Juan Carlos Hidalgo sostiene que el colón fuerte no es una señal de éxito económico.

Según su artículo, detrás de esa imagen se esconden problemas que tarde o temprano terminarán pasando factura al país.

Es una crítica legítima.

Lo curioso es que varias de las afirmaciones más importantes de su texto también descansan sobre conclusiones que el lector debe aceptar sin ver todo el recorrido.

Hidalgo asegura que el colón se encuentra en niveles artificialmente altos.

Sin embargo, en la misma columna reconoce que el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera han empujado el tipo de cambio.

Entonces surge una pregunta simple.

Si esos factores también están influyendo, ¿cómo determina exactamente qué parte del fenómeno es artificial y qué parte responde al comportamiento normal de la economía?

La duda no es menor.

Porque buena parte de la columna se apoya sobre esa idea.

También afirma que la caída en la recaudación tributaria es una señal de que la economía no está tan bien como parece.

Puede ser.

Pero entre una afirmación y una demostración existe una diferencia importante.

El artículo conecta ambos elementos, pero no explica cuánto de esa caída responde al tipo de cambio y cuánto a otras variables que también afectan la actividad económica.

Hay otro detalle que pasa casi desapercibido.

Hidalgo afirma que el Gobierno captó alrededor de $3.500 millones en mercados internacionales y que esos recursos terminaron financiando gasto corriente.

Si esa afirmación es correcta, podría ser una de las acusaciones más serias de toda la columna.

Sin embargo, el tema aparece apenas unas líneas y luego desaparece.

No se detallan montos específicos destinados a gasto corriente.

No se explica qué porcentaje de esos recursos tuvo ese destino.

No se desarrolla la afirmación con la misma profundidad con la que se desarrollan otros argumentos del texto.

Y eso llama la atención.

Porque si realmente ahí se encuentra una de las raíces del problema, probablemente merecía más espacio que la propia discusión sobre el tipo de cambio.

Tampoco queda claro cuál sería la alternativa que Hidalgo considera adecuada.

El lector termina sabiendo qué rechaza, pero no cuál es el nivel de tipo de cambio que considera saludable para la economía costarricense.

Y ahí aparece otro elemento que merece análisis..

La columna cuestiona que el Gobierno presente una lectura parcial de la economía.

Pero al mismo tiempo construye una explicación donde casi todo termina apuntando hacia la misma conclusión.

Colón fuerte.

Menor dinamismo en algunos sectores.

Menor recaudación.

Más deuda externa.

Problemas futuros.

La pregunta es si la realidad económica es tan lineal como plantea el artículo.

Porque cuando una explicación logra conectar tantas piezas distintas bajo una sola causa, también vale la pena preguntarse qué factores podrían haber quedado fuera del cuadro.

Al final, la discusión no gira únicamente alrededor del Gobierno.

También gira alrededor de la propia columna.

Porque si se va a exigir evidencia para sostener una narrativa económica, esa misma exigencia debería aplicarse a cualquier explicación alternativa.

Y ahí es donde el lector tiene una tarea importante: separar qué partes del argumento están demostradas, cuáles son interpretaciones y cuáles todavía requieren más evidencia para sostener una conclusión tan contundente como la que plantea Hidalgo.

Lo importante no es escoger entre una versión u otra. Lo importante es revisar qué está demostrado, qué sigue siendo una interpretación y qué preguntas todavía esperan respuesta. Cuando una explicación parece resolverlo todo, también vale la pena preguntarse qué piezas podrían estar faltando.

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MUNDO ACR | Redacción Nacional

La toma de los edificios administrativos B y C de la Universidad de Costa Rica ya empezó a mover una discusión mucho más incómoda dentro y fuera de la universidad pública.

Porque lo que comenzó como una presión estudiantil alrededor del FEES ahora también terminó abriendo preguntas sobre quién termina asumiendo el costo y las consecuencias de una toma dentro de una institución financiada con recursos públicos.

La Rectoría de la UCR remitió al Consejo Universitario una estimación preliminar de ₡37,8 millones asociados a daños, reparaciones y recuperación de las instalaciones ocupadas entre el 22 de abril y el 13 de mayo.

Según el oficio firmado por el rector Carlos Araya Leandro, las afectaciones incluyen trabajos de mantenimiento, restauración, seguridad, telecomunicaciones, conectividad, limpieza y validaciones técnicas posteriores a la desocupación de los edificios.

Las cifras todavía son preliminares y podrían variar conforme continúen los procesos de revisión y consolidación administrativa.

La discusión empezó a cambiar cuando aparecieron los montos

El informe universitario calcula más de ₡21 millones relacionados con mantenimiento y recuperación de infraestructura, incluyendo pintura, reparaciones y mano de obra.

A eso se suman otros ₡14 millones asociados a seguridad, equipos contra incendios, cámaras de vigilancia y horas extra de personal.

Además, el Centro de Informática reportó afectaciones relacionadas con infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y validaciones de ciberseguridad.

La Notaría Institucional también dejó constancia de rayones, pintura y daños observados en paredes, columnas, puertas, pisos, ventanales, cámaras de seguridad y distintas áreas internas de los edificios.

Y ahí fue donde el conflicto empezó a verse distinto.

Porque la discusión dejó de moverse únicamente alrededor de la manifestación estudiantil y comenzó a girar también alrededor del costo que dejó la ocupación dentro de la propia universidad.

La propia UCR ya empezó a valorar posibles acciones

Otro de los puntos que aumentó la tensión fue la decisión del Consejo Universitario de solicitar a la administración valorar eventuales acciones administrativas y legales relacionadas con las afectaciones detectadas tras la toma.

La medida fue aprobada pese a que representantes estudiantiles solicitaron que no se incluyeran posibles procesos disciplinarios o legales derivados de la ocupación.

Y ahí es donde el tema empieza a abrir otra grieta delicada dentro de la universidad.

Porque una protesta nacida desde sectores de la propia comunidad universitaria ahora también podría terminar provocando procesos internos y posibles consecuencias legales.

La propia universidad ahora calcula daños, levanta actas notariales y evalúa eventuales acciones tras consecuencias surgidas de una protesta nacida dentro de la misma comunidad universitaria.

El FEES sigue de fondo… pero la conversación empezó a cambiar

La ocupación ocurrió en medio de las tensiones nacionales alrededor del Fondo Especial para la Educación Superior.

Sin embargo, conforme empezaron a aparecer cifras, actas notariales y valoraciones técnicas, la conversación empezó a cambiar.

Ya no solo se habla del FEES o del financiamiento universitario.

Ahora también empieza a discutirse cuánto terminó costando la ocupación y hasta dónde puede llegar una manifestación cuando las consecuencias terminan impactando directamente a la misma institución pública que se intentaba defender.

Y ahí aparece la contradicción más incómoda de todo el conflicto.

Porque una protesta nacida alrededor de la defensa de recursos para la educación pública terminó abriendo cuestionamientos sobre daños y costos dentro de la propia universidad estatal.

El conflicto ya dejó de verse únicamente como una protesta estudiantil

Por ahora, las cifras siguen siendo preliminares y los procesos administrativos continúan abiertos.

Pero el tema ya empezó a dividir posiciones tanto dentro como fuera de la UCR.

Mientras algunos sectores defienden la toma como parte de la presión política alrededor del FEES, otros cuestionan hasta dónde puede llegar una ocupación cuando la propia institución termina calculando daños, costos y posibles consecuencias legales.

Porque el conflicto ya no parece quedarse únicamente dentro de la UCR.

Ahora también empieza a abrir una discusión nacional sobre hasta dónde puede llegar una protesta cuando la propia institución termina calculando daños, costos y posibles consecuencias legales.

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El caso Coopeservidores sigue dejando efectos más allá de los tribunales y los procesos de liquidación.

Ahora también empieza a mover propuestas dentro de la Asamblea Legislativa.

El diputado de Pueblo Soberano, Antonio Barzuna, presentó un proyecto de ley para que ahorrantes, inversionistas y acreedores tengan una participación más activa cuando una entidad financiera regulada por la SUGEF enfrente procesos de resolución o insolvencia.

La iniciativa busca reformar la Ley 9816, normativa que precisamente se aplicó durante la liquidación de Coopeservidores.

Barzuna conoce de cerca ese tema, ya que anteriormente lideró grupos de inversionistas afectados por el caso.

Según explicó el legislador, la idea es que quienes tengan dinero comprometido en una entidad financiera no queden únicamente como observadores mientras se toman decisiones sobre el proceso.

Por eso, el proyecto plantea que exista una consulta obligatoria a una Asamblea de Acreedores durante las resoluciones financieras.

La propuesta también incluye otros cambios.

Entre ellos, eliminar divisiones dentro del Fondo de Garantía para fortalecer su funcionamiento y evitar que una misma persona pueda ocupar simultáneamente cargos como supervisor, interventor y resolutor dentro de un mismo proceso.

Según Barzuna, eso ayudaría a reforzar la transparencia y reducir posibles conflictos de interés.

El diputado sostiene que la experiencia vivida con Coopeservidores dejó lecciones importantes sobre cómo se manejan este tipo de crisis financieras en Costa Rica.

Aunque reconoce que parte de los recursos logró recuperarse, considera necesario que los afectados tengan más participación y capacidad de decisión dentro de esos procesos.

La iniciativa ahora deberá entrar a discusión en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.

Y vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que quedó abierta después del caso Coopeservidores: cuánto poder y participación deberían tener los ahorrantes cuando una entidad financiera enfrenta problemas graves.

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La discusión sobre los feriados volvió a ir más allá de las fechas históricas o los días libres.

Ahora también empieza a girar alrededor del impacto económico que pueden generar en distintas regiones del país.

La exdiputada Melina Ajoy se refirió públicamente al proyecto de ley N.º 25.593, conocido como “Feriados con Propósito”, impulsado por el diputado Wilson Jiménez, y defendió la idea de utilizar fines de semana largos como una herramienta para fortalecer economías locales, especialmente en provincias costeras.

En un video publicado en Facebook, Ajoy explicó que anteriormente había impulsado una propuesta distinta para que el 25 de julio se celebrara exactamente en su fecha, incluso cuando coincidiera entre semana, debido al valor histórico y simbólico que representa para Guanacaste y para el país.

Sin embargo, señaló que el proyecto actual tiene otra lógica.

Según explicó, la propuesta busca facilitar que familias del Gran Área Metropolitana puedan trasladarse durante fines de semana largos hacia provincias como Guanacaste, Limón o Puntarenas, generando movimiento en comercio, turismo y actividades locales.

Para Ajoy, el tema no se limita únicamente a mover feriados dentro del calendario.

La exlegisladora considera que la iniciativa intenta convertir esos fines de semana extendidos en una oportunidad para dinamizar economías regionales que dependen fuertemente del turismo y del consumo interno.

Ese enfoque vuelve a abrir una discusión que aparece constantemente en Costa Rica.

Por un lado, sectores que defienden mantener ciertas fechas exactamente en el día histórico que representan.

Y por otro, quienes consideran que algunos ajustes pueden generar beneficios económicos más amplios para regiones que viven del comercio y del turismo.

Durante su intervención, Ajoy insistió en que observa el proyecto como una oportunidad para apoyar mercados locales y fortalecer encadenamientos productivos en provincias costeras.

La iniciativa todavía deberá avanzar dentro del escenario legislativo.

Pero el tema vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que suele dividir opiniones: si los feriados deben protegerse únicamente desde su valor histórico o también desde el impacto económico que pueden generar para distintas comunidades del país.

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