Patricia Solano busca reelección hasta 2034 en la Corte.
Patricia Solano pide otros ocho años: 38 años de historia judicial y los 38 votos que ahora juegan al revés
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Patricia Solano Castro quiere continuar ocho años más como magistrada de la Sala Tercera. Su primer período vence el próximo 6 de noviembre y el expediente para decidir su reelección ya ingresó a la Asamblea Legislativa. Si continúa por un segundo período, podría permanecer en la Corte Suprema de Justicia hasta 2034.
La noticia puede contarse como otra reelección de magistratura. El expediente completo cuenta bastante más. Solano comenzó funciones en la judicatura en 1988, se jubiló en 2017, regresó a la institución como magistrada en 2018 y poco más de dos meses después ya ocupaba la Vicepresidencia de la Corte. Desde 2020 preside Sala Tercera, llegó a disputar la Presidencia de todo el Poder Judicial en 2022 y ahora tampoco descarta volver a hacerlo.
Para cuando concluya el período que solicita habrán transcurrido 46 años desde aquel comienzo de 1988. No serían 46 años continuos dentro del Poder Judicial porque existió una interrupción después de su jubilación. Como magistrada serían 16 años consecutivos.
Las fechas no necesitan ser infladas. Puestas juntas ya cuentan una historia suficientemente grande.
Antes de la Corte hubo tres décadas de judicatura
La historia judicial de Patricia Solano no comenzó cuando la Asamblea la eligió magistrada. El propio Poder Judicial ubica el inicio de sus funciones en la judicatura en 1988. Ejerció como jueza penal en Cañas y pasó por San Ramón, Puriscal, Puntarenas y Alajuela. En 1997 llegó al Tribunal Superior Segundo Penal de San José y entre 1998 y 2017 trabajó como jueza del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José.
En febrero de 2017 se jubiló después de casi tres décadas de carrera judicial. La jubilación tampoco terminó su historia dentro de la institución. Veintiún meses después estaba de regreso. Pero no regresó a un juzgado.
De jubilada a magistrada
El 6 de noviembre de 2018, después de cuatro rondas de votación en la Asamblea Legislativa, Patricia Solano consiguió los 38 votos necesarios para ser elegida magistrada propietaria de Sala Tercera. Ese último número importa. Treinta y ocho votos fueron los que abrieron la puerta de la Corte Suprema de Justicia a Patricia Solano.
Fue juramentada al día siguiente. Durante aquella ceremonia dijo: “Yo dediqué mi vida al Poder Judicial y es un honor regresar a mi casa”.
El regreso tenía una diferencia difícil de ignorar. La jueza que se había jubilado en 2017 volvía en 2018 como magistrada de la máxima instancia penal del país. Y el siguiente movimiento llegó rápido.
Dos meses después ya era vicepresidenta
Patricia Solano fue juramentada como magistrada el 7 de noviembre de 2018. El 21 de enero de 2019, poco más de dos meses después, Corte Plena la eligió vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia.
En junio de 2020 sumó otra responsabilidad. Sus compañeros de Sala Tercera la escogieron por unanimidad para presidir esa Cámara después de la salida de Jesús Ramírez.
Solano pasó entonces a ocupar simultáneamente la Vicepresidencia de la Corte y la Presidencia de Sala Tercera. Aquella acumulación de responsabilidades provocó cuestionamientos dentro de la propia institución. Cuatro organizaciones sindicales judiciales cuestionaron lo que denominaron una “concentración de poder” y señalaron los distintos órganos administrativos y comisiones en los que participaba la magistrada.
El asunto llegó también a Corte Plena. Cuando Solano buscó continuar como vicepresidenta en enero de 2021, el magistrado Gerardo Alfaro recordó durante la discusión que el cuestionamiento sobre una “concentración de poder” había aparecido anteriormente.
Pero aquella misma discusión contiene el contrapeso. Alfaro defendió a Solano y recordó que tanto Corte Plena como Sala Tercera son órganos colegiados, por lo que ocupar ambas posiciones no significaba que pudiera imponer unilateralmente sus decisiones.
La precisión importa. Existió un cuestionamiento por la acumulación de responsabilidades y también existió una defensa interna frente a ese cuestionamiento. Corte Plena terminó reeligiéndola como vicepresidenta con 20 votos a favor y uno en contra. Permaneció en el puesto hasta enero de 2023 mientras seguía presidiendo Sala Tercera.
Ya intentó llegar a la Presidencia de la Corte
La Vicepresidencia tampoco fue el punto más alto al que Solano intentó llegar. En 2022 presentó su nombre para presidir la Corte Suprema de Justicia. La elección se extendió durante semanas y necesitó numerosas rondas. El 26 de septiembre Solano continuaba entre las candidaturas que disputaban el puesto. En la primera ronda de aquella jornada Orlando Aguirre obtuvo diez votos, Patricia Solano nueve y Roxana Chacón tres.
Aguirre terminó ganando la Presidencia. Cuatro años después, aquella aspiración vuelve a tener importancia. Orlando Aguirre acaba de concluir su período al frente de la Corte y Solano no ha descartado postular nuevamente su nombre para la Presidencia.
No existe todavía una candidatura formal que ACR pueda presentar como un hecho consumado. Sí existe una posibilidad reconocida públicamente por la propia magistrada. Mientras la Asamblea decide si le concede continuidad hasta 2034, dentro de la Corte puede abrirse para ella otra puerta que ya intentó cruzar en 2022.
Los años no bastan para juzgar una gestión
Hasta aquí sería fácil construir una historia únicamente alrededor de permanencia y acumulación de puestos. Los datos obligan a ir más lejos. Una carrera extensa no demuestra que una persona deba abandonar una magistratura. Algunos indicadores de Sala Tercera durante la etapa de Solano también juegan a favor de su gestión.
La Sala cerró 2018 con 468 asuntos en circulante y 2019 con 470. Después la cifra bajó a 322 en 2020, 297 en 2021 y 294 en 2022, según estadísticas de la Dirección de Planificación del Poder Judicial. Durante 2020 y 2021 terminó más asuntos de los que recibió y en 2022 las entradas y salidas quedaron prácticamente equilibradas. Para 2023 apareció un deterioro relativo y las terminaciones representaron aproximadamente el 92,8% de los asuntos ingresados.
Una revisión posterior sobre mora judicial también colocó a Sala Tercera como la Sala con menor volumen de expedientes pendientes entre las cuatro que integran la Corte.
Hay resultados más recientes. Desde el despacho de Solano se impulsó una reforma para ampliar la utilización del procedimiento de flagrancia. El Poder Judicial reportó que en 2025 ingresaron 12.457 asuntos por esa vía y terminaron 12.595. También informó una reducción del circulante en los tribunales de apelación penal pese al aumento de entradas.
Esos números tienen que entrar en cualquier evaluación seria. Solano no llega a pedir otros ocho años únicamente con antigüedad. También llega con resultados que puede defender. La pregunta cambia entonces de nivel. Ya no es simplemente cuánto tiempo lleva, sino qué produjo durante el tiempo que tuvo.
La silla que ocupa tampoco es una cualquiera
La posición que Solano ocupa desde 2020 tampoco es una presidencia cualquiera dentro del aparato judicial. Sala Tercera conoce recursos de casación y revisión en materia penal, pero también causas penales contra integrantes de los supremos poderes y otros funcionarios equiparados.
Durante 2025 recibió 144 expedientes relacionados con integrantes de los supremos poderes, según datos que la propia Solano expuso ante diputados. La magistrada indicó además que el circulante total de la Sala rondaba los 500 asuntos y situó el tiempo promedio de resolución en cuatro meses y medio.
Esos números ayudan a dimensionar la silla cuya continuidad también depende indirectamente de su reelección. Por Sala Tercera pasan asuntos capaces de alcanzar la cúspide política del país.
Solano ha intervenido además públicamente en la discusión sobre la independencia y la politización del Poder Judicial. En mayo de 2026 rechazó las acusaciones de politización dirigidas contra la institución y utilizó como argumento 73 desestimaciones dictadas por Sala Tercera en asuntos relacionados con el entonces presidente Rodrigo Chaves.
Las 73 desestimaciones son un dato. Que ese número demuestre que no existe politización es la interpretación que Solano construyó a partir de él. Una cosa no debe confundirse con la otra.
Medirla también con su propia vara
Hay otra forma de evaluar los ocho años que están terminando. Mirar lo que Patricia Solano dijo que quería hacer cuando llegó y lo que la propia institución atribuye a su gestión.
Cuando llegó a la Corte habló de fortalecer el trabajo frente al crimen organizado y de poner su experiencia nuevamente al servicio de la ciudadanía. Más adelante colocó entre sus prioridades la transparencia, la probidad y la eficiencia.
Cuando fue ratificada en 2024 por otros cuatro años al frente de Sala Tercera, el propio Poder Judicial destacó dentro de su gestión el fortalecimiento de la legislación penal y procesal penal frente a la criminalidad organizada, la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada y su trabajo en probidad, transparencia y lucha contra la corrupción.
Ese historial ofrece una vara más útil que simplemente contar calendarios. Solano anunció que entregará a la Asamblea informes sobre las labores y el desempeño de sus primeros ocho años como magistrada. Ahí debería estar buena parte del verdadero examen: cuánto mejoró Sala Tercera, qué ocurrió con sus tiempos de resolución, cómo evolucionó la mora, qué produjo la gestión administrativa, cuáles reformas impulsó, qué decisiones defendió en Corte Plena y cuánto de aquello que planteó al llegar puede demostrar ahora que solicita permanecer.
Los próximos ocho años deberían empezar examinando los ocho anteriores.
La propia Solano reconoce que queda trabajo adentro
Hay un dato reciente que también merece formar parte del retrato. Cinco días antes de formalizar su solicitud de reelección, Solano dijo públicamente que parte del personal del Poder Judicial se encuentra “desmotivado” y reconoció que existen cosas por mejorar dentro de la institución.
La declaración tiene peso precisamente porque proviene de alguien que no observa el Poder Judicial desde afuera. Solano ha sido magistrada durante ocho años, vicepresidenta durante varios años y presidenta de Sala Tercera desde 2020.
Que reconozca problemas internos no demuestra que esos problemas sean responsabilidad suya. Sí los incorpora al contexto institucional en el que ahora solicita permanecer.
1988, 2017, 2018 y una posible llegada hasta 2034
La trayectoria completa evita dos simplificaciones. Patricia Solano no lleva 38 años continuos trabajando en el Poder Judicial. Se jubiló en 2017 y existió una interrupción antes de su regreso. Tampoco lleva 38 años como magistrada. Llegó a la Corte en 2018.
Pero la secuencia sigue siendo extensa. Comenzó funciones en la judicatura en 1988. Se pensionó en 2017. Regresó como magistrada en 2018. Poco más de dos meses después era vicepresidenta. Desde 2020 preside Sala Tercera. En 2022 intentó llegar a la Presidencia de la Corte. En 2024 fue ratificada por otros cuatro años al frente de la Sala Penal. En 2026 solicita un segundo período como magistrada y no descarta volver a aspirar a presidir el Poder Judicial.
Si completa el nuevo nombramiento llegará hasta 2034. Para entonces habrán transcurrido 46 años desde el inicio de su carrera judicial y habrá completado 16 años consecutivos como magistrada.
Nada de eso convierte jurídicamente su puesto en vitalicio. Y precisamente ahí aparece la parte menos conocida del sistema.
Los mismos 38 votos ahora trabajan al revés
Patricia Solano tuvo que conseguir 38 votos para entrar a la Corte Suprema de Justicia en 2018. No fue sencillo. Necesitó cuatro rondas hasta alcanzar la mayoría requerida.
Ocho años después vuelve a aparecer el mismo número, pero ya no juega de la misma manera.
Son 38 votos.
Pero Solano no necesita conseguirlos para continuar. Los necesitan quienes quieran impedir que continúe.
La diferencia cambia la lógica de la decisión. Si una persona intenta ingresar por primera vez a la Corte y consigue 37 votos, no entra. Si 37 diputados consideran que una magistrada que busca reelegirse no debe continuar, tampoco alcanzan para impedirlo.
En 2018 Patricia Solano necesitó construir la mayoría calificada para entrar. En 2026 la mayoría calificada debe construirla quien quiera que no siga.
No es una ventaja creada para Patricia Solano. Es el sistema constitucional costarricense. Y ese sistema ya está siendo discutido.
Mientras Solano pide ocho años, el Congreso discute las reglas
Existen propuestas de reforma constitucional dirigidas precisamente al modelo de permanencia de las magistraturas. Una busca que quien aspire a reelegirse tenga que conseguir nuevamente una mayoría calificada favorable. Otra fórmula plantea un período único prolongado sin posibilidad de reelección.
Ninguna modifica las reglas que se aplicarán ahora a Patricia Solano. Pero su existencia muestra que la discusión supera a una magistrada.
Mientras Solano solicita otros ocho años bajo el modelo vigente, el propio sistema político discute cuánto poder de permanencia debería conservar una persona después de haber conseguido entrar a la Corte.
Los primeros ocho antes de entregar los próximos ocho
Patricia Solano llega a esta reelección con algo bastante más complejo que un currículum largo. Tiene casi cuatro décadas desde el comienzo de su carrera judicial, una jubilación y un regreso, ocho años como magistrada, varios años como vicepresidenta de la Corte, seis presidiendo Sala Tercera, una candidatura previa a la Presidencia del Poder Judicial y resultados de gestión que puede exhibir.
También llega desde una institución en la que ella misma reconoce cosas por mejorar y después de haber ocupado simultáneamente posiciones cuya acumulación provocó cuestionamientos dentro del propio Poder Judicial.
Ninguno de esos hechos demuestra que deba salir. Sus resultados tampoco convierten otros ocho años en un derecho adquirido.
Ahí comienza la decisión que realmente tiene enfrente la Asamblea. No se trata de premiar antigüedad ni de castigarla. Tampoco de convertir renovación en sinónimo automático de calidad. Se trata de decidir si los primeros ocho años justifican entregar los próximos ocho.
Y esa decisión ocurrirá bajo una regla particularmente favorable a la continuidad.
En 2018, Patricia Solano tuvo que convencer a 38 diputados para entrar. En 2026 no necesita convencer a 38 para quedarse. Son quienes consideren que su gestión no justifica llevarla hasta 2034 los que tendrán que conseguirlos.
Antes de contar esos votos hay otra cuenta que el país merece conocer.
¿Qué recibió Costa Rica durante los primeros ocho años por los que Patricia Solano solicita ahora otros ocho?
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