De 2012 a las ambulancias: la ruta de SGSV por el Estado y el vínculo que ahora llega hasta la campaña

SGSV ya participaba en negocios con el Estado mucho antes de la campaña de Laura Fernández. En 2026, dos personas vinculadas con la empresa aparecen como compradores de bonos del PPSO, mientras un consorcio integrado por SGSV obtiene una millonaria contratación de ambulancias. Los documentos permiten reconstruir esa historia, aunque todavía no demuestran que el financiamiento electoral haya influido en las adjudicaciones.

POR MUNDO ACR Las fechas no condenan a nadie. Pero cuando se ordenan, dejan de parecer datos sueltos.

La compra de 40 ambulancias para Bomberos puso bajo atención pública a SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas. La empresa integra el consorcio que obtuvo el contrato mediante un procedimiento especial en el que hubo una sola oferta formal. Dos personas vinculadas con SGSV también compraron bonos del Partido Pueblo Soberano (PPSO), agrupación con la que Laura Fernández llegó a la Presidencia.

Pero hay un antecedente que cambia la perspectiva de esta historia.

Un acta de la Junta Directiva de RACSA de setiembre de 2024 recoge un acuerdo suscrito el 28 de setiembre de 2012 con el entonces Consorcio Servicios de Gestión en Seguridad Vial SGSV para automatizar el control de pesos y dimensiones y atender infracciones por evasión en estaciones de control. El documento también registra una modificación posterior de la denominación empresarial a SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A.

La presencia de SGSV en negocios estatales, por tanto, tiene antecedentes muy anteriores al financiamiento electoral que ahora se investiga. Eso no resuelve las dudas sobre las contrataciones recientes, pero impide presentar toda su trayectoria como si hubiera comenzado con el actual Gobierno.

Una trayectoria que viene de antes

En 2023, el Ministerio de Justicia informó sobre la contratación del servicio de monitoreo mediante tobilleras electrónicas, adjudicado al Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica, integrado por SGSV, RACSA y Synergye.

En 2026, SGSV también aparece vinculada con contrataciones para vigilancia marítima, detección de fugas y otros servicios públicos.

Los registros de contratación recopilados por 182.cr permiten consultar adjudicaciones asociadas con su cédula jurídica actual. Sin embargo, esa consulta no sustituye la reconstrucción de consorcios, denominaciones anteriores y otras formas de participación empresarial.

La compra de las ambulancias es el negocio de mayor monto identificado en esta revisión.

Las 40 ambulancias

Bomberos tramitó la adquisición mediante el procedimiento especial 2026XE-000002-0012800001.

La contratación fue publicada el 10 de setiembre de 2026. El único oferente formal fue el consorcio SGSV-Bem Estar, que obtuvo la adjudicación firme el 28 de ese mes.

Los montos requieren distinguir dos momentos. La oferta inicialmente registrada era de US$13.991.600, equivalentes a US$349.790 por ambulancia. Posteriormente, el consorcio redujo el precio a US$347.000 por unidad.

El registro del contrato CE202610000272, elaborado a partir de datos de SICOP, confirma el monto final de US$13.880.000 por las 40 unidades. En colones, el monto adjudicado registrado es de ₡6.323.728.000.

Bomberos había consultado previamente a otras empresas en su estudio de mercado. Cotisa propuso US$289.270 por ambulancia y AutoStar, US$343.500. Ambas tenían experiencia en la venta de ambulancias a instituciones costarricenses y sus precios eran inferiores al del consorcio seleccionado.

La diferencia con Cotisa alcanzaba aproximadamente US$2,3 millones por las 40 unidades.

El precio y la urgencia

La explicación de Bomberos se concentró en los plazos.

Cotisa y AutoStar plantearon aproximadamente 240 días para entregar las unidades. SGSV-Bem Estar ofreció 100 días, una vez aprobado el prototipo.

La institución sostuvo que esperar unos ocho meses no respondía a la urgencia de reforzar la atención prehospitalaria. La contratación estuvo relacionada con una instrucción presidencial del 31 de julio para ampliar ese servicio en al menos 25 estaciones.

El menor plazo fue, por tanto, una razón central para seleccionar al consorcio. No obstante, la decisión de invitar únicamente a ese oferente sigue siendo parte de los aspectos que pueden examinarse en el expediente.

La urgencia encontró un atraso

El 5 de noviembre apareció un hecho nuevo.

Bomberos reconoció que había solicitado las ambulancias de color rojo sin precisar inicialmente el código de color necesario para mantener la uniformidad con su flotilla.

Esa omisión obligó a ampliar en 15 días naturales el plazo para presentar el prototipo, según documentos incorporados al expediente de contratación el 5 de noviembre.

La consecuencia merece atención. El plazo de 100 días para entregar las otras 39 ambulancias comienza después de que Bomberos apruebe el prototipo. Por eso, la ampliación afecta el calendario que había servido para justificar la elección del proveedor más rápido.

La institución atribuyó el problema a una omisión propia. Ese atraso no demuestra por sí mismo una irregularidad penal ni permite concluir que las ofertas descartadas hubieran cumplido las necesidades institucionales. Sí obliga a mirar el plazo de entrega real, y no solamente los 100 días utilizados en la comparación inicial.

Fuente: información de CR Hoy del 5 de noviembre, basada en documentos incorporados a SICOP.

Los bonos del partido gobernante

Cristian Rodríguez Villalobos y Hermmoth Rothe Paniagua aparecen como compradores de certificados de cesión de la contribución estatal del PPSO.

Rodríguez figura en documentación de contratación pública relacionada con SGSV y ha sido identificado como representante de la empresa. Rothe aparece como fiscal de la sociedad desde 2015. Ambos también figuran en comunicaciones empresariales vinculadas con la etapa de cotización de las ambulancias.

Los registros partidarios divulgados consignan ₡43 millones de valor facial en certificados asociados con Rodríguez y ₡9 millones con Rothe.

Es importante distinguir el valor de esos certificados del dinero pagado por adquirirlos.

Las operaciones muestran un descuento del 15 %. Aplicado a esos valores faciales, el desembolso corresponde a ₡36,55 millones y ₡7,65 millones, respectivamente.

Estos últimos montos coinciden con los comunicados por el TSE, según una respuesta institucional publicada por CR Hoy.

Los documentos permiten comprobar compras de bonos y vínculos empresariales. No acreditan que esos certificados fueran entregados como contraprestación por contratos públicos.

El TSE empezó a investigar en setiembre

El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones realizó estudios de solvencia económica sobre Rodríguez y Rothe para verificar el origen y la trazabilidad de los recursos utilizados en las compras.

Según una respuesta del TSE divulgada por La Nación el 4 de noviembre, el 17 de setiembre de 2026 se dispuso abrir una investigación administrativa preliminar bajo la modalidad de estudio especial.

El expediente fue identificado como DFPP-EE-007-2026.

La fecha importa porque la investigación ya estaba abierta antes de que la relación empresarial de los compradores se difundiera públicamente en noviembre.

El TSE comunicó que ampliaría las diligencias a raíz de la información publicada. La existencia de esa investigación no equivale a una determinación de irregularidad en el origen de los fondos.

La Fiscalía también examina la compra

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió de oficio una investigación el 2 de noviembre relacionada con la contratación de las ambulancias.

La causa se tramita contra persona ignorada. El fiscal general, Carlo Díaz, informó que se examinaría la documentación contractual para determinar las diligencias correspondientes.

El 5 de noviembre se informó además que la investigación contempla posibles afectaciones a la Hacienda Pública, sin que ello constituya una conclusión sobre la existencia de un delito.

La Contraloría General de la República también recibió una denuncia relacionada con el procedimiento, que se encontraba en análisis de admisibilidad.

Fuente: cobertura de CR Hoy sobre la investigación y el atraso contractual.

El nombre de Rodríguez también aparece en el MOPT

La trayectoria reciente de SGSV incluye una contratación relacionada con equipos para la Estación de Tráfico Marítimo de Moín, por aproximadamente ₡576,4 millones.

En un acta del MOPT del 3 de febrero de 2026, Cristian Rodríguez aparece entre las personas que manifestaron actuar como representantes de SGSV durante una visita previa a la recepción de ofertas.

El documento es relevante para comprender su participación en actividades comerciales de la empresa. No prueba que haya intervenido indebidamente en la contratación de Bomberos.

Su presencia en ese procedimiento también muestra que su relación con contrataciones estatales no se limita al expediente de las ambulancias.

[INSERTAR AQUÍ LA CRONOLOGÍA INTERACTIVA ACR]

La visualización debe distinguir antecedentes empresariales, adjudicaciones, financiamiento electoral, investigaciones y procedimientos pendientes. Cada acontecimiento debe conservar su fecha y fuente.

El ICE todavía evalúa otra contratación

El Instituto Costarricense de Electricidad tramita el procedimiento 2026XE-000714-0000400001, relacionado con la adquisición de terminales ONT para servicios de telecomunicaciones.

SGSV participa junto con Productive Business Solutions en el consorcio oferente.

El presupuesto estimado para el primer año es de US$7.451.640. La estimación acumulada podría alcanzar US$44.709.840 si se ejecutaran las prórrogas contempladas.

El procedimiento permanece en evaluación. No existe una adjudicación confirmada a SGSV en este caso.

Una carta de Huawei fechada el 25 de abril de 2025 identificaba a Huawei Technologies Costa Rica S. A. como la única empresa autorizada para comercializar determinados equipos activos destinados al Programa de Red de Acceso Fijo del ICE.

En la documentación de la oferta de 2026, el consorcio PBS/SGSV sostuvo contar con autorización del fabricante para distribuir, vender y brindar soporte a los equipos ofrecidos.

Las fechas de ambos documentos son distintas. Para determinar si existe alguna incompatibilidad habría que conocer las autorizaciones vigentes y sus alcances específicos en el procedimiento de 2026.

Dos momentos de una misma historia empresarial

Los documentos permiten establecer que SGSV participaba en negocios con instituciones estatales desde 2012, mucho antes de las compras de bonos del PPSO relacionadas con la campaña de Laura Fernández.

También muestran que en 2026 la empresa integró el consorcio adjudicatario de las ambulancias; que dos personas vinculadas con ella compraron certificados electorales; que el TSE investiga el origen de esos recursos y que la Fiscalía abrió una causa sobre la contratación de Bomberos.

A eso se suma una decisión administrativa reciente. El plazo de entrega, utilizado para justificar la selección del proveedor más caro, sufrió una modificación después de que Bomberos reconociera una omisión en las especificaciones del prototipo.

Son hechos documentados que deben examinarse juntos, pero no todos demuestran una relación de causa y efecto.

El contrato de las ambulancias existe. Las investigaciones están abiertas. La contratación del ICE sigue pendiente.

Las decisiones que adopten las autoridades y los documentos que se incorporen a esos expedientes permitirán establecer si las conexiones conocidas tienen consecuencias jurídicas o si permanecen como coincidencias empresariales y temporales.

Los contratos ya dejaron fechas, nombres y montos. Ahora quedan expedientes abiertos que pueden acercar esas piezas o separarlas.

ACR va a seguir los documentos. No los rumores.

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