La exdiputada María Marta Carballo aseguró que el principal problema del sistema no es la falta de edificios o equipos médicos, sino la escasez de especialistas dentro de la CCSS.

A través de una publicación en Facebook, Carballo respondió a declaraciones de la diputada Yanis Sandí y cuestionó que se siga defendiendo la idea de que las listas de espera se explican principalmente por infraestructura.

Según afirmó, existen hospitales y servicios que actualmente trabajan por debajo de su capacidad debido a la falta de especialistas en distintas áreas médicas.

Durante su intervención mencionó casos como el Hospital Tony Facio en Limón, donde aseguró que hay salas de ultrasonido sin radiólogos, quirófanos que no operan a plena capacidad y servicios médicos que permanecen parcialmente cerrados.

También señaló situaciones similares en Guápiles y en el nuevo hospital de Puntarenas.

Para Carballo, el problema no es únicamente construir más infraestructura, sino garantizar personal especializado suficiente para utilizar la capacidad ya existente dentro del sistema de salud.

La exdiputada también lanzó críticas hacia los procesos de formación de especialistas en Costa Rica.

Según afirmó, muchos médicos generales enfrentan dificultades para acceder a especialidades y existen cuestionamientos sobre cómo se manejan actualmente esos procesos.

En su publicación incluso hizo referencia a observaciones realizadas anteriormente por auditorías institucionales relacionadas con criterios y mecanismos de formación médica.

El intercambio vuelve a poner sobre la mesa una discusión que cada vez aparece con más fuerza dentro del tema de salud pública: si el principal cuello de botella en las listas de espera está en la infraestructura, en la formación de especialistas o en una combinación de ambos factores.

Mientras tanto, miles de pacientes continúan esperando citas, cirugías y procedimientos dentro del sistema público de salud.

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Las listas de espera en la Caja no comenzaron en 2024. Son un fenómeno acumulado de varios años que involucra consultas, procedimientos y cirugías pendientes.

Actualmente, el sistema reporta 1,3 millones de personas en listas de espera y cerca de 200.000 pendientes de cirugía. En ese contexto se discute el proyecto 24.015, que busca modificar cómo la CCSS forma, incorpora y retiene a los médicos especialistas.

La iniciativa parte de un planteamiento concreto: cuando la formación de un especialista se financia con recursos públicos, debe existir un mecanismo que permita que esa inversión se traduzca en prestación efectiva de servicios dentro del sistema.
Hoy el modelo permite cumplir con la retribución social trabajando tres años para la institución o pagando un monto equivalente al 8% del salario.

La diputada proponente considera que ese esquema debe revisarse para asegurar mayor permanencia en el sistema público.

Según datos oficiales, desde agosto de 2024 se han registrado más de 200 renuncias de especialistas. Esto ha reducido la disponibilidad de horas médicas en distintas áreas.

Sin embargo, las listas de espera responden a múltiples factores acumulados a lo largo del tiempo, entre ellos la demanda creciente de servicios, la disponibilidad histórica de especialistas y la capacidad operativa del sistema. El proyecto plantea tres modificaciones principales:
Crear un examen nacional único para regular el ingreso a especialidades. Ajustar el esquema de retribución social. Permitir declarar escasez en determinadas especialidades para habilitar mecanismos extraordinarios de contratación, incluso de médicos formados en el extranjero.

Las posiciones en torno a la propuesta están divididas. El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas ha expresado objeciones al proyecto. Otras voces advierten que cualquier reforma debe considerar condiciones laborales que favorezcan la permanencia de los profesionales en el mediano plazo.

Quienes respaldan la iniciativa sostienen que es necesario revisar el modelo actual para fortalecer la capacidad de atención del sistema público.
El expediente acumula más de 200 mociones y su avance dependerá de acuerdos legislativos en las próximas semanas o de su continuidad en la siguiente legislatura.

El debate gira en torno a cómo equilibrar inversión pública en formación médica, estabilidad profesional y reducción progresiva de las listas de espera.

Lo importante no es el titular. Es lo que cambia en su bolsillo.

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El alto tribunal resolvió que la iniciativa no presenta vicios de inconstitucionalidad que impidan su avance en la Asamblea Legislativa. Con ello, los diputados podrán continuar con la discusión de una propuesta que desde hace meses ha generado debate entre laboratorios, farmacéuticos y consumidores.

El corazón del proyecto

La propuesta permite que empresas, farmacias o distribuidores puedan importar directamente medicamentos originales ya registrados en otros países, sin depender de un solo representante en Costa Rica. Según sus impulsores, esta apertura ayudaría a que los precios bajen hasta en un 40 %, al fomentar la libre competencia y eliminar monopolios en la distribución de ciertos productos.

Los sectores empresariales ligados a la salud han manifestado posiciones divididas. Mientras algunos defienden la medida como una forma de hacer más accesibles los tratamientos, otros advierten sobre la necesidad de mantener controles sanitarios rigurosos para evitar el ingreso de medicamentos falsificados o de dudosa procedencia.

Argumentos de la Sala IV

Los magistrados consideraron que el proyecto no violenta el principio de salud pública ni afecta la función del Ministerio de Salud como ente regulador. En su análisis, la Sala recordó que la importación paralela ya es una práctica común en varios países con normativas similares, y que la supervisión sanitaria sigue siendo obligatoria antes de autorizar cualquier comercialización local.

Además, el fallo aclara que la apertura de mercado no limita el derecho de las empresas a registrar sus productos, sino que amplía las opciones de adquisición en beneficio de los pacientes.

Lo que viene

Tras la luz verde constitucional, el texto deberá ser discutido nuevamente por los diputados en el plenario legislativo. Se espera que los próximos días sean clave para definir el futuro de la reforma y si realmente traerá alivio a los bolsillos de los costarricenses que dependen de tratamientos médicos continuos.

El proyecto marca un punto de inflexión en el debate sobre el acceso a medicamentos en Costa Rica. La decisión de la Sala IV despeja el camino legal, pero deja abierta la discusión económica y ética sobre cómo equilibrar precios justos, seguridad y calidad en un sistema de salud que enfrenta desafíos crecientes.

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La autora principal de la investigación, la profesora Rachael Brown, señaló que, a pesar de los beneficios de los dispositivos, “muchos de nosotros somos rehenes de nuestros teléfonos, somos incapaces de desconectarnos por completo”.

El estudio sostiene que la relación con los dispositivos móviles actúa como una dinámica entre anfitriones y parásitos, donde las corporaciones obtienen provecho a través de los clics de los usuarios.

El riesgo de la explotación corporativa

Según la profesora Brown, los ‘smartphones’ presentan riesgos sociales específicos. La investigadora afirmó que los dispositivos absorben tres recursos principales de los usuarios para servir a los intereses de las empresas tecnológicas:

• Tiempo
• Atención
• Información personal

Brown sostiene que el diseño de las aplicaciones busca mantener al usuario conectado para que caiga en publicidad e incluso para “causarnos indignación”, según sus declaraciones.

(Para comprenderlo: El término “parásito” en este contexto no se refiere a un organismo biológico, sino a un agente que se beneficia de otro a expensas de su salud o recursos).

Daños a la salud y la concentración

Especialistas han advertido sobre los daños a la salud que puede generar el uso constante del teléfono celular. El estudio señala que el exceso de uso puede tener consecuencias negativas en el bienestar físico y mental.

Efectos negativos advertidos por los especialistas:

• Impacto negativo en la capacidad de concentración.
• Deterioro de la memoria.
• Privación del sueño.
• Reducción en la capacidad de control.
• Aumento del estrés y la ansiedad.

La profesora Brown comunicó que los científicos estudiarán cómo restablecer una relación “mutuamente beneficiosa” entre los usuarios y sus teléfonos, enfocándose en la capacidad de detectar y responder a la explotación.

Para mitigar los efectos negativos, se recomienda:

• Establecer límites de tiempo.
• Desactivar las notificaciones.
• Evitar el uso de dispositivos antes de dormir.
• Realizar actividades al aire libre.

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