Trump mantiene aranceles tras fallo judicial.
Trump mantiene aranceles tras fallo de la Corte: qué está pasando realmente.
La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los fundamentos legales que la administración de Donald Trump había utilizado para imponer ciertos aranceles globales.
Poco después, el presidente anunció que el gravamen global subiría hasta el 15 %.
A simple vista parece un choque directo entre la Casa Blanca y el máximo tribunal. Pero el fondo es más complejo.
La sentencia no prohibió todos los aranceles. Lo que hizo fue limitar el uso de una ley específica: la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Según la Corte, esa norma no podía servir como base para los gravámenes aplicados.
El presidente del tribunal, John Roberts, recordó que la facultad de imponer impuestos y aranceles corresponde al Congreso, y que cualquier delegación al Ejecutivo debe estar claramente definida.
Tras el fallo, la Casa Blanca no retiró la política comercial. Cambió la vía legal. El nuevo arancel se anunció bajo el artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que permite aplicar gravámenes temporales cuando existan desequilibrios económicos.
La justificación oficial menciona “emergencias nacionales” vinculadas a la seguridad, la política exterior o la economía.
Es decir, el instrumento cambió, pero la estrategia se mantiene.
Especialistas en comercio internacional explican que el Ejecutivo estadounidense todavía dispone de otras herramientas legales para imponer barreras comerciales, aunque cada una tiene límites distintos. Por eso, la discusión no gira solo en torno al monto del arancel, sino al alcance real del poder presidencial en materia comercial.
En la práctica, lo que está en juego no es solo el porcentaje del arancel, sino hasta dónde puede llegar el presidente cuando el Congreso le ha delegado facultades económicas.
Un arancel global del 15 % puede encarecer importaciones, alterar cadenas de suministro y afectar exportaciones de países que dependen del mercado estadounidense.
Para América Latina, donde varias economías mantienen una relación comercial estrecha con Estados Unidos, cualquier ajuste en aranceles puede traducirse en cambios de costos y competitividad.
La Corte dejó claro que el poder de recaudar pertenece al Congreso. El Ejecutivo sostiene que la legislación vigente le permite actuar en determinadas circunstancias.
Lo ocurrido no fue la eliminación de la política arancelaria, sino una redefinición de la base jurídica para sostenerla.
Ese límite institucional, más que el porcentaje anunciado, será lo que determine cómo evolucione esta disputa.
