Reforma judicial vuelve a chocar con crisis de seguridad.
Por Unidad de Análisis ACR
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, aseguró que el Poder Judicial está dispuesto a discutir reformas profundas al sistema judicial. Pero dejó clara una condición, que cualquier cambio fortalezca la independencia judicial y no debilite la estructura democrática del país.
Las declaraciones llegan justo antes de su primer encuentro con la presidenta Laura Fernández, en medio de una presión creciente por seguridad, crimen organizado y cuestionamientos sobre cómo está respondiendo actualmente el sistema judicial frente a la violencia que vive Costa Rica.
Aguirre reconoció la necesidad de revisar temas como el Código Procesal Penal, el exceso de recursos judiciales y las reglas de prisión preventiva. Sin embargo, también insistió en que estos cambios no pueden hacerse de forma acelerada ni bajo presión política.
Y ahí es donde empieza uno de los choques más incómodos que vive hoy el país.
Porque mientras desde la Corte se habla de análisis técnico, garantías jurídicas y respeto al debido proceso, afuera crece una ciudadanía que siente que el sistema no está reaccionando con la velocidad que exige la crisis de seguridad.
La molestia no nace únicamente por las reformas. También se mezcla con una percepción cada vez más fuerte sobre criminales que entran y salen de procesos judiciales, el desgaste de la confianza pública y una estructura donde magistrados pueden mantenerse durante años si la Asamblea Legislativa no logra reunir los votos necesarios para removerlos.
En ese escenario, la discusión ya no gira solamente alrededor de leyes o expedientes.
También empieza a tocar algo mucho más sensible.
La distancia que muchos costarricenses sienten entre el lenguaje institucional de la justicia y la realidad que se vive diariamente en las calles.
Aun así, Aguirre rechazó que el Poder Judicial tenga una función política dentro de este debate y defendió que su papel se limita a emitir criterios jurídicos sobre las reformas que impulsen los diputados.
Pero mientras los magistrados hablan de independencia judicial y revisiones pausadas, el país sigue acumulando presión alrededor de una pregunta que cada vez aparece con más fuerza en la conversación nacional.
¿Puede el sistema judicial reformarse al ritmo técnico que defienden las instituciones mientras la inseguridad avanza al ritmo que siente la ciudadanía?
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