Un exasesor de la Asamblea Legislativa no aparece tras una deuda que ahora la institución intenta recuperar.

El monto no es menor: ¢5.743.115, según datos del propio Congreso.

Al no ubicarlo, su nombre fue publicado en La Gaceta, que es el paso que se usa cuando no logran notificar a alguien directamente.

José Abraham Carvajal, el exfuncionario trabajó como asesor de de despacho legislativo del diputado independiente Leslye Bojorges, durante parte del 2024. Tiempo después, detectaron que el puesto que ocupaba exigía un nivel académico que no tenía, lo que generó una diferencia en el salario que recibió.

Esa diferencia es la que hoy le están cobrando.

Según explicó la parte legal de la Asamblea, primero intentaron resolverlo conversando. Él incluso planteó devolver el dinero, pero en un plazo más largo de lo que normalmente se acepta, así que no hubo acuerdo.

Después intentaron ubicarlo.

Fueron a la dirección que tenía registrada, pero no lograron encontrarlo. También hubo contacto telefónico, con la promesa de que se presentaría, pero eso no ocurrió.

Con ese panorama, la institución avanzó al siguiente paso, publicar el caso en La Gaceta para darlo por notificado.

A partir de ahí, el escenario cambia.

Si no responde ni se presenta, el caso puede escalar a cobro judicial, lo que implica que el Estado intentaría recuperar el dinero por la vía legal.

Se trata de dinero público que salió de más, de una persona que no ha respondido como se esperaba y de un caso que ya dejó de ser interno para volverse oficial.

Ahora queda ver si aparece para resolverlo… o si todo termina en tribunales.

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La presidente electa, Laura Fernández Delgado, le escribió al presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre Gómez. El mensaje no se quedó en formalidades. En el texto deja claro cómo llega al poder, con una mayoría legislativa amplia y con una agenda centrada en seguridad. A partir de ahí, el contenido cambia de tono.

Reconoce acciones impulsadas desde el Ejecutivo en los últimos años, pero enfoca la atención en otro lado. Señala que el problema de la inseguridad no se resuelve solo desde la policía o el gobierno, y coloca al Poder Judicial dentro de esa discusión.
No lo plantea como un matiz ni como una diferencia técnica. Lo presenta como parte del problema.

Al mismo tiempo, no cierra la puerta. Habla de cambios dentro del sistema judicial, de modernizarlo y de respaldar a quienes trabajan dentro de la institución. La crítica viene acompañada de una intención de intervenir en cómo funciona ese engranaje.

También deja ver cómo se va a mover en esa relación. Marca respeto por la división de poderes, pero no adopta una posición distante. Más bien anticipa que va a opinar y a presionar desde su rol.

El cierre mantiene esa misma línea. Propone reunirse después del 8 de mayo, ya como presidenta en funciones.
Lo que queda planteado no es solo una reunión. Es el tipo de relación que podría venir: directa, con señalamientos abiertos y con intención de cambio sobre la mesa.

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Mediante la sentencia 2026-7626, la Sala Constitucional resolvió con lugar el recurso contra los concursos públicos convocados por Sutel en 2025 para AM, FM y televisión abierta.

La decisión por la cual la Sala IV anula subasta de frecuencias establece que el espectro radioeléctrico no puede asignarse únicamente bajo lógica de capacidad económica si ello afecta la diversidad de medios y contenidos.

En consecuencia, se anulan los procedimientos y se ordena garantizar la continuidad de los servicios actuales mientras se diseñan nuevos concursos que incorporen criterios de pluralismo.

Impacto de la decisión.

El fallo mediante el cual la Sala IV anula subasta de frecuencias no redefine los montos del canon vigente, pero sí obliga a replantear el modelo de adjudicación.

Dos magistrados salvaron el voto proponiendo un nuevo concurso en tres meses. Otra magistrada consideró que debía continuarse la instrucción.
Contexto normativo

Costa Rica mantiene vigente un impuesto nominal fijado en 1954 por la Ley de Radio N° 1758, con montos entre ₡1.000 y ₡3.000 anuales.

Desde 2008 rige además el Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico (CRER), calculado anualmente por Sutel.

Con esta sentencia, la Sala IV anula subasta de frecuencias y traslada el debate al equilibrio entre valor económico y pluralismo informativo.

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Operativo y gestión diplomática
La Fuerza Pública capturó a 15 coligalleros en las cercanías de Crucitas y del Cerro Conchudita.
El despliegue ocurrió casi al mismo tiempo que una gestión diplomática. Costa Rica solicitó a Nicaragua reforzar la vigilancia en el río San Juan, señalado como posible vía de salida de sedimentos mineros.
Las autoridades nicaragüenses respondieron afirmativamente. Ambas partes acordaron una reunión en Peñas Blancas.
El río San Juan es soberano de Nicaragua. El patrullaje directo en sus aguas depende exclusivamente de ese país.

Concesiones del lado nicaragüense
El reportaje también analiza lo que sucede al otro lado de la frontera.
Según publicaciones oficiales en La Gaceta de Nicaragua, entre julio y septiembre de 2025 se otorgaron al menos cuatro concesiones mineras en el departamento de Río San Juan.
En conjunto abarcan cerca de 1.500 kilómetros cuadrados.
Tres fueron adjudicadas a Thomas Metal Sociedad Anónima y una a Xiongfu Development S.A., en zonas próximas al límite con Costa Rica.
La existencia de actividad industrial en esa franja introduce un elemento económico evidente. Si hay capacidad para procesar material, la minería ilegal en Crucitas encuentra un mercado cercano.

Antecedente del OIJ
El informe recuerda que en 2020 el Organismo de Investigación Judicial comunicó a la Sala Constitucional que el oro extraído ilegalmente podría estar saliendo no solo por el río San Juan.
También mencionó la posibilidad de salida por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
En ese momento se advirtió sobre estructuras de transporte y comercialización que debían investigarse.
No se divulgaron nombres ni existen sentencias judiciales firmes derivadas de ese reporte.
Impacto económico y ambiental.

Las pérdidas asociadas a la minería ilegal en Crucitas han sido estimadas en montos millonarios.
Algunas proyecciones han superado los 200 millones de dólares anuales, dependiendo del volumen extraído y del precio internacional del oro.
A esto se suma el daño ambiental acumulado en una zona que ya tenía antecedentes judiciales desde la concesión otorgada años atrás a Infinito Gold y la posterior prohibición de la minería a cielo abierto.

Lo que sigue
Lo ocurrido esta semana muestra la dimensión inmediata del problema.
La incógnita es si la coordinación entre ambos países logrará impactar algo más que el punto visible de la extracción.

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