Bajo Pita: los permisos que Alajuela otorgó y después quiso anular

POR MUNDO ACR Cinco certificados, once votos para impugnarlos y años de pleitos judiciales. La Municipalidad terminó llevando a los tribunales autorizaciones que habían salido de sus propias oficinas.

En 2011, la Municipalidad de Alajuela otorgó cuatro certificados de uso de suelo relacionados con terrenos de Turrúcares. En 2012 emitió un quinto a nombre de Bajo Pita S. A. Años después, la misma institución sostuvo que aquellas autorizaciones tenían problemas legales y acudió a los tribunales para intentar dejarlas sin efecto.

El conflicto no se resolvió entonces. Los expedientes continuaron abiertos durante distintas administraciones municipales y, en julio de 2025, Costa Rica pasó a enfrentar un arbitraje internacional relacionado con inversiones en proyectos de manejo de residuos. La controversia internacional incluye el proyecto de Alajuela, aunque también comprende actuaciones relacionadas con Montes de Oro, Puntarenas.

En noviembre de 2026, el asunto regresó al centro de la discusión pública cuando Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda y de la Presidencia, ofreció obras para Turrúcares bajo condiciones relacionadas con el retiro de los procesos municipales y el posterior desistimiento de la empresa en el arbitraje.

Para entender por qué el Concejo Municipal enfrenta hoy esa decisión, hay que revisar lo que ocurrió con los permisos desde su origen.

Cinco certificados que abrieron el conflicto

Los cuatro certificados de 2011 aparecen identificados en los expedientes municipales como MA-PU-U-01615-2011, MA-PU-U-01616-2011, MA-PU-U-01617-2011 y MA-PU-U-01618-2011. El quinto corresponde a la resolución MA-PU-U-01609-2012, emitida el 7 de setiembre de 2012 a nombre de Bajo Pita S. A.

El acta del Concejo Municipal del 18 de noviembre de 2025 reproduce antecedentes de esas solicitudes e identifica a Luis Diego Aguilar Zumbado como gestor de constancias de uso de suelo, tanto a título personal como en representación de varias sociedades.

Entre las sociedades mencionadas aparecen A&H Aguilar y Hernández S. A., La Cascada del Sur S. A. e Inversiones Madre Vieja S. A., relacionadas con derechos sobre distintas fincas. También figura Bajo Pita S. A., vinculada con el inmueble al que corresponde el certificado de 2012.

El documento permite identificar las resoluciones y parte de las personas y sociedades que intervinieron en las solicitudes. No contiene, sin embargo, una reconstrucción completa de la propiedad histórica de los terrenos ni sustituye las constancias originales firmadas.

Hay además una inconsistencia en la transcripción de algunas fechas de solicitud de los cuatro primeros certificados dentro de los antecedentes reproducidos en 2025. Por esa razón, la fecha exacta de presentación de cada gestión debe comprobarse contra su expediente original. Los números de las resoluciones y los años a los que corresponden sí permiten identificar los actos administrativos que fueron cuestionados.

Dos respuestas distintas en 2012

El expediente contiene un antecedente especialmente revelador. El 16 de julio de 2012, una solicitud de Bajo Pita S. A. para una actividad de tratamiento y reciclaje de residuos recibió una respuesta desfavorable de la Municipalidad. Entre los aspectos señalados figuraba el acceso a la propiedad mediante una servidumbre agrícola.

El 7 de setiembre del mismo año, otra solicitud de la empresa, esta vez para una planta procesadora de desechos sólidos, obtuvo una constancia favorable de uso de suelo.

Las dos gestiones están recogidas en los antecedentes del acta municipal de noviembre de 2025. Aunque las actividades descritas no son idénticas, la diferencia entre las respuestas ayuda a entender por qué las autorizaciones terminaron bajo revisión.

La Municipalidad tendría que explicar, a partir de los expedientes técnicos, qué cambió entre ambas solicitudes y qué disposiciones del Plan Regulador se aplicaron en cada caso. Esa explicación es relevante porque años después sus propios funcionarios cuestionaron la forma en que se había clasificado el uso permitido de los terrenos.

La Alcaldía y los primeros cuestionamientos

Roberto Thompson Chacón, del Partido Liberación Nacional (PLN), era alcalde de Alajuela cuando se emitieron los certificados de 2011 y 2012. Continuaba al frente de la administración municipal cuando se impulsaron las actuaciones para cuestionarlos en 2016.

Los certificados fueron tramitados por dependencias municipales. La documentación examinada identifica a la administración bajo la cual se emitieron, pero todavía no permite atribuir la firma de cada constancia a una persona determinada.

Los cuestionamientos comenzaron antes de 2016. En diciembre de 2012, el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodríguez presentó un recurso extraordinario de revisión contra los cuatro certificados emitidos en 2011.

La controversia se concentró en la compatibilidad de las actividades autorizadas con las disposiciones del ordenamiento territorial. El problema no era únicamente si el proyecto contaba con apoyo u oposición de los vecinos. También estaba en discusión si los permisos se habían otorgado conforme a las reglas municipales.

El informe técnico que cuestionó las autorizaciones

En mayo de 2016, Edwin Bustos Ávila, entonces coordinador de Planificación Urbana, revisó los expedientes y señaló problemas en la clasificación de los terrenos y en la aplicación de las disposiciones del Plan Regulador.

El análisis, reproducido en la documentación oficial municipal de 2025, cuestionó que se hubieran otorgado usos relacionados con actividades industriales en terrenos sujetos a otras categorías de zonificación.

El informe también indicó que parte de los problemas provenía de prácticas anteriores de la propia oficina municipal. Ese señalamiento importa porque ubica el cuestionamiento en la manera en que se tramitaban las solicitudes, sin establecer automáticamente una falta individual de quien emitió cada documento.

Desde Servicios Jurídicos, Johanna Barrantes León, entonces coordinadora interina, emitió un criterio relacionado con la posibilidad de cuestionar la validez de las autorizaciones.

La Alcaldía impulsó actuaciones administrativas a finales de mayo de 2016. El asunto llegó al Concejo Municipal, que debía decidir si respaldaba la vía legal para intentar anular los permisos.

Once votos para impugnar los cinco permisos

El 2 de junio de 2016, el Concejo Municipal de Alajuela celebró la sesión extraordinaria 11-2016 en Turrúcares. La primera moción de fondo propuso declarar lesivos los cinco certificados de uso de suelo.

El acta original de aquella sesión, en sus páginas 13 y 14, identifica expresamente las cuatro resoluciones de 2011 y la MA-PU-U-1609-2012. La moción fue aprobada por unanimidad, con once votos.

La decisión también incluyó solicitar a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) que dejara sin efecto la viabilidad ambiental otorgada mediante la resolución 708-2016 al proyecto Bajo Pita, además de comunicar las actuaciones municipales a otras instituciones competentes.

El acuerdo tenía una consecuencia jurídica concreta. El Concejo respaldaba que la Municipalidad acudiera a los tribunales para solicitar la anulación de permisos emitidos por sus propias oficinas.

La declaratoria de lesividad no anulaba automáticamente las autorizaciones. Permitía iniciar el procedimiento judicial correspondiente, en el cual debía examinarse su validez.

Los regidores también pidieron investigar a funcionarios

En esa misma sesión, el Concejo aprobó una cuarta moción de fondo que merece atención por separado.

La propuesta fue presentada por el regidor José Luis Pacheco Murillo. Planteaba que la administración municipal investigara posibles responsabilidades de funcionarios que hubieran incumplido procedimientos o se hubieran apartado de los lineamientos aplicables al tramitar las autorizaciones.

La moción aparece en la página 15 del acta original y también recibió once votos.

Los regidores, por tanto, no se limitaron a cuestionar la legalidad de los permisos. Solicitaron que se investigara cómo habían sido otorgados y si existían responsabilidades administrativas.

El acuerdo demuestra que esa preocupación quedó formalmente planteada desde 2016. No permite afirmar, sin conocer el resultado de la investigación solicitada, que se hubiera determinado responsabilidad contra funcionarios específicos.

El pleito judicial se complicó

Los procesos posteriores tuvieron dificultades que también forman parte de esta historia. El acta municipal del 28 de junio de 2022 recoge antecedentes de un procedimiento archivado en marzo de 2020 por problemas relacionados con la notificación a sociedades involucradas.

La Municipalidad tuvo que continuar buscando vías judiciales para cuestionar los certificados.

Otro episodio ocurrió con el permiso de 2012. Tras un incidente de nulidad promovido por Jorge Blas Hernández Araya, la Alcaldía dictó una resolución que anulaba ese certificado. Bajo Pita S. A. impugnó la actuación.

El 30 de noviembre de 2021, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dictó la resolución 545-2021, correspondiente al expediente 20-003410-1027-CA.

El Tribunal declaró con lugar el recurso presentado por la empresa y anuló la resolución municipal que había dejado sin efecto el certificado. Como consecuencia, la constancia de uso de suelo de 2012 permaneció vigente.

La resolución judicial completa permite examinar el fundamento de esa decisión. El fallo cuestionó la actuación utilizada para anular el permiso, sin constituir una autorización definitiva para desarrollar todas las obras del proyecto.

Para la Municipalidad, el resultado significó que no bastaba con considerar irregular una constancia. También debía utilizar correctamente los procedimientos previstos para cuestionarla.

Durante la Alcaldía de Humberto Soto Herrera, del PLN, continuaron las gestiones judiciales. Entre los procesos posteriores aparecen los expedientes 22-004412-1027-CA y 24-001543-1027-CA, correspondientes a controversias sobre las autorizaciones.

Roberto Thompson regresó a la Alcaldía en 2024, cuando el conflicto ya acumulaba más de una década.

Un acta oficial del 17 de febrero de 2026 confirma que ambos procesos de lesividad seguían en trámite en esa fecha. La Municipalidad mantenía su posición de que existían fundamentos técnicos y jurídicos para cuestionar las autorizaciones.

De los tribunales nacionales al arbitraje internacional

El 14 de julio de 2025, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) registró el caso ARB/25/33, promovido por las sociedades canadienses Gestion Bayonne Inc. y 9048-4957 Québec Inc. contra la República de Costa Rica.

La reclamación se relaciona con inversiones en Empresas Berthier EBI de Costa Rica y con actuaciones de autoridades locales respecto de permisos para proyectos de gestión de residuos.

La información de UNCTAD sobre el arbitraje incluye controversias relacionadas con Alajuela y Montes de Oro, Puntarenas. La demanda internacional, por tanto, tiene un alcance más amplio que los cinco certificados de Turrúcares.

UNCTAD registra una reclamación de US$125 millones. El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031 del Ministerio de Hacienda también incorpora información sobre esa exposición internacional.

Durante el encuentro de noviembre de 2026, Rodrigo Chaves mencionó US$150 millones como posible exposición para Costa Rica. Los documentos consultados no permiten establecer por qué esa cifra difiere de los US$125 millones registrados en las fuentes anteriores.

El arbitraje continúa sin un laudo definitivo conocido que ordene a Costa Rica pagar la suma reclamada. La ficha oficial del CIADI registra que el tribunal se constituyó el 30 de octubre de 2026.

Las demandantes cuestionan actuaciones que consideran perjudiciales para sus inversiones. Corresponderá al tribunal determinar si existió alguna violación de las obligaciones internacionales invocadas y cuáles serían sus consecuencias.

Las decisiones municipales y los gobiernos nacionales

Los certificados originales fueron emitidos durante la presidencia de Laura Chinchilla, mientras Roberto Thompson encabezaba la Alcaldía de Alajuela. Los principales cuestionamientos técnicos y la declaratoria de lesividad de 2016 ocurrieron durante la presidencia de Luis Guillermo Solís.

El arbitraje internacional se registró en 2025, bajo el gobierno de Rodrigo Chaves. En noviembre de 2026, durante la presidencia de Laura Fernández, el Ejecutivo planteó una salida negociada vinculada con obras para Turrúcares y el retiro de los litigios.

Esta secuencia permite distinguir el origen municipal de los permisos, las decisiones posteriores para impugnarlos y la actuación del Estado frente a la demanda internacional. Las fechas identifican qué autoridades estaban en funciones, mientras que los expedientes muestran cuáles decisiones están documentadas.

En el ámbito municipal, el PLN aparece en distintas etapas por las alcaldías de Thompson y Soto. La votación de 2016 permite establecer que el Concejo respaldó institucionalmente la declaratoria de lesividad. La afiliación partidaria ayuda a ubicar a las autoridades, pero las responsabilidades por cada acto deben examinarse a partir de sus competencias y actuaciones concretas.

¿Quiénes eran los dueños de las fincas?

Los expedientes identifican sociedades relacionadas con derechos sobre los terrenos y a Luis Diego Aguilar Zumbado como gestor de solicitudes. También identifican a Bajo Pita S. A. como propietaria de la finca vinculada con el certificado de 2012.

La información disponible no permite reconstruir completamente la cadena de traspasos ni identificar a todos los beneficiarios finales de las sociedades mencionadas.

Tampoco se ha podido comprobar documentalmente la versión de que las propiedades hubieran pertenecido a los llamados hermanos Araya. Para establecerlo sería necesario consultar los historiales registrales y las relaciones societarias correspondientes.

Siguen pendientes las copias íntegras de los cinco certificados originales, necesarias para verificar quién firmó cada autorización. Los expedientes consultados permiten reconstruir las actuaciones posteriores, pero no justifican atribuir esas firmas a funcionarios específicos.

Lo que debe resolver ahora Alajuela

La propuesta presentada por el Gobierno en noviembre de 2026 coloca al Concejo Municipal ante una decisión delicada. Retirar los procesos judiciales significaría modificar la ruta que la Municipalidad inició cuando declaró lesivos los permisos y decidió acudir a los tribunales.

El gobierno local tendría que valorar los fundamentos técnicos y jurídicos que sostuvo durante años, el estado actual de los expedientes y las consecuencias de desistir de ellos. La empresa, por su parte, tendría que adoptar las decisiones correspondientes sobre el arbitraje internacional.

La necesidad de mejorar carreteras, puentes y servicios en Turrúcares existe independientemente de la controversia por el relleno sanitario. La propuesta gubernamental ha vinculado esas obras con una salida al conflicto, pero no ha resuelto por sí misma la discusión sobre la legalidad de los permisos.

En 2016, once regidores respaldaron que la Municipalidad acudiera a la justicia para cuestionar cinco autorizaciones emitidas por sus propias oficinas. En aquella sesión también pidieron investigar posibles responsabilidades de funcionarios por la tramitación de esos documentos.

Diez años después, el Concejo enfrenta la posibilidad de abandonar la vía judicial como parte de una negociación. Los informes que motivaron la impugnación, las resoluciones de los tribunales y los acuerdos de aquella sesión siguen siendo parte del expediente que deberá considerar.

La próxima decisión municipal tendrá que hacerse cargo de esa historia.

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