Yorgina Alvarado responde a Gilberth Díaz y cuestiona quién manda realmente en el SEC

POR MUNDO ACR «Una dirigencia puede reclamar una sede, un cargo o una victoria. Lo que no puede sustituirse con declaraciones es el voto de los afiliados».

La rival del presidente sindical niega vínculos de FARO con el Gobierno y rechaza las acusaciones por el manejo de dinero. El Ministerio de Trabajo cuestionó las expulsiones que alteraron la contienda, mientras una aclaración judicial añade interrogantes sobre el alcance de la orden para recuperar la sede.

El SEC tiene un presidente que asegura haber recuperado su sede por orden judicial, una secretaria general que afirma conservar su representación y una elección que terminó sin que los afiliados depositaran un solo voto.

Y ahora, después de la conferencia en la que Gilberth Díaz denunció una supuesta intervención del expresidente Rodrigo Chaves en el sindicato, su principal rival salió a responderle.

Yorgina Alvarado rechazó que la tendencia FARO tenga vínculos con Pueblo Soberano o con cualquier partido político. También negó haberse apropiado de dinero sindical y cuestionó que Díaz convocara la conferencia sin autorización de la Junta Directiva.

Pero sus declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para la dirigencia del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense.

El Ministerio de Trabajo había cuestionado las expulsiones que dejaron fuera de la contienda a integrantes de FARO. Y una aclaración judicial, divulgada durante la entrevista a Alvarado, introduce una distinción que puede resultar decisiva para comprender el conflicto.

Recuperar la posesión de un edificio no equivale necesariamente a obtener el reconocimiento definitivo como autoridad sindical.

Una respuesta que va más allá de Chaves

Díaz había denunciado que el expresidente Rodrigo Chaves pretendía influir en el SEC mediante la tendencia FARO.

Alvarado respondió durante una entrevista con un medio de comunicación que escuchó parcialmente la conferencia y rechazó de manera categórica cualquier subordinación política de su agrupación.

«Ni Yorgina Alvarado ni la tendencia FARO responde a ningún movimiento político partidario», sostuvo.

Mencionó expresamente a Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio y Pueblo Soberano.

También afirmó que la conferencia de Díaz no había sido autorizada por la Junta Directiva y lo acusó de actuar por cuenta propia.

Son dos versiones enfrentadas. La denuncia de Díaz no demuestra por sí misma una operación del Gobierno para controlar el sindicato, del mismo modo que la negativa de Alvarado no basta para descartar cualquier vínculo.

La discusión exige pruebas independientes de las declaraciones de ambos dirigentes.

La expulsión que terminó cambiando la elección

Para entender por qué la respuesta de Alvarado importa, hay que volver a lo ocurrido antes del 20 de octubre.

Ese día estaban previstas las elecciones del SEC para el periodo 2026-2030.

Pero no hubo votación.

El Tribunal Electoral sindical declaró ganadora a Unidad y Trabajo (UTRA), la tendencia encabezada por Díaz, después de que la expulsión de Marcos Vinicio Rodríguez dejara incompleta la papeleta rival.

El tribunal consideró que FARO ya no cumplía los requisitos para participar. Alvarado impugnó la decisión.

La controversia está documentada en los antecedentes publicados sobre la declaratoria de triunfo de UTRA sin votación y la impugnación presentada por Alvarado.

En su nueva entrevista, Alvarado cuestionó la cronología de las decisiones. Afirmó que las expulsiones fueron ratificadas el 2 de octubre, pero que la tendencia de Díaz ya había sido declarada ganadora desde el 30 de septiembre.

La fecha exacta de cada acuerdo debe contrastarse con las actas del tribunal electoral y del órgano disciplinario. Lo relevante es que la expulsión de un integrante de FARO tuvo consecuencias directas sobre la posibilidad de competir.

Y esa expulsión encontró después un obstáculo en el Ministerio de Trabajo.

El Ministerio de Trabajo no dio por buenas las expulsiones

El conflicto llegó al Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Según la información divulgada sobre sus decisiones, el ministerio rechazó cancelar las inscripciones de Alvarado y Rodríguez en el registro sindical porque la expulsión de afiliados requería la intervención de la Asamblea General.

El cuestionamiento se refiere a quién tenía competencia para imponer o ratificar una sanción de esa naturaleza.

La información fue publicada el 15 de octubre al conocerse la decisión de mantener las inscripciones de ambos dirigentes.

Posteriormente se divulgaron nuevos detalles sobre el cuestionamiento del MTSS a las expulsiones y su relación con el proceso electoral.

Esto no significa que el ministerio haya resuelto definitivamente quién ganó las elecciones del SEC.

Tampoco constituye una absolución de Alvarado o Rodríguez frente a las denuncias sobre el manejo de recursos.

Pero sí impide tratar las expulsiones como un asunto administrativo completamente cerrado.

Los órganos internos que sancionaron a los dirigentes defienden sus actuaciones. Alvarado sostiene que el procedimiento vulneró sus derechos y afectó la contienda electoral.

Mientras esa controversia siga abierta, la proclamación de UTRA y los reclamos de FARO continuarán enfrentados.

La sede que una parte recuperó y la otra sigue disputando

La pelea también llegó a las instalaciones centrales del sindicato.

El 13 de octubre, el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó una medida cautelar relacionada con la posesión del inmueble. Al día siguiente, Díaz anunció que la orden permitiría restituir el control de la sede a la dirigencia que encabeza.

Alvarado solicitó aclarar los alcances de aquella resolución judicial.

Ahora aparece un elemento adicional.

Durante la entrevista a Alvarado, el periodista indicó que su medio tenía una aclaración posterior del juzgado.

Según la lectura realizada al aire, la resolución inicial no estableció una prohibición personal para que Alvarado ingresara al edificio ni restringió su libertad de tránsito.

Tampoco habría ordenado allanamientos, decomisos o secuestros de documentos.

El periodista agregó que la actuación judicial se limitaba a materializar la entrega de las instalaciones, sin resolver el conflicto interno ni reconocer definitivamente a las autoridades sindicales.

MUNDO ACR no ha examinado el texto íntegro de esa aclaración. Su contenido se recoge como información divulgada durante la entrevista, no como una verificación documental propia.

Consultada sobre el asunto, Alvarado prefirió no pronunciarse hasta revisarlo con su abogado.

La distinción jurídica merece atención porque el control material de una sede y la representación de una organización son asuntos diferentes.

Una orden sobre el inmueble no necesariamente resuelve quién debe ocupar los cargos del sindicato.

«No toqué ni un solo colón»

La respuesta de Alvarado también alcanzó las acusaciones económicas formuladas por Díaz.

Durante su conferencia, el presidente sindical se refirió a denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de fondos.

Alvarado negó haberse apropiado de dinero y afirmó que los gastos cuestionados tienen explicaciones relacionadas con el funcionamiento del sindicato.

Mencionó traslados de trabajadores mediante plataformas de transporte y pagos de servicios digitales utilizados por departamentos administrativos.

«No tocó ni un solo colón», fue el sentido de su defensa al referirse a las acusaciones.

La dirigente sostuvo que las denuncias presentadas ante el Ministerio Público le permitirán aportar pruebas y explicar cada cargo cuestionado.

Su explicación no equivale a una comprobación contable de esos gastos.

Las denuncias penales, por su parte, tampoco acreditan culpabilidad.

El punto pendiente es documental: qué pagos se realizaron, quién los autorizó, cuál era su finalidad y qué respaldos existen.

Hasta que esos elementos sean examinados por las instancias competentes, ninguna de las versiones permite establecer una conclusión definitiva sobre el uso de los recursos.

El 14 de noviembre aparece en el horizonte

Alvarado cerró su intervención invitando a los afiliados a una Asamblea Extraordinaria convocada para el 14 de noviembre.

La convocatoria añade otra fecha a una crisis que ya pasó por expulsiones, impugnaciones, denuncias penales y una disputa por la sede.

Su validez y sus posibles efectos dependerán de las competencias de quienes la convocaron y de los procedimientos estatutarios aplicables.

Mientras tanto, Díaz sostiene sus acusaciones de supuesta injerencia gubernamental. Alvarado rechaza los señalamientos y defiende su representación sindical.

Los afiliados, que debían escoger a sus dirigentes el 20 de octubre, siguen viendo cómo la controversia se desarrolla en conferencias, entrevistas y procedimientos administrativos y judiciales.

La elección terminó sin votos. La disputa, en cambio, todavía no termina.