Hay ausencias que hacen más ruido que un discurso. Este 14 de octubre, durante la inauguración del CACCO en La Reforma, quedaron vacías las sillas de jerarcas judiciales, entre ellos el fiscal general Carlo Díaz. La presidenta Laura Fernández señaló públicamente la ausencia de magistrados. La imagen quedó registrada. No fue necesario un comunicado de veinte páginas para que el vacío adquiriera significado político.

No se les pedía aplaudir a un Gobierno. Se esperaba altura de Estado. Ante una infraestructura destinada a contener criminalidad de alto perfil, comparecer habría significado reconocer una responsabilidad compartida, no rendir pleitesía. Una toga no se contamina por coincidir con otro poder de la República. Lo que sí empobrece una institución es proyectar que su distancia del adversario pesa más que su cercanía con el ciudadano.

La ausencia merece una explicación pública. No asistir a una ceremonia no demuestra por sí solo abandono de funciones; pero quienes ejercen poder también responden por las señales que transmiten. La independencia judicial exige libertad para resolver, no incomunicación ceremonial. Cuando el país necesita cooperación, las sillas vacías son una pésima tarjeta de presentación.

El problema, además, no empieza en esas sillas. La evaluación oficial de Hacienda registra para el Poder Judicial, en 2025, un presupuesto definitivo de ₡528.872 millones y un gasto ejecutado de ₡512.156 millones. Se ejecutó el 96,84 % y las remuneraciones absorbieron el 82,47 % del gasto efectivamente realizado. Son cifras institucionales, no ocurrencias de un crítico malhumorado.

Ese dinero sostiene también a investigadores, fiscales, defensores y personal indispensable. Su magnitud no prueba que sobren recursos. Pero sí impide tratar la exigencia de resultados como una insolencia. Ejecutar presupuesto no equivale a impartir justicia oportuna. El contribuyente no paga para que una estructura certifique su propia continuidad, sino para recibir un servicio. Una nómina cumplida no es una misión cumplida.

La estadística del propio Poder Judicial ofrece una prueba incómoda. Entre los 15.456 asuntos concluidos con sentencia por los tribunales penales en 2024, hubo 2.403 cuya tramitación total tomó entre cinco y menos de diez años, y 381 que alcanzaron diez años o más. El informe registra mejoras frente a 2023 y reconoce factores diversos de demora. Nada de eso vuelve aceptable acostumbrarse a esas duraciones.

Una década no es un plazo cualquiera. Es una porción de vida. Es la víctima envejeciendo con su reclamo y el acusado cargando una incertidumbre que el Estado debería resolver oportunamente. No todo retraso nace de un juez negligente; administrar las causas de ese retraso, sin embargo, es responsabilidad institucional. El ciudadano pide justicia, no una relación de larga duración con un expediente.

Aquí conviene recuperar dos artículos que no deberían necesitar recordatorio. El 41 constitucional exige justicia pronta y cumplida; el 11 somete la Administración Pública, en sentido amplio, a evaluación de resultados y rendición de cuentas. La independencia no borra ninguno de esos deberes. No existe una dispensa republicana para la ineficiencia por el solo hecho de vestir de negro.

El Ministerio Público tampoco puede escudarse en el volumen de papeles despachados. El Quinto Informe Estado de la Justicia examinó expedientes terminados entre enero de 2022 y septiembre de 2024. Los archivos fiscales y las desestimaciones representaron más del 65 % de las salidas; las acusaciones, un 14 % en 2022 y alrededor del 15 % en los períodos siguientes analizados. Esos porcentajes corresponden a asuntos terminados, no a todas las denuncias de un mismo año.

No toda desestimación significa impunidad, ni sería honesto fabricar esa equivalencia. Puede no existir delito, no identificarse al responsable o faltar prueba suficiente. Precisamente por eso, señor fiscal general, hace falta explicar qué ocurre detrás de las categorías. ¿Cuánto responde a denuncias improcedentes y cuánto a investigaciones que no lograron esclarecer hechos delictivos? ¿Dónde están los obstáculos y quién debe corregirlos? Contar expedientes cerrados no es contar bandas desarticuladas.

La rendición de cuentas que necesitamos debe distinguir homicidio, sicariato, narcotráfico y delincuencia organizada; seguir cohortes de casos, medir tiempos, explicar fracasos probatorios y mostrar resultados firmes. No se reclama condenar sin pruebas. Se reclama investigar con capacidad suficiente para obtenerlas. Entre el garantismo serio y la impotencia burocrática hay una diferencia que ninguna solemnidad verbal debería conseguir borrar.

La enfermedad de la conducción institucional tampoco es una invención partidaria. El Informe Estado de la Justicia de 2025 documentó que la desconcentración administrativa, promovida como reforma urgente desde 2017, seguía sin concretarse. La propuesta de gobierno corporativo de 2020 continuaba pendiente de aprobación. Entretanto, las comisiones judiciales habían pasado de 97 en 2020 a 107 en 2023. Ocho años después del anuncio, aquella urgencia seguía esperando.

Hay burocracias que no resuelven sus problemas; les nombran una comisión. Y después otra que estudie las recomendaciones de la primera. El expediente de la reforma termina reproduciendo exactamente la patología que debía curar. Si desprenderse de funciones administrativas exige semejante peregrinación, ¿con qué autoridad gerencial se reclama paciencia infinita al usuario? La reforma urgente no puede convertirse en una pieza del mobiliario histórico.

El mismo informe advirtió limitaciones en la evaluación de políticas institucionales. Diez políticas registraron un cumplimiento del 100 % de sus metas en 2024, sin que esa medición acreditara por sí misma el cumplimiento integral de sus objetivos. Cumplir una actividad programada y transformar una realidad son cosas diferentes. La perfección del formulario no absuelve las deficiencias del servicio.

Por eso la crítica no es enemiga de la justicia. Lo que la debilita es confundir la dignidad de la función con la susceptibilidad de quien la ejerce. Una institución respetable debe poder explicar su presupuesto, reconocer sus fallas y corregir su diseño sin convertir cada pregunta en una afrenta. La toga no es un título de nobleza. Mucho menos una póliza contra el escrutinio.

Hay investigadores, fiscales y jueces cuyo trabajo merece respeto. La Sala Tercera incluso presentó esta semana una propuesta para incorporar el vínculo con crimen organizado como criterio de prisión preventiva. Pero reconocer esos esfuerzos no supone entregar un salvoconducto a las jerarquías. El trabajo de quienes sostienen el servicio no exime a la cúpula de responder por la conducción institucional ni por el mensaje de su ausencia.

El CACCO no puede quedar como una obra aislada. Debe integrarse a un esfuerzo que impida convertir el encierro en oficina de operaciones criminales. Precisamente por eso interesa un Estado articulado, no una competencia de vanidades. A la infraestructura penitenciaria deben corresponder investigaciones rigurosas, acusaciones sólidas y resoluciones oportunas. Cada eslabón debe cumplir su tarea. La delincuencia organizada no necesita que el Estado le regale, además, una desorganización solemne.

Lo ocurrido hoy me parece una muestra de desidia política, no porque la asistencia equivalga a combatir el crimen, sino porque la conducción de un poder también exige presencia pública y disposición a reconocer esfuerzos ajenos. Si había razones atendibles para no concurrir, que las expliquen. La ciudadanía no tiene por qué adivinarlas ni dispensar automáticamente a sus jerarcas del costo de una señal tan desafortunada.

Mi juicio es claro. Esta conducción necesita una renovación profunda, sometida a los procedimientos constitucionales, no otra ceremonia de autojustificación. Si de mi voto dependiera su continuidad, no la respaldaría. Ni la antigüedad del magistrado ni la permanencia del fiscal constituyen un mérito suficiente para seguir. Los cargos se justifican con idoneidad, resultados y responsabilidad pública; no con la destreza para sobrevivir dentro del organigrama.

La República no les pertenece. La autoridad se la presta el ciudadano y el respeto no viene cosido a la toga. Hoy quedaron vacías unas sillas. Lo intolerable sería que siguiera vacante la responsabilidad pública.

Sobre el autor

Milton Madriz Cedeño es máster y politólogo. Fue docente universitario y director interino del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Nota editorial | MUNDO ACR

Este artículo es una columna de opinión firmada. Las ideas, interpretaciones y valoraciones son responsabilidad de su autor. No representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

Publicamos esta columna como parte de nuestro compromiso con la libertad de expresión y el pluralismo. Defendemos la circulación de distintas corrientes de pensamiento, incluso cuando contienen críticas a las instituciones públicas.

Este compromiso se fundamenta en el artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

MUNDO ACR distingue las opiniones de sus colaboradores de su cobertura informativa. También mantiene su compromiso con el rigor periodístico, el respeto a los derechos de terceros y la responsabilidad editorial.

The post El país pone los muertos; la Corte, las ausencias appeared first on MUNDO ACR.

POR MUNDO ACR | Levantar los muros tomó meses. Lo difícil empieza cuando se cierren las puertas.

Dos días después de inaugurar la nueva cárcel de alta contención, Laura Fernández recorrió el CECOT junto con autoridades costarricenses de seguridad. La infraestructura ya está construida. El Gobierno quiere conocer ahora cómo opera por dentro el sistema que tomó como referencia.

El miércoles, Laura Fernández inauguró en Costa Rica una cárcel de alta contención con capacidad para 5.100 personas. El viernes estaba en El Salvador recorriendo el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

La cercanía entre ambas fechas no fue casual.

Cuando anunció el viaje, durante la propia inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), Fernández explicó que Costa Rica ya tenía la infraestructura y que quería estudiar a profundidad los modelos operativos y el funcionamiento cotidiano del sistema salvadoreño.

El CACCO tomó como referencia la experiencia de El Salvador y su construcción contó con asistencia técnica salvadoreña. Nayib Bukele había participado en enero en el inicio oficial de las obras durante la administración de Rodrigo Chaves.

Esta vez, sin embargo, Costa Rica no fue a mirar planos.

Fernández recorrió el CECOT y conoció sus anillos de seguridad, sistemas de videovigilancia, controles biométricos, pabellones y celdas de aislamiento. Después se reunió con Bukele en Casa Presidencial.

Al final de la jornada, ambos mandatarios acordaron fortalecer la cooperación en seguridad y la lucha contra el crimen transnacional, uno de los resultados centrales de la visita oficial, según Diario El Salvador.

Dos días entre una cárcel y otra

El CACCO fue inaugurado el 14 de octubre en el complejo penitenciario La Reforma, en Alajuela. La obra costó aproximadamente ₡16.774 millones y fue concebida para albergar personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad y vinculadas con estructuras de crimen organizado.

Sus primeros traslados están previstos para finales de octubre. (Reuters)

Dos días después de abrirlo oficialmente, Fernández llegó al lugar que sirvió como una de sus principales referencias.

La presidenta había adelantado exactamente qué buscaba.

“Ya tenemos la infraestructura”, dijo al anunciar el viaje. Lo que quería estudiar ahora eran los modelos operativos y el día a día del CECOT.

Después de recorrerlo, mantuvo esa línea. Dijo que había ido a conocer la experiencia directamente, aprender de lo que había funcionado y aprovechar aquellas lecciones que pudieran servir para Costa Rica.

El interés costarricense, por tanto, ya no está únicamente en cómo construir una instalación de máxima seguridad. Está también en cómo administrarla.

El CECOT es solo una parte

Aquí aparece una diferencia que las imágenes de ambas cárceles pueden esconder.

El CECOT forma parte de una política salvadoreña mucho más amplia. Desde 2022, El Salvador mantiene un régimen de excepción bajo el cual decenas de miles de personas han sido detenidas durante la ofensiva contra las pandillas.

La caída de los homicidios ha sido extraordinaria. También existen cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por detenciones arbitrarias, condiciones penitenciarias y garantías procesales.

Costa Rica enfrenta otro fenómeno criminal.

El país alcanzó un récord de homicidios en 2023 y mantuvo cifras elevadas durante los dos años siguientes. Buena parte de esa violencia está asociada con disputas entre organizaciones vinculadas al narcotráfico. (Reuters)

Bukele hizo esa distinción durante la visita. Reconoció que Costa Rica se encuentra lejos de los niveles de criminalidad que llegó a padecer El Salvador y que las realidades de ambos países son diferentes. (Infobae)

Eso pone un límite importante a cualquier comparación automática entre el CECOT y el CACCO. Costa Rica puede estudiar procedimientos salvadoreños, pero deberá aplicarlos dentro de su propio sistema jurídico y frente a estructuras criminales distintas.

La relación no empezó con el CACCO

El acercamiento en seguridad entre San José y San Salvador venía avanzando antes de esta visita.

El diseño del CACCO tomó como referencia el modelo penitenciario salvadoreño y recibió asistencia técnica de ese país. Costa Rica y El Salvador mantienen además cooperación bilateral en distintas áreas, incluida seguridad.

El encuentro entre Fernández y Bukele agregó ahora otro componente.

Ambos mandatarios acordaron profundizar la cooperación frente al crimen transnacional y hablaron de intercambiar experiencias y coordinar esfuerzos frente a organizaciones que operan entre países. Fernández sostuvo que Costa Rica y El Salvador han unido esfuerzos, inteligencia y experiencias frente al narcotráfico y otras formas de criminalidad organizada.

La información divulgada hasta ahora permite conocer ese objetivo general. No alcanza todavía para determinar qué mecanismos operativos concretos tendrá esa cooperación.

Y ese detalle importa.

Una cooperación de inteligencia puede terminar siendo mucho más relevante para Costa Rica que cualquier parecido físico entre dos cárceles si consigue producir información útil sobre estructuras, rutas, dinero y conexiones criminales que atraviesan fronteras.

Eso habrá que medirlo cuando existan resultados.

La prueba empieza cuando cierre la puerta

El CACCO ya está construido.

Tiene capacidad para 5.100 personas, sus primeros traslados se acercan y el Gobierno acaba de observar directamente cómo funciona la prisión que utilizó como referencia.

La visita a El Salvador deja entonces una pregunta más concreta que la discusión sobre si Costa Rica está copiando o no a Bukele.

¿Qué ocurrirá cuando el CACCO empiece a funcionar?

Ahí se podrá observar qué prácticas salvadoreñas adopta Costa Rica, cuáles descarta y qué resultados obtiene dentro de una realidad criminal, institucional y jurídica diferente.

Porque la fotografía más fácil ya existe: dos megacárceles, dos presidentes y una cooperación cada vez más cercana.

La historia difícil comienza cuando entren los primeros privados de libertad.

📲 ¿Querés recibir historias que vayan más allá de la fotografía y el titular? Seguí a MUNDO ACR y recibí nuestras publicaciones directamente en tu celular.

También podés seguir nuestras noticias e historias desde nuestro canal de WhatsApp.

Si preferís Telegram, ingresá al canal de MUNDO ACR y hacé clic en +Unirme.

The post CACCO Costa Rica: qué busca aprender del CECOT de Bukele appeared first on MUNDO ACR.

POR MUNDO ACR Una nueva prisión para enfrentar un problema que también opera detrás de los barrotes.

La presidenta Laura Fernández inauguró este miércoles 14 de octubre el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), construido dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela. La instalación tiene capacidad para 5.100 personas privadas de libertad y está destinada a reforzar el control sobre integrantes de estructuras criminales considerados de alta peligrosidad.

La inauguración marca la conclusión de una obra que comenzó durante la administración de Rodrigo Chaves. Sin embargo, el centro todavía no recibe a la población penitenciaria para la que fue construido. Los primeros traslados están previstos para finales de octubre, después de que los funcionarios completen los preparativos operativos.

El acto también sirvió para anunciar nuevas decisiones en materia de seguridad. Fernández comunicó una declaratoria contra organizaciones narcotraficantes extranjeras, confirmó que viajará a El Salvador para conocer el funcionamiento de su sistema penitenciario y criticó la ausencia de representantes del Poder Judicial.

Cinco módulos y más de ₡16 mil millones

El CACCO está compuesto por cinco módulos independientes, cada uno con capacidad para aproximadamente 1.020 personas. La inversión asciende a unos ₡16.774 millones, según la cifra comunicada durante la inauguración.

El establecimiento fue concebido para alojar a población penitenciaria de alto perfil criminal, particularmente personas vinculadas con estructuras de delincuencia organizada. Las autoridades prevén trasladar inicialmente a privados de libertad que ya permanecen bajo regímenes de alta seguridad.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, explicó que el nuevo centro contará con vigilancia permanente, movimientos controlados y uniformes obligatorios. El objetivo anunciado es impedir que integrantes de organizaciones criminales continúen coordinando delitos desde prisión.

Durante su intervención, Aguilar también advirtió sobre las consecuencias para los funcionarios penitenciarios que colaboren con actividades delictivas. El Gobierno sostiene que el nuevo régimen permitirá recuperar el control de espacios donde las estructuras criminales han mantenido influencia.

Fernández reconoció el trabajo desarrollado durante las administraciones de Chaves y la suya, así como la participación de los funcionarios encargados de ejecutar el proyecto.

La apertura de los módulos permitirá comenzar a aplicar un modelo penitenciario que, hasta ahora, ha sido presentado principalmente mediante sus instalaciones y las medidas de seguridad anunciadas.

Fernández anuncia medidas contra carteles extranjeros

La presidenta aprovechó la ceremonia para anunciar que Costa Rica declara como organizaciones narcoterroristas a varios carteles mexicanos y grupos armados colombianos.

Entre las organizaciones mencionadas figuran los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noroeste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Carteles Unidos.

La lista anunciada también incluye a las FARC, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Colombia.

Fernández vinculó la decisión con la cooperación internacional contra el narcotráfico y destacó el respaldo de Estados Unidos en materia de seguridad.

El anuncio amplía la agenda presentada por el Ejecutivo durante la inauguración. Además del control penitenciario dentro del país, el Gobierno busca fortalecer su respuesta frente a organizaciones criminales transnacionales.

El viernes viajará a El Salvador

Fernández confirmó que este viernes 16 de octubre viajará a El Salvador, donde tiene previsto reunirse con el presidente Nayib Bukele y conocer de primera mano el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

La nueva cárcel costarricense tomó como referencia elementos del modelo penitenciario salvadoreño. La cooperación entre ambos gobiernos ha formado parte del desarrollo del proyecto.

Ahora el interés de Fernández está en los procedimientos utilizados para administrar una instalación de alta seguridad. La presidenta pretende conocer prácticas de vigilancia, organización y control que puedan resultar útiles para el CACCO.

La visita se producirá apenas dos días después de la inauguración del centro costarricense.

Las sillas vacías provocaron críticas

La ausencia de representantes del Poder Judicial también tuvo protagonismo durante la ceremonia.

Rodrigo Chaves, expresidente de la República y actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, cuestionó que jerarcas judiciales invitados no asistieran al acto.

Chaves hizo referencia a las sillas reservadas para esas autoridades y criticó a quienes, desde su perspectiva, han obstaculizado las iniciativas del Ejecutivo en materia de seguridad.

Fernández también manifestó su molestia. Al iniciar su intervención, hizo referencia a los magistrados ausentes y posteriormente utilizó la expresión «salados» al hablar de quienes no participaron en la actividad.

Las críticas evidenciaron que las diferencias entre el Ejecutivo y sectores del Poder Judicial también estuvieron presentes durante la inauguración de una de las principales obras penitenciarias impulsadas por el Gobierno.

El CACCO ya está construido. Ahora viene su funcionamiento

Con la inauguración, Costa Rica incorpora una instalación penitenciaria diseñada para concentrar a miles de personas privadas de libertad bajo un régimen de alta contención.

El siguiente paso será comenzar los traslados y aplicar las medidas anunciadas por el Ministerio de Justicia. Ahí se pondrán a prueba los controles destinados a restringir comunicaciones ilícitas, extorsiones y otras actividades criminales dirigidas desde prisión.

La jornada también dejó anuncios que van más allá de la infraestructura. El Gobierno comunicó nuevas medidas contra organizaciones narcotraficantes extranjeras y confirmó que buscará ampliar su conocimiento del sistema penitenciario salvadoreño.

Por ahora, el CACCO tiene cinco módulos terminados, capacidad para 5.100 personas y una fecha prevista para recibir a sus primeros ocupantes.

MUNDO ACR | El CACCO ya tiene edificio. Ahora le toca demostrar para qué fue construido.

Seguí MUNDO ACR en WhatsApp para recibir las principales noticias de Costa Rica y el seguimiento de esta historia.

The post CACCO Costa Rica: Gobierno inaugura cárcel de alta seguridad appeared first on MUNDO ACR.

Según el comunicado, la medida fue tomada debido a que el Ministerio de Justicia no proporcionó la información requerida por el juzgado. Se solicitó la lista completa de las personas ubicadas en los pabellones y los acuerdos técnicos que justificaban su traslado, pero en su lugar se envió documentación irrelevante.

Traslados sin justificación y acceso a la información

El Poder Judicial fundamentó su decisión en el hallazgo de una serie de irregularidades. Se constató que los reos habían sido trasladados sin una evaluación técnica individual ni un dictamen de riesgo, lo que viola la propia normativa del Ministerio de Justicia. La entidad judicial sospecha que algunos de estos traslados estaban relacionados con remodelaciones temporales y no con criterios de seguridad penitenciaria.

Además, el Juzgado de Ejecución de la Pena permitió el ingreso de televisores y radios a los módulos de máxima seguridad. El comunicado aclara que esta medida busca garantizar el derecho de los reclusos a la información, con el objetivo de que puedan ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones nacionales.

Aclaración sobre visitas y fundamento legal

El Poder Judicial también aprovechó la comunicación para desmentir rumores y aclarar que la resolución no permite el ingreso de trabajadoras sexuales a las instalaciones. Lo que sí se refuerza es el derecho de los reclusos a recibir visitas de sus familiares, parejas o esposas, según la normativa vigente.

La medida del juzgado se ampara en el artículo 482 del Código Procesal Penal, que le otorga la facultad de verificar el cumplimiento del régimen penitenciario y el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Esto permite al juzgado ordenar medidas correctivas cuando se detectan irregularidades o violaciones a los derechos humanos de los reos.

The post Jueza de Alajuela revoca medidas de seguridad en La Reforma. appeared first on MUNDO ACR.