Presupuesto judicial 2027: ₡30 mil millones condicionados
El magistrado Jorge Leiva advirtió sobre las consecuencias del presupuesto 2027. La Corte cuestiona las condiciones para disponer de parte de sus recursos, mientras una pregunta sigue pendiente para el ciudadano. ¿Qué resultados obtiene la justicia con los miles de millones que administra?
POR MUNDO ACR | La Corte reclama las llaves del presupuesto. El ciudadano tiene derecho a revisar qué se hace con cada colón.
Jorge Leiva, magistrado de la Sala Primera, lanzó una fuerte advertencia durante la discusión de la Corte Suprema de Justicia sobre el presupuesto nacional de 2027.
“Nunca, nunca ha habido un proyecto de ley de tanta relevancia para que esta Corte pueda administrar y el Poder Judicial pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales”, afirmó.
La preocupación del magistrado tiene una explicación concreta. El proyecto de presupuesto contempla recursos para el Poder Judicial cuya utilización dependería de requisitos y autorizaciones adicionales. La discusión involucra casi ₡30 mil millones y plantea hasta dónde pueden llegar los controles sobre el gasto judicial.
El expediente legislativo 25.754 contempla aproximadamente ₡530.973 millones para el Poder Judicial. De esa cantidad, ₡29.843,8 millones quedarían sujetos a condiciones establecidas mediante normas de ejecución, según la información publicada por el propio Poder Judicial.
La suma equivale aproximadamente al 5,6% del presupuesto propuesto.
El dinero aparece, pero no estaría disponible de inmediato
Los casi ₡30 mil millones no fueron eliminados del presupuesto. Permanecen contemplados en el proyecto, aunque para utilizarlos sería necesario cumplir una serie de condiciones.
Entre los requisitos mencionados por el Poder Judicial figuran estados financieros auditados, certificaciones de la Contraloría General de la República, actuaciones de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, aprobación del Plenario y una orden final del Ministerio de Hacienda para desbloquear los recursos.
La institución advierte que el procedimiento propuesto no establece un plazo cierto para disponer del dinero, incluso después de completar los trámites correspondientes.
Esa es una parte importante del conflicto. La Corte cuestiona que la utilización de recursos incluidos en su presupuesto dependa de decisiones posteriores de otras instancias.
El control del dinero público es necesario. También corresponde determinar si los procedimientos propuestos respetan las competencias institucionales y permiten atender oportunamente los servicios que debe prestar el Poder Judicial.
Las 2.463 plazas que podrían verse afectadas
La Corte ha advertido sobre 2.463 plazas vacantes que actualmente son utilizadas mediante nombramientos interinos.
Una plaza vacante no siempre significa que haya un escritorio sin funcionario. Puede tratarse de un puesto sin nombramiento en propiedad, pero ocupado temporalmente por una persona que trabaja en la institución.
Por eso, las restricciones sobre plazas vacantes podrían afectar puestos que actualmente participan en la prestación de servicios.
El Poder Judicial sostiene que las normas propuestas podrían repercutir en investigaciones del Organismo de Investigación Judicial, tecnología, infraestructura, Defensa Pública y otras áreas.
Son consecuencias advertidas por la institución. Su alcance dependerá de las disposiciones que finalmente apruebe la Asamblea Legislativa y de cómo se apliquen.
El dato de las plazas también deja abierta otra discusión. Para conocer las necesidades reales de personal no basta con contar puestos. Importa examinar las cargas de trabajo, los tiempos de atención y los resultados de los servicios judiciales.
La discusión presupuestaria comenzó meses atrás
El conflicto tiene antecedentes anteriores a las declaraciones de Leiva.
El 25 de mayo, Corte Plena aprobó su anteproyecto presupuestario para 2027 después de realizar ajustes para adecuarlo a los límites comunicados por el Ministerio de Hacienda.
El proceso quedó registrado en el acta oficial de Corte Plena.
En aquella etapa se aprobó un anteproyecto de aproximadamente ₡530.183 millones y se discutieron necesidades relacionadas con infraestructura, tecnología y funcionamiento institucional.
Posteriormente, el proyecto nacional presentado a la Asamblea Legislativa contempló aproximadamente ₡530.973 millones para el Poder Judicial e incorporó las normas de ejecución que ahora generan cuestionamientos.
Los ajustes realizados durante la elaboración del anteproyecto y las condiciones propuestas para ejecutar determinados recursos corresponden a momentos diferentes del proceso presupuestario.
La Contraloría también cuestionó las condiciones
Las objeciones no provienen únicamente del Poder Judicial.
La Contraloría General de la República también ha advertido sobre posibles problemas de constitucionalidad en disposiciones del proyecto presupuestario que condicionan recursos y le asignan funciones al órgano contralor.
Su posición añade un elemento importante al análisis. Las normas deben examinarse tanto por su finalidad de fiscalización como por las competencias que atribuyen a las instituciones encargadas de aplicarlas.
Estas observaciones no constituyen una declaratoria judicial de inconstitucionalidad. El proyecto continúa sujeto al trámite legislativo.
Leiva también cuestionó una decisión dentro de la Corte
Durante su intervención, el magistrado señaló otro asunto relacionado con la forma en que se tramitó la discusión.
Leiva cuestionó que la Presidencia de la Corte hubiera solicitado un informe a la Dirección Jurídica antes de que el tema fuera conocido por Corte Plena.
“Entiendo prematuro que la Presidencia haya solicitado un informe para un asunto que debía ser conocido por Corte y que era competencia de Corte”, manifestó.
También sostuvo que las solicitudes de informes jurídicos sobre asuntos de competencia de Corte Plena deberían contar con la aprobación de ese órgano.
La declaración evidencia una diferencia interna sobre el procedimiento seguido. Por sí sola, no demuestra que la Presidencia haya actuado fuera de sus atribuciones.
El episodio muestra que, mientras la Corte cuestiona las autorizaciones externas sobre sus recursos, también existen discrepancias dentro de la institución acerca de cómo deben adoptarse determinadas decisiones.
El presupuesto y las cuentas pendientes
El expediente 25.754 todavía debe completar su trámite legislativo. Las normas de ejecución pueden cambiar antes de la aprobación definitiva del presupuesto 2027.
Por ahora, casi ₡30 mil millones permanecen contemplados en la propuesta presupuestaria judicial, pero su utilización quedaría sometida a requisitos y autorizaciones adicionales.
La Corte advierte sobre posibles consecuencias para sus servicios. La Contraloría ha formulado objeciones a determinadas disposiciones. La Asamblea Legislativa deberá resolver qué condiciones mantiene y cuáles modifica.
Para el ciudadano también queda una cuestión que merece seguimiento. El Poder Judicial tiene propuestos más de ₡530 mil millones para 2027, una cantidad cuya administración debe acompañarse de información clara sobre gastos, necesidades y resultados.
Los controles presupuestarios deben tener fundamento y funcionar adecuadamente. La independencia judicial tampoco exime a la institución de explicar cómo utiliza los recursos públicos.
MUNDO ACR seguirá el expediente 25.754 durante su trámite legislativo. La Corte reclama autonomía para administrar su presupuesto. Los ciudadanos también tienen derecho a conocer cuánto cuesta la justicia, cuánto tarda y qué resultados ofrece con los recursos que recibe.
La Corte exige autonomía para manejar sus millones. El ciudadano no debería necesitar una orden judicial para saber qué resultados obtiene con ellos.
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