POR MUNDO ACR | Política explicada sin enredos.

La seguridad pública se perfila como una de las principales prioridades de la administración de Laura Fernández.

Durante una actividad donde participaron cuerpos policiales de distintas regiones del país, la presidenta dejó claro que pretende involucrarse personalmente en el seguimiento de las estrategias contra el crimen organizado y en la coordinación de acciones entre las diferentes instituciones encargadas de combatir la delincuencia.

La mandataria aseguró que las reuniones de trabajo con los cuerpos policiales se convertirán en una práctica permanente de su gobierno y explicó que estos espacios permitirán revisar resultados, analizar información operativa y definir objetivos de corto y mediano plazo.

Según Fernández, el comportamiento de la criminalidad varía entre provincias y cantones, por lo que considera necesario tomar decisiones basadas en información específica de cada región.

Uno de los puntos que más destacó fue la necesidad de fortalecer la coordinación entre las distintas entidades que participan en la lucha contra el crimen organizado.

Durante sus declaraciones, la presidenta insistió en que la seguridad no depende únicamente de la labor policial y sostuvo que el desafío también involucra al Poder Judicial, al sistema penitenciario y a la Asamblea Legislativa.

Fernández reconoció que Costa Rica enfrenta dificultades para desarticular estructuras criminales de forma definitiva y señaló que, en algunos casos, grupos vinculados al narcotráfico continúan operando pese a que varios de sus integrantes ya se encuentran en prisión.

Por esa razón, adelantó que su administración impulsará nuevas propuestas legales relacionadas con el control de comunicaciones dentro de centros penitenciarios y con herramientas para combatir organizaciones criminales.

La presidenta también planteó la necesidad de revisar procedimientos que, según su criterio, retrasan investigaciones o afectan la respuesta institucional frente a determinados delitos.

Más allá de las propuestas específicas, el mensaje del Gobierno apunta a una idea central: la seguridad no puede ser enfrentada por una sola institución.

La estrategia planteada por la administración busca una participación más activa de policías, jueces, fiscales, autoridades penitenciarias y diputados en la búsqueda de soluciones a uno de los temas que más preocupa a la población costarricense.

La discusión apenas comienza.

En las próximas semanas se conocerán los proyectos de ley anunciados por el Ejecutivo y será entonces cuando empiece el debate sobre cuáles cambios podrían aplicarse, cuáles requerirán acuerdos políticos y cuáles encontrarán resistencia dentro de las diferentes instituciones del Estado.

Mientras tanto, el tema de la seguridad continúa ocupando un lugar central en la agenda nacional y promete convertirse en uno de los principales focos de discusión durante los próximos años.

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POR MUNDO ACR | Costa Rica explicada sin enredos.

Costa Rica se prepara para enfrentar uno de los fenómenos climáticos que históricamente más presión ejerce sobre el agua, la agricultura y la generación eléctrica del país.

El Gobierno declaró alerta verde en decenas de cantones como medida preventiva ante el avance del fenómeno de El Niño, una condición climática que podría traer menos lluvias, temperaturas más altas y efectos que se extenderían durante los próximos meses.

La decisión se tomó a partir de proyecciones técnicas que anticipan un escenario más seco de lo habitual en varias regiones del territorio nacional.

Aunque para muchas personas el tema puede parecer lejano, las consecuencias suelen sentirse en actividades cotidianas. Menos lluvia significa mayor presión sobre las fuentes de agua, desafíos para la producción agropecuaria y una vigilancia más estricta sobre los recursos que dependen de los embalses y ríos del país.

Las zonas con mayores afectaciones esperadas se ubican principalmente en Guanacaste, el Pacífico Central, parte del Valle Central y otras regiones donde tradicionalmente el fenómeno provoca una disminución importante en las precipitaciones.

Uno de los sectores que observa la situación con mayor atención es el agro.

La reducción de lluvias puede afectar cultivos, pasturas y disponibilidad de agua para animales, obligando a muchos productores a prepararse con anticipación para enfrentar posibles periodos prolongados de sequía.

El abastecimiento de agua para consumo humano también entra dentro de los temas que estarán bajo monitoreo constante durante los próximos meses.

Las instituciones encargadas de administrar el recurso hídrico ya realizan seguimientos sobre caudales y disponibilidad de agua en distintas regiones del país con el objetivo de anticipar cualquier eventualidad.

En materia energética, el panorama genera preguntas inevitables para miles de hogares costarricenses.

Sin embargo, las autoridades aseguraron que no prevén interrupciones en el suministro eléctrico pese a la menor disponibilidad de agua para generación hidroeléctrica.

Según explicaron, el país ha venido acelerando proyectos de generación complementaria y medidas de respaldo para enfrentar un eventual escenario de menor producción proveniente de embalses.

Aun así, las autoridades hicieron un llamado al uso responsable tanto del agua como de la electricidad, recordando que un consumo más eficiente ayuda a reducir la presión sobre los sistemas durante periodos climáticos adversos.

El fenómeno también podría afectar actividades vinculadas al mar, especialmente en zonas donde el aumento de la temperatura del océano altera ecosistemas y condiciones para la pesca artesanal.

Pese al panorama de sequía, los expertos advierten que El Niño no significa ausencia total de lluvias.

De hecho, durante este tipo de eventos pueden registrarse aguaceros intensos en periodos cortos, capaces de generar inundaciones o deslizamientos en determinadas zonas del país.

Por esa razón, las autoridades insisten en que la preparación no debe limitarse únicamente al ahorro de agua, sino también al seguimiento constante de la información oficial y las alertas emitidas por los organismos especializados.

La llegada de El Niño representa un reto que involucra a instituciones, sectores productivos y ciudadanos por igual.

La diferencia entre enfrentar sus efectos con éxito o sufrir mayores consecuencias dependerá, en gran medida, de qué tan preparados estén el país y sus comunidades para los meses que vienen.

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Toda crisis tiene una fecha de inicio.

O al menos eso parece.

Porque en política, la fecha en que comienza un problema suele cambiar dependiendo de quién esté contando la historia.

Claudia Dobles volvió a poner el tema de la seguridad sobre la mesa al afirmar que la administración Rodrigo Chaves dejó una crisis y que el aumento de los homicidios ocurrió durante ese gobierno y no durante los anteriores.

@noticiasacr 🚨🇨🇷 “¿Por qué no le estamos dando recursos al OIJ para combatir el crimen organizado?” Claudia Dobles, CAC PAC . . . #acrmundo #mundoacr #CostaRica #Seguridad #OIJ ♬ Comedy Corridor – Finley Reed

La afirmación encuentra respaldo en un dato difícil de ignorar.

Costa Rica cerró el 2023 con 907 homicidios, la cifra más alta registrada en la historia nacional.

Nunca antes habían muerto tantas personas de forma violenta en un solo año.

Visto desde ahí, la historia parece clara.

Pero basta retroceder unos cuantos años para que la fotografía empiece a cambiar.

Porque los mismos registros oficiales muestran que la violencia no apareció de repente cuando Rodrigo Chaves llegó a Casa Presidencial.

En 2015 Costa Rica cruzó por primera vez el umbral que la Organización Mundial de la Salud considera epidémico en materia de homicidios.

En 2017 el país alcanzó entonces el récord histórico con 603 asesinatos.

Mucho antes de los 907 homicidios de 2023, el Organismo de Investigación Judicial ya advertía sobre ajustes de cuentas, disputas territoriales y una transformación del crimen organizado que comenzaba a sentirse en distintos puntos del país.

Y ahí es donde la conversación se vuelve más interesante.

Porque una cosa es identificar cuándo una crisis explota.

Y otra muy distinta es decidir cuándo comenzó a construirse.

Durante años Costa Rica discutió hacinamiento carcelario, infraestructura penitenciaria, regímenes semiinstitucionales, tobilleras electrónicas, recursos policiales y el crecimiento de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Algunas decisiones fueron impulsadas por distintos gobiernos.

Otras surgieron desde el Poder Judicial.

Otras respondieron a obligaciones legales relacionadas con derechos humanos y sobrepoblación penitenciaria.

Administración Solís Rivera (2014-2018) Se aprobó y comenzó a implementar la Ley 9271 sobre mecanismos electrónicos de seguimiento (brazaletes). Esta medida se diseñó como una alternativa para reducir el hacinamiento crítico, priorizando el descongestionamiento de los centros penales.

Administración Alvarado Quesada (2018-2022) Según logró la mayor reducción del hacinamiento en 20 años, pasando de una sobrepoblación del 43% en 2018 a un 5,8% en 2022. Presuntamente el gobierno de Alvarado dijo que esto se logró impulsando centros regionales y construyendo nueva infraestructura carcelaria, destacando el CAI Terrazas (con 1.200 nuevos espacios). La famosa cárcel de estereofon.

Sin embargo, cuando la discusión política llega al ciudadano, toda esa historia suele comprimirse en una fecha.

Y esa fecha cambia dependiendo de quién la esté contando.

Para algunos actores, la crisis comienza cuando los homicidios alcanzan niveles récord.

Para otros, la historia empieza varios años antes, cuando comenzaron a acumularse señales que hoy siguen formando parte del problema.

Por eso resulta llamativo observar cómo cambia el relato según el momento de la conversación.

Por eso resulta llamativo observar cómo cambia el relato según el momento de la conversación.

Cuando el foco apunta hacia la administración Chaves, la explicación suele concentrarse en el periodo donde las cifras explotaron.

Cuando aparecen preguntas sobre gobiernos anteriores, políticas penitenciarias, hacinamiento o decisiones institucionales tomadas años atrás, la historia se vuelve más larga y mucho más compleja.

La explosión tiene fecha.

El origen es otra discusión.

Y probablemente ahí se encuentra la parte más incómoda de todo este tema.

No quién gobernaba cuando el país alcanzó su peor cifra de homicidios.

Los números ya responden esa parte.

La pregunta pendiente es otra.

¿Estamos hablando del momento en que la crisis se volvió imposible de ignorar?

¿O estamos hablando del momento en que comenzaron a aparecer las condiciones que hicieron posible llegar hasta ahí?

Porque dependiendo de dónde se coloque ese punto de partida, también cambian los responsables, las explicaciones y las conclusiones.

Los 907 homicidios de 2023 existen.

Nadie los discute.

Lo que sigue sin resolverse es otra cosa.

Si la crisis empezó cuando las cifras explotaron o si empezó años antes, cuando las advertencias ya estaban sobre la mesa y pocos querían escucharlas.

Porque dependiendo de dónde se coloque esa fecha, también cambia la historia que se cuenta.

Y en política, a veces la batalla más importante no es por los hechos.

Es por el punto exacto donde empieza el relato.

¿Qué piensa usted? ¿La crisis de seguridad en Costa Rica comenzó cuando los homicidios alcanzaron niveles récord o mucho antes? Déjenos su opinión y siga a MUNDO ACR en nuestro canal de WhatsApp para recibir análisis, contexto y noticias que otros pasan por alto.

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Mientras Costa Rica enfrenta una de las etapas más tensas en materia de seguridad, homicidios y crimen organizado, la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, salió este lunes a defender públicamente el presupuesto y la estructura actual del Poder Judicial frente a los cuestionamientos lanzados desde el Ejecutivo.

Pero más allá de la discusión sobre dinero, plazas o recortes, sus declaraciones terminaron abriendo otra conversación mucho más profunda sobre cómo terminó creciendo la estructura del sistema judicial costarricense durante las últimas décadas.

Solano reaccionó luego de que el Gobierno insistiera en que al Poder Judicial se le asignan recursos superiores a los establecidos originalmente en la Constitución Política.

La magistrada rechazó esa idea y aseguró que existe una “distorsión” alrededor de cómo se interpreta el presupuesto judicial.

Según explicó, el 6% constitucional originalmente pensado para el Poder Judicial fue diseñado en una época donde la institución tenía funciones mucho más limitadas y no incluía órganos como el OIJ, el Ministerio Público, la Defensa Pública o la atención a víctimas y testigos.

“De ese presupuesto del 6% constitucional, solo un 3.1% es destinado a judicatura”, afirmó Solano.

La magistrada también defendió el peso presupuestario del OIJ y aseguró que la policía judicial consume recursos similares a los de toda la judicatura debido al costo técnico de las investigaciones criminales.

“¿Por qué decidieron que el Organismo de Investigación Judicial estuviera en el Poder Judicial?”, cuestionó durante su intervención.

Sin embargo, mientras desde el Poder Judicial se insiste en que la estructura actual responde a necesidades reales de investigación, persecución penal y equilibrio procesal, desde el Ejecutivo empiezan a aparecer señales de que el modelo completo podría entrar en discusión.

La propia presidenta Laura Fernández dejó abierta la posibilidad de revisar si algunas funciones que hoy están dentro del Poder Judicial deberían separarse de esa estructura.

“Creo que llegó el momento de analizar el otro montón de cosas que le metieron al Poder Judicial y que tal vez no deban pertenecer a ese poder de la República”, afirmó la mandataria.

La discusión ya no gira únicamente alrededor de recursos congelados, salarios o nuevas plazas.

También empieza a tocar temas mucho más sensibles para el país: cómo se distribuyen realmente los recursos judiciales, cuál debe ser el alcance del Poder Judicial y si la estructura actual sigue respondiendo a las exigencias de una Costa Rica golpeada por violencia, narcotráfico y desconfianza institucional.

En medio de esa tensión, Solano defendió que el Poder Judicial viene realizando un esfuerzo histórico para aumentar su productividad.

Según afirmó, el 2025 ha sido el año con mayor cantidad de sentencias penales emitidas en la historia de la institución, gracias a procesos internos de optimización de recursos y reorganización administrativa.

Aun así, reconoció limitaciones importantes relacionadas con infraestructura, presupuesto y creación de nuevas plazas.

Pero uno de los momentos más incómodos de toda la conferencia llegó cuando Laura Fernández puso sobre la mesa otro tema históricamente sensible dentro del país: la permanencia de magistrados durante décadas dentro del Poder Judicial.

La presidenta recordó que Orlando Aguirre acumula 37 años como magistrado y cuestionó si períodos tan extensos realmente favorecen la eficiencia y la rendición de cuentas institucional.

El intercambio terminó dejando algo claro: la conversación alrededor del Poder Judicial ya no se está limitando únicamente a seguridad o presupuesto.

Ahora también empieza a tocar el tamaño, la estructura y el funcionamiento de uno de los poderes más determinantes dentro del funcionamiento institucional de Costa Rica.

Unidad de Análisis Político ACR

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