POR MUNDO ACR | Levantar los muros tomó meses. Lo difícil empieza cuando se cierren las puertas.

Dos días después de inaugurar la nueva cárcel de alta contención, Laura Fernández recorrió el CECOT junto con autoridades costarricenses de seguridad. La infraestructura ya está construida. El Gobierno quiere conocer ahora cómo opera por dentro el sistema que tomó como referencia.

El miércoles, Laura Fernández inauguró en Costa Rica una cárcel de alta contención con capacidad para 5.100 personas. El viernes estaba en El Salvador recorriendo el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

La cercanía entre ambas fechas no fue casual.

Cuando anunció el viaje, durante la propia inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), Fernández explicó que Costa Rica ya tenía la infraestructura y que quería estudiar a profundidad los modelos operativos y el funcionamiento cotidiano del sistema salvadoreño.

El CACCO tomó como referencia la experiencia de El Salvador y su construcción contó con asistencia técnica salvadoreña. Nayib Bukele había participado en enero en el inicio oficial de las obras durante la administración de Rodrigo Chaves.

Esta vez, sin embargo, Costa Rica no fue a mirar planos.

Fernández recorrió el CECOT y conoció sus anillos de seguridad, sistemas de videovigilancia, controles biométricos, pabellones y celdas de aislamiento. Después se reunió con Bukele en Casa Presidencial.

Al final de la jornada, ambos mandatarios acordaron fortalecer la cooperación en seguridad y la lucha contra el crimen transnacional, uno de los resultados centrales de la visita oficial, según Diario El Salvador.

Dos días entre una cárcel y otra

El CACCO fue inaugurado el 14 de octubre en el complejo penitenciario La Reforma, en Alajuela. La obra costó aproximadamente ₡16.774 millones y fue concebida para albergar personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad y vinculadas con estructuras de crimen organizado.

Sus primeros traslados están previstos para finales de octubre. (Reuters)

Dos días después de abrirlo oficialmente, Fernández llegó al lugar que sirvió como una de sus principales referencias.

La presidenta había adelantado exactamente qué buscaba.

“Ya tenemos la infraestructura”, dijo al anunciar el viaje. Lo que quería estudiar ahora eran los modelos operativos y el día a día del CECOT.

Después de recorrerlo, mantuvo esa línea. Dijo que había ido a conocer la experiencia directamente, aprender de lo que había funcionado y aprovechar aquellas lecciones que pudieran servir para Costa Rica.

El interés costarricense, por tanto, ya no está únicamente en cómo construir una instalación de máxima seguridad. Está también en cómo administrarla.

El CECOT es solo una parte

Aquí aparece una diferencia que las imágenes de ambas cárceles pueden esconder.

El CECOT forma parte de una política salvadoreña mucho más amplia. Desde 2022, El Salvador mantiene un régimen de excepción bajo el cual decenas de miles de personas han sido detenidas durante la ofensiva contra las pandillas.

La caída de los homicidios ha sido extraordinaria. También existen cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por detenciones arbitrarias, condiciones penitenciarias y garantías procesales.

Costa Rica enfrenta otro fenómeno criminal.

El país alcanzó un récord de homicidios en 2023 y mantuvo cifras elevadas durante los dos años siguientes. Buena parte de esa violencia está asociada con disputas entre organizaciones vinculadas al narcotráfico. (Reuters)

Bukele hizo esa distinción durante la visita. Reconoció que Costa Rica se encuentra lejos de los niveles de criminalidad que llegó a padecer El Salvador y que las realidades de ambos países son diferentes. (Infobae)

Eso pone un límite importante a cualquier comparación automática entre el CECOT y el CACCO. Costa Rica puede estudiar procedimientos salvadoreños, pero deberá aplicarlos dentro de su propio sistema jurídico y frente a estructuras criminales distintas.

La relación no empezó con el CACCO

El acercamiento en seguridad entre San José y San Salvador venía avanzando antes de esta visita.

El diseño del CACCO tomó como referencia el modelo penitenciario salvadoreño y recibió asistencia técnica de ese país. Costa Rica y El Salvador mantienen además cooperación bilateral en distintas áreas, incluida seguridad.

El encuentro entre Fernández y Bukele agregó ahora otro componente.

Ambos mandatarios acordaron profundizar la cooperación frente al crimen transnacional y hablaron de intercambiar experiencias y coordinar esfuerzos frente a organizaciones que operan entre países. Fernández sostuvo que Costa Rica y El Salvador han unido esfuerzos, inteligencia y experiencias frente al narcotráfico y otras formas de criminalidad organizada.

La información divulgada hasta ahora permite conocer ese objetivo general. No alcanza todavía para determinar qué mecanismos operativos concretos tendrá esa cooperación.

Y ese detalle importa.

Una cooperación de inteligencia puede terminar siendo mucho más relevante para Costa Rica que cualquier parecido físico entre dos cárceles si consigue producir información útil sobre estructuras, rutas, dinero y conexiones criminales que atraviesan fronteras.

Eso habrá que medirlo cuando existan resultados.

La prueba empieza cuando cierre la puerta

El CACCO ya está construido.

Tiene capacidad para 5.100 personas, sus primeros traslados se acercan y el Gobierno acaba de observar directamente cómo funciona la prisión que utilizó como referencia.

La visita a El Salvador deja entonces una pregunta más concreta que la discusión sobre si Costa Rica está copiando o no a Bukele.

¿Qué ocurrirá cuando el CACCO empiece a funcionar?

Ahí se podrá observar qué prácticas salvadoreñas adopta Costa Rica, cuáles descarta y qué resultados obtiene dentro de una realidad criminal, institucional y jurídica diferente.

Porque la fotografía más fácil ya existe: dos megacárceles, dos presidentes y una cooperación cada vez más cercana.

La historia difícil comienza cuando entren los primeros privados de libertad.

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POR MUNDO ACR Una nueva prisión para enfrentar un problema que también opera detrás de los barrotes.

La presidenta Laura Fernández inauguró este miércoles 14 de octubre el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), construido dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela. La instalación tiene capacidad para 5.100 personas privadas de libertad y está destinada a reforzar el control sobre integrantes de estructuras criminales considerados de alta peligrosidad.

La inauguración marca la conclusión de una obra que comenzó durante la administración de Rodrigo Chaves. Sin embargo, el centro todavía no recibe a la población penitenciaria para la que fue construido. Los primeros traslados están previstos para finales de octubre, después de que los funcionarios completen los preparativos operativos.

El acto también sirvió para anunciar nuevas decisiones en materia de seguridad. Fernández comunicó una declaratoria contra organizaciones narcotraficantes extranjeras, confirmó que viajará a El Salvador para conocer el funcionamiento de su sistema penitenciario y criticó la ausencia de representantes del Poder Judicial.

Cinco módulos y más de ₡16 mil millones

El CACCO está compuesto por cinco módulos independientes, cada uno con capacidad para aproximadamente 1.020 personas. La inversión asciende a unos ₡16.774 millones, según la cifra comunicada durante la inauguración.

El establecimiento fue concebido para alojar a población penitenciaria de alto perfil criminal, particularmente personas vinculadas con estructuras de delincuencia organizada. Las autoridades prevén trasladar inicialmente a privados de libertad que ya permanecen bajo regímenes de alta seguridad.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, explicó que el nuevo centro contará con vigilancia permanente, movimientos controlados y uniformes obligatorios. El objetivo anunciado es impedir que integrantes de organizaciones criminales continúen coordinando delitos desde prisión.

Durante su intervención, Aguilar también advirtió sobre las consecuencias para los funcionarios penitenciarios que colaboren con actividades delictivas. El Gobierno sostiene que el nuevo régimen permitirá recuperar el control de espacios donde las estructuras criminales han mantenido influencia.

Fernández reconoció el trabajo desarrollado durante las administraciones de Chaves y la suya, así como la participación de los funcionarios encargados de ejecutar el proyecto.

La apertura de los módulos permitirá comenzar a aplicar un modelo penitenciario que, hasta ahora, ha sido presentado principalmente mediante sus instalaciones y las medidas de seguridad anunciadas.

Fernández anuncia medidas contra carteles extranjeros

La presidenta aprovechó la ceremonia para anunciar que Costa Rica declara como organizaciones narcoterroristas a varios carteles mexicanos y grupos armados colombianos.

Entre las organizaciones mencionadas figuran los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noroeste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Carteles Unidos.

La lista anunciada también incluye a las FARC, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Colombia.

Fernández vinculó la decisión con la cooperación internacional contra el narcotráfico y destacó el respaldo de Estados Unidos en materia de seguridad.

El anuncio amplía la agenda presentada por el Ejecutivo durante la inauguración. Además del control penitenciario dentro del país, el Gobierno busca fortalecer su respuesta frente a organizaciones criminales transnacionales.

El viernes viajará a El Salvador

Fernández confirmó que este viernes 16 de octubre viajará a El Salvador, donde tiene previsto reunirse con el presidente Nayib Bukele y conocer de primera mano el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

La nueva cárcel costarricense tomó como referencia elementos del modelo penitenciario salvadoreño. La cooperación entre ambos gobiernos ha formado parte del desarrollo del proyecto.

Ahora el interés de Fernández está en los procedimientos utilizados para administrar una instalación de alta seguridad. La presidenta pretende conocer prácticas de vigilancia, organización y control que puedan resultar útiles para el CACCO.

La visita se producirá apenas dos días después de la inauguración del centro costarricense.

Las sillas vacías provocaron críticas

La ausencia de representantes del Poder Judicial también tuvo protagonismo durante la ceremonia.

Rodrigo Chaves, expresidente de la República y actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, cuestionó que jerarcas judiciales invitados no asistieran al acto.

Chaves hizo referencia a las sillas reservadas para esas autoridades y criticó a quienes, desde su perspectiva, han obstaculizado las iniciativas del Ejecutivo en materia de seguridad.

Fernández también manifestó su molestia. Al iniciar su intervención, hizo referencia a los magistrados ausentes y posteriormente utilizó la expresión «salados» al hablar de quienes no participaron en la actividad.

Las críticas evidenciaron que las diferencias entre el Ejecutivo y sectores del Poder Judicial también estuvieron presentes durante la inauguración de una de las principales obras penitenciarias impulsadas por el Gobierno.

El CACCO ya está construido. Ahora viene su funcionamiento

Con la inauguración, Costa Rica incorpora una instalación penitenciaria diseñada para concentrar a miles de personas privadas de libertad bajo un régimen de alta contención.

El siguiente paso será comenzar los traslados y aplicar las medidas anunciadas por el Ministerio de Justicia. Ahí se pondrán a prueba los controles destinados a restringir comunicaciones ilícitas, extorsiones y otras actividades criminales dirigidas desde prisión.

La jornada también dejó anuncios que van más allá de la infraestructura. El Gobierno comunicó nuevas medidas contra organizaciones narcotraficantes extranjeras y confirmó que buscará ampliar su conocimiento del sistema penitenciario salvadoreño.

Por ahora, el CACCO tiene cinco módulos terminados, capacidad para 5.100 personas y una fecha prevista para recibir a sus primeros ocupantes.

MUNDO ACR | El CACCO ya tiene edificio. Ahora le toca demostrar para qué fue construido.

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POR MUNDO ACR | La Corte reclama las llaves del presupuesto. El ciudadano tiene derecho a revisar qué se hace con cada colón.

Jorge Leiva, magistrado de la Sala Primera, lanzó una fuerte advertencia durante la discusión de la Corte Suprema de Justicia sobre el presupuesto nacional de 2027.

“Nunca, nunca ha habido un proyecto de ley de tanta relevancia para que esta Corte pueda administrar y el Poder Judicial pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales”, afirmó.

La preocupación del magistrado tiene una explicación concreta. El proyecto de presupuesto contempla recursos para el Poder Judicial cuya utilización dependería de requisitos y autorizaciones adicionales. La discusión involucra casi ₡30 mil millones y plantea hasta dónde pueden llegar los controles sobre el gasto judicial.

El expediente legislativo 25.754 contempla aproximadamente ₡530.973 millones para el Poder Judicial. De esa cantidad, ₡29.843,8 millones quedarían sujetos a condiciones establecidas mediante normas de ejecución, según la información publicada por el propio Poder Judicial.

La suma equivale aproximadamente al 5,6% del presupuesto propuesto.

El dinero aparece, pero no estaría disponible de inmediato

Los casi ₡30 mil millones no fueron eliminados del presupuesto. Permanecen contemplados en el proyecto, aunque para utilizarlos sería necesario cumplir una serie de condiciones.

Entre los requisitos mencionados por el Poder Judicial figuran estados financieros auditados, certificaciones de la Contraloría General de la República, actuaciones de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, aprobación del Plenario y una orden final del Ministerio de Hacienda para desbloquear los recursos.

La institución advierte que el procedimiento propuesto no establece un plazo cierto para disponer del dinero, incluso después de completar los trámites correspondientes.

Esa es una parte importante del conflicto. La Corte cuestiona que la utilización de recursos incluidos en su presupuesto dependa de decisiones posteriores de otras instancias.

El control del dinero público es necesario. También corresponde determinar si los procedimientos propuestos respetan las competencias institucionales y permiten atender oportunamente los servicios que debe prestar el Poder Judicial.

Las 2.463 plazas que podrían verse afectadas

La Corte ha advertido sobre 2.463 plazas vacantes que actualmente son utilizadas mediante nombramientos interinos.

Una plaza vacante no siempre significa que haya un escritorio sin funcionario. Puede tratarse de un puesto sin nombramiento en propiedad, pero ocupado temporalmente por una persona que trabaja en la institución.

Por eso, las restricciones sobre plazas vacantes podrían afectar puestos que actualmente participan en la prestación de servicios.

El Poder Judicial sostiene que las normas propuestas podrían repercutir en investigaciones del Organismo de Investigación Judicial, tecnología, infraestructura, Defensa Pública y otras áreas.

Son consecuencias advertidas por la institución. Su alcance dependerá de las disposiciones que finalmente apruebe la Asamblea Legislativa y de cómo se apliquen.

El dato de las plazas también deja abierta otra discusión. Para conocer las necesidades reales de personal no basta con contar puestos. Importa examinar las cargas de trabajo, los tiempos de atención y los resultados de los servicios judiciales.

La discusión presupuestaria comenzó meses atrás

El conflicto tiene antecedentes anteriores a las declaraciones de Leiva.

El 25 de mayo, Corte Plena aprobó su anteproyecto presupuestario para 2027 después de realizar ajustes para adecuarlo a los límites comunicados por el Ministerio de Hacienda.

El proceso quedó registrado en el acta oficial de Corte Plena.

En aquella etapa se aprobó un anteproyecto de aproximadamente ₡530.183 millones y se discutieron necesidades relacionadas con infraestructura, tecnología y funcionamiento institucional.

Posteriormente, el proyecto nacional presentado a la Asamblea Legislativa contempló aproximadamente ₡530.973 millones para el Poder Judicial e incorporó las normas de ejecución que ahora generan cuestionamientos.

Los ajustes realizados durante la elaboración del anteproyecto y las condiciones propuestas para ejecutar determinados recursos corresponden a momentos diferentes del proceso presupuestario.

La Contraloría también cuestionó las condiciones

Las objeciones no provienen únicamente del Poder Judicial.

La Contraloría General de la República también ha advertido sobre posibles problemas de constitucionalidad en disposiciones del proyecto presupuestario que condicionan recursos y le asignan funciones al órgano contralor.

Su posición añade un elemento importante al análisis. Las normas deben examinarse tanto por su finalidad de fiscalización como por las competencias que atribuyen a las instituciones encargadas de aplicarlas.

Estas observaciones no constituyen una declaratoria judicial de inconstitucionalidad. El proyecto continúa sujeto al trámite legislativo.

Leiva también cuestionó una decisión dentro de la Corte

Durante su intervención, el magistrado señaló otro asunto relacionado con la forma en que se tramitó la discusión.

Leiva cuestionó que la Presidencia de la Corte hubiera solicitado un informe a la Dirección Jurídica antes de que el tema fuera conocido por Corte Plena.

“Entiendo prematuro que la Presidencia haya solicitado un informe para un asunto que debía ser conocido por Corte y que era competencia de Corte”, manifestó.

También sostuvo que las solicitudes de informes jurídicos sobre asuntos de competencia de Corte Plena deberían contar con la aprobación de ese órgano.

La declaración evidencia una diferencia interna sobre el procedimiento seguido. Por sí sola, no demuestra que la Presidencia haya actuado fuera de sus atribuciones.

El episodio muestra que, mientras la Corte cuestiona las autorizaciones externas sobre sus recursos, también existen discrepancias dentro de la institución acerca de cómo deben adoptarse determinadas decisiones.

El presupuesto y las cuentas pendientes

El expediente 25.754 todavía debe completar su trámite legislativo. Las normas de ejecución pueden cambiar antes de la aprobación definitiva del presupuesto 2027.

Por ahora, casi ₡30 mil millones permanecen contemplados en la propuesta presupuestaria judicial, pero su utilización quedaría sometida a requisitos y autorizaciones adicionales.

La Corte advierte sobre posibles consecuencias para sus servicios. La Contraloría ha formulado objeciones a determinadas disposiciones. La Asamblea Legislativa deberá resolver qué condiciones mantiene y cuáles modifica.

Para el ciudadano también queda una cuestión que merece seguimiento. El Poder Judicial tiene propuestos más de ₡530 mil millones para 2027, una cantidad cuya administración debe acompañarse de información clara sobre gastos, necesidades y resultados.

Los controles presupuestarios deben tener fundamento y funcionar adecuadamente. La independencia judicial tampoco exime a la institución de explicar cómo utiliza los recursos públicos.

MUNDO ACR seguirá el expediente 25.754 durante su trámite legislativo. La Corte reclama autonomía para administrar su presupuesto. Los ciudadanos también tienen derecho a conocer cuánto cuesta la justicia, cuánto tarda y qué resultados ofrece con los recursos que recibe.

La Corte exige autonomía para manejar sus millones. El ciudadano no debería necesitar una orden judicial para saber qué resultados obtiene con ellos.

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POR MUNDO ACR Una conferencia terminó en Zapote. Cuatro historias siguieron afuera.

Dos personas asesinadas dentro de un Ebáis, la cooperación de la DEA en Costa Rica, el recibo de agua para 2027 y una frase pronunciada en agosto por Freddy González terminaron este miércoles frente al mismo micrófono.

La conferencia de Laura Fernández recorrió asuntos que poco tienen que ver entre sí. Algunos dejaron anuncios concretos del Gobierno; otros, una posición presidencial ante hechos que continúan bajo investigación. Vistos juntos permiten reconstruir una jornada que pasó de la violencia y el narcotráfico a los servicios públicos y cerró una respuesta que Casa Presidencial tenía pendiente desde agosto.

“Que caiga el que tenga que caer”

Fernández defendió la continuidad del trabajo de la DEA en Costa Rica y extendió esa posición a la cooperación con el FBI y otras agencias estadounidenses. “Que caiga el que tenga que caer”, afirmó al referirse a las investigaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios policiales y estructuras criminales.

El asunto no comenzó este miércoles. En agosto, el Gobierno informó sobre un documento de inteligencia relacionado con 122 policías y posibles nexos con actividades criminales. El ministro de Seguridad, Gerald Campos, explicó entonces que un informe de inteligencia no constituye por sí mismo una prueba contra esos funcionarios y que cada caso debe investigarse y sustentarse con evidencia.

La posición expresada ahora por Fernández es que esas investigaciones deben avanzar sin importar quién resulte involucrado. Su respaldo a la cooperación estadounidense tampoco nació con esta conferencia: antes de asumir la Presidencia ya había anunciado su intención de estrechar el trabajo con la DEA, el FBI y el Gobierno de Estados Unidos.

Las fotografías, los bancos y el CACCO

Las fotografías tomadas durante la celebración de la victoria electoral de Laura Fernández volvieron a aparecer en la conferencia, esta vez por la presencia de personas posteriormente detenidas por sospechas de narcotráfico o legitimación de capitales.

La presidenta rechazó que esas imágenes demuestren vínculos con actividades criminales. Explicó que aquel día se fotografió con cientos de asistentes y sostuvo que una persona en política no tiene acceso a los antecedentes judiciales de cualquiera que se acerque a saludarla.

Fernández también señaló que corresponde a los bancos y entidades financieras aplicar controles sobre los fondos que reciben. En esa misma respuesta defendió los operativos del Gobierno contra el narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando y la evasión.

Al referirse al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), cuya inauguración está prevista para el 15 de octubre, expresó su deseo de que los narcotraficantes que se presentan como empresarios terminen recluidos allí. La declaración formó parte de su respuesta a los cuestionamientos por las fotografías y de su defensa de las acciones gubernamentales contra esas actividades delictivas.

La violencia entró al Ebáis

La seguridad volvió a aparecer por otro hecho ocurrido lejos de Zapote. Un paciente de 22 años y un guarda de seguridad de 64 murieron tras un ataque armado dentro del Ebáis de Concepción de Alajuelita. Fernández reaccionó al caso durante la conferencia y aseguró que “cada vez” se indigna más ante este tipo de hechos.

Más allá de la reacción presidencial, quedan dos homicidios que deben ser esclarecidos. La investigación tendrá que determinar las circunstancias del ataque y la participación de las personas involucradas. Las autoridades manejaban preliminarmente que el guarda pudo haber sido una víctima colateral, algo que deberá establecer formalmente la investigación.

El lugar donde ocurrió el ataque hace que el episodio tenga otra dimensión. La violencia llegó esta vez hasta un establecimiento de salud, con pacientes y trabajadores dentro, y convirtió un espacio destinado a la atención médica en escenario de dos muertes.

El recibo de agua también llegó a la conferencia

Después de la seguridad, la conferencia pasó a un asunto que toca directamente el bolsillo de los usuarios. El Gobierno anunció que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no solicitará un aumento tarifario para 2027.

La precisión es importante. El anuncio no significa que Casa Presidencial sea quien fija las tarifas del agua, sino que el AyA, según lo comunicado este miércoles, no presentará para el próximo año una solicitud para incrementarlas.

El Ejecutivo vinculó la decisión con mejoras que espera de la institución y señaló que la base tarifaria no se revisa desde 2018. También informó que el AyA alcanzó un 88% de ejecución presupuestaria durante 2025 y presentó otros datos financieros como parte de su balance sobre la gestión de la entidad.

Fernández sostuvo que primero deben alcanzarse mayores niveles de eficiencia antes de trasladar costos adicionales a los usuarios. Para quien paga el recibo, el anuncio inmediato es que el AyA no pretende solicitar un incremento para 2027.

Una frase de agosto seguía pendiente

El cuarto asunto obligó a retroceder casi dos meses. Freddy González, secretario general del Partido Pueblo Soberano, había hablado públicamente sobre información de personas a las que vinculó con sectores de izquierda y aseguró que conocían quiénes eran, dónde estaban e incluso sus gustos y preferencias.

Aquellas declaraciones provocaron preguntas sobre el origen de la información, su posible relación con los datos recopilados durante la organización del traspaso de poderes y quiénes habían tenido acceso a ellos. Fernández ordenó entonces revisar lo ocurrido.

Este miércoles dio su respuesta y aseguró que “don Freddy González se fue de la lengua”. Según la presidenta, lo afirmado por González no era cierto y la información recopilada durante el proceso de traspaso no quedó en manos de él ni de ningún partido político.

Esa es la conclusión comunicada por Fernández después de la revisión que había ordenado. Las declaraciones originales de González, que dieron origen a la controversia, permanecen como parte del registro público de lo ocurrido.

La conferencia terminó, las historias siguen

Fernández dejó posiciones y anuncios este miércoles, pero varios de los asuntos que llegaron a la conferencia continúan abiertos fuera de Casa Presidencial. Los dos homicidios ocurridos dentro del Ebáis siguen bajo investigación y los posibles vínculos entre funcionarios policiales y estructuras criminales tendrán que determinarse mediante los procesos correspondientes.

En otro terreno, el anuncio del AyA podrá comprobarse cuando llegue 2027 y la institución mantenga su decisión de no solicitar el incremento. Sobre los datos del traspaso, Casa Presidencial ya comunicó el resultado de la revisión ordenada por Fernández y fijó su posición frente a las declaraciones de González.

En unas horas, una misma conferencia pasó por narcotráfico, violencia, agua y datos personales. No porque esos asuntos formen una sola historia, sino porque todos llegaron el mismo miércoles a Casa Presidencial. Al terminar las cámaras, cada uno volvió al lugar donde realmente tendrá que resolverse.

Una conferencia puede terminar. Lo que ocurre fuera del micrófono es lo que toca seguir contando.

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