza a llamar la atención de mercados internacionales de predicción donde miles de usuarios apuestan dinero real sobre posibles resultados políticos.

Plataformas como Polymarket muestran actualmente un escenario más favorable para De la Espriella en una eventual segunda vuelta presidencial frente a Cepeda.

El movimiento ha sido tan fuerte durante mayo que el mercado principal relacionado con las elecciones colombianas ya supera los 30 millones de dólares en operaciones.

Eso convierte a Colombia en una de las elecciones latinoamericanas más observadas recientemente dentro de este tipo de plataformas.

Especialistas advierten que estos mercados no sustituyen estudios científicos ni representan directamente intención de voto.

Sin embargo, sí reflejan expectativas y cambios rápidos en la percepción pública alrededor de una campaña que entra en sus días más tensos.

La última fotografía antes del silencio electoral.

La legislación colombiana prohíbe publicar nuevas encuestas durante la última semana previa a las elecciones.

Por eso, estos estudios se convierten prácticamente en la última gran fotografía pública antes de que más de 41 millones de colombianos acudan a las urnas.

Y esa fotografía deja una sensación cada vez más visible, la elección sigue completamente abierta.

Cepeda mantiene el liderazgo inicial. Pero el crecimiento opositor, la polarización y el ambiente emocional que atraviesa el país empiezan a mover la campaña hacia un terreno mucho más impredecible de cara a una eventual segunda vuelta.

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Por Línea Internacional MUNDO ACR

Bolivia vuelve a quedar atrapada entre bloqueos, escasez y una pregunta de fondo, cuánto del modelo político construido desde la era Evo Morales puede cambiar Rodrigo Paz sin provocar una explosión social.

Apenas seis meses después de haber asumido la presidencia, Paz enfrenta protestas que ya no se explican únicamente por un reclamo sectorial. Lo que comenzó con tensiones por tierras rurales terminó conectándose con salarios, combustible, alimentos, transporte, inflación y una creciente molestia contra el rumbo que está tomando el país.

En las calles, el malestar se siente de forma directa. Hay rutas bloqueadas, problemas de abastecimiento, falta de combustible y sectores que ya no solo exigen respuestas puntuales, sino un cambio de rumbo. Algunos incluso piden la salida del presidente.

El gobierno acusa al entorno de Evo Morales de impulsar la convulsión. Morales lo niega. Pero reducir la crisis a una simple pelea entre Paz y Evo deja por fuera algo mucho más profundo: Bolivia parece estar entrando en una fractura entre el gobierno actual y parte del pacto político y social que dominó al país durante las últimas dos décadas.

El primer choque apareció con una reforma agraria que permitía convertir pequeñas propiedades rurales en medianas propiedades, bajo el argumento oficial de facilitar acceso al crédito y reactivar la inversión.

Para sectores campesinos, sin embargo, la medida despertó otra lectura, el temor de que la tierra termine entrando en una lógica más favorable para grandes propietarios.

Y en Bolivia, la tierra nunca es solamente tierra. También representa comunidad, territorio, identidad y memoria política.

Por eso la reacción no quedó aislada.

La tensión empezó a crecer mientras otros sectores reclamaban por salarios golpeados por la inflación, transportistas denunciaban aumentos en el combustible y ciudadanos hablaban de “gasolina basura” para cuestionar la calidad del producto que, según sus denuncias, estaría afectando vehículos y motores.

El combustible terminó convirtiéndose en otro símbolo del deterioro.

Porque cuando sube el precio, escasea el suministro o la gente empieza a desconfiar de la calidad del combustible, la crisis deja de sentirse lejana y entra directamente en la vida diaria. Ahí se afectan el transporte, el trabajo, la comida, los servicios y hasta la recolección de basura.

Ese tipo de enojo no suele quedarse únicamente en consignas políticas.

Se acumula.

Pero el punto más sensible apareció cuando Rodrigo Paz anunció una posible reforma parcial de la Constitución boliviana.

La Constitución de 2009 no es un documento cualquiera dentro de Bolivia. Fue una de las grandes bases políticas del ciclo de Evo Morales, transformó al país en un Estado Plurinacional y redefinió la relación entre comunidades, recursos naturales y Estado.

Por eso, cuando el gobierno habla de modificar áreas vinculadas a hidrocarburos y minería para facilitar inversiones, sectores afines al masismo y movimientos sociales críticos empiezan a interpretar otra cosa: un posible desplazamiento del modelo estatal hacia una lógica más abierta al capital privado.

El gobierno rechaza cualquier intención de privatización.

Pero la sospecha ya entró en la calle.

Y cuando un gobierno que apenas lleva medio año enfrenta al mismo tiempo bloqueos, escasez, presión inflacionaria, rechazo campesino, conflictos con transportistas y tensiones constitucionales, el problema deja de verse solamente administrativo.

Empieza a convertirse en una crisis política de legitimidad.

Porque Bolivia ya no parece discutir únicamente una ley agraria, la calidad de la gasolina o una comisión constitucional.

Lo que empieza a discutirse es cuánto puede cambiar el modelo político y económico construido desde la era Morales sin romper el vínculo histórico entre el Estado y sectores sociales que durante años sintieron que ese modelo también representaba protección, reconocimiento y poder.

Ahí está el verdadero fondo de la crisis.

Rodrigo Paz intenta mover una estructura que no solo es económica.

También es simbólica.

Y cada ajuste empieza a ser leído por sectores críticos como una amenaza al equilibrio político que marcó Bolivia durante gran parte del siglo XXI.

Por eso las protestas actuales tienen un peso distinto.

No parecen únicamente bloqueos contra medidas específicas.

Empiezan a sentirse como el síntoma de un país donde la inflación golpea, el combustible escasea, la confianza institucional se desgasta y el modelo de Estado vuelve a quedar bajo disputa.

La pregunta ya no es solamente si Rodrigo Paz logrará contener las protestas.

La verdadera pregunta es si Bolivia está entrando en una nueva pelea por el rumbo político y económico que definirá al país durante los próximos años.

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