Cruz frenó por 20 días el voto que la Sala dejó seguir en 2012
En 2012, una consulta sobre el Presupuesto Nacional llegó a la Sala Constitucional el 28 de noviembre. Al día siguiente, la Asamblea votó en segundo debate sin esperar la respuesta. La propia Sala explicó después que el plazo constitucional permitía hacerlo. Catorce años más tarde, Fernando Cruz utilizó una medida cautelar para impedir esa votación durante veinte días. Los casos tienen diferencias importantes. El antecedente también importa.
POR MUNDO ACR En 2012 dejaron votar mientras la Sala resolvía. En 2026, Cruz frenó la votación durante veinte días. La diferencia existe. Explicarla le corresponde a la Sala.
La Asamblea Legislativa tenía previsto aprobar este lunes 9 de noviembre, en segundo debate, el Presupuesto Nacional de 2027. La votación quedó suspendida horas antes por orden de Fernando Cruz Castro, presidente interino de la Sala Constitucional.
Cruz acogió una medida cautelar solicitada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, y ordenó que el Plenario no vote el presupuesto en segundo debate antes del 29 de noviembre.
La decisión no fue tomada por los siete magistrados de la Sala ni resuelve todavía si las normas cuestionadas son constitucionales. Cruz actuó como presidente interino dentro del expediente 26-039748-0007-CO mientras el tribunal estudia los reclamos presentados contra el presupuesto.
Las distintas consultas cuestionan disposiciones que condicionan el uso de recursos del Poder Judicial y regulan, entre otros asuntos, movimientos de partidas y plazas. La gestión presentada por la Corte señaló específicamente las normas 9, 10 y 12, mientras otra consulta planteada por diputados incluyó también la norma 11.
La Corte sostiene que esas disposiciones pueden afectar seriamente sus servicios y su funcionamiento.
La cautelar busca evitar que la Asamblea apruebe definitivamente el presupuesto antes de que la Sala pueda pronunciarse. Vista solamente desde 2026, la decisión tiene una lógica fácil de entender.
El problema aparece al volver a 2012.
En 2012 la Sala no detuvo la votación
El 28 de noviembre de 2012, a las 11:10 de la mañana, ingresó a la Sala Constitucional una consulta sobre el Presupuesto Nacional de 2013.
Al día siguiente, la Asamblea votó el presupuesto en segundo debate aunque la Sala todavía no había contestado.
No fue una actuación que posteriormente el tribunal considerara incompatible con aquella consulta. Cuando resolvió el expediente mediante la sentencia 17705-2012, la Sala explicó por qué la votación podía continuar.
El artículo 178 de la Constitución obliga a que el Presupuesto Nacional quede definitivamente aprobado antes del 30 de noviembre. El artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional contempla justamente qué sucede cuando existe una consulta pendiente y, al mismo tiempo, la Asamblea tiene un plazo constitucional o reglamentario para votar.
En esos casos, la consulta debe presentarse con anticipación y el proyecto se vota aunque el criterio de la Sala todavía no haya llegado.
Eso fue lo que la Sala aplicó en 2012. La sentencia dejó constancia de que la consulta había ingresado el 28 de noviembre, que el presupuesto fue aprobado en segundo debate el 29 y que, por estar sometido al plazo constitucional, aquella consulta no suspendía la votación.
Hay otro dato poco conocido. La copia certificada del expediente legislativo llegó a la Sala hasta el 5 de diciembre, cuando el presupuesto ya había sido votado.
Consulte aquí la sentencia 17705-2012
Catorce años después, el artículo 178 sigue ahí. El artículo 98 también. Lo que cambiaron fueron las circunstancias y la respuesta cautelar.
En 2026 Cruz sí cerró el paso durante veinte días
El Presupuesto Nacional de 2027 fue aprobado en primer debate el 5 de noviembre. La Asamblea pretendía realizar el segundo debate cuatro días después, el lunes 9.
Cruz ordenó que el segundo debate no pueda realizarse antes del 29 de noviembre. La Asamblea conserva la posibilidad de aprobar el presupuesto dentro del plazo constitucional, pero durante los veinte días que van del 9 al 28 de noviembre esa votación quedó impedida por la cautelar.
Consulte aquí la información sobre la resolución del 9 de noviembre
La primera orden no terminó ahí la discusión legislativa. La presidenta de la Asamblea, Yara Jiménez, interpretó que la cautelar impedía aprobar el presupuesto, pero no continuar debatiéndolo. El Plenario siguió con la discusión durante la tarde.
A las 6:00 p. m. llegó una segunda orden.
La magistrada Ingrid Hess Herrera dictó otra medida cautelar, esta vez dentro del expediente 26-040155-0007-CO, originado en una consulta presentada por doce diputados relacionada con un recorte de ₡8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
La redacción fue más amplia. Hess ordenó a la Asamblea abstenerse de discutir y aprobar el Presupuesto Nacional de 2027 en segundo debate antes del 29 de noviembre.
Consulte aquí la segunda medida cautelar dictada por Ingrid Hess
Son dos expedientes diferentes y responden a cuestionamientos distintos. La cautelar de Hess no sustituye la de Cruz. Lo que hizo fue cerrar la posibilidad que la Asamblea había encontrado después de la primera orden para seguir discutiendo el presupuesto sin someterlo todavía a votación.
Al terminar el día, por tanto, el Congreso no solamente tenía prohibido aprobar el presupuesto antes del 29. Tampoco podía continuar discutiéndolo en segundo debate.
El 29 tampoco es una fecha cualquiera. El Reglamento de la Asamblea ya establece ese día como límite para concluir el segundo debate del Presupuesto Nacional.
Las cautelares no mandaron el proyecto fuera del plazo. Llevaron la posibilidad de continuar el segundo debate hasta el último día que el calendario legislativo reserva para concluirlo.
La Sala todavía puede resolver las consultas antes del 29. Si llega esa fecha sin una resolución y la Asamblea puede votar, el criterio aplicado en 2012 podría seguir teniendo efecto al final del procedimiento. Por eso sería prematuro afirmar que la Sala abandonó aquel precedente.
Lo que ya ocurrió es más concreto. Durante veinte días, medidas cautelares dictadas en dos expedientes impiden continuar un segundo debate que en 2012 pudo llegar hasta la votación mientras la consulta constitucional seguía pendiente.
La explicación de esa diferencia está en buena parte en las fechas.
Esta consulta no llegó el 28 de noviembre
Aquí la comparación necesita cuidado.
En 2012, los diputados presentaron la consulta apenas dos días antes del vencimiento constitucional. Era materialmente imposible esperar una resolución sin llevar el presupuesto contra el límite del 30 de noviembre.
El caso de 2026 comenzó mucho antes.
Según la resolución de Cruz, la Sala solicitó documentación a la Asamblea desde el 26 de octubre y tuvo que reiterar la petición el 4 de noviembre. El magistrado reprocha al Congreso no haber remitido oportunamente el expediente necesario para estudiar los cuestionamientos.
Esa diferencia pesa porque la regla del artículo 98 no solamente dice que un proyecto sometido a plazo debe votarse aunque no haya llegado el criterio de la Sala. También exige que la consulta sea presentada con la anticipación debida.
Cruz considera que en este caso sí hubo tiempo suficiente y que parte de la demora posterior fue provocada por la propia Asamblea. Desde esa lectura, permitir que el Congreso aprobara definitivamente el presupuesto el 9 de noviembre podía dejar a la Sala resolviendo cuando la votación ya había terminado.
Ese es probablemente el argumento más fuerte para distinguir 2026 de 2012. También obliga a mirar al Congreso.
Si la Sala pidió el expediente desde el 26 de octubre y tuvo que reclamarlo nuevamente el 4 de noviembre, la Asamblea tiene que explicar por qué un documento necesario para resolver las consultas no llegó oportunamente mientras el trámite legislativo seguía avanzando.
Reconocer esa diferencia no borra el antecedente. Permite entender dónde está realmente la discusión.
En 2012, el plazo constitucional terminó imponiéndose sobre la espera por una respuesta de la Sala. En 2026, Cruz consideró que todavía quedaba tiempo y utilizó ese margen para detener temporalmente el segundo debate. Horas después, Hess extendió el efecto práctico del freno también a la discusión.
La prueba definitiva llegará si el calendario alcanza el 29 sin que las consultas hayan sido resueltas.
Hay otro problema que no empezó con las cautelares
La disputa tampoco se limita a cuándo puede votar la Asamblea.
Las disposiciones cuestionadas condicionan el uso de recursos del Poder Judicial y establecen restricciones relacionadas con partidas y plazas. La Corte sostiene que algunas de ellas afectan su organización y funcionamiento.
Eso abre otra discusión constitucional.
El artículo 167 obliga a la Asamblea a consultar a la Corte Suprema de Justicia cuando un proyecto se refiere a la organización o funcionamiento del Poder Judicial. Si la Corte se opone y el Congreso quiere apartarse de su criterio, necesita dos terceras partes del total de diputados.
Son 38 votos.
El problema es que la Asamblea no hizo esa consulta formal.
La Corte sí comunicó por iniciativa propia sus objeciones y posteriormente llevó el asunto ante la Sala Constitucional. Sin embargo, su propia Dirección Jurídica había señalado una diferencia importante. La Corte puede pronunciarse por iniciativa propia, pero ese pronunciamiento no produce automáticamente el efecto del artículo 167 ni obliga por sí mismo a reunir 38 votos.
Consulte aquí el criterio de la Dirección Jurídica del Poder Judicial
La Presidencia de la Asamblea se apoyó precisamente en la inexistencia de una consulta formal para rechazar que el presupuesto necesitara esa mayoría calificada.
Eso no resuelve el problema anterior. Si las normas realmente afectan la organización o funcionamiento del Poder Judicial, queda por determinar qué consecuencia constitucional tiene que la Asamblea omitiera una consulta que el artículo 167 podría exigir.
La Sala tendrá que resolver ese punto.
La Corte reclama y la Sala resolverá
La forma en que llegó el caso a la Sala puede resultar confusa fuera del mundo jurídico.
La Corte Suprema de Justicia considera que varias disposiciones del presupuesto afectan al Poder Judicial. Corte Plena autorizó llevar esos cuestionamientos a la jurisdicción constitucional y las magistraturas que integran la Sala IV se inhibieron de participar en aquella votación de Corte Plena, precisamente porque después podrían tener que resolver el asunto.
Consulte aquí el acuerdo comunicado por el Poder Judicial
Corte Suprema y Sala Constitucional no son la misma instancia, aunque ambas forman parte del Poder Judicial. La Corte plantea una afectación institucional y la Sala ejerce el control constitucional sobre lo actuado por la Asamblea.
Que ambas pertenezcan al mismo poder no demuestra parcialidad de los magistrados ni permite concluir de antemano cómo resolverán.
Sí coloca una responsabilidad especial sobre la fundamentación de la decisión final. La Sala tendrá que explicar no solo si las normas presupuestarias son constitucionales, sino cómo encajan el plazo del presupuesto, el artículo 98, la omisión alegada del artículo 167 y el antecedente que ella misma dejó escrito en 2012.
El dinero está ahí, pero no puede usarse libremente
En medio de la discusión jurídica hay casi ₡30.000 millones que también necesitan una explicación sencilla.
El Poder Judicial afirma que ₡29.843,8 millones están “bloqueados” y advierte que las restricciones podrían afectar personal, tecnología, infraestructura, investigación criminal y distintos servicios judiciales.
El dinero, sin embargo, no fue eliminado del Presupuesto 2027. Forma parte de los recursos asignados al Poder Judicial, pero su utilización está sometida a requisitos adicionales.
Entre ellos aparecen estados financieros auditados, certificaciones de la Contraloría, actuaciones legislativas y una orden posterior del Ministerio de Hacienda para liberar los recursos.
Consulte aquí la explicación oficial del Poder Judicial
Por eso conviene distinguir el dinero de las condiciones para gastarlo.
El Poder Judicial sostiene que esas condiciones pueden provocar un cierre técnico y afectar servicios esenciales. Son riesgos advertidos por la propia institución, no consecuencias que ya hayan ocurrido.
La discusión constitucional consiste precisamente en determinar si esas condiciones son controles presupuestarios válidos o si interfieren de manera indebida con la organización, funcionamiento o independencia del Poder Judicial.
Lo que sabemos hoy y lo que todavía falta
El antecedente de 2012 no permite afirmar que las cautelares sean ilegales. Tampoco permite asegurar que la Sala haya cambiado definitivamente su interpretación del artículo 98.
Sí impide tratar lo ocurrido este 9 de noviembre como si no existiera historia detrás.
En 2012, la Sala recibió una consulta el 28 de noviembre y el presupuesto se votó al día siguiente sin esperar su criterio. La sentencia posterior sostuvo que el plazo constitucional permitía continuar.
En 2026, las consultas llegaron con mayor anticipación, la Sala asegura que la Asamblea demoró documentación que necesitaba y dos medidas cautelares terminaron impidiendo tanto discutir como aprobar el presupuesto en segundo debate antes del 29.
Esas diferencias pueden explicar jurídicamente por qué la respuesta no fue la misma. La resolución definitiva tendrá que demostrarlo.
Mientras tanto, queda un hecho que cualquier ciudadano puede comprobar sin escoger bando.
En 2012, una consulta pendiente no detuvo el segundo debate del Presupuesto Nacional. En 2026, dos cautelares terminaron deteniéndolo durante veinte días.
El 29 de noviembre sabremos si ambos caminos terminaban en el mismo lugar o si la diferencia era mayor de lo que hoy puede afirmarse.
