Ganaron el Congreso. ICE no se detiene en enero
Los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes y el Senado, pero Donald Trump conserva la Presidencia y una parte importante de su política migratoria ya cuenta con financiación aprobada hasta 2029. Dos leyes destinaron US$113.375 millones extraordinarios a ICE. La nueva mayoría podrá investigar, bloquear iniciativas y buscar cambios. Lo que no puede hacer es cancelar esos recursos simplemente por haber ganado las elecciones.
POR MUNDO ACR | Cambió el Congreso. El dinero de ICE ya estaba aprobado.
Los demócratas consiguieron este martes una victoria de enorme alcance. Recuperaron la Cámara de Representantes y el Senado y, cuando el nuevo Congreso asuma el 3 de enero de 2027, Donald Trump dejará de contar con un Legislativo controlado por su partido.
Para entender qué cambia realmente, sin embargo, hay que mirar algo que ocurrió antes de las elecciones.
En julio de 2025, Trump firmó una ley que destinó US$74.850 millones extraordinarios al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En junio de 2026 firmó otra que agregó US$38.525 millones para la misma agencia.
Entre ambas, el Congreso republicano había aprobado US$113.375 millones en financiación extraordinaria para ICE, con recursos disponibles durante varios años.
Ese dinero no desaparece cuando cambia la mayoría legislativa.
Ahí está una de las consecuencias menos evidentes de las elecciones. Los demócratas ganaron el Congreso, pero no heredaron el control de ICE ni pueden cancelar unilateralmente fondos establecidos mediante leyes anteriores. Trump perdió apoyo legislativo. No perdió la Presidencia ni las facultades que las leyes mantienen en manos de su administración.
El voto latino también miró a ICE
La diferencia importa porque la política migratoria estuvo presente en las preocupaciones de una parte considerable del electorado latino.
Durante los últimos meses circularon en redes sociales videos y comentarios de ciudadanos latinos que aseguran haber cambiado su voto después de que padres, familiares o personas cercanas fueran detenidos o deportados. Otros dicen haber votado esperando un cambio en las actuaciones de ICE.
MUNDO ACR no ha comprobado independientemente las circunstancias migratorias o familiares relatadas en esas publicaciones. Tampoco sería correcto utilizarlas para afirmar que los latinos votaron en bloque por una sola razón. Las encuestas, no obstante, permiten medir el malestar que existía antes de las elecciones.
Un estudio de Pew Research Center encontró que 62% de los votantes latinos registrados consideraba que la administración Trump estaba haciendo demasiado con las deportaciones. Entre quienes apoyaban candidatos demócratas la cifra alcanzaba 86%. Además, 64% consideraba la inmigración muy importante para su voto.
El rechazo tampoco se limitaba a quienes ya respaldaban a los demócratas. Otro análisis de Pew encontró que, entre los hispanos que habían votado por Trump en 2024, 30% consideraba excesiva la política de deportaciones y 11% decía que en estas legislativas apoyaría al candidato demócrata de su distrito.
La economía seguía siendo la principal preocupación de esos votantes. Por eso no existe base para atribuir el comportamiento electoral latino únicamente a ICE. Pero tampoco se puede ignorar que 55% de los latinos consultados por Pew concebía su voto legislativo como un voto contra Trump. Entre quienes apoyaban candidatos demócratas, la cifra llegaba a 84%.
La respuesta política ofrecida por los demócratas tampoco fue uniforme. Dentro del partido han coexistido propuestas para reformar ICE, restringir sus operaciones o recursos y posiciones favorables a eliminar la agencia.
Una persona que haya votado demócrata específicamente esperando un freno a ICE contribuyó a elegir un Congreso con nuevas herramientas para intentarlo. Lo que consiguió fue un cambio en el poder legislativo, no un cambio de presidente ni de administración.
El dinero que ya estaba aprobado
La magnitud de los recursos permite comprender por qué ICE no depende únicamente del presupuesto que negocie el nuevo Congreso.
La primera gran asignación llegó con la ley de reconciliación de 2025, P.L. 119-21, firmada el 4 de julio de ese año.
El Servicio de Investigación del Congreso (CRS) documentó US$74.850 millones destinados a ICE, distribuidos entre US$45.000 millones para capacidad de detención y US$29.850 millones para operaciones y adquisiciones.
Pero esa no fue la última decisión presupuestaria.
El 10 de junio de 2026, Trump firmó la ley P.L. 119-98, que agregó US$38.525 millones para ICE. Según el desglose del CRS, US$31.075 millones corresponden a actividades relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias y US$7.450 millones a personal, operaciones y funciones de Homeland Security Investigations.
Esta segunda ley dejó recursos disponibles para asumir compromisos de gasto hasta el año fiscal 2029.
Los dos paquetes suman US$113.375 millones en asignaciones extraordinarias para ICE. Esa cifra representa lo aprobado mediante ambas leyes, no lo que permanece sin gastar ni una cantidad que la agencia pueda utilizar libremente para cualquier propósito.
Los recursos tienen destinos establecidos por la legislación. También están sujetos a las normas aplicables y a los controles sobre su ejecución.
La consecuencia política es concreta. Aunque los demócratas controlen ambas cámaras desde enero, la administración Trump podrá seguir utilizando los recursos que permanezcan legalmente disponibles para las actividades autorizadas.
Para cambiar esa situación, el nuevo Congreso necesitará algo más que una mayoría opositora.
Trump conserva el veto
El Congreso mantiene su autoridad constitucional sobre el gasto público. Puede discutir nuevos presupuestos, investigar cómo se utilizan los fondos y tratar de modificar o rescindir asignaciones anteriores.
Sin embargo, retirar recursos mediante una nueva ley exige superar el procedimiento legislativo. Y al final de ese recorrido todavía estará Donald Trump.
La Constitución permite al presidente vetar legislación aprobada por ambas cámaras. Para superar ese veto se necesitan dos tercios de los votos en la Cámara de Representantes y dos tercios en el Senado. La Constitución estadounidense establece ese mecanismo.
Los demócratas no consiguieron esas supermayorías. Podrían aprobar una iniciativa para modificar la política migratoria o retirar determinados fondos y encontrarse después con un veto que no tengan votos suficientes para superar.
En el Senado existe otra dificultad. Para buena parte de la legislación ordinaria, terminar el debate mediante el procedimiento conocido como cloture requiere tres quintos de los senadores, normalmente 60 votos. Hay excepciones y procedimientos especiales, pero controlar esa cámara por mayoría simple no garantiza que cualquier proyecto pueda avanzar. El Senado explica aquí esas reglas.
Esto limita la posibilidad de que los demócratas rehagan por sí solos la política migratoria estadounidense. No elimina, sin embargo, las facultades que acaban de recuperar.
Lo que sí cambia en enero
La victoria demócrata le coloca a la Casa Blanca un Congreso con capacidad para investigar sus decisiones y dificultar nuevas iniciativas.
Desde enero, los demócratas podrán controlar comisiones, impulsar investigaciones, solicitar documentos y llamar a funcionarios a rendir cuentas. Las actuaciones de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional podrán enfrentar un escrutinio legislativo mucho más intenso.
También podrán bloquear leyes que Trump necesite aprobar, disputar futuros presupuestos y utilizar las negociaciones para intentar conseguir cambios.
El Senado incorpora otra herramienta especialmente importante.
El presidente puede nominar jueces federales, embajadores y numerosos altos funcionarios, pero muchas de esas designaciones requieren confirmación senatorial. El Senado detalla aquí esa facultad.
Los republicanos conservarán el control del Senado actual hasta el 3 de enero y todavía pueden intentar avanzar nominaciones pendientes. Después de esa fecha, una mayoría demócrata podrá rechazar determinadas designaciones o impedir que prosperen.
Las investigaciones legislativas también podrían desembocar en procedimientos de juicio político. La Cámara puede aprobar cargos contra un presidente u otro funcionario federal, pero una condena en el Senado requiere dos tercios de los miembros presentes. Así lo establece la Constitución.
Los demócratas no disponen por sí solos de esos votos.
Por eso el nuevo Congreso tendrá capacidad para investigar, negociar y bloquear decisiones importantes sin que eso signifique que pueda sustituir al Poder Ejecutivo.
Trump perdió comodidad, no la Casa Blanca
El 3 de enero comenzará una etapa de Gobierno dividido.
Trump seguirá dirigiendo el Ejecutivo. ICE continuará dentro de su administración y los recursos que permanezcan legalmente disponibles podrán seguir utilizándose conforme a las leyes que los aprobaron.
La diferencia estará en el poder legislativo que tendrá enfrente.
El presidente ya no contará con mayorías republicanas para avanzar con la misma facilidad aquellas partes de su agenda que requieran nuevas leyes. Tendrá comisiones dirigidas por adversarios políticos, investigaciones sobre su administración y un Senado capaz de dificultar nombramientos importantes.
Los demócratas, por su parte, deberán decidir hasta dónde pueden llegar con las herramientas que ganaron. Investigar una actuación migratoria, exigir documentos o cuestionar una asignación presupuestaria no produce necesariamente el mismo resultado que modificar una ley.
ICE puede convertirse en una de las primeras pruebas de esa nueva relación de fuerzas.
2028 también empieza a pesar
Las elecciones legislativas no solo cambiaron quién tendrá mayoría en el Congreso. También modificaron el escenario político en el que ambos partidos prepararán la próxima elección presidencial.
Trump cumple su segundo mandato y la Vigesimosegunda Enmienda le impide ser elegido presidente por tercera vez. Muchos legisladores republicanos, en cambio, volverán a pedir votos en 2028. El partido también tendrá que presentar a un candidato presidencial que busque sucederlo.
Eso significa que las decisiones de Trump y los intereses electorales de otros republicanos no siempre tendrán que coincidir.
Un legislador que considere que determinadas actuaciones migratorias perjudican sus posibilidades de reelección podría buscar distancia de la Casa Blanca o promover cambios. Otro que encuentre respaldo entre sus votantes para esas mismas políticas podría continuar defendiéndolas.
La derrota legislativa ofrece a los republicanos información sobre el comportamiento del electorado, pero todavía no permite saber qué decisiones tomarán sus dirigentes.
Los demócratas enfrentarán sus propias decisiones.
Con ambas cámaras bajo su control, podrán investigar actuaciones cuestionadas, exigir explicaciones y tratar de negociar cambios. También tendrán que responder a un electorado en el que pesaron preocupaciones como los precios y el costo de vida.
El modo en que utilicen su mayoría será parte de la discusión política rumbo a 2028. Trump y otros republicanos podrán cuestionar sus investigaciones, bloqueos o prioridades. Los demócratas podrán utilizar lo que descubran y consigan desde el Congreso para defender la necesidad de mantener un contrapeso al Ejecutivo.
La política migratoria puede atravesar toda esa disputa.
Si las operaciones de ICE continúan provocando rechazo entre sectores que los republicanos necesitan recuperar, algunos dirigentes del partido podrían reclamar ajustes. Si mantienen respaldo entre otros grupos de votantes, habrá quienes defiendan su continuidad.
Nada de eso está resuelto.
Lo que sí cambió el martes es que Trump tendrá que gobernar frente a una mayoría opositora, mientras los dos partidos comienzan a disputar quién será responsabilizado por las decisiones de los próximos dos años.
El nuevo Congreso puede limitar iniciativas presidenciales y, al mismo tiempo, convertirse en un adversario político al que Trump y su eventual sucesor intenten responsabilizar por los enfrentamientos en Washington. Que esa estrategia funcione dependerá de hechos y reacciones electorales que todavía no conocemos.
Lo que cambia para quien esperaba un freno
Una familia que haya votado pensando en redadas, detenciones o deportaciones encontrará un Congreso distinto a partir de enero.
Los demócratas podrán investigar a ICE, exigir documentos, citar funcionarios, cuestionar actuaciones, disputar futuros recursos e intentar modificar las leyes que sostienen la política migratoria.
Pero ese voto no sustituyó al presidente.
Trump seguirá al frente del Ejecutivo y contará con recursos extraordinarios aprobados antes de la victoria demócrata. Su administración podrá continuar las operaciones legalmente autorizadas mientras esos fondos sigan disponibles.
Al mismo tiempo, la Casa Blanca ya no tendrá un Congreso controlado por su partido para acompañar con la misma facilidad las decisiones que necesiten nuevas leyes.
Los demócratas ganaron poder para ponerle frenos a Trump. No ganaron el poder de apagar ICE en enero.
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