La República de los intocables debe terminar

Hay una comodidad indecente en el Estado costarricense: presentar como rendición de cuentas la explicación de por qué las cosas no se hicieron. Comparece el jerarca, se recibe el informe y el expediente engorda. El problema sigue allí. Entretanto, el ciudadano paga la demora. Hemos concedido demasiado prestigio al trámite y demasiada indulgencia al incumplimiento.

El artículo 11 de la Constitución exige evaluar resultados y rendir cuentas con responsabilidad personal. Ese mandato obliga a demostrar para qué sirvió lo actuado, corregir las deficiencias y asumir las consecuencias que correspondan. Una memoria institucional puede documentar la gestión; difícilmente puede absolverla. La República se desnaturaliza cuando sus funcionarios confunden el deber de responder con la destreza de justificarse.

La exigencia alcanza al Ejecutivo y sus ministros, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría de los Habitantes, las municipalidades y las instituciones autónomas. Incluye a las universidades y sus jerarquías, así como a las juntas directivas. Cada cual debe responder por sus competencias. La afinidad política del observador no concede derecho a repartir indulgencias.

El Índice de Cumplimiento para la Mejora 2026, elaborado por la propia Contraloría, ofrece una medida incómoda. En las 81 instituciones evaluadas se ejecutaron, en promedio, seis de cada diez acciones de mejora; cinco de cada diez entidades necesitaron más de cien días adicionales para implementarlas. La evaluación tuvo como corte junio de 2026. Identificar una deficiencia todavía no garantiza corregirla a tiempo. Y la espera tiene un costo que alguien termina pagando.

La ejecución corresponde a los administradores. La Contraloría, por su parte, debe responder por la eficacia de su fiscalización: explicar qué hace ante el incumplimiento reiterado, cuándo ejerce sus potestades y cómo verifica la utilidad de sus intervenciones. Un informe impecable puede describir una gestión deplorable. La calidad del diagnóstico no repara el daño.

En un artículo anterior hablé del “centinela dormido”. Mantengo el fondo de aquella crítica: el control pierde su razón de ser cuando se acomoda al formalismo y deja de impulsar correcciones oportunas. Es menester examinar sus puntos ciegos, la consistencia de sus criterios y los costos que sus decisiones imponen a la gestión. La Contraloría debe acreditar qué recursos protege y qué mejoras propicia. También debe responder cuando se demuestre que incumplió sus propios deberes.

Montesquieu sostuvo en Del espíritu de las leyes que la libertad requiere una organización capaz de contener el poder mediante el poder. El fiscalizador también ejerce autoridad y está sujeto a ese principio. La independencia constitucional de la Contraloría protege su función; no consagra la infalibilidad de sus titulares.

Sus actos ya están sometidos a revisión judicial y sus jerarcas deben responder ante la Asamblea. Propongo fortalecer esos controles reformando su Ley Orgánica: evaluación técnica externa e independiente del desempeño, comparecencias con seguimiento y publicidad de los criterios para priorizar riesgos y tramitar denuncias, respetando las reservas legales. La fiscalización debe preservar su independencia y mantenerse dentro de sus atribuciones. Sustituir al administrador en decisiones que la ley le encomienda desfigura la función contralora.

La fragmentación de competencias ofrece un cómodo escondite a la irresponsabilidad. Cada oficina puede exhibir su parte del expediente mientras el resultado conjunto queda huérfano. Si el control parlamentario se agota en titulares e informes, la corrección sigue esperando dueño. La Asamblea debería publicar semestralmente qué ocurrió con las recomendaciones y remisiones de sus comisiones investigadoras. Su función de control político exige ese seguimiento, sin arrogarse la potestad de dictar condenas penales.

Por eso propongo reformar a fondo la Ley General de Control Interno, número 8292. El control debe guardar proporción con el riesgo y contribuir al servicio que recibe la gente. Cada decisión necesita una autoridad competente, recursos definidos y un plazo exigible. La digitalización debe permitir reconstruir esa responsabilidad de principio a fin. Informatizar la confusión solo consigue que circule más rápido.

La Ley 10881, de marzo de 2026, reforzó funciones de auditoría, seguimiento y evaluación. Corresponde profundizar lo aprobado. Cada hallazgo relevante debe traducirse en una medida correctiva con responsable de ejecución, plazo exigible y evidencia verificable de cumplimiento. Las prórrogas legalmente admisibles deben justificarse públicamente, y el incumplimiento reiterado debe obligar a decidir, mediante resolución motivada, si procede investigar responsabilidades. El expediente solo debería cerrarse cuando se acredite la corrección material. Otro oficio no basta.

También debe reformarse la evaluación de las auditorías. El jerarca fiscalizado no debe poder utilizarla para premiar al auditor complaciente y castigar al incómodo. La evaluación prevista en 2026 requiere criterios técnicos públicos y revisión independiente. A su vez, el auditor debe responder por las omisiones culpables en el ejercicio de sus funciones. La independencia de criterio merece protección; la negligencia no puede cobijarse bajo su prestigio.

Conviene distinguir con rigor. Una decisión diligente que no produce el resultado esperado no equivale, por sí sola, a negligencia ni demuestra corrupción. La sanción exige individualizar deberes, conductas y culpabilidad; el resarcimiento requiere acreditar también el daño y la relación causal. Quien tenía obligación y medios para atender un riesgo y lo abandonó debe responder por su omisión, con debido proceso y consecuencias efectivas, incluida la separación del cargo cuando corresponda. La responsabilidad política por una mala gestión puede exigirse sin esperar una condena penal.

La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, número 8422, demanda una reforma igualmente profunda. Ya contiene deberes de probidad, sanciones y consecuencias patrimoniales. Añadir prohibiciones mientras se tolera su incumplimiento sería otra ceremonia legislativa. La OCDE documentó en marzo de 2026 que Costa Rica cumplía el 83 % de sus criterios sobre regulación disciplinaria y apenas el 17 % de los relativos a la práctica. Son indicadores del sistema, no porcentajes de funcionarios corruptos ni de impunidad.

Propongo incorporar un régimen integral de cabildeo que registre gestores e intereses representados, permita identificar las reuniones y documente las decisiones. Debe existir una autoridad responsable de verificar su cumplimiento, respetando el derecho ciudadano de petición. El contribuyente tiene derecho a conocer quién procura influir en una decisión pública y a quién representa. La gestión legítima de intereses puede defenderse a plena luz; los favores necesitan penumbra.

La reforma debe ampliar las restricciones sobre puertas giratorias más allá de ciertos contratos, incluyendo funciones regulatorias y de supervisión, con períodos proporcionales al riesgo al ingresar y salir del cargo. También debe exigir la valoración temprana del daño y asignar responsables de promover su recuperación. Es preciso publicar cifras agregadas sobre montos reclamados y efectivamente recuperados. Las medidas patrimoniales deberán respetar las garantías y el control judicial que correspondan. La solemnidad del reproche no devuelve el dinero.

En La política como vocación, Max Weber vinculó la ética de la responsabilidad con hacerse cargo de las consecuencias previsibles de la acción política. La cadena de firmas no exonera al funcionario de sus propios deberes. Esa exigencia debe llevarse a la práctica: advertencias que conduzcan a correcciones y, cuando corresponda, investigaciones y recuperación de lo debido. Hace falta proteger de represalias a quienes denuncian y dotar de capacidad técnica a quienes investigan. Toda atribución de responsabilidad debe sostenerse en competencias y pruebas.

La Tercera República que he defendido exige reorganizar el poder para que el ciudadano recupere autoridad sobre quienes administran sus recursos. Hay que revisar competencias y fusionar entidades redundantes. Las estructuras cuya utilidad pública no pueda justificarse deben cerrarse, garantizando la continuidad de los servicios esenciales. El debate presupuestario debe exigir resultados y examinar sus costos. La antigüedad de una oficina no le confiere un derecho adquirido a perpetuarse.

Esa transformación requiere una dirección pública profesional, seleccionada por mérito y sujeta a compromisos de gestión verificables. Las juntas directivas deben dejar constancia de sus decisiones y asumir las responsabilidades que procedan. En el Poder Judicial, la selección transparente, la evaluación y la disciplina deben respetar la independencia jurisdiccional. Sostengo un máximo de dos períodos para las altas magistraturas y un único período para contralor y subcontralor, con reglas de transición que respeten los mandatos en curso. La experiencia merece respeto; la apropiación de la silla merece reforma.

El cauce jurídico está definido. Las leyes 8292, 8422 y 7428 pueden reformarse dentro del marco constitucional. Modificar el régimen constitucional de magistraturas y órganos de control requiere la vía del artículo 195; una reforma general corresponde a la Constituyente prevista en el artículo 196. El programa de transformación debe fijar prioridades, responsables, costos y plazos públicos. Cada reforma tendrá que demostrar qué servicio mejora, qué demora reduce y cómo se comprueba.

Una Tercera República se acreditará en una justicia que llegue, servicios que funcionen y autoridades que respondan. También en la capacidad de corregir al propio gobierno cuando incumpla. Ningún triunfo electoral, toga, autonomía o despacho fiscalizador debe comprar indulgencia.

El ciudadano ya financia el Estado. Es hora de que deje de financiar sus excusas.

Sobre el autor

Milton Madriz Cedeño es máster y politólogo, con experiencia en administración pública y gobernanza. Fue docente universitario y director interino del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Nota editorial | MUNDO ACR

Este artículo es una columna de opinión firmada. Las ideas, interpretaciones y valoraciones son responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la posición editorial de MUNDO ACR.

Su publicación responde al compromiso del medio con la libertad de expresión, el pluralismo y la circulación de distintas corrientes de pensamiento, conforme al artículo 29 de la Constitución Política de Costa Rica y al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

MUNDO ACR mantiene su compromiso con el rigor periodístico, el respeto a los derechos de terceros y la responsabilidad editorial.