Deportados de Estados Unidos a Costa Rica: qué ocurre después
Costa Rica comenzó recibiendo excepcionalmente a 200 personas expulsadas por Estados Unidos. Un año después existe un mecanismo regular, han llegado cientos más y no todos abandonan el país al mismo ritmo. Entre quienes consiguen regresar a casa, algunos todavía piensan volver a intentar la ruta hacia el norte.
POR MUNDO ACR | Estados Unidos decide dónde aterriza el avión. Lo que ocurre después ya no cabe en un boleto de regreso.
Marco Bustos tiene 19 años y una deuda de US$8.000. Pidió el dinero para pagarle al coyote que lo llevaría hasta Estados Unidos, consiguió cruzar la frontera y fue detenido. Cuando llegó el momento de sacarlo del país, el avión no lo devolvió a México. Lo dejó en Costa Rica.
Ahora quiere regresar con su familia, pero su historia migratoria posiblemente no termine allí. Bustos dijo a Noticias Telemundo que probablemente intentará llegar nuevamente a Estados Unidos. Eloy Ángel, otro mexicano deportado a Costa Rica, habló de hacer algo parecido después de pasar uno o dos meses en Durango.
Son dos testimonios, no una estadística. No sabemos cuántas de las personas trasladadas a Costa Rica volverán a intentarlo y sería incorrecto convertir esas declaraciones en una tendencia. Lo que sí muestran es algo que las cifras de deportaciones cuentan mal: sacar a una persona de Estados Unidos puede terminar su presencia en ese país sin terminar necesariamente el viaje que la llevó hasta allí.
Y Costa Rica está quedando justo en medio de ese recorrido.
Un destino que no era el destino
Francisco Javier Mondragón esperaba volver a México. Según contó a Telemundo, funcionarios consulares mexicanos le habían indicado que sería enviado a su país después de ser detenido en Texas. El 9 de octubre subió a un avión junto con personas de distintas nacionalidades y terminó en Costa Rica.
No estaba haciendo una conexión aérea. Estados Unidos lo había trasladado a un tercer país bajo un mecanismo que Costa Rica formalizó en marzo de 2026 y que permite a Washington proponer personas para su recepción temporal. San José puede aceptar o rechazar cada caso y el acuerdo contempla hasta 25 personas por semana, aunque permite superar esa cantidad cuando Costa Rica lo autorice.
Estados Unidos financia mediante la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) parte de la atención que reciben mientras se determina su siguiente destino. Costa Rica, por su parte, les concede una condición migratoria temporal y conserva sus obligaciones en materia de refugio y protección internacional.
Ese mecanismo puede sonar administrativo. Su origen fue bastante menos ordenado.
Antes del acuerdo hubo 200 personas
En febrero de 2025, dos vuelos procedentes de Estados Unidos llevaron a Costa Rica a 200 personas de 21 nacionalidades. Entre ellas había ciudadanos de China, Afganistán, Rusia, Irán, Vietnam y Ghana, además de 79 menores de edad.
La explicación gubernamental era que Costa Rica funcionaría como puente mientras esas personas regresaban voluntariamente a sus países de origen o encontraban otro destino. El problema apareció cuando el puente comenzó a llenarse de gente que no podía cruzarlo con la rapidez prevista.
Para el 20 de marzo apenas 74 habían salido de Costa Rica. Otras enfrentaban trámites de documentación, visas o tránsito que impedían organizar inmediatamente el retorno. La permanencia en el CATEM Sur terminó además convertida en un problema constitucional.
La Sala Constitucional analizó posteriormente el caso y concluyó que se había lesionado la libertad personal de quienes permanecieron allí. El Gobierno modificó entonces su situación y concedió a 85 personas una categoría especial por razones humanitarias que les permitía abandonar el centro, trabajar, solicitar refugio o continuar gestionando su salida.
Ochenta y siete personas utilizaron el programa de Retorno Voluntario Asistido de la OIM y otras 23 abandonaron el CATEM como solicitantes de refugio. Para julio únicamente ocho continuaban alojadas allí de manera voluntaria.
Aquella experiencia dejó una enseñanza que importa para entender lo que vino después: recibir un avión es relativamente rápido; resolver la situación migratoria de cada persona que baja de él puede no serlo.
En 2026 dejó de ser excepcional
El 23 de marzo de este año, Costa Rica y Estados Unidos firmaron un memorando que convirtió aquel experimento en un mecanismo regular para ciudadanos de terceros países. El acuerdo es no vinculante, permite a Costa Rica evaluar los casos propuestos y establece las condiciones generales para recepción, permanencia temporal y eventual salida.
El primer grupo bajo el nuevo esquema llegó el 11 de abril con 25 personas. Seis meses después ya no se trataba de un episodio aislado: hasta el 21 de octubre habían llegado 547 personas de 42 nacionalidades en 26 vuelos.
Entre ellas figuraban 137 mexicanos, 107 chinos, 52 colombianos y 52 brasileños. Sumadas a las 200 personas recibidas durante la operación inicial de 2025, al menos 747 personas habían sido trasladadas desde Estados Unidos hacia Costa Rica bajo ambos esquemas.
El número costarricense es pequeño frente al tamaño de la política estadounidense. Un análisis reciente del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos recoge estimaciones según las cuales más de 25.000 personas habían sido trasladadas hacia terceros países mediante acuerdos con más de 30 Estados hasta septiembre de 2026.
Pero para Costa Rica la comparación relevante está dentro de sus propias fronteras. Lo que comenzó con dos vuelos extraordinarios en febrero de 2025 tiene ahora frecuencia, procedimiento y financiamiento definidos.
Costa Rica ya no aparece solamente como el lugar donde aterrizó una emergencia. Forma parte del mecanismo.
El problema aparece después de aterrizar
Los datos disponibles hasta el 2 de octubre permiten ver qué sucede cuando dejamos de contar vuelos y empezamos a seguir personas. De 478 recibidas bajo el esquema de 2026 hasta ese momento, 269 ya habían salido de Costa Rica y otras 26 gestionaban su retorno. Sin embargo, 183 permanecían en el país.
No todas estaban en la misma situación. Algunas esperaban documentación o vuelos; otras podían requerir protección, gestionar refugio o necesitar soluciones migratorias distintas. El director general de Migración, Omer Badilla, reconoció que se produce una acumulación porque los grupos continúan llegando mientras las salidas no avanzan con la misma velocidad.
Eso explica una característica que desaparece cuando todo se resume bajo la palabra «deportación». Estados Unidos puede trasladar a una persona hasta Costa Rica, pero Costa Rica no puede simplemente subirla al siguiente avión sin considerar documentación, voluntad de retorno, situación jurídica y posibles necesidades de protección.
El país está obligado además por el principio de no devolución: una persona no debe ser enviada a un territorio donde pueda enfrentar persecución u otros riesgos contemplados por el derecho internacional. Si solicita refugio, entra en funcionamiento otro procedimiento.
Por eso un vuelo que para Estados Unidos constituye una salida puede convertirse para Costa Rica en semanas o meses de trámites.
¿Quién paga la escala?
El acuerdo de 2026 trasladó buena parte del costo hacia Estados Unidos. Washington financia mediante la OIM alojamiento, alimentación y otros servicios asociados con la permanencia temporal y el eventual retorno.
La OIM sostiene que no ejecuta deportaciones forzosas y que su intervención corresponde a la asistencia posterior. Migración costarricense mantiene la supervisión institucional del mecanismo.
El funcionamiento del sistema ya tiene cuestionamientos. Un informe de Refugees International y Global Strategic Litigation Council publicado en octubre documentó, mediante 21 entrevistas, dificultades relacionadas con documentación, acceso al empleo, asesoría jurídica y reunificación familiar.
Veintiuna entrevistas tampoco describen automáticamente la experiencia de cientos de personas. Migración rechazó varias conclusiones del informe y sostiene que Costa Rica está cumpliendo sus obligaciones. La diferencia entre ambas versiones merece seguimiento, pero ninguna modifica el dato que ya muestran las cifras oficiales: una parte considerable de quienes llegan no abandona Costa Rica inmediatamente.
La deuda regresó con él
El caso de Marco Bustos ayuda a entender algo que ningún memorando migratorio puede ordenar.
Los US$8.000 que pidió para llegar a Estados Unidos siguen siendo una deuda después de su captura, su deportación y su paso por Costa Rica. Esa obligación económica es una de las razones que dio a Telemundo para explicar por qué contempla intentarlo nuevamente.
Eloy Ángel habló de sus padres y sus hijos. Su intención de regresar hacia el norte está relacionada con la búsqueda de mejores condiciones económicas para ellos. Mondragón, en cambio, dice que no lo volverá a hacer después de haber sido deportado dos veces este año.
Sus decisiones son distintas porque sus vidas también lo son. Y precisamente ahí empieza la parte de la migración que ningún conteo de vuelos consigue ordenar.
Estados Unidos puede sacar a una persona de su territorio. Costa Rica puede recibirla, documentarla y ayudar a gestionar su siguiente destino. La OIM puede organizar un retorno voluntario.
Nada de eso elimina automáticamente una deuda, una familia que depende de remesas, la falta de empleo o cualquiera de las razones que hicieron que alguien emprendiera el viaje original.
Costa Rica quedó en la ruta
Durante el episodio de 2025, Costa Rica fue presentada como un puente humanitario. La imagen funcionaba porque sugería tránsito: alguien llega, permanece temporalmente y continúa hacia su destino.
Los datos de 2026 muestran una realidad menos lineal. Algunos regresan a sus países rápidamente, otros necesitan meses, algunos solicitan protección y otros permanecen en Costa Rica mientras encuentran una salida.
Y ahora conocemos al menos algunos casos de personas que, después de completar ese recorrido, todavía contemplan volver hacia Estados Unidos.
Eso no demuestra que el sistema haya fracasado. El objetivo inmediato estadounidense de sacar a esas personas de su territorio se cumple cuando son trasladadas, y cientos ya han abandonado posteriormente Costa Rica.
Lo que muestra es otra cosa.
La política puede mover a una persona de un país a otro. No siempre puede mover las razones por las que esa persona decidió migrar.
Marco Bustos llegó a Estados Unidos debiendo US$8.000.
Lo capturaron y lo mandaron a Costa Rica.
Ahora intenta volver a México.
La deuda viaja con él.
Y quizá, después de un tiempo con su familia, vuelva a mirar hacia el norte.
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