Fernando Cruz y la mora judicial: ¿qué dicen los datos?
Cruz cuestiona el reclamo por la mora mientras el Poder Judicial presume más productividad
MUNDO ACR | Criterio independiente. No verificamos bandos. Verificamos lo que dicen.
Fernando Cruz estaba este lunes frente a los números de cuatro años de gestión del Poder Judicial cuando la conversación llegó a la mora. El magistrado de la Sala Constitucional habló de falta de personal, vacaciones sin sustituciones, incapacidades, juicios suspendidos y problemas que nacen fuera de los tribunales pero terminan convertidos en expedientes judiciales. Entonces lanzó una pregunta que cambió el tono de la rendición de cuentas.
“Yo no sé si es como un poquito perverso cuando reclaman que hay mora judicial, pero tenemos cinco años que no se crean plazas. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Es con buena intención o es ignorancia?”, dijo Cruz.
La falta de personal que señala tiene respaldo. El propio Poder Judicial presentó su anteproyecto presupuestario para 2026 con “crecimiento cero en plazas nuevas” y necesidades que quedaron sin contenido económico. Entre ellas aparecían 1.335 plazas para despachos penales y siete para reforzar Sala Constitucional. Poder Judicial
Pero ese lunes había otros números en la misma sala.
Según la exposición del director de Planificación, Allan Pow Hing, el Poder Judicial tenía alrededor de 800.000 expedientes en trámite en 2021 y reportaba unos 746.000 al 30 de junio de 2026. También aseguró que actualmente termina aproximadamente 144.000 asuntos más por año que en 2021, un crecimiento de productividad cercano al 27%.
Es ahí donde la pregunta de Cruz deja de caber cómodamente entre “buena intención” e “ignorancia”.
Si el Poder Judicial afirma que produce considerablemente más con recursos limitados, si redujo su circulante general y si además se presenta como líder latinoamericano en tasa de resolución, el reclamo ciudadano por la mora admite una tercera posibilidad mucho más sencilla: querer saber qué parte del atraso se explica por lo que falta y qué parte todavía depende de lo que ocurre adentro.
Cinco años sin plazas, pero no cero plazas en todo el Poder Judicial
La precisión aquí importa porque fortalece, en vez de debilitar, el reclamo legítimo de Cruz.
La Corte efectivamente formuló su presupuesto 2026 con crecimiento cero en plazas nuevas. Las necesidades que dejó sin financiamiento eran enormes. Solo los 1.335 puestos estimados para despachos penales representaban más de ₡44.118 millones, mientras que las siete plazas solicitadas para Sala Constitucional rondaban los ₡415 millones. Poder Judicial
Pero “tenemos cinco años que no se crean plazas” no puede trasladarse sin explicación al lector como si durante ese período no hubiera aparecido ningún puesto nuevo en ninguna dependencia del Poder Judicial.
El presupuesto 2026 finalmente aprobado incorporó recursos para 46 puestos en el Ministerio Público, otros 53 puestos en esa misma institución y 176 en el OIJ. Los documentos presupuestarios del propio Poder Judicial registran esas incorporaciones. Planificación PJ
Eso no significa que los juzgados hayan recibido el personal que reclaman. Tampoco que Sala Constitucional haya obtenido las siete plazas que pidió ni que desaparezca el congelamiento de crecimiento ordinario denunciado por la Corte.
Significa algo más preciso.
Faltan plazas, pero saber que faltan todavía no dice cuánto de la mora producen.
Para responder eso habría que conocer dónde faltan, cuántos expedientes soportan esos despachos y cuánto cambiarían sus tiempos si recibieran el personal solicitado.
Hay 746.000 expedientes en trámite, pero esa cifra tampoco es “la mora”
Aquí también conviene evitar un golpe fácil.
Según los datos presentados por Planificación, el circulante pasó de aproximadamente 800.000 expedientes en 2021 a unos 746.000 al 30 de junio de este año. La caída ronda el 7%.
Pero 746.000 expedientes en trámite no equivalen a 746.000 expedientes atrasados. Un proceso puede estar activo y encontrarse dentro de tiempos normales.
La cifra importante que todavía falta es otra.
¿Cuántos llevan más tiempo del razonable?
¿Cuántos superan uno, dos, cinco o diez años?
¿En cuáles materias?
¿En cuáles despachos?
¿Y por qué?
Sin esa radiografía, hablar simplemente de “mora judicial” mezcla bajo una misma palabra desde un expediente que apenas comienza hasta otro que lleva años esperando.
El mismo Poder Judicial dice que ahora produce 27% más
El dato presentado por Pow Hing vuelve más interesante el argumento de las plazas. Si actualmente se terminan alrededor de 144.000 asuntos adicionales por año respecto de 2021, pese a las restricciones de recursos, algo cambió en la capacidad del sistema para producir.
Eso tampoco demuestra que sobren funcionarios.
Demuestra que el número de funcionarios no es la única variable capaz de mover la aguja.
El Poder Judicial trabaja también con tecnología, indicadores, reorganización, automatización y modelos dirigidos a reducir rezago. De hecho, la institución ha defendido públicamente que, aun con recursos limitados, ha realizado esfuerzos para disminuir atrasos y aumentar eficiencia. Poder Judicial
La discusión deja entonces de ser “plazas sí o plazas no”.
La pregunta útil es cuánto atraso requiere más personal y cuánto puede reducirse mediante cambios de gestión.
Porque si administrar distinto ayudó a producir 27% más, la administración también forma parte de la ecuación.
El Poder Judicial también celebró ser primero en América Latina
Hace pocas semanas la propia institución difundió otro resultado.
Costa Rica obtuvo una tasa de resolución judicial de 1,07 durante 2024 y quedó en primer lugar entre los 13 países latinoamericanos estudiados por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA. Fue además el único país que superó el umbral 1 en ese indicador. Poder Judicial
El dato favorece al Poder Judicial.
Y hay que decir exactamente qué significa.
La tasa mide la relación entre asuntos terminados y asuntos ingresados durante un período. Superar 1 significa que el sistema logró resolver al menos tantos asuntos como recibió. El estudio también ubicó a Costa Rica dentro de un rango aceptable de congestión para 2024. Poder Judicial
Pero 1,07 no significa que desapareció la mora.
No dice que todos los expedientes se resuelvan rápidamente, no borra casos acumulados de años anteriores y tampoco impide que determinadas jurisdicciones tengan problemas mucho más graves que el promedio nacional.
Ahí aparecen dos fotografías del mismo Poder Judicial.
Una institución que puede exhibir el mejor resultado regional de resolución entre los países comparados y una institución cuyo magistrado pregunta si reclamar por la mora, ante la falta de plazas, puede ser “un poquito perverso”.
No hace falta escoger una de las dos.
Las dos pueden ser ciertas.
Precisamente por eso la mora merece números más finos.
Cruz ya había señalado dónde se concentra buena parte del problema
La explicación de este lunes tampoco nació este lunes.
Meses atrás, en Corte Plena, Cruz defendió al Poder Judicial frente a cuestionamientos sobre su funcionamiento y reconoció que la institución tenía deficiencias. En aquella discusión sostuvo además que más del 60% de la mora correspondía a materia de cobro y volvió sobre las restricciones presupuestarias que enfrenta la institución. El planteamiento consta en el acta de Corte Plena. Nexus PJ
Ese 60% es probablemente más útil para entender el problema que cualquier discusión abstracta sobre si existe o no mora.
Porque si buena parte del atraso está concentrada en una materia concreta, la siguiente pregunta deja de ser ideológica.
¿Qué está pasando en cobro?
Cuánto corresponde al volumen de asuntos que ingresan, cuánto a personal, cuánto al diseño del proceso, cuánto al comportamiento de las partes, cuánto a organización interna y cuánto podría reducirse con tecnología o cambios de gestión.
Ubicar el atraso es el primer paso.
Explicar sus causas es el siguiente.
El Poder Judicial no decide cuántos casos recibe
Pow Hing introdujo otra distinción necesaria durante la presentación. Para entender el rezago hay que mirar al menos tres variables: lo que estaba pendiente, lo que ingresa y lo que logra terminarse.
Los tribunales no controlan cuántas personas denuncian, demandan o presentan recursos.
Según su exposición, actualmente ingresan aproximadamente 43.000 asuntos adicionales al año frente a períodos anteriores, un crecimiento cercano al 7,58%. Pow Hing relacionó ese aumento con fenómenos como criminalidad, conflictividad social, desigualdad y endeudamiento.
Eso puede producir una situación aparentemente contradictoria sin que exista contradicción alguna.
El Poder Judicial puede trabajar más y recibir todavía más trabajo.
Puede elevar productividad y no eliminar el rezago.
Puede reducir el circulante nacional mientras algunos despachos empeoran.
Por eso el promedio vuelve a quedarse corto.
El ciudadano necesita saber dónde se está ganando tiempo y dónde se está perdiendo.
Para Sala Constitucional, Cruz tiene una solución
Cuando habló específicamente de la mora constitucional, Cruz defendió la creación de tribunales de amparo que descarguen parte del trabajo que actualmente llega directamente a Sala Constitucional.
La preocupación por la capacidad de respuesta de la Sala tampoco es abstracta. En junio, su Presidencia informó que existían 87 expedientes afectados por inhibitorias ante la falta de designación de magistraturas suplentes y advirtió que la situación incidía directamente en la tutela efectiva de derechos y en la respuesta oportuna del órgano. Sala Constitucional
Cruz sostiene que los tribunales de amparo podrían resolver la mora en esa materia y atribuye a decisiones legislativas el fracaso de intentos anteriores para crearlos.
Ahí deben separarse dos cosas.
La propuesta existe y puede discutirse.
Que resuelva efectivamente la mora requiere una cuenta.
¿Cuántos recursos absorbería? ¿Cuántas plazas necesitaría? ¿Cuánto costaría? ¿Qué proporción del trabajo actual de Sala Constitucional trasladaría? ¿Cuánto bajarían los tiempos?
Decir cuál es la solución es distinto de demostrar cuánto solucionaría.
Parte de los expedientes nace por atrasos ajenos
Cruz utilizó otro ejemplo que sí ayuda a separar responsabilidades.
Una persona puede esperar una respuesta relacionada con el Régimen No Contributivo, cansarse de esperar y acudir a Sala Constitucional. En ese caso, el expediente judicial nació por un atraso producido fuera del Poder Judicial.
Eso cuenta.
Pero no termina la cuenta.
Una vez recibido el recurso aparece otra pregunta independiente: cuánto tarda la justicia en resolverlo.
La institución que provocó el amparo responde por la demora administrativa. El Poder Judicial responde por la tramitación judicial posterior.
No hay que escoger un culpable único.
Hay que separar los tiempos.
Vacaciones, incapacidades y abogados enfermos
Cruz habló también de causas mucho más cotidianas. Funcionarios que salen de vacaciones y no son sustituidos, incapacidades que dejan expedientes detenidos y juicios que deben suspenderse porque alguno de sus participantes enferma. Incluso mencionó el caso de un abogado que habría enfermado cinco veces.
Todo eso puede retrasar un proceso.
Pero un ejemplo demuestra cómo puede ocurrir un atraso, no cuánto del atraso nacional explica.
Si las vacaciones sin sustitución pesan en la mora, debería ser posible medir cuántos expedientes afectan. Si las incapacidades tienen un impacto considerable, debería conocerse cuántos días agregan. Si las suspensiones provocadas por abogados o partes representan una porción relevante, debería poder calcularse.
Ahí está una diferencia que atraviesa buena parte de la intervención de Cruz.
Enumerar causas no es todavía medirlas.
Y después aparecieron las carreteras
Antes de terminar, Cruz amplió la comparación.
Preguntó por las “moras en carreteras”, habló de atrasos en operaciones médicas y recordó que otras instituciones públicas también acumulan demoras. Lo resumió con una expresión conocida: “en todos lados cuecen habas, y bastantes”.
Es cierto.
La lentitud estatal no pertenece exclusivamente a los tribunales.
Pero una carretera atrasada no permite saber cuánto debería tardar una sentencia. Una operación pendiente tampoco explica por qué un expediente judicial lleva determinado tiempo sin resolverse.
Las comparaciones muestran que el Estado costarricense arrastra problemas de demora en muchos frentes.
No explican la mora del Poder Judicial.
Para eso hacen falta sus números.
Cuando el número mejora, la gestión sí cuenta
Aquí aparece la parte más incómoda de toda la discusión.
Cuando Costa Rica obtiene 1,07 y encabeza la tasa de resolución entre los países estudiados, el Poder Judicial presenta el resultado como señal de su capacidad institucional. Cuando aumenta la productividad, habla de eficiencia. Cuando baja el circulante, la mejora forma parte del balance de gestión.
Es razonable.
Pero la misma vara tiene que funcionar cuando el número va en la otra dirección.
Si tecnología, organización, seguimiento e indicadores pueden ayudar a explicar una mejora, entonces la gestión también tiene que entrar en el análisis del atraso.
Eso no convierte toda la mora en responsabilidad del Poder Judicial.
Obliga a saber cuánto sí lo es.
Y esa cifra es precisamente la que no apareció.
La tercera posibilidad que faltó en la pregunta de Cruz
Fernando Cruz preguntó si reclamar por la mora mientras faltan plazas podía ser “un poquito perverso”. Después planteó si detrás del reclamo había “buena intención o ignorancia”.
Sus explicaciones no son inventadas.
El Poder Judicial documentó necesidades de personal sin financiar. Recibe más asuntos. Hay funcionarios que no siempre pueden ser sustituidos. Existen incapacidades y suspensiones. Parte de la carga de Sala Constitucional nace en atrasos de otras instituciones. La falta de integración adecuada de la propia Sala ya ha afectado expedientes. Y una parte importante del rezago, según Cruz, se concentra en cobro.
Pero los números institucionales dicen algo más.
El Poder Judicial afirma que aumentó alrededor de 27% su productividad frente a 2021. Dice que termina aproximadamente 144.000 asuntos adicionales por año. Reporta una reducción de su circulante general. Costa Rica alcanzó una tasa de resolución de 1,07 y encabezó la comparación regional de 2024. La propia institución atribuye parte de sus avances a eficiencia y mejoras de gestión. Poder Judicial
Entonces hay una tercera posibilidad que no necesita perversidad ni ignorancia.
Que el ciudadano esté haciendo una pregunta legítima.
¿Qué porcentaje de la mora judicial corresponde a falta de plazas?
¿Qué porcentaje nace del aumento de casos?
¿Cuánto producen las incapacidades, vacaciones y suspensiones?
¿Cuánto llega provocado por atrasos de otras instituciones?
¿Cuánto puede corregirse con tecnología y reorganización?
Y, finalmente, ¿qué porcentaje depende de decisiones que el propio Poder Judicial puede cambiar?
Mientras esa cuenta no esté sobre la mesa, decir que faltan plazas explica una parte. Hablar de carreteras y operaciones demuestra que existen otras moras. Señalar a la Asamblea identifica responsabilidades que también deben examinarse.
Pero ninguna responde la pregunta completa.
Porque cuando el Poder Judicial mejora, la institución tiene derecho a mostrar sus resultados.
Cuando el ciudadano espera, también tiene derecho a saber qué parte de esa espera sí depende del Poder Judicial.
Esa es la cifra que falta.
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