La Corte promete cambiar. ¿Cuánto?

Patricia Vargas: las promesas que deberá cumplir en la Corte

Patricia Vargas asumió la presidencia del Poder Judicial con la reducción de los atrasos como prioridad. Sus primeras entrevistas dejan cifras, reformas y advertencias presupuestarias, pero también preguntas sobre cómo se medirán los resultados de su gestión.

Por MUNDO ACR | La justicia no se mide por lo bien que explica sus atrasos, sino por cuánto consigue reducirlos.

Patricia Vargas González todavía no cumple una semana como presidenta de la Corte Suprema de Justicia y ya ha pasado por varios medios de comunicación para explicar qué pretende hacer durante los próximos cuatro años.

Ha hablado de reducir los atrasos, modernizar los tribunales, defender el presupuesto y acercar el Poder Judicial a la ciudadanía. También ha reconocido problemas internos que deben corregirse.

Pero al revisar sus declaraciones antes y después de la elección, hay una pregunta que sigue abierta. ¿Cuánto tendrá que mejorar la justicia para que los costarricenses puedan comprobar, en 2030, que su presidencia produjo resultados?

Vargas fue elegida el lunes 26 de octubre con 12 votos de Corte Plena. Es la segunda mujer que llega a presidir la institución en sus dos siglos de historia.

Recibe un Poder Judicial que reporta avances en productividad, mantiene cientos de miles de expedientes activos y enfrenta una disputa presupuestaria con posibles consecuencias para sus servicios.

Su reto no será solamente explicar esos problemas. También tendrá que demostrar qué consiguió cambiar.

Más resoluciones, pero ¿menos espera?

El Poder Judicial tiene cifras para defender los avances de los últimos años.

Según el informe institucional sobre productividad y rezago judicial, entre 2021 y 2025 la productividad aumentó un 26,92%, equivalente a 144.774 asuntos adicionales atendidos en comparación con el punto de partida.

Durante ese periodo también creció un 7,58% el ingreso de demandas y denuncias. Aun así, la institución reportó una reducción aproximada del 7% en el volumen de expedientes activos.

Los resultados muestran una mejora en la capacidad de respuesta judicial.

Sin embargo, terminar más asuntos no significa necesariamente que todos los ciudadanos estén esperando menos.

Un despacho puede aumentar su productividad y continuar acumulando expedientes antiguos. También puede reducir el número total de procesos pendientes mientras determinados casos siguen tardando años en resolverse.

Por eso, además de conocer cuántos asuntos terminan los tribunales, importa saber cuánto duran los procesos, cuántos expedientes antiguos permanecen abiertos y en cuáles jurisdicciones se concentran las mayores demoras.

Durante su entrevista en En Profundidad, de Teletica, Vargas reconoció que existen procesos que pueden superar los cinco años e incluso alcanzar diez.

Para quienes esperan una sentencia, esa diferencia entre productividad y tiempo de respuesta no es estadística. Es parte de su vida.

Teletica, En Profundidad. Entrevista a Patricia Vargas González realizada antes de su elección. Permite escuchar sus explicaciones sobre rezago, productividad y reformas judiciales.

Cuatro años y una meta por precisar

El lunes 26 de octubre, después de su elección, Rodolfo González volvió a entrevistar a Vargas en Telenoticias.

Le preguntó cuánto esperaba reducir el rezago judicial durante los cuatro años de su presidencia.

La magistrada reiteró su compromiso de mejorar los resultados, pero no ofreció en esa conversación un porcentaje de reducción, una cantidad de expedientes ni un calendario específico.

Dos días después, en El Octavo Mandamiento, de OPA Canal 38, volvió a identificar el rezago como la principal prioridad de su administración.

Explicó que el Poder Judicial utiliza indicadores, planes de mejora y herramientas tecnológicas para agilizar los procesos.

Esas iniciativas no comenzaron con su nombramiento. La propia presidenta ha reconocido que la institución ya venía trabajando en ellas.

Lo que todavía debe precisarse públicamente es cuánto espera avanzar su gestión sobre esa base.

¿Cuántos expedientes antiguos pretende reducir para 2030? ¿Qué tiempos de resolución considera alcanzables? ¿Cómo distinguirá los resultados de su administración de las mejoras que ya estaban en marcha?

El comunicado oficial sobre su elección confirma que reducir el rezago, mejorar la gestión y monitorear los despachos forman parte de sus prioridades.

Pero en las entrevistas examinadas no aparece una meta numérica de reducción para el final de su mandato.

Eso no demuestra que la institución carezca de planificación. Sí deja pendiente una referencia pública que permita evaluar los resultados con claridad.

Telenoticias, 26 de octubre de 2026. Entrevista posterior a la elección de Vargas. Este es el video más importante para respaldar la pregunta sobre metas de reducción del rezago.

La reforma que podría cambiar los juicios penales

Una de las propuestas que Vargas considera importantes para acelerar la justicia ya tiene expediente legislativo.

Se trata del 24.913, una reforma al Código Procesal Penal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La iniciativa busca modificar el funcionamiento de la audiencia preliminar y ampliar los supuestos en que determinados juicios penales puedan ser conocidos por un solo juez.

El seguimiento legislativo del expediente 24.913 identifica, entre sus disposiciones, la posibilidad de utilizar tribunales unipersonales en asuntos cuya pena no supere los diez años, conforme a las condiciones del texto propuesto.

Vargas sostiene que esa modificación permitiría aprovechar mejor el personal judicial disponible.

También ha explicado que algunos procesos llegan hasta juicio y terminan mediante acuerdos o procedimientos que pudieron resolverse antes. Para entonces, el tribunal ya reservó tiempo y recursos.

La propuesta pretende que la audiencia preliminar funcione como un filtro más efectivo.

El planteamiento merece un examen que vaya más allá de la rapidez.

¿Qué delitos quedarían comprendidos en el cambio? ¿Cuántos juicios podrían tramitarse de manera diferente? ¿Qué impacto se ha calculado sobre los tiempos de resolución y qué garantías procesales se mantienen?

La reforma todavía no debe presentarse como una medida aprobada ni sus beneficios como resultados comprobados.

Su discusión permitirá determinar si las modificaciones ofrecen una respuesta proporcional a los problemas que la Corte ha identificado.

Casi ₡30.000 millones bajo condiciones

La nueva presidenta enfrenta otro problema que puede afectar su capacidad de cumplir las prioridades anunciadas.

El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 asigna al Poder Judicial ₡530.973,2 millones, ₡10.542 millones menos que el presupuesto de 2026.

Sin embargo, la principal controversia gira alrededor de ₡29.843,8 millones incluidos en esa asignación y sujetos a requisitos adicionales para poder utilizarse.

Según la explicación presupuestaria del Poder Judicial, el acceso a esos recursos dependería de varios trámites y autorizaciones, sin un plazo cierto para completar el procedimiento.

La Corte sostiene que esas condiciones pueden retrasar la disponibilidad del dinero y afectar servicios esenciales.

El debate involucra una cuestión delicada. El gasto público requiere fiscalización, pero también deben respetarse las competencias constitucionales y la capacidad operativa de cada poder de la República.

El Poder Judicial ha cuestionado las disposiciones y acordó promover una consulta legislativa ante la Sala Constitucional.

Mientras el presupuesto continúa su trámite, corresponde distinguir las advertencias de los efectos ya comprobados.

Las plazas vacantes que tienen trabajadores

Entre los riesgos señalados por Vargas aparecen 2.463 plazas judiciales.

El término puede inducir a error.

Aunque administrativamente se clasifican como vacantes, el Poder Judicial explicó que actualmente están ocupadas por personal interino.

Por tanto, no se trata simplemente de puestos desocupados.

Las restricciones podrían afectar la continuidad de nombramientos y la capacidad de trabajo de tribunales, fiscalías, el OIJ y otros servicios.

Vargas mencionó el caso del Juzgado Penal Juvenil de Corredores, donde una eventual afectación de la plaza judicial comprometería la atención local.

También advirtió sobre posibles problemas para sostener licencias informáticas, notificaciones electrónicas y actividades de investigación criminal.

Ninguna de esas advertencias permite afirmar que todas las plazas se hayan perdido o que los despachos mencionados ya estén cerrados.

Pero sí plantea una obligación para la nueva administración: si las restricciones se mantienen, tendrá que explicar cuáles servicios reorganizará, qué criterios utilizará y cómo evitará trasladar los mayores costos a quienes viven lejos de las principales ciudades.

La morgue de Buenos Aires, un ejemplo concreto

La incertidumbre presupuestaria también alcanza proyectos de infraestructura.

Durante El Octavo Mandamiento, Vargas señaló que se había detenido la actividad prevista para colocar la primera piedra de la morgue judicial de Buenos Aires, Puntarenas.

Explicó que existía el riesgo de iniciar simbólicamente la obra sin contar con certeza sobre los recursos necesarios para continuar.

El Poder Judicial incluyó la posible paralización de esa morgue entre las consecuencias que podrían derivarse de las restricciones presupuestarias.

No hay base suficiente, con la documentación examinada, para afirmar que el proyecto fue cancelado definitivamente.

Sí existe una advertencia institucional específica sobre su continuidad.

Ese caso permitirá observar cómo una decisión presupuestaria nacional puede repercutir en servicios necesarios para comunidades alejadas.

El presupuesto también debe rendir cuentas

En la entrevista de OPA, un espectador cuestionó el uso de recursos institucionales, los alquileres de edificios y la ocupación de inmuebles donde parte del personal realiza teletrabajo.

Vargas respondió que el Poder Judicial ejecuta habitualmente más del 95% de su presupuesto y defendió la planificación de sus gastos.

También explicó que los edificios señalados tienen utilización institucional y que los recursos del fideicomiso de infraestructura poseen destinos previamente establecidos.

Una ejecución elevada es relevante. Pero gastar casi todo lo presupuestado no demuestra, por sí solo, que cada decisión haya sido la más eficiente.

También importa cuánto cuestan los alquileres, qué utilización tienen los edificios, cuáles inversiones producen mejores resultados y qué alternativas se estudiaron.

En medio de una controversia sobre recursos insuficientes, esas preguntas adquieren especial importancia.

Defender la continuidad de los servicios judiciales y examinar la calidad del gasto son responsabilidades que pueden y deben coexistir.

¿Más demandas significan más confianza?

Durante El Octavo Mandamiento, un espectador planteó dudas sobre la confianza ciudadana en el Poder Judicial.

Vargas respondió que el crecimiento de los asuntos que llegan a la institución le permite valorar positivamente que las personas continúan utilizando sus servicios.

Pero hay una diferencia que conviene señalar.

El número de demandas y denuncias permite medir la utilización del sistema judicial. No permite establecer, por sí solo, cuánta confianza tiene la ciudadanía en él.

Una persona puede acudir a los tribunales porque confía en ellos, pero también porque necesita resolver un conflicto y no dispone de otra alternativa legal.

Para medir confianza hacen falta otros instrumentos, como encuestas, estudios de percepción y evaluaciones de la experiencia de los usuarios.

La nueva presidenta ha reconocido que la institución debe mejorar su comunicación.

Ese esfuerzo puede ayudar a explicar decisiones complejas. Pero la credibilidad también dependerá de la calidad del servicio, la transparencia y los resultados que perciban las personas.

ASOSEJUD, una pregunta sin desarrollar

En esa misma entrevista, un espectador incluyó entre sus inquietudes el caso de ASOSEJUD, la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales.

La pregunta reunió varios asuntos, entre ellos alquileres, presupuesto y señalamientos sobre créditos.

Vargas respondió a algunos de esos temas, pero no desarrolló una contestación específica sobre ASOSEJUD. Tampoco hubo una repregunta individual de los entrevistadores.

Ese intercambio no permite concluir que la presidenta haya evitado deliberadamente pronunciarse.

El caso, sin embargo, merece seguimiento por sus implicaciones para los asociados y por su relación con el entorno institucional judicial.

El 1.º de setiembre, el Ministerio Público informó de allanamientos dentro de una investigación por presunta administración fraudulenta relacionada con créditos preferenciales, construcción y adquisición de bienes y servicios.

Posteriormente, el 16 de octubre, el Ministerio Público informó que un juzgado ordenó separar de sus funciones durante un año a diez personas investigadas, vinculadas con la Junta Directiva, el órgano fiscalizador y la Gerencia General de ASOSEJUD. La medida fue dictada dentro de una investigación por presunta administración fraudulenta y no constituye una declaración de culpabilidad.

Se trata de medidas cautelares dentro de una investigación penal. No constituyen una declaración de culpabilidad.

Tampoco existe en la información examinada un elemento que vincule a Patricia Vargas con los hechos investigados.

La cuestión institucional es otra. ¿Qué información deben recibir las personas asociadas? ¿Cómo se garantiza que la investigación avance sin interferencias? ¿Qué responsabilidades corresponden a los órganos de la asociación y cuáles, si las hubiera, a las autoridades judiciales?

Esas respuestas deben buscarse respetando la autonomía de la asociación, las competencias de cada institución y el debido proceso.

El Octavo Mandamiento, OPA Canal 38, 28 de octubre de 2026. Entrevista extensa a Patricia Vargas sobre reformas penales, presupuesto, confianza ciudadana y respuestas a preguntas de los espectadores.

La presidencia se medirá en resultados

Patricia Vargas ha comenzado su mandato con una disposición pública a explicar el funcionamiento de la Corte.

Ha reconocido atrasos, defendido reformas, destacado avances institucionales y advertido sobre las consecuencias de las restricciones presupuestarias.

Es importante reconocer que los problemas del Poder Judicial no comenzaron con su nombramiento. Tampoco sería correcto atribuirle automáticamente todos los avances que se registren durante los próximos cuatro años.

Por eso, cualquier evaluación seria deberá partir de indicadores comparables y responsabilidades claramente identificadas.

Habrá que conocer cuánto disminuyeron los expedientes antiguos, cuánto se acortaron los procesos, qué reformas entraron en vigor, cuáles servicios se mantuvieron y cómo se utilizaron los recursos públicos.

La nueva presidenta ha pedido que la ciudadanía conozca mejor lo que hace el Poder Judicial.

Ese conocimiento también requiere metas públicas que permitan comprobar los resultados.

La justicia no se mide por lo bien que explica sus atrasos, sino por cuánto consigue reducirlos.