Laura Fernández anuncia traslados al CACCO y enfrenta al PLN, al fiscal y a sus críticos

POR MUNDO ACR Las declaraciones hacen ruido. Las decisiones dejan consecuencias. Nuestro trabajo es seguir ambas sin confundirlas

La nueva cárcel recibirá a sus primeros internos el lunes 26 de octubre. El Gobierno también abrió la licitación de San José–San Ramón, mientras la conferencia dejó fuertes declaraciones políticas y una propuesta contra el dopaje deportivo.

El CACCO comenzará a recibir privados de libertad el próximo lunes. La ampliación de la carretera San José–San Ramón ya salió a licitación. Y, en medio de esos anuncios, la presidenta Laura Fernández volvió a confrontar a diputados, autoridades judiciales y críticos de su Gobierno.

La conferencia de este miércoles 21 de octubre tuvo espacio para decisiones concretas y declaraciones de alto voltaje político. Fernández defendió su apuesta penitenciaria, llamó «terroristas políticos» a diputados del PLN, cuestionó al fiscal general Carlo Díaz y señaló a Ariel Robles por sus declaraciones relacionadas con las manifestaciones.

Rodrigo Chaves también intervino con una advertencia contra comunistas y sindicalistas. La jornada incluyó, además, una iniciativa legislativa sobre dopaje deportivo impulsada desde el despacho del primer caballero.

El CACCO pasa de la inauguración a los traslados

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, anunció que el lunes 26 de octubre comenzará el traslado de privados de libertad al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), inaugurado recientemente en San Rafael de Alajuela.

Según explicó, entre los primeros internos estarán personas señaladas como implicadas en el homicidio del oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales. Después ingresarán privados de libertad que actualmente permanecen bajo regímenes de alta contención.

La vinculación con ese caso penal corresponde a lo comunicado por las autoridades y no implica que todas las personas mencionadas tengan una condena por el crimen.

El centro tiene una capacidad anunciada de 5.100 personas y forma parte de la estrategia gubernamental para aumentar el control sobre privados de libertad vinculados con estructuras criminales.

Fernández, quien visitó recientemente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, insistió en la urgencia de actuar frente al crimen organizado.

«Costa Rica está a tiempo de no llegar hasta allá», manifestó al referirse a la crisis de violencia que enfrentó ese país.

La presidenta también solicitó a Aguilar una explicación pública de los protocolos que regirán el CACCO. Quiere que se detallen las condiciones de atención médica, ejercicio físico, servicios jurídicos y otros aspectos del funcionamiento del centro.

La solicitud llega después de cuestionamientos sobre el régimen que se aplicará a los internos.

Fernández no cede ante los críticos de la nueva cárcel

La mandataria respondió a quienes cuestionan la construcción del CACCO y consideran que el país debería concentrar más recursos en educación y prevención.

Fernández rechazó que los problemas sociales asociados con personas que hoy están en prisión puedan atribuirse únicamente a su administración. Sostuvo que las consecuencias de las políticas educativas se observan a lo largo de muchos años.

«A mí que me pidan cuentas dentro de 20 años cuando estos niños y estos jóvenes tengan 21 o 22 años», afirmó.

Su argumento es que el Estado debe actuar sobre la criminalidad actual sin abandonar las oportunidades educativas de las nuevas generaciones.

Con los primeros traslados a pocos días de comenzar, el funcionamiento del CACCO entrará en una etapa distinta. Ya no se tratará solamente de su infraestructura o de los anuncios oficiales, sino de cómo operarán los controles y servicios dentro del establecimiento.

San José–San Ramón tiene licitación, pero todavía no obras

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció la apertura de la licitación pública internacional para ampliar y mejorar la carretera San José–San Ramón.

El proyecto contempla intervenir 55,6 kilómetros de la Ruta Nacional 1, desde las cercanías de La Sabana hasta San Ramón, además de 4,45 kilómetros de la radial de Río Segundo.

La contratación será bajo la modalidad de llave en mano e incluye diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento.

El financiamiento anunciado es de US$770 millones, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Las empresas interesadas tendrán hasta el 21 de abril de 2027 para presentar ofertas. El Gobierno proyecta adjudicar durante el primer semestre de ese año e iniciar las obras físicas en el segundo, una vez cumplidos los procedimientos correspondientes.

El ministro Efraín Zeledón también anunció estudios para intervenir posteriormente el tramo entre Barranca y San Ramón.

La publicación del cartel representa un avance en un proyecto que lleva años de espera. Sin embargo, todavía falta seleccionar a la empresa responsable, formalizar el contrato y ejecutar las obras.

Del PLN al fiscal general, la confrontación subió de tono

La presidenta dirigió parte de sus críticas hacia diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), a quienes llegó a llamar «terroristas políticos».

La expresión fue utilizada por Fernández en el marco de sus cuestionamientos a legisladores de esa agrupación. Se trata de una acusación política, no de una condición penal acreditada contra los diputados.

El fiscal general Carlo Díaz también fue blanco de sus declaraciones.

Fernández le pidió que dejara de «instrumentalizar politiqueramente la justicia de este país», según la frase recogida durante la conferencia.

El señalamiento refleja la posición de la mandataria sobre la actuación del jerarca del Ministerio Público. No demuestra por sí mismo que la Fiscalía haya utilizado sus competencias con fines políticos.

Las dos intervenciones se suman a una relación marcada por diferencias públicas entre el Ejecutivo, sectores legislativos y autoridades judiciales.

Chaves advierte y Fernández señala a Ariel Robles

Rodrigo Chaves también participó con una advertencia dirigida a la ciudadanía.

«Costarricenses, si no nos despabilamos, los comunistas y los sindicalistas van a tomar este país», expresó.

La frase fue presentada como una advertencia política de Chaves, en un contexto de tensiones con organizaciones sindicales y sectores críticos del Gobierno.

Fernández, por su parte, se refirió a la manifestación del martes en defensa de la educación pública y agradeció que sus participantes no siguieran lo que ella atribuyó a Ariel Robles como un llamado a quemar llantas y destruir infraestructura.

Ese señalamiento requiere distinguir la interpretación de la presidenta de las palabras originales de Robles. La acusación, por sí sola, no permite afirmar que él haya convocado expresamente a cometer actos de destrucción.

La manifestación reunió a sectores educativos y universitarios que reclamaron por decisiones relacionadas con el financiamiento de la educación pública.

El dopaje deportivo también llegó a la conferencia

Fuera de los enfrentamientos políticos, el despacho del primer caballero, Jeffry Umaña, participó en la presentación de una iniciativa legislativa para sancionar conductas relacionadas con el dopaje deportivo.

La propuesta, vinculada con la participación del ciclista costarricense Andrey Amador, busca establecer responsabilidades cuando terceras personas suministren sustancias prohibidas a deportistas sin su conocimiento.

El planteamiento apunta a proteger a los atletas frente a actuaciones de personas involucradas en su preparación o atención que puedan provocar infracciones antidopaje.

El proyecto deberá seguir su trámite en la Asamblea Legislativa antes de que las sanciones propuestas puedan entrar en vigor.

Las fechas que quedan después de los discursos

La conferencia dejó varios asuntos con seguimiento pendiente.

El primero llegará el lunes 26 de octubre, cuando está previsto el ingreso de los primeros internos al CACCO. También queda pendiente la explicación oficial de sus protocolos.

La ampliación de San José–San Ramón tendrá su próxima fecha clave el 21 de abril de 2027, cuando cierre la recepción de ofertas. La propuesta contra el dopaje deberá avanzar en el Congreso.

Las declaraciones contra diputados del PLN, el fiscal general, Ariel Robles y sectores sindicales pertenecen a otro terreno, el de la confrontación política.

En MUNDO ACR seguiremos las decisiones por lo que ocurra después de anunciarlas. El inicio de los traslados, la adjudicación de la carretera y el avance del proyecto legislativo permitirán comprobar cuánto de esta jornada llega a convertirse en resultados.

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