Fiscalía acusa a Alpízar por financiamiento de campaña de Chaves
Fiscalía General Imputa a Presidenta del PPSD por Presunto Silencio
La Fiscalía General de Costa Rica ha formalizado una acusación contra Luz Mary Alpízar Loaiza, presidenta del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y actual diputada. La imputación se basa en la presunción de que Alpízar no denunció una estructura paralela de financiamiento que habría operado durante la campaña electoral que llevó a Rodrigo Chaves Robles a la presidencia en 2022.
Según la Fiscalía, Alpízar, quien en 2023 se distanció del presidente Chaves y de la bancada oficialista, habría conocido la existencia de estas irregularidades y, en lugar de informarlas al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) o al Ministerio Público, se habría beneficiado de ellas durante la contienda electoral.
La acusación penal detalla que la campaña de Chaves habría utilizado el fideicomiso Costa Rica Próspera, gestionado por la firma ATA Trust S.A. (vinculada al actual canciller Arnoldo André Tinoco, quien también fue financista de la campaña), para captar fondos electorales al margen de la ley. La Fiscalía sostiene que Alpízar estaba al tanto de que el fideicomiso recibía dinero sin que este pasara por la cuenta bancaria única del PPSD, como exige el Código Electoral. Además, se habrían recaudado fondos a través de personas y mecanismos no autorizados por el Comité Ejecutivo Nacional del PPSD.
Evidencia Recabada por la Fiscalía
Luz Mary Alpízar fungió como presidenta del PPSD durante el periodo en cuestión y fue una de las fundadoras de la agrupación. Además, integró la comisión política del PPSD que negoció la candidatura de Chaves.
La Fiscalía ha recabado pruebas que incluyen:
- Comunicaciones por correo electrónico: Documentación del PPSD y sesiones del Comité Ejecutivo Nacional muestran que Alpízar, como presidenta, utilizó un correo electrónico vinculado a comunicaciones sobre gastos del fideicomiso Costa Rica Próspera entre julio y setiembre de 2021.
- Conferencia de prensa de lanzamiento: La grabación de la conferencia del 7 de julio de 2021, donde se oficializó la candidatura de Chaves, muestra que el evento fue costeado con fondos del mencionado fideicomiso.
- Casa de campaña: La diputada se incorporó al comando de campaña en la “Casa Progreso”, gestionando su operación. El alquiler de este inmueble fue pagado por el fideicomiso. La acusación indica que Chaves la ofreció “gratuitamente” a Alpízar, quien la inscribió como sede ante el TSE.
- Gestión de personal y publicidad: Alpízar habría gestionado la información para el reclutamiento de personal en la “Casa Progreso”, cuyo pago provino del fideicomiso a través de ATA Trust Company S.A. También habría conocido la contratación de la agencia Madison Revolution S.A. para publicidad, pagada por el fideicomiso.
Según la Fiscalía, la diputada sabía que el PPSD se beneficiaba de bienes y servicios gratuitos en contravención de la normativa electoral que exige transparentar las contribuciones. Se le imputa no haber confeccionado las boletas de donación encomendadas ni haber informado al TSE sobre estas contribuciones. La acusación señala que Alpízar habría intentado hacer pasar parte de estos fondos como donaciones en especie de Jack Loeb Casanova.
Implicaciones y Figuras Involucradas
La Fiscalía General imputa a Alpízar el delito tipificado en el numeral 275, inciso a) del Código Electoral, que sanciona con prisión de 2 a 6 años a los miembros de comités ejecutivos superiores de partidos que, conociendo contribuciones ilegales, no las denuncien.
Tras conocer la acusación, Alpízar ha expresado que ella y el PPSD están “interesados” en la aclaración de los hechos y ha manifestado su disposición a renunciar a la inmunidad parlamentaria para agilizar el proceso penal.
Es importante destacar que la acusación también alcanza a otras figuras de relevancia política:
- Presidente Rodrigo Chaves Robles
- Pilar Cisneros Gallo, diputada y jefa de fracción del PPSD
- Stephan Brunner Neibig, vicepresidente de la República
- Arnoldo André Tinoco, canciller
- Paola Nájera Abarca, diputada del PPSD
- Julio “Waldo” Agüero Sanabria, diputado del PPSD
La investigación, iniciada en 2022, sostiene que entre 2021 y 2022 se utilizaron dos estructuras paralelas para financiar la campaña del PPSD: el fideicomiso Costa Rica Próspera y cuentas bancarias personales de Sofía Agüero Salazar (hija del diputado Agüero y exasistente de Chaves), quien ya enfrenta un proceso penal independiente.
La Fiscalía General concluye que ambas vías de financiamiento operaron fuera del control del TSE y de la tesorería del PPSD, lo que contraviene los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica y afecta la integridad del proceso electoral. El Código Electoral es claro al exigir que toda contribución a partidos o candidaturas debe ser identificada y canalizada por mecanismos oficiales.
