El debate presidencial del Tribunal Supremo de Elecciones del 11 de enero de 2026 dejó una escena reveladora. Varios candidatos opositores llegaron con la munición apuntada al Gobierno de Rodrigo Chaves y, por extensión, a Laura Fernández. El problema es que un debate temático no se gana a punta de exorcismos. Se gana ofreciendo marcos, prioridades, instrumentos y coherencia. Cuando la tarima se usa como tribunal contra un ausente, el electorado termina viendo una cosa muy distinta a la pretendida.

Desde la ciencia política y la comunicación política, esto tiene nombre. Se llama anti fragilidad. No es simple resistencia. Es la capacidad de ganar fuerza con el golpe, convertir presión en energía y transformar ataques en confirmación narrativa. El viejo aforismo “lo que no me destruye me hace más fuerte” describe, con brutal precisión, la lógica psicológica y social que un liderazgo puede activar cuando el conflicto se vuelve su terreno natural.

Rodrigo Chaves construyó su liderazgo desde el conflicto. Lo hizo con una estrategia comunicacional que opera como maquinaria de tres piezas. Primero, identifica un antagonista reconocible, la casta, el pacto, el bloqueo, las élites que se protegen. Segundo, personaliza el choque, no como debate técnico, sino como plebiscito moral y emocional. Tercero, reduce intermediarios y habla directo, buscando que la crítica externa suene a ruido del sistema.

En ese marco, cada embate institucional, cada denuncia, cada acusación y cada linchamiento
mediático no necesariamente debilita. A menudo refuerza. Porque cuando una parte del país desconfía de los acusadores, el ataque se invierte. El acusado se vuelve víctima. Y la víctima gana adhesión. No hace falta aprobar el estilo para reconocer la eficacia del mecanismo.

El error opositor es de manual. Confunden fiscalización con campaña. Creen que enumerar reproches sustituye un programa. Y, lo más grave, alimentan el relato que dicen combatir. Si el oficialismo sostiene que existe una estructura enquistada que quiere recuperar privilegios, ¿Qué cree el ciudadano cuando ve a varios rivales concentrados en golpear al gobierno en bloque, sin diferenciar con claridad sus propias rutas? El ciudadano interpreta lo obvio. Están obsesionados con el adversario y, por omisión, le regalan centralidad al oficialismo. El debate se transforma en plebiscito, y el atacante termina funcionando como amplificador del relato que pretendía desmontar.

Este fenómeno no es solo discursivo. Se sostiene porque parte de la ciudadanía percibe contraste.
No necesariamente perfección, sino contraste. La comunicación del oficialismo ha sido consistente en vender una idea simple. Antes se administraba el arreglo. Ahora se confronta el arreglo. Esa narrativa, repetida con disciplina, encuentra suelo fértil en una sociedad cansada de pactos, de impunidad selectiva y de institucionalidad que, a ojos de muchos, dejó de servir a la gente común.

En este contexto, Laura Fernández opera como heredera de esa energía política. Su apuesta no es
parecer distante del liderazgo que la impulsa. Su apuesta es presentarse como continuidad del cambio percibido, con capacidad de gestión y con firmeza para resistir el ataque coordinado. Por eso, cuando el debate se convierte en una sesión de golpes al gobierno, el efecto puede ser exactamente el contrario al buscado. Se la instala como blanco principal y, por tanto, como la figura a vencer. En política, ese cerco no debilita necesariamente. Puede blindarla, cohesionarle base y proyectarla como la candidatura que todos intentan frenar. Así se explica la paradoja que muchos no quieren ver. Entre más intentan destruir al líder disruptivo, más le validan su papel de disruptor. Entre más intentan convertir la campaña en un juicio al presidente, más fortalecen el clima plebiscitario que beneficia a su continuidad.

La oposición termina hablando de Chaves como si él estuviera en el atril, mientras el país observa
que la que está en tarima es otra persona, con otro nombre, pero con el mismo capital simbólico.
Esto no significa que el oficialismo sea invulnerable. La antifragilidad también tiene límites. Si el conflicto se vuelve puro ruido, si la gestión no responde, si la seguridad y el costo de vida se deterioran sin respuestas creíbles, la narrativa se agota. Pero mientras la oposición insista en ser comentarista del gobierno en vez de arquitecta de futuro, seguirá cometiendo el pecado estratégico más caro. Disparar al fantasma y fortalecer al dueño del castillo.
El debate dejó una lección. Costa Rica necesita propuestas ejecutables, no catarsis de tarima. La seguridad no mejora con adjetivos. El costo de vida no baja con indignación. Y la democracia no se fortalece cuando el intercambio se reduce a golpes al adversario, como si el país fuera un ring y no una república. Si la oposición quiere competir en serio, debe cambiar el eje, construir agenda y criticar con precisión quirúrgica, no con mazo. Porque el mazo, en esta coyuntura, no rompe al oficialismo. Lo templa.

Nota editorial – MUNDO ACR

Este artículo corresponde a una columna de opinión firmada.
Las valoraciones, juicios y enfoques expresados pertenecen exclusivamente a su autor y no representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

MUNDO ACR promueve el pluralismo, el análisis crítico y el debate democrático, sin asumir ni adoptar como propias las opiniones de sus colaboradores.

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Costa Rica está viviendo un espectáculo digno de la comedia política más burda, en la que
la oposición se ha convertido en una caricatura de sí misma. No hay debate, no hay propuestas, solo gritos vacíos, ataques de pánico y estrategias de obstrucción. Los partidos tradicionales han dejado de ser los mediadores entre la sociedad y el poder. Han renunciado a su tarea más elemental: ofrecer ideas, identidad, programas claros y, sobre todo, responsabilidad. Como advertía Sartori, sin partidos sólidos, sin doctrinas consistentes, lo que queda es el ruido, la facción y la total quiebra de la representación.

Lo más revelador, sin embargo, es que este desastre ya no se debate en cafés políticos, sino
que se mide en números. Según la encuesta de OPol (5 al 8 de diciembre de 2025, muestra de 2.965 personas, margen de error ±2,24% y 95% de confianza), Laura Fernández lidera con un 38,01% entre los votantes decididos, mientras que el resto de candidaturas queda muy atrás. Álvaro Ramos, por ejemplo, apenas alcanza el 6,12%. Lo más grave es el 32,67% de indecisos, lo que desnuda la carencia absoluta de una propuesta real que entusiasme al electorado. El panel del CIEP UCR (1.759 entrevistas telefónicas, del 19 al 26 de noviembre, error muestral ±2,3%) confirma este escenario. Laura Fernández mantiene su liderazgo con alrededor de un 30%, seguida por Álvaro Ramos con 8%, y los indecisos se acercan al 45%, lo que representa el bloque más grande. A su vez, el estudio de IDESPO UNA refuerza el diagnóstico: la indecisión sigue siendo la tónica dominante, con un 43,9%, mientras que Laura Fernández lidera con un 32,8%.

¿Qué nos dicen estos datos? Que no existe una “oleada opositora”. La mayoría de los costarricenses aún no se deciden, no por falta de alternativas, sino porque lo que la oposición ofrece es lo mismo de siempre, con el añadido de una retórica vacía y oportunista. Este “anti-chavismo” exacerbado y perverso que se ha convertido en su único mensaje no es una estrategia; es una pobreza intelectual absoluta. Reducir la competencia política a un ataque visceral y enfermizo, esperando que la gente lo confunda con un proyecto de Estado, es una trampa peligrosa. Ahora, vayamos por partes, como quien desarma un reloj suizo para entender cómo se construye el fraude.
El PLN, antaño referente de la socialdemocracia, hoy se ha convertido en una franquicia electoral que lucha por sobrevivir en el pasado. Ha olvidado su fundación ideológica (la de la mano con la rosa) y, lo que es peor, su conexión con la ciudadanía. Los escándalos de rechazo a este partido aumentan, y no es para menos: su desprestigio se ha cimentado en la traición de sus propios principios y el desdibuja miento de lo que una vez representó.

El PUSC, que se había erigido como el heredero de una doctrina social cristiana, ha mutado en un club pragmático, que negocia poder sin ningún escrúpulo. En tiempos en que la inseguridad y la alta inflación exigen reformas estructurales, el PUSC se limita a ser un administrador de cuotas, perdiendo completamente el rumbo. El PAC, en su momento una promesa ética, hoy está reducido a un cadáver político. Su historia es la de una caída estrepitosa: comenzó con un supuesto compromiso con la ética y
terminó como una advertencia de lo que sucede cuando la arrogancia intelectual y la falta
de gestión se encuentran.

Por otro lado, el Frente Amplio ha perdido su coherencia ideológica. Lo que alguna vez fue un espacio combativo por los derechos de los trabajadores, ha sucumbido a una agenda cultural importada. Hoy, su “izquierda woke” se ha alejado completamente de los problemas reales de la gente, como la seguridad, la educación y la salud.

Y los libertarios, que se llenan la boca con promesas de reducir el Estado, son tan estatistas
como el resto cuando les conviene. La incoherencia es tal que se les ve más como un
marketing electoral que como un proyecto genuino de libertad. La Asamblea Legislativa se ha convertido en la vitrina de la orfandad política. No hay debate de ideas, solo un espectáculo vacío, donde las fracciones no tienen una propuesta ideológica coherente. En lugar de hacer control democrático, se reduce a una guerra de trincheras, sin un propósito claro.

De cara a 2026, la pregunta no es quién grita más fuerte, sino qué representa realmente cada
partido. Y la respuesta es dolorosa: nada. Son fantasmas de un pasado olvidado que no
tienen ni la capacidad ni la voluntad de ofrecer un futuro para Costa Rica.

Lo que el país necesita es una oposición seria, responsable, con propuestas claras, con
doctrina, con una visión de Estado. No más cascarones vacíos que se creen la alternativa
solo porque odian al adversario. Como bien señalaba Sartori, los partidos son la intermediación entre el pueblo y el poder, pero solo cuando tienen contenido. Lo demás es teatro, y Costa Rica ya ha pagado demasiadas veces por ver la misma obra del Circo de Moras.

El autor es máster, politólogo, académico universitario y ex Director del Departamento de Desarrollo
Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

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Su publicación se ampara en el derecho a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege de forma reforzada el debate y la crítica sobre asuntos de interés público y actores políticos.

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Hooo por Dios, pero la verdadera joya de esta campaña es la candidata a la Vicepresidencia, la activista del cannabis Margarita Salas. En un video que pasará a los anales del marketing político, Salas demostró, pipa en mano, su compromiso con la causa, invitando a la ciudadanía a unirse a una “solución” que, según ella, resolverá nuestros males fiscales y sociales. Es un acto tan audaz, tan de vanguardia, que uno se pregunta: ¿será la próxima propuesta del Frente Amplio que los diputados fumen en el Plenario para generar “ideas” más creativas?. Ya me imagino lo que muchos ya llamamos bunker legislativo, seria mas real ver a legisladores preguntándose, ¿Saca la boleta va invitar, trajo la picadora?. Mae hasta a donde hemos llegado.

La retórica de Salas, con su romanticismo sobre el “enfoque fallido de guerra contra las drogas”, suena bien en un debate estudiantil. Sin embargo, se desmorona ante un simple hecho: la realidad. El mismo Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), una institución del Estado, califica su posición de “lamentable” e “irresponsable” por promover una sustancia que genera adicción y problemas de salud mental, especialmente en los jóvenes.

Esto no es un debate sobre corrupción versus consumo, como lo plantea el Frente Amplio. Es una pregunta sobre la responsabilidad. ¿Cómo puede un partido, que aspira a gobernar, promover una política que una institución de salud pública califica de peligrosa? Es como si un bombero, en vez de proponer extinguir los incendios, sugiriera que la gente debería aprender a bailar sobre las llamas para evitar las quemaduras de tercer grado.

El Frente Amplio nos está pidiendo que, en el nombre de la modernidad y los beneficios fiscales, ignoremos las advertencias médicas y confiemos en que la “decencia” de sus votantes y la “responsabilidad” de sus líderes serán suficientes para evitar un problema de salud pública. Su estrategia no es audaz, es una apuesta temeraria que juega con el bienestar de los jóvenes para ganar un puñado de votos. Al final, no son los “marihuanos” los que nos dan pena, sino los políticos que usan una causa legítima para evadir una conversación honesta sobre las consecuencias de sus propuestas.

Crítica por Aníbal Newman

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El debate sobre la seguridad pública en Costa Rica se ha vuelto un terreno fértil para el marketing político, donde las soluciones prometidas a menudo colisionan de manera violenta con la realidad jurídica e institucional del país. Un análisis profundo de las recientes declaraciones del candidato Ariel Robles revela una propuesta que, si bien resuena con la angustia ciudadana, carece de la viabilidad necesaria para ser implementada en un Estado de derecho. Este artículo, elaborado desde la óptica de especialistas en seguridad, derecho, y análisis político, desmantela la narrativa y expone las razones por las cuales estas promesas son un eslogan electoral, no un plan de gobierno.

1. La Declaración de “Emergencia”: El Uso Retórico de un Instrumento Legal

La propuesta de declarar la inseguridad como una “emergencia nacional” es, desde el punto de vista del marketing político, una jugada magistral que comunica una acción inmediata y decidida. Sin embargo, su factibilidad jurídica es prácticamente nula. En Costa Rica, la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (Ley No. 8488) define con precisión los eventos que califican para tal declaratoria: desastres naturales, catástrofes, calamidades públicas o situaciones de fuerza mayor que sobrepasan la capacidad de respuesta ordinaria del Estado.

La crisis de seguridad, aunque grave, no se ajusta a estos presupuestos legales. Intentar forzar una declaratoria de este tipo para fines de seguridad pública sería una extralimitación del Poder Ejecutivo que sería inmediatamente impugnada y anulada por la Sala Constitucional. Esta no es una hipótesis, es una garantía constitucional del sistema de pesos y contrapesos.

Adicionalmente, la promesa de “girar los recursos” es un desconocimiento de la Ley de Presupuesto Nacional. La reasignación de fondos de un ministerio a otro no es un acto discrecional del presidente. Requiere un complejo y prolongado proceso legislativo, lo que contradice la idea de una solución “de emergencia”. La compra de equipamiento para la Fuerza Pública, aunque indispensable, se rige por la Ley de Contratación Pública (Ley No. 9986), un marco legal diseñado para garantizar la transparencia que, por su naturaleza, no permite la inmediatez que el discurso pretende. En esta área, la solución no es un decreto, sino una gestión presupuestaria y legislativa diligente.

2. Devolver a la Policía a los Territorios: Una Visión Anacrónica del Crimen Organizado

La idea de que los cuerpos policiales deben “devolver a los territorios a nuestros cuerpos policiales” apela a un modelo de policía de proximidad que, si bien es valioso para la prevención del delito común, es completamente ineficaz contra la amenaza actual. El crimen organizado y el narcotráfico no respetan jurisdicciones cantonales o fronteras administrativas. Operan en red, utilizando tecnologías de comunicación, rutas internacionales y complejas estructuras de lavado de dinero.

Reducir la estrategia de seguridad a una simple presencia policial en parques o barrios es ignorar la complejidad de esta amenaza. La eficacia del combate al narcotráfico radica en la acción especializada de unidades como el Organismo de Investigación Judicial (O.I.J.), la Policía de Control de Drogas (P.C.D.) y la Unidad Especial de Intervención (U.E.I.), que operan con inteligencia, infiltración y coordinación a nivel nacional e internacional. La propuesta del candidato es una simplificación peligrosa que descuida la verdadera naturaleza del problema.

3. La “Mano Dura”: El Límite Constitucional de la División de Poderes

La más audaz y, a la vez, más insostenible de las promesas es la de “mano dura contra los líderes del narco” y la implantación de medidas contra funcionarios corruptos. Esta declaración ignora el pilar fundamental del sistema democrático costarricense: la división de poderes.

El Poder Ejecutivo (al que el candidato aspira) no puede “implantar medidas” contra individuos. Esa es una función exclusiva del Poder Judicial, que a través del Ministerio Público, el O.I.J. y los jueces, investiga, acusa y sentencia, siempre bajo el amparo del debido proceso y la presunción de inocencia. Un gobierno que intente saltarse estos controles constitucionales para aplicar una “mano dura” sin sustento legal no sería un gobierno fuerte, sino un gobierno inconstitucional que vería sus acciones bloqueadas por la Sala Constitucional y las cortes internacionales.

La persecución de funcionarios públicos que colaboran con el crimen organizado no es una medida nueva; es una función que ya se lleva a cabo dentro del marco de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Afirmar que se “implantarán medidas” es, en el mejor de los casos, un desconocimiento del sistema legal y, en el peor, una promesa populista de tomar un poder que no le corresponde.

La Inconsistencia entre el Discurso y la Gobernabilidad

Las promesas de Ariel Robles son, en esencia, un conjunto de soluciones simplistas para problemas sistémicos. Son atractivas porque ofrecen una respuesta inmediata a la frustración. Sin embargo, al ser examinadas bajo la lupa del derecho, las finanzas públicas y la estrategia de seguridad, se desmoronan por su falta de viabilidad. La verdadera fortaleza de una democracia como la costarricense radica en sus leyes y sus instituciones, no en la voluntad personal de un gobernante. El ciudadano debe exigir no solo promesas, sino planes de acción concretos y legalmente sostenibles, que demuestren un entendimiento profundo del Estado y sus limitaciones. La seguridad es un tema demasiado serio para ser reducido a un eslogan de campaña.

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