MUNDO ACR | Redacción Nacional

La toma de los edificios administrativos B y C de la Universidad de Costa Rica ya empezó a mover una discusión mucho más incómoda dentro y fuera de la universidad pública.

Porque lo que comenzó como una presión estudiantil alrededor del FEES ahora también terminó abriendo preguntas sobre quién termina asumiendo el costo y las consecuencias de una toma dentro de una institución financiada con recursos públicos.

La Rectoría de la UCR remitió al Consejo Universitario una estimación preliminar de ₡37,8 millones asociados a daños, reparaciones y recuperación de las instalaciones ocupadas entre el 22 de abril y el 13 de mayo.

Según el oficio firmado por el rector Carlos Araya Leandro, las afectaciones incluyen trabajos de mantenimiento, restauración, seguridad, telecomunicaciones, conectividad, limpieza y validaciones técnicas posteriores a la desocupación de los edificios.

Las cifras todavía son preliminares y podrían variar conforme continúen los procesos de revisión y consolidación administrativa.

La discusión empezó a cambiar cuando aparecieron los montos

El informe universitario calcula más de ₡21 millones relacionados con mantenimiento y recuperación de infraestructura, incluyendo pintura, reparaciones y mano de obra.

A eso se suman otros ₡14 millones asociados a seguridad, equipos contra incendios, cámaras de vigilancia y horas extra de personal.

Además, el Centro de Informática reportó afectaciones relacionadas con infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y validaciones de ciberseguridad.

La Notaría Institucional también dejó constancia de rayones, pintura y daños observados en paredes, columnas, puertas, pisos, ventanales, cámaras de seguridad y distintas áreas internas de los edificios.

Y ahí fue donde el conflicto empezó a verse distinto.

Porque la discusión dejó de moverse únicamente alrededor de la manifestación estudiantil y comenzó a girar también alrededor del costo que dejó la ocupación dentro de la propia universidad.

La propia UCR ya empezó a valorar posibles acciones

Otro de los puntos que aumentó la tensión fue la decisión del Consejo Universitario de solicitar a la administración valorar eventuales acciones administrativas y legales relacionadas con las afectaciones detectadas tras la toma.

La medida fue aprobada pese a que representantes estudiantiles solicitaron que no se incluyeran posibles procesos disciplinarios o legales derivados de la ocupación.

Y ahí es donde el tema empieza a abrir otra grieta delicada dentro de la universidad.

Porque una protesta nacida desde sectores de la propia comunidad universitaria ahora también podría terminar provocando procesos internos y posibles consecuencias legales.

La propia universidad ahora calcula daños, levanta actas notariales y evalúa eventuales acciones tras consecuencias surgidas de una protesta nacida dentro de la misma comunidad universitaria.

El FEES sigue de fondo… pero la conversación empezó a cambiar

La ocupación ocurrió en medio de las tensiones nacionales alrededor del Fondo Especial para la Educación Superior.

Sin embargo, conforme empezaron a aparecer cifras, actas notariales y valoraciones técnicas, la conversación empezó a cambiar.

Ya no solo se habla del FEES o del financiamiento universitario.

Ahora también empieza a discutirse cuánto terminó costando la ocupación y hasta dónde puede llegar una manifestación cuando las consecuencias terminan impactando directamente a la misma institución pública que se intentaba defender.

Y ahí aparece la contradicción más incómoda de todo el conflicto.

Porque una protesta nacida alrededor de la defensa de recursos para la educación pública terminó abriendo cuestionamientos sobre daños y costos dentro de la propia universidad estatal.

El conflicto ya dejó de verse únicamente como una protesta estudiantil

Por ahora, las cifras siguen siendo preliminares y los procesos administrativos continúan abiertos.

Pero el tema ya empezó a dividir posiciones tanto dentro como fuera de la UCR.

Mientras algunos sectores defienden la toma como parte de la presión política alrededor del FEES, otros cuestionan hasta dónde puede llegar una ocupación cuando la propia institución termina calculando daños, costos y posibles consecuencias legales.

Porque el conflicto ya no parece quedarse únicamente dentro de la UCR.

Ahora también empieza a abrir una discusión nacional sobre hasta dónde puede llegar una protesta cuando la propia institución termina calculando daños, costos y posibles consecuencias legales.

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El caso Coopeservidores sigue dejando efectos más allá de los tribunales y los procesos de liquidación.

Ahora también empieza a mover propuestas dentro de la Asamblea Legislativa.

El diputado de Pueblo Soberano, Antonio Barzuna, presentó un proyecto de ley para que ahorrantes, inversionistas y acreedores tengan una participación más activa cuando una entidad financiera regulada por la SUGEF enfrente procesos de resolución o insolvencia.

La iniciativa busca reformar la Ley 9816, normativa que precisamente se aplicó durante la liquidación de Coopeservidores.

Barzuna conoce de cerca ese tema, ya que anteriormente lideró grupos de inversionistas afectados por el caso.

Según explicó el legislador, la idea es que quienes tengan dinero comprometido en una entidad financiera no queden únicamente como observadores mientras se toman decisiones sobre el proceso.

Por eso, el proyecto plantea que exista una consulta obligatoria a una Asamblea de Acreedores durante las resoluciones financieras.

La propuesta también incluye otros cambios.

Entre ellos, eliminar divisiones dentro del Fondo de Garantía para fortalecer su funcionamiento y evitar que una misma persona pueda ocupar simultáneamente cargos como supervisor, interventor y resolutor dentro de un mismo proceso.

Según Barzuna, eso ayudaría a reforzar la transparencia y reducir posibles conflictos de interés.

El diputado sostiene que la experiencia vivida con Coopeservidores dejó lecciones importantes sobre cómo se manejan este tipo de crisis financieras en Costa Rica.

Aunque reconoce que parte de los recursos logró recuperarse, considera necesario que los afectados tengan más participación y capacidad de decisión dentro de esos procesos.

La iniciativa ahora deberá entrar a discusión en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.

Y vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que quedó abierta después del caso Coopeservidores: cuánto poder y participación deberían tener los ahorrantes cuando una entidad financiera enfrenta problemas graves.

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La discusión sobre los feriados volvió a ir más allá de las fechas históricas o los días libres.

Ahora también empieza a girar alrededor del impacto económico que pueden generar en distintas regiones del país.

La exdiputada Melina Ajoy se refirió públicamente al proyecto de ley N.º 25.593, conocido como “Feriados con Propósito”, impulsado por el diputado Wilson Jiménez, y defendió la idea de utilizar fines de semana largos como una herramienta para fortalecer economías locales, especialmente en provincias costeras.

En un video publicado en Facebook, Ajoy explicó que anteriormente había impulsado una propuesta distinta para que el 25 de julio se celebrara exactamente en su fecha, incluso cuando coincidiera entre semana, debido al valor histórico y simbólico que representa para Guanacaste y para el país.

Sin embargo, señaló que el proyecto actual tiene otra lógica.

Según explicó, la propuesta busca facilitar que familias del Gran Área Metropolitana puedan trasladarse durante fines de semana largos hacia provincias como Guanacaste, Limón o Puntarenas, generando movimiento en comercio, turismo y actividades locales.

Para Ajoy, el tema no se limita únicamente a mover feriados dentro del calendario.

La exlegisladora considera que la iniciativa intenta convertir esos fines de semana extendidos en una oportunidad para dinamizar economías regionales que dependen fuertemente del turismo y del consumo interno.

Ese enfoque vuelve a abrir una discusión que aparece constantemente en Costa Rica.

Por un lado, sectores que defienden mantener ciertas fechas exactamente en el día histórico que representan.

Y por otro, quienes consideran que algunos ajustes pueden generar beneficios económicos más amplios para regiones que viven del comercio y del turismo.

Durante su intervención, Ajoy insistió en que observa el proyecto como una oportunidad para apoyar mercados locales y fortalecer encadenamientos productivos en provincias costeras.

La iniciativa todavía deberá avanzar dentro del escenario legislativo.

Pero el tema vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que suele dividir opiniones: si los feriados deben protegerse únicamente desde su valor histórico o también desde el impacto económico que pueden generar para distintas comunidades del país.

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Las recientes declaraciones de Claudia Dobles sobre el proyecto del tren eléctrico dejaron algo claro: incluso quienes impulsaron durante años el TREM original hoy reconocen que el proyecto actual es más pequeño, más caro para el usuario y con menor alcance.

Pero detrás de esa discusión existe un tema todavía más profundo que durante años generó fuertes cuestionamientos técnicos y fiscales, quién termina pagando realmente el costo total de un sistema ferroviario de esta magnitud.

Porque una tarifa baja para el usuario no significa automáticamente que el proyecto sea más barato para el país.

Y ahí es donde aparece uno de los puntos más sensibles de toda esta historia.

Lo que Dobles reconoció públicamente

Durante su intervención legislativa del 11 de mayo de 2026, la diputada del CAC-PAC y ex impulsora del TREN original reconoció varios elementos importantes del proyecto actual:

• Que el tren aprobado es más reducido,
• Que impactará a menos personas,
• Que tiene menos infraestructura,
• y que la tarifa proyectada ronda los ₡1.500 por viaje.

Dobles incluso advirtió que ese costo podría dejar fuera a estudiantes, trabajadores y familias con ingresos limitados.

Sin embargo, sus declaraciones también terminaron reabriendo otra pregunta que durante años dividió a economistas, técnicos y sectores políticos.

¿Cómo se sostenía financieramente el proyecto original con tarifas mucho más bajas?

El punto que marcó la diferencia

El TREN impulsado años atrás proponía tarifas considerablemente menores para el usuario.

Pero distintos análisis técnicos y financieros advertían que esa accesibilidad dependía de subsidios estatales permanentes para sostener la operación del sistema.

Ahí es donde entra el concepto que muchas veces no logra explicarse claramente a la ciudadanía.

una cosa es el costo del boleto…
Y otra muy distinta es el costo total que termina asumiendo el Estado.

En modelos tipo APP (Alianza Público-Privada), utilizados internacionalmente en infraestructura, el operador privado suele exigir garantías mínimas de ingresos para reducir el riesgo financiero del proyecto.

Eso significa que, si la demanda real de pasajeros no alcanza lo proyectado, el Estado puede terminar cubriendo parte de la diferencia mediante subsidios o compensaciones operativas.

El tema que más dividió criterios

Uno de los mayores cuestionamientos que enfrentó el TREN original fue precisamente el impacto fiscal acumulado que podía generar durante décadas.

Distintos cálculos y escenarios proyectados durante aquellos años señalaban que, dependiendo del nivel de subsidio requerido, el costo operativo para el Estado podía alcanzar cifras multimillonarias a largo plazo.

Ahí es donde nace la tesis que defendieron sectores que apoyaban rediseñar o reducir el proyecto.

Que un tren más pequeño, con una tarifa más alta pero financieramente más autosostenible, podía representar menor presión futura para las finanzas públicas.

Esa fue precisamente una de las razones que terminó impulsando la discusión sobre rediseñar completamente el modelo ferroviario original.

El argumento social que volvió a aparecer.

En sus declaraciones más recientes, Dobles insistió en que una tarifa alta podría dejar por fuera a estudiantes, trabajadores y sectores vulnerables que dependen del transporte público.

Ese planteamiento vuelve a colocar sobre la mesa una preocupación legítima sobre accesibilidad social y movilidad urbana.

Sin embargo, también reabre otra de las preguntas más sensibles alrededor del proyecto ferroviario,

¿hasta qué punto puede mantenerse una tarifa baja sin trasladar parte importante del costo operativo al Estado y, por ende, a los contribuyentes?

Ese ha sido precisamente uno de los puntos donde más chocan las distintas visiones sobre el tren,
el equilibrio entre accesibilidad para el usuario y sostenibilidad financiera para el país.

La discusión cambió por completo.

Hace algunos años, gran parte de la conversación pública giraba alrededor de:

• kilómetros,
• estaciones,
• pasos a desnivel,
• velocidad,
• y modernidad del sistema.

Hoy la discusión parece haber cambiado hacia otro terreno.
La sostenibilidad financiera real del proyecto.

Porque el tema ya no es únicamente si Costa Rica necesita un tren moderno.

La verdadera pregunta ahora parece ser.

¿Qué tipo de tren puede sostener el país sin trasladar una carga fiscal permanente a futuras generaciones?.

Un proyecto más modesto… pero más viable.

Las propias palabras de Dobles terminaron mostrando algo que hace algunos años generaba enorme polarización política, que el proyecto ferroviario ideal que se presentó originalmente terminó enfrentándose a límites fiscales, operativos y políticos mucho más complejos de lo esperado.

Eso no significa que el nuevo proyecto esté libre de críticas.

La diputada del CAC-PAC señaló problemas importantes:

• menos cobertura,
• menor capacidad,
• ausencia de pasos a desnivel,
• y tarifas más altas.

Pero al mismo tiempo, terminó reconociendo indirectamente que el país hoy discute una versión más reducida y financieramente distinta a la planteada originalmente.

Y esa diferencia no es menor.

Porque el verdadero choque ya no parece estar entre “tren sí” o “tren no”.

Ahora el centro de la discusión gira alrededor de cuánto está dispuesto a pagar el Estado, y los contribuyentes, para sostener un sistema ferroviario moderno durante las próximas décadas.

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También explicamos el impacto que pueden tener las decisiones públicas sobre el bolsillo de los ciudadanos y el futuro financiero del país.

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