Cruickshank dice que defiende a las víctimas. ¿Sus propios datos permiten comprobarlo?

POR MUNDO ACR La Defensoría pide resultados medibles cuando fiscaliza al Estado. Cruickshank dice que también defiende a las víctimas. La pregunta es sencilla: ¿Dónde están esos resultados?
Angie Cruickshank tuvo que responder este lunes una pregunta que se repitió después de la inspección al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO). Si la Defensoría de los Habitantes vigila las condiciones en que permanecen personas privadas de libertad, ¿qué hace por quienes sufrieron los delitos?
La defensora rechazó que la institución se ocupe solamente de determinados sectores. “Esta Defensoría y particularmente esta Defensora es la defensora de todos los habitantes”, aseguró durante una entrevista en Desde Buena Mañana.
También dijo que ninguna institución pública defiende a una persona condenada por el delito que cometió. Hay una diferencia necesaria en esa discusión. Investigar una denuncia por posible tortura, una golpiza o falta de atención médica dentro de una cárcel no significa defender el crimen cometido por quien está preso. La Defensoría tiene facultades para vigilar posibles violaciones de derechos humanos y una condena no borra todos los derechos de una persona.
Pero a Cruickshank le preguntaron también por las víctimas y su respuesta permite revisar algo mucho más concreto.
“El rol de la Defensoría de los Habitantes es precisamente trabajar en favor de las víctimas”, afirmó.
¿De qué manera?
Cruickshank habló del seguimiento a la seguridad nacional y ciudadana, del análisis de la política nacional de seguridad, de recomendaciones para mejorarla y de reuniones con los jerarcas responsables de ejecutarla. Dijo que así la Defensoría puede “aportar a las víctimas” y “defender los derechos de las víctimas”, procurando que el Estado tenga herramientas y políticas para combatir la criminalidad y proteger a las familias.
MUNDO ACR revisó esa explicación y encontró respaldo para una parte importante.
El Informe Anual 2025-2026 de la Defensoría documenta trabajo alrededor de la Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica Segura Plus. La institución ha dado seguimiento al tema de seguridad ciudadana y ha cuestionado aspectos de la política impulsada por el Estado.
Informe Anual 2025-2026 de la Defensoría de los Habitantes:
https://www.dhr.go.cr/defensoria_transparente/informes_institucionales/informes/labores/documentos/18_if25_26_La_CostaRica_que_Construimos_Juntos.pdf
Por tanto, sería incorrecto decir que Cruickshank inventó ese trabajo para defenderse de las críticas por CACCO. También sería incorrecto afirmar que la Defensoría se ha desentendido de la inseguridad.
Hasta ahí, su respuesta tiene respaldo.
El problema comienza con lo que ella misma agregó. Cruickshank no se quedó en decir que la Defensoría fiscaliza la política de seguridad. Presentó ese trabajo como una manera de defender los derechos de las víctimas.
Una política de seguridad busca proteger a toda la población. Dentro de esa población están quienes ya sufrieron un delito, pero también millones de personas que no han sido víctimas. Una intervención directa ante la vulneración de derechos de alguien que sufrió un delito es otra forma de actuación.
Eso no vuelve inútil el trabajo sobre seguridad pública. Lo que obliga es a saber qué estamos contando cuando hablamos de “defender a las víctimas”.
Y para comprobarlo existe una exigencia especialmente interesante. No la inventó MUNDO ACR. La utiliza la propia Defensoría cuando fiscaliza al Estado.
Al analizar Costa Rica Segura Plus, la institución ha cuestionado problemas para evaluar resultados y rendir cuentas. En sus informes señaló debilidades en metas y mecanismos de evaluación. También ha advertido sobre acciones formuladas de manera general sin suficiente precisión sobre plazos, responsables, recursos e indicadores de cumplimiento.
Informe Anual 2024-2025:
https://www.dhr.go.cr/defensoria_transparente/informes_institucionales/informes/labores/documentos/19_if24_25.pdf
Informe Anual 2023-2024:
https://dhr.go.cr/defensoria_transparente/informes_institucionales/informes/labores/documentos/20_informe_23_24.pdf
Es una exigencia razonable. Para saber qué consiguió una política no alcanza con enumerar reuniones, recomendaciones o acciones realizadas. Hay que poder seguir lo ocurrido después.
Entonces hicimos el mismo ejercicio con la afirmación de Cruickshank.
La Defensoría registró 29.247 intervenciones durante 2025. De ellas, 17.768 fueron orientaciones y asesorías a habitantes, 6.809 intervenciones por denuncia y 3.776 intervenciones informales. El resto corresponde a otras formas de actuación de la institución.
Buscamos dentro de la información pública revisada cuántas de esas 29.247 intervenciones fueron realizadas directamente con personas víctimas de la delincuencia.
No encontramos una clasificación que permita sacar esa cifra.
Eso debe leerse exactamente como es. No sabemos si son muchas o pocas. No sabemos cuántas son. La ausencia de esa categoría en los datos públicos revisados tampoco demuestra que la Defensoría no tenga esos casos registrados con mayor detalle internamente.
Lo que hoy no puede hacerse con esos datos públicos es medir la afirmación que Cruickshank hizo en la entrevista.
Y entonces ocurre algo particular cuando se escucha completa su respuesta sobre CACCO.
Cruickshank explicó que la Defensoría ha recibido denuncias dentro del sistema penitenciario relacionadas con posibles torturas, golpizas y falta de atención médica. Son denuncias que deben investigarse y no hechos que puedan darse por demostrados solamente porque alguien los denunció.
Después contó qué hará la institución. Dijo que darán seguimiento a las denuncias recibidas, solicitarán información a las autoridades, abrirán registros de intervención y continuarán los diálogos correspondientes. Informó además que ya redactaron un acta de la inspección al CACCO que harán pública y que posteriormente elaborarán un informe. Incluso señaló que verificarán si existen represalias contra quienes hablaron durante la visita.
En esa parte de la entrevista se puede seguir bastante bien el recorrido de una actuación de la Defensoría. Alguien denuncia una posible vulneración, la institución interviene, inspecciona, abre registros, solicita información, da seguimiento y produce documentos.
Cuando Cruickshank explicó qué hace por las víctimas de la delincuencia, no presentó un recorrido semejante. Habló de la política nacional de seguridad, recomendaciones y reuniones con jerarcas.
Sería un salto injustificado concluir de ahí que la Defensoría atiende mejor a los privados de libertad. La entrevista no aporta datos para comparar cantidad, recursos, resultados o intensidad de atención entre ambas poblaciones.
Pero sí permite hacerle a Cruickshank una pregunta nacida de su propia explicación. Si la Defensoría también defiende directamente los derechos de las víctimas de la delincuencia, ¿cómo se ve ese trabajo cuando se sigue desde la persona afectada hasta la intervención y su resultado?
La defensora dio una explicación de por qué buena parte de la ciudadanía podría no conocerlo.
Hizo un “mea culpa” y habló de un “error histórico” de la Defensoría. Según Cruickshank, la institución ha dedicado sus recursos a la defensa y promoción de derechos humanos, pero no ha puesto el mismo esfuerzo en comunicar todo lo que hace.
La entrevista aporta razones para no descartar esa explicación.
Cruickshank habló de actuaciones relacionadas con estudiantes, educadores, usuarios de servicios de salud, personas con discapacidad, migrantes y adultos mayores. También mencionó derechos laborales de policías penitenciarios, necesidades planteadas por funcionarios del OIJ y condiciones de la Fuerza Pública.
Dio además un ejemplo difícil de confundir con una declaración general. Según explicó, una inspección sin previo aviso al Ministerio de Educación permitió encontrar más de 60.000 gestiones pendientes relacionadas con derechos laborales de educadores y funcionarios administrativos.
Eso golpea directamente la idea de que la Defensoría solo trabaja por las personas encarceladas. La propia entrevista contiene ejemplos que contradicen esa acusación.
Pero hay una ausencia curiosa en una entrevista que nació precisamente de la discusión entre privados de libertad y víctimas.
Cruickshank pudo mencionar ejemplos concretos de trabajo con educadores, policías penitenciarios, OIJ y Fuerza Pública. Cuando llegó el momento de explicar su defensa de las víctimas de la delincuencia, no contó un caso, una cantidad de intervenciones ni un resultado directo. Su respuesta volvió a la política nacional de seguridad.
Tal vez ahí esté exactamente el problema de comunicación que ella reconoce. Si es así, los registros de la Defensoría pueden resolverlo.
Hay otra parte de su explicación que también resistió mejor de lo que podría suponerse después de la controversia por CACCO.
Cruickshank aseguró que la visita no nació aquel viernes. Dijo que la Defensoría mantiene una programación anual de inspecciones, que durante el año habían realizado más de 12 dentro del sistema penitenciario y que CACCO estaba incluido en esa rotación.
Fue todavía más precisa. Afirmó que cuando la institución se excusó de participar en la inauguración del centro dejó indicado en una nota que tenía previsto inspeccionarlo posteriormente.
Si el documento dice lo que Cruickshank aseguró, la intención de visitar CACCO existía antes de la controversia que explotó después de la inspección.
También explicó cómo terminaron participando otras instituciones. Según su relato, la Defensoría informó durante conversaciones sobre seguridad ciudadana que realizaría la visita y las demás instituciones pidieron sumarse.
Eso tampoco contradice necesariamente que la inspección fuera sin previo aviso. Las instituciones participantes podían conocer y coordinar la diligencia sin informar previamente al establecimiento que sería inspeccionado.
Cruickshank llamó a la visita una inspección “ordinaria”. Esa palabra sí deja algo comprobable dentro de su propia explicación.
Si durante el año hubo más de 12 inspecciones penitenciarias dentro de la misma programación, esas visitas permiten saber cómo funciona normalmente una inspección de la Defensoría. Compararlas con CACCO permitiría determinar cuánto tuvo esta de rutinario y qué elementos fueron distintos, si los hubo.
La presencia de periodistas durante la diligencia generó otra discusión, pero la entrevista no permite saber quién les informó. Que hubiera prensa tampoco prueba que Cruickshank la convocara ni que la inspección fuera un montaje. Atribuir esa decisión a la Defensoría, a la Fiscalía o a cualquier participante sin evidencia convertiría una sospecha en una acusación.
Después de revisar completa la explicación de Cruickshank, varias acusaciones fáciles pierden fuerza.
No encontramos base para afirmar que la Defensoría solamente se ocupa de personas privadas de libertad. La propia entrevista contiene ejemplos de otras poblaciones y los documentos institucionales muestran trabajo en seguridad ciudadana. Tampoco hay sustento para tratar las denuncias de tortura o golpizas como hechos ya demostrados, ni para presentar la presencia de periodistas como prueba de un montaje.
Pero al quitar todo ese ruido queda intacta la frase con la que Cruickshank decidió defender su gestión.
“El rol de la Defensoría de los Habitantes es precisamente trabajar en favor de las víctimas”.
La institución registró 29.247 intervenciones en 2025 y Cruickshank sostiene que el problema histórico ha sido no comunicar suficientemente todo lo que hacen.
Ahí están las dos piezas que permiten comprobar su explicación.
Si dentro de esas miles de intervenciones está el trabajo directo con víctimas de la delincuencia, los registros pueden mostrar cuántas fueron, qué derechos estaban siendo vulnerados, cómo intervino la Defensoría y qué ocurrió después.
Es exactamente el tipo de resultado que la propia Defensoría pide poder medir cuando fiscaliza al Estado.
Esta vez esa misma exigencia recae sobre la Defensoría.
La institución registró 29.247 intervenciones en 2025 y Cruickshank sostiene que el problema histórico ha sido no comunicar suficientemente todo lo que hacen.
Si dentro de esas miles de intervenciones está el trabajo directo con víctimas de la delincuencia, los registros pueden mostrar cuántas fueron, qué derechos estaban siendo vulnerados, cómo intervino la Defensoría y qué ocurrió después.
La Defensoría lleva años pidiendo al Estado políticas que puedan medirse y rendir cuentas sobre sus resultados. Cruickshank acaba de afirmar que su institución trabaja en favor de las víctimas.
Ahora le corresponde a la Defensoría demostrarlo con sus propios datos.

