Gobierno anuncia cambios en cárceles y ajuste fiscal.
La conferencia de prensa de este miércoles no dejó anuncios aislados.
El ajuste al Poder Judicial, las nuevas órdenes dentro de las cárceles y las respuestas a la oposición fueron presentados por el Gobierno como partes de una misma forma de ejercer el poder: reducir el gasto, reforzar el mando institucional y cerrar filas alrededor de Rodrigo Chaves.
La presidenta Laura Fernández y varios integrantes del Ejecutivo utilizaron la conferencia para dejar claro que no contemplan suavizar sus decisiones ante las críticas políticas o institucionales.
El mensaje fue repetido desde distintos frentes: el Gobierno considera que el país debe abandonar prácticas del pasado, imponer límites al gasto y recuperar espacios donde, según su lectura, la autoridad pública se ha debilitado.
El presupuesto como prueba de fuerza.
Rodrigo Chaves colocó el choque con el Poder Judicial dentro de una discusión más amplia sobre las finanzas públicas.
El ministro de la Presidencia y Hacienda rechazó las advertencias sobre las consecuencias de un menor presupuesto judicial y afirmó que esa institución deberá ajustarse, al igual que el resto del país.
Su argumento no se limitó al monto del recorte.
Chaves sostuvo que durante años decisiones políticas, programas públicos y gastos de distintas administraciones fueron financiados con deuda que ahora debe pagar la ciudadanía. Bajo esa lectura, mantener la disciplina fiscal no sería una elección del Gobierno, sino una obligación con las generaciones futuras.
Para defender esa posición, volvió sobre los gobiernos de Óscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, a quienes atribuyó parte del deterioro fiscal acumulado.
También criticó a exdiputados que integraron la Comisión de Asuntos Hacendarios y aseguró que varias iniciativas enviadas durante su anterior administración fueron archivadas sin avanzar.
Así, la discusión sobre el presupuesto judicial terminó convertida en una revisión política de las últimas décadas y en una advertencia al Congreso actual, el Ejecutivo no pretende financiar nuevas exigencias mediante más deuda.
En las cárceles, el Gobierno quiere mandar sin intermediarios.
Mientras Hacienda defendía límites al gasto, el Ministerio de Justicia presentó un paquete de decisiones destinado a modificar la vida interna de los centros penitenciarios.
El ministro Gabriel Aguilar anunció el retiro de los televisores instalados en las celdas, nuevas restricciones para las visitas íntimas y el traslado de privados de libertad identificados como figuras de poder dentro de los módulos.
También ordenó rotaciones entre directores y policías penitenciarios, especialmente en áreas sensibles como máxima seguridad de La Reforma.
La Unidad de Inteligencia Penitenciaria y la Dirección de Inteligencia y Seguridad deberán revisar posibles enriquecimientos injustificados, estilos de vida y conductas sospechosas entre funcionarios.
El anuncio más severo se dirigió al personal penitenciario que sea detenido colaborando con bandas o introduciendo artículos prohibidos. Según Aguilar, esos funcionarios serán ubicados en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro.
Más que una lista de medidas, el planteamiento del jerarca fue una disputa directa por el control de las cárceles.
Aguilar afirmó que las decisiones dentro del sistema penitenciario corresponden al Poder Ejecutivo y rechazó que grupos criminales, funcionarios corruptos u otras instituciones condicionen su administración.
Algunas de esas afirmaciones podrían abrir nuevas discusiones sobre las competencias de los jueces de ejecución de la pena y de otras entidades de control.
Laura Fernández cierra filas alrededor de Chaves
La conferencia también sirvió para responder a quienes cuestionan la permanencia de Rodrigo Chaves en dos ministerios.
La diputada Claudia Dobles había criticado su ausencia en el Congreso, la falta de acercamiento con las fracciones opositoras y su actuación durante la visita presidencial a Crucitas.
Laura Fernández no entró a discutir cada señalamiento.
Respondió que la evaluación de los ministros le corresponde a ella mientras ocupe la Presidencia y aseguró que Chaves cumple las metas fijadas por su administración.
La mandataria utilizó el mismo argumento frente a las críticas de José María Villalta y añadió que espera que el diputado frenteamplista nunca llegue a la Presidencia.
La respuesta confirmó algo que ya era visible dentro del Ejecutivo: los cuestionamientos externos no están debilitando la posición política de Chaves. Por el contrario, Fernández aprovechó la conferencia para ratificarlo públicamente.
De la explicación al enfrentamiento personal.
El tono cambió cuando las respuestas dejaron de concentrarse en las decisiones del Gobierno y pasaron a referirse a quienes las critican.
Chaves descalificó los conocimientos de Villalta sobre el sector privado y recurrió a la expresión “¿qué sabe una gallina de astronomía?” para responderle.
También atacó al director ejecutivo del Poder Judicial, Jorge Araya, por describir el ajuste presupuestario como un golpe de Estado presupuestario.
Laura Fernández, por su parte, calificó la reacción del Poder Judicial como un “berrinche” y afirmó que las instituciones que no quieran acompañar al Gobierno deberían evitar obstaculizar su trabajo.
Estas frases dominarán probablemente la conversación pública por su dureza.
Sin embargo, debajo del intercambio verbal quedó una definición política más importante: el Ejecutivo no trata las críticas como simples diferencias sobre presupuesto, cárceles o coordinación institucional. Las presenta como resistencia de sectores que, según su discurso, quieren conservar privilegios o impedir cambios.
Una conferencia para marcar quién toma las decisiones.
La conferencia dejó menos espacio para el diálogo que para la delimitación de autoridad.
En el Poder Judicial, el mensaje fue que también deberá ajustarse.
En las cárceles, que el Ministerio de Justicia pretende recuperar el control interno.
En el gabinete, que Rodrigo Chaves conserva el respaldo pleno de la presidenta.
Y frente a la oposición, que el Gobierno no modificará su rumbo para evitar confrontaciones.
La discusión que queda abierta no es únicamente si cada medida resulta popular.
También será necesario observar hasta dónde puede avanzar el Ejecutivo en su intención de reforzar el mando sin provocar nuevos choques legales, institucionales y políticos.
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