El SEC denuncia injerencia del Gobierno, pero su crisis también pasa por unas elecciones sin votos

POR MUNDO ACR «Las denuncias merecen respuestas. Las decisiones, pruebas. Y cuando una elección no llega a las urnas, también hay preguntas que hacer».

El sindicato acusa a Rodrigo Chaves de intentar tomar el control de la organización. Detrás de la denuncia hay expulsiones cuestionadas, una disputa por la representación legal y un procedimiento disciplinario pendiente contra su propio presidente.

El 20 de octubre, miles de educadores estaban llamados a elegir a sus nuevos dirigentes sindicales. Pero en el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) no hubo votación.

La papeleta encabezada por Gilberth Díaz fue declarada ganadora después de que la exclusión de un integrante dejara incompleta la nómina rival. Días después, la organización sigue enfrentada por las expulsiones, el control de su sede y la representación legal.

En ese escenario, Díaz y su equipo convocaron a la prensa para denunciar algo todavía más grave: un supuesto intento del Gobierno de Rodrigo Chaves por intervenir en el sindicato y colocar a una dirigencia afín a sus intereses.

La conferencia dejó una acusación política de gran alcance. También permitió conocer asuntos que complican la versión de una disputa exclusivamente provocada desde fuera.

La acusación contra Chaves

La dirigencia del SEC presentó una cronología que comienza en agosto, cuando Chaves cuestionó públicamente a Gilberth Díaz por sus ingresos y el manejo de recursos sindicales.

En la conferencia se reprodujeron fragmentos de esas declaraciones, así como referencias a publicaciones del exmandatario en redes sociales, programas televisivos y pronunciamientos de diputadas oficialistas.

Para los representantes de Díaz, esa sucesión de acontecimientos responde a una ofensiva coordinada para debilitarlo y favorecer a la tendencia opositora FARO.

Uno de los expositores identificó directamente a Chaves como el interesado en controlar el sindicato. Sostuvo que el objetivo final sería debilitar al movimiento educativo y reducir la capacidad de movilización de una de las principales organizaciones sindicales del país.

El SEC informó que presentó una querella por injurias, calumnias y difamación contra Chaves. Su abogado, Ricardo Rieser, explicó que todavía no había recibido nuevas notificaciones sobre el avance del procedimiento.

La cronología presentada muestra enfrentamientos públicos y actuaciones políticas que la dirigencia considera relacionadas. No demuestra, por sí sola, que exista una coordinación entre el Gobierno y la tendencia FARO.

La elección que no llegó a celebrarse

Mientras la dirigencia habla de una intervención externa, dentro del SEC permanece abierto otro conflicto.

Gilberth Díaz encabezaba la tendencia Unidad y Trabajo (UTRA), que aspiraba a continuar al frente de la organización durante el período 2026-2030.

Su rival era FARO, vinculada con Yorgina Alvarado y Marcos Rodríguez.

El Consejo Nacional de Representantes ratificó el 2 de octubre las expulsiones de Alvarado y Rodríguez, después de procedimientos disciplinarios internos relacionados con presuntas irregularidades en la administración de recursos sindicales.

La exclusión de Rodríguez dejó incompleta la papeleta FARO. El Tribunal de Elecciones del sindicato declaró ganadora a UTRA sin realizar la votación programada para el 20 de octubre.

Díaz y su equipo niegan que las expulsiones fueran una maniobra electoral. Afirman que respondieron a investigaciones internas y que los órganos sindicales actuaron dentro de sus competencias.

Alvarado rechaza las acusaciones y cuestiona el procedimiento utilizado para apartarla de la organización.

La diferencia es sustancial. Para una parte, las expulsiones fueron decisiones disciplinarias legítimas. Para la otra, afectaron sus derechos y terminaron impidiendo que la afiliación eligiera entre dos tendencias.

El Ministerio de Trabajo entra en la disputa

La controversia llegó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El Departamento de Organizaciones Sociales rechazó registrar las expulsiones de Alvarado y Rodríguez, al cuestionar la competencia de los órganos que aprobaron esas sanciones.

Durante la conferencia, Rieser defendió la autoridad del Consejo Nacional de Representantes y sostuvo que el Ministerio debía atender la solicitud de modificación de la representación jurídica.

También afirmó que la resolución administrativa fue recurrida mediante revocatoria con apelación subsidiaria, por lo que, según su interpretación, todavía no estaba firme.

Gilberth Díaz fue más allá. Atribuyó la actuación del Ministerio a una intervención política promovida por Chaves.

Su equipo aseguró que la falta de actualización de la representación jurídica ha provocado dificultades para operar las cuentas bancarias del SEC.

Aquí hay dos asuntos diferentes. Uno es determinar si las expulsiones respetaron los estatutos y el procedimiento correspondiente. Otro es establecer si la actuación del Ministerio obedeció a una decisión administrativa o a una intervención política indebida.

La dirigencia sostiene lo segundo, pero la conferencia no aportó una instrucción documentada de Chaves al Ministerio que permita dar esa acusación por demostrada.

La sede sindical también terminó en disputa

El conflicto no se quedó en documentos.

La dirigencia de Díaz denunció que Alvarado y Rodríguez ingresaron a las instalaciones del SEC a comienzos de octubre pese a las expulsiones acordadas por los órganos internos.

Según su versión, durante esos días se alteró el control de la sede y de recursos administrativos de la organización.

El abogado informó que se presentaron denuncias penales relacionadas con esos acontecimientos, además de las vinculadas con presuntas irregularidades financieras.

También explicó que una medida cautelar permitió restituir la posesión de las instalaciones a la dirigencia de Díaz el 14 de octubre.

Esa decisión judicial se refiere al control de la sede durante el trámite del proceso. No equivale a una sentencia que determine responsabilidad penal por los hechos denunciados.

Al cierre de la conferencia, Rieser indicó que su equipo contabilizaba tres denuncias penales y dos recursos de amparo relacionados con la crisis.

Una pregunta que cambió el foco

Cuando llegó el turno de las preguntas, un Medio de Comunicación planteó un asunto que no había ocupado el centro de la exposición.

¿Existían también denuncias internas contra Gilberth Díaz?

La respuesta vino de Vera Morales, presidenta del Comité de Ética y Disciplina del SEC.

Confirmó que hay un procedimiento contra Díaz y que se encuentra en fase de resolución sancionatoria final. No explicó los hechos específicos ni anticipó su resultado.

Díaz defendió su gestión y sostuvo que los señalamientos contra él no corresponden a una administración fraudulenta de los recursos de la organización.

La pregunta también abrió una discusión sobre la presunción de inocencia de Alvarado y Rodríguez.

Durante la exposición inicial, uno de los representantes de la dirigencia había equiparado las acusaciones de administración fraudulenta con apropiarse de dinero. Un periodista le recordó que las personas investigadas no habían sido declaradas culpables penalmente.

El expositor respondió que las expulsiones fueron acordadas mediante procedimientos internos y que las denuncias penales se presentaron posteriormente.

La distinción importa. Una sanción sindical y una condena penal no son lo mismo. Tampoco una denuncia pendiente contra Díaz permite anticipar que será sancionado.

Lo que sí quedó confirmado durante la conferencia es que los procedimientos disciplinarios alcanzan a integrantes de ambos sectores enfrentados.

La marcha, las licencias y lo que viene

La disputa también se extendió al Ministerio de Educación Pública (MEP).

Díaz cuestionó que se dejara sin efecto una licencia sindical prevista para el 20 de octubre. Durante la conferencia, un periodista recordó que el ministro Leonardo Sánchez había explicado la revocatoria por la ausencia de votaciones ese día.

El presidente del SEC respondió que los órganos sindicales todavía tenían actividades relacionadas con el proceso electoral.

También cuestionó que el MEP mantuviera licencias a personas cuya expulsión defiende su dirigencia, aunque su condición jurídica dentro de la organización continúa controvertida.

Díaz aseguró que el sindicato seguirá participando en movilizaciones. Confirmó su presencia en la marcha del 11 de noviembre y anunció apoyo a otras actividades previstas para comienzos de ese mes.

Para su sector, el conflicto ocurre mientras el Gobierno enfrenta protestas por el financiamiento de la educación pública.

¿Quién representa al SEC?

La conferencia permitió escuchar la versión de Gilberth Díaz y su equipo sobre la supuesta intervención gubernamental. También dejó a la vista una disputa que todavía no tiene una salida aceptada por los sectores enfrentados.

La tendencia de Díaz fue declarada ganadora sin votación. La oposición interna cuestiona las expulsiones que afectaron su participación. El Ministerio de Trabajo rechazó registrar esas sanciones, la dirigencia recurrió la decisión y existen procedimientos judiciales y disciplinarios pendientes.

En medio de todo, la afiliación sigue esperando claridad sobre quién puede representar legítimamente al sindicato y cómo se resolverán las controversias.

La acusación de injerencia merece ser investigada. La elección que no se celebró, también.

La conferencia terminó sin resolver ninguna de las dos preguntas.