Chaves ofrece obras en Turrúcares y plantea un acuerdo para resolver disputa por Bajo Pita

El Gobierno propuso inversiones cercanas a ₡6.000 millones si la Municipalidad de Alajuela retira una acción judicial relacionada con el proyecto de residuos. El presidente municipal calificó la propuesta como un «trueque» y pidió que los vecinos comprendieran qué tendrían que aceptar.

Por MUNDO ACR Las obras se ofrecieron en Turrúcares. La decisión se tomará en Alajuela. Y quienes tendrán que vivir con sus consecuencias son los vecinos.

El presidente del Concejo Municipal de Alajuela, Jorge Arturo Campos, escuchó la oferta de Rodrigo Chaves y decidió explicarla con una palabra que marcó el cierre del conversatorio en Turrúcares: «trueque».

Campos reconoció que las obras ofrecidas por el Gobierno serían beneficiosas para el distrito, pero aclaró que estaban vinculadas a una decisión municipal sobre el proyecto de tratamiento y disposición de residuos en Bajo Pita, en San Miguel de Turrúcares. La propuesta no consistía únicamente en construir carreteras, un colegio técnico y centros de cuido. Para avanzar, el Concejo tendría que retirar una acción judicial relacionada con los permisos del proyecto y facilitar un arreglo con la empresa.

Chaves, actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, defendió esa salida durante la actividad del 4 de noviembre, transmitida por Casa Presidencial. Afirmó que permitiría atender necesidades históricas de la comunidad y reducir el riesgo económico que enfrenta Costa Rica por un arbitraje internacional. También advirtió que la oferta tenía un plazo limitado.

El encuentro reunió a autoridades nacionales, representantes municipales y asociaciones comunales. Hubo vecinos que respaldaron la posibilidad de negociar y otros que rechazaron recibir una instalación de residuos cerca de sus viviendas, aun cuando se ofrecieran nuevas obras.

Qué propone el Gobierno y qué espera a cambio

La propuesta parte de una controversia que lleva más de una década. La Municipalidad de Alajuela otorgó permisos de uso de suelo vinculados con Bajo Pita y posteriormente cuestionó su legalidad, lo que dio lugar a procedimientos administrativos y judiciales.

Chaves considera que mantener esa disputa expone al país a gastos elevados y a una posible condena internacional. Por eso planteó que el Concejo Municipal retire el proceso de lesividad, se retomen los compromisos originales con la empresa y se negocie el retiro del arbitraje contra Costa Rica.

La lesividad es un procedimiento mediante el cual una institución pública busca que un tribunal anule un acto propio que considera contrario al interés público. En este caso, la Municipalidad ha cuestionado permisos relacionados con el desarrollo del proyecto.

El origen de esa discusión puede consultarse en el acta del Concejo Municipal del 28 de junio de 2022, donde se recogen criterios técnicos sobre la compatibilidad de un certificado de uso de suelo emitido en 2012 con el plan regulador.

Durante el conversatorio, Chaves sostuvo que un arreglo permitiría evitar costos judiciales y destinar recursos a infraestructura local. La eventual terminación del arbitraje, sin embargo, también dependería de las empresas demandantes y de las condiciones jurídicas que se acuerden.

El ministro manifestó que estaba dispuesto a firmar el compromiso de inversiones una vez que la Municipalidad tomara la decisión solicitada. Al terminar la actividad no existía un acuerdo municipal aprobado ni se había firmado ese documento.

El arbitraje que preocupa al Gobierno

El conflicto internacional existe y está formalmente registrado. Las empresas canadienses Gestion Bayonne Inc. y 9048-4957 Québec Inc. presentaron una reclamación contra Costa Rica relacionada con proyectos de gestión de residuos y actuaciones de las municipalidades de Alajuela y Montes de Oro.

El caso, identificado como ARB/25/33, fue registrado el 14 de julio de 2025 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Según el registro oficial de casos pendientes del CIADI, el tribunal arbitral quedó constituido el 30 de octubre de 2026.

El proceso continúa pendiente de resolución.

Chaves mencionó durante la reunión una exposición económica de US$150 millones y estimó en US$4 millones la contratación de la defensa jurídica del Estado.

La documentación fiscal ofrece una referencia adicional. El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031 del Ministerio de Hacienda, con información de COMEX, registra una reclamación de al menos US$125 millones. La base de controversias de inversión de Naciones Unidas también consigna US$125 millones como monto reclamado.

La diferencia con los US$150 millones mencionados por Chaves no permite concluir que su estimación sea incorrecta, pues podría responder a una actualización o a conceptos adicionales. La documentación pública consultada no permite establecer esa conciliación.

Lo que sí puede distinguirse es el monto reclamado de una eventual condena. Costa Rica enfrenta un procedimiento internacional, pero todavía no existe un laudo que le ordene pagar esa cantidad.

El ministro argumentó que las decisiones judiciales nacionales hacen particularmente delicada la defensa costarricense. Cuando un vecino comparó el caso con el arbitraje de Crucitas, Chaves explicó que los antecedentes jurídicos eran diferentes y que, a su juicio, la posición del Estado en Bajo Pita es menos favorable.

La comparación planteada durante el conversatorio muestra por qué no todos los arbitrajes terminan de la misma manera. Cada caso depende de sus hechos, de las obligaciones internacionales aplicables y de las decisiones que adopte el tribunal.

Las obras que podrían llegar a Turrúcares

Las asociaciones comunales aprovecharon la presencia de los ministros para hablar de problemas que conocen desde hace años. Las rutas nacionales 721 y 136, el deterioro de puentes, la falta de instalaciones adecuadas para el cuido infantil y las limitaciones del liceo ocuparon buena parte de las intervenciones.

Andrés López, representante de la Asociación de Desarrollo de Turrúcares, explicó que las comunidades han solicitado intervenciones viales sin obtener todavía las soluciones que necesitan. También describió las dificultades para contar con un CEN-CINAI adecuado y planteó la necesidad de ampliar la oferta educativa.

El ministro de Obras Públicas y Transportes indicó que ya se trabajaba en el diseño de aproximadamente cuatro kilómetros de la ruta 721, entre la ruta 3 y Cebadilla. Señaló que ese tramo podría intervenirse en marzo de 2027, aunque el diseño tendría que ajustarse si el proyecto de residuos genera tránsito pesado adicional.

Para otros sectores de la ruta mencionó trabajos posteriores, posiblemente entre setiembre y octubre de 2027. También se discutieron intervenciones en la ruta 136 y varios puentes.

Chaves propuso además construir un acceso desde la ruta 27 hacia Bajo Pita, de manera que los camiones recolectores no atravesaran el centro de Turrúcares. Estimó su costo en unos US$5 millones y señaló que buscaría negociar la participación de la empresa y del MOPT.

En educación, el Gobierno discutió la posibilidad de desarrollar un colegio técnico profesional en un terreno cercano al actual liceo. El ministro de Educación estimó que, una vez adquirido el inmueble, la construcción podría completarse en un plazo de año y medio a dos años.

También se habló de nuevas instalaciones para CEN-CINAI, un centro diurno para adultos mayores, servicios de larga estancia y espacios deportivos y comunitarios.

Estas iniciativas se encontraban en distintas etapas de planteamiento. Algunas requerían terrenos, avalúos, diseños o convenios entre instituciones. Durante la reunión se mencionaron costos preliminares, pero no se presentó un presupuesto consolidado de todas las obras.

Chaves reunió las propuestas en una oferta de inversión cercana a ₡6.000 millones, condicionada a que la Municipalidad avanzara hacia el arreglo sobre Bajo Pita.

Vecinos que ven una oportunidad y otros que temen sus consecuencias

La posibilidad de recibir esas inversiones generó reacciones distintas entre los representantes comunales.

Gustavo Morera, de la Asociación de Desarrollo de San Miguel, reconoció que había votado por Chaves, pero expresó su desacuerdo con aceptar el proyecto a cambio de mejoras para la comunidad.

Morera habló de las dificultades para conseguir citas médicas y de los costos que enfrentan las familias cuando deben trasladarse a otros lugares. Después explicó por qué, a pesar de esas necesidades, le preocupaba la instalación de residuos.

Mencionó calles estrechas, el posible aumento de camiones, la seguridad de sus hijas y la presencia de nacientes de agua, pozos y un corredor biológico. Su intervención mostró que una persona puede reconocer necesidades urgentes de inversión y, al mismo tiempo, considerar inadecuada la ubicación propuesta.

Alfredo Agüero, presidente de la Asociación de Desarrollo de Cebadilla, manifestó que las comunidades representadas por su organización no quieren el proyecto. También pidió explicaciones sobre el arbitraje y cuestionó que se presentara una posible derrota internacional como un riesgo tan elevado.

Otros participantes tuvieron una valoración diferente. Gerardo Alfaro, quien intervino en representación de una asociación ambientalista, aseguró conocer la finca Bajo Pita y consideró que podría ser adecuada para la instalación. Cuestionó, además, que se hubieran permitido otras actividades de disposición de residuos en zonas cercanas.

El comité organizador y otros representantes agradecieron la presencia de las autoridades y respaldaron la búsqueda de soluciones para el distrito.

Las intervenciones dejaron posiciones diferentes dentro de Turrúcares. La discusión no se limitó a simpatizantes y adversarios de Chaves, ni todos los vecinos compartieron la misma valoración ambiental del proyecto.

El problema nacional de la basura

El ministro de Salud explicó que Costa Rica enfrenta dificultades por la reducción de la vida útil de varios rellenos sanitarios. Durante la actividad señaló que el país dispone de siete instalaciones de ese tipo y advirtió sobre la situación de los rellenos de La Uruca y Aserrí.

Chaves sostuvo que el cantón central de Alajuela podría quedarse sin alternativas cercanas suficientes para disponer sus residuos si no se habilita nueva capacidad.

El problema de la basura requiere decisiones de las autoridades nacionales y municipales. Una reducción en la capacidad disponible puede elevar los costos de transporte y complicar la prestación de un servicio que afecta directamente la salud pública.

La necesidad de nuevas instalaciones, sin embargo, no resuelve automáticamente las preguntas sobre la ubicación de Bajo Pita.

En los antecedentes municipales aparecen objeciones relacionadas con los permisos y la compatibilidad del proyecto con la normativa territorial. El acta municipal del 18 de noviembre de 2025 recoge parte de esa discusión jurídica y técnica.

Durante el conversatorio, Chaves afirmó que el proyecto utilizaría tecnología moderna para tratar los residuos y controlar posibles impactos. También ofreció garantizar que los camiones no circularan por el centro de la comunidad si se concretaba el acuerdo.

La ejecución de esas medidas dependería de los diseños definitivos, los permisos correspondientes y la fiscalización ambiental y sanitaria. La promesa de una tecnología más avanzada no sustituye esos controles, del mismo modo que las preocupaciones de los vecinos deben examinarse con información técnica sobre las condiciones reales del lugar.

El momento en que la Municipalidad pidió claridad

Después de escuchar las ofertas gubernamentales, Jorge Arturo Campos tomó la palabra como presidente del Concejo Municipal.

Observó que algunas personas aplaudían las inversiones y otras respaldaban a quienes rechazaban el proyecto de residuos. Entonces explicó que las obras propuestas estaban vinculadas a una decisión municipal que permitiría avanzar con la instalación.

Campos calificó la propuesta como un «trueque» y planteó que los habitantes debían comprender sus condiciones antes de que los regidores decidieran. También manifestó su interés en conocer la posición de la comunidad.

Chaves respondió que la competencia jurídica corresponde a la Municipalidad y cuestionó la conveniencia de someter el asunto a una consulta en las circunstancias de esa reunión. Consideró que la presencia de personas movilizadas y las interrupciones podían distorsionar la decisión.

El Gobierno busca una resolución rápida que, según su planteamiento, reduzca el riesgo económico del arbitraje y permita comprometer inversiones. Campos insistió en que los vecinos deben comprender el alcance de lo que se negocia y participar en la discusión.

Chaves advirtió que la oferta no estaría disponible indefinidamente. Explicó que, cuando Hacienda tuviera que destinar recursos a contratar la defensa internacional, retiraría la propuesta de inversiones. Mencionó un plazo cercano, asociado a esa contratación, e instó a los regidores a actuar.

Lo que sigue pendiente

El Concejo Municipal de Alajuela deberá valorar si procede retirar las acciones judiciales relacionadas con Bajo Pita y bajo cuáles condiciones podría negociarse con las empresas involucradas.

Esa decisión tiene consecuencias que van más allá de las obras ofrecidas. También involucra la legalidad de permisos municipales, las responsabilidades del Estado ante inversionistas extranjeros, la necesidad de gestionar los residuos y las condiciones ambientales de Turrúcares.

La comunidad, por su parte, conoce ahora una propuesta concreta de inversión y las condiciones que el Gobierno plantea para impulsarla.

Al terminar el conversatorio, no había una decisión municipal definitiva, un convenio de obras firmado ni un acuerdo que pusiera fin al arbitraje internacional.

Las obras todavía son una oferta. La decisión sobre Bajo Pita tendrá que tomarla la Municipalidad, y las consecuencias las vivirá Turrúcares.