Por ACR Mundo | Redacción Regional Centroamérica.

Durante más de una década, Costa Rica y Panamá han arrastrado una disputa comercial que sobrevivió cambios de gobierno, procesos internacionales y negociaciones diplomáticas sin llegar todavía a una solución definitiva.

Y quizá ahí está lo más llamativo del caso.

La tensión ya no parece una diferencia comercial pasajera.

Empieza a sentirse como un pulso regional donde comercio, política, protección de mercados y relaciones diplomáticas terminaron mezclándose durante años sin que ninguna de las partes lograra cerrar el problema.

Esta semana, el sector lácteo costarricense volvió a respaldar públicamente la posición del gobierno de Laura Fernández frente a las restricciones que Panamá mantiene sobre productos nacionales desde 2020.

La Cámara Nacional de Productores de Leche asegura que el bloqueo provocó pérdidas superiores a los $200 millones y afectó directamente a miles de familias y productores vinculados al sector.

Pero el origen de la disputa es mucho más antiguo que el actual gobierno.

Los primeros antecedentes se remontan a 2011, durante la administración de Laura Chinchilla Miranda, cuando Costa Rica decidió no renovar permisos sanitarios a una planta panameña que exportaba productos avícolas.

Aquella decisión frenó exportaciones panameñas hacia territorio costarricense y abrió una tensión comercial que con el tiempo fue creciendo.

Años después, Panamá tomó medidas contra productos agrícolas, cárnicos y lácteos costarricenses alegando incumplimientos fitosanitarios y vencimientos de permisos sanitarios.

Costa Rica rechazó esa posición y sostuvo que las restricciones carecían de sustento técnico y científico.

La situación siguió avanzando gobierno tras gobierno.

Pasó por las administraciones de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, donde el diferendo dejó de verse únicamente como un tema sanitario y terminó escalando hasta la Organización Mundial del Comercio.

Ante la falta de acuerdos bilaterales, Costa Rica presentó una demanda formal ante la OMC en 2021.

Tres años después, un panel arbitral falló a favor del país y concluyó que Panamá incumplía múltiples obligaciones comerciales internacionales.

Pero la disputa tampoco terminó ahí.

Panamá apeló la resolución.

Y ese movimiento abrió una situación todavía más compleja, el órgano de apelación de la OMC permanece prácticamente inactivo, dejando el caso atrapado en una especie de limbo jurídico internacional.

Por eso la tensión dejó de sentirse únicamente técnica o sanitaria.

También empezó a verse política, económica y diplomática.

El expresidente Rodrigo Chaves incluso intentó que Panamá no apelara el fallo internacional, según reconoció públicamente el propio presidente panameño José Raúl Mulino.

La respuesta fue negativa.

Mulino dejó claro que Panamá priorizaría la protección de sus sectores productivos y recordó además que empresas panameñas también enfrentaron restricciones históricas dentro de Costa Rica.

A partir de ahí, el tema dejó de verse únicamente como un reclamo comercial.

Empezó a convertirse en una discusión sobre reciprocidad entre países, un principio diplomático donde un Estado responde o actúa frente a otro de forma similar a cómo considera que ha sido tratado.

Eso quedó todavía más claro cuando Mulino confirmó que Panamá revisa con cautela solicitudes relacionadas con venta de energía hacia Costa Rica en medio de la disputa comercial.

Sin elevar el tono públicamente, el mandatario panameño dejó un mensaje diplomático bastante claro, las relaciones entre ambos países no se discuten únicamente en tribunales internacionales.

También pasan por intereses estratégicos, energía, comercio y capacidad de presión mutua.

Mientras tanto, productores costarricenses siguen reclamando una salida después de años de pérdidas económicas acumuladas.

Según datos del sector lácteo, cerca de 85 mil kilos diarios de leche que antes ingresaban al mercado panameño tuvieron que buscar nuevos destinos comerciales tras el cierre de fronteras.

El impacto también alcanzó pequeñas industrias que no lograron sostenerse dentro del mercado local.

Aun así, la disputa parece lejos de cerrarse rápidamente.

Y quizá el punto más delicado ya no es quién tiene la razón jurídica.

La verdadera señal que empieza a dejar este caso es otra, qué tan limitados pueden llegar a ser los mecanismos internacionales cuando los choques comerciales terminan mezclándose con protección de mercados, presión política y estrategias regionales de largo plazo.

Después de más de una década, el caso terminó demostrando que incluso entre países vecinos y tratados comerciales vigentes, los intereses económicos y la protección de mercados pueden pesar más que los propios mecanismos internacionales.

En ACR Mundo seguimos explicando las tensiones económicas, políticas y regionales que terminan impactando a Costa Rica y Centro América. Seguinos también en nuestro canal de Telegram para más análisis y noticias.

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Por MUNDO ACR | Centroamérica explicada sin gritos.

Mientras gran parte de Centroamérica pasó décadas marcada por guerras, golpes de Estado y dictaduras, Costa Rica terminó construyendo una imagen distinta dentro de la región.

No perfecta. No libre de tensiones.Pero sí diferente.

Y esa idea volvió a aparecer esta semana en boca del escritor y exvicepresidente nicaragüense Sergio Ramírez.

“Las luchas en Centroamérica contra las dictaduras nunca habrían sido posibles sin Costa Rica como lugar de refugio y libertad”, afirmó durante una entrevista con BBC Mundo.

La frase no pasó desapercibida porque viene de alguien que no habla desde lejos.

Ramírez formó parte de la Revolución Sandinista que derrocó a Anastasio Somoza en 1979, fue vicepresidente de Nicaragua y hoy vive exiliado tras convertirse en uno de los principales críticos del gobierno de Daniel Ortega.

El país al que muchos terminaban llegando

Durante décadas, miles de centroamericanos cruzaron fronteras buscando algo que en otros lugares parecía imposible: respirar políticamente.

Mientras Nicaragua, El Salvador o Guatemala atravesaban conflictos armados y persecuciones, Costa Rica se convirtió en refugio para periodistas, estudiantes, opositores y familias enteras que escapaban de la violencia o del miedo.

Para generaciones de nicaragüenses, “irse para Costa Rica” no solo significaba migrar.

Muchas veces significaba sobrevivir.

Y esa percepción terminó convirtiéndose en parte de la identidad regional del país.

La imagen que hoy empieza a cambiar.

Ramírez reconoce que la Costa Rica actual ya no se parece completamente a la de hace varias décadas.

La migración masiva, las tensiones sociales y el desgaste político han cambiado el ambiente regional.

Según explicó, hoy existe una vigilancia mayor sobre los flujos migratorios y menos tolerancia que antes hacia la migración nicaragüense.

Aun así, evitó afirmar que Costa Rica haya dejado de ser un espacio de refugio.

Más bien describió un país enfrentando presiones que antes no existían con la misma intensidad.

Y ahí aparece una pregunta incómoda que empieza a crecer en Centroamérica, si Costa Rica sigue siendo vista como aquel refugio democrático histórico o si esa imagen comienza lentamente a transformarse.

La pelea por la memoria también sigue viva.

La entrevista terminó tocando otro tema mucho más profundo, quién controla el relato histórico en América Latina.

Ramírez asegura que muchas nuevas generaciones ya tienen una visión confusa sobre la Revolución Sandinista, las dictaduras de la región y las luchas políticas que marcaron a Centroamérica durante décadas.

Según él, el paso del tiempo, la polarización y las nuevas disputas ideológicas terminaron mezclando recuerdos, símbolos y lecturas políticas que antes parecían mucho más claras dentro de la región.

Más que literatura

Aunque la conversación surgió alrededor de una nueva novela, las declaraciones de Ramírez terminaron retratando algo mucho más amplio que un libro o una entrevista cultural.

Hablan de una Centroamérica que todavía arrastra heridas políticas abiertas.

De una región donde el exilio sigue existiendo.

Y también de un país como Costa Rica que, para bien o para mal, todavía continúa siendo observado desde afuera como una pieza distinta dentro del tablero centroamericano.

La pregunta es si esa imagen histórica seguirá intacta en los próximos años… o si la propia región empieza a verla de otra manera.

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Y eso no cayó del cielo.
Es una herida que lleva décadas y que se reactiva cada vez que el país atraviesa un nuevo golpe político, económico o climático.

Un país que vive en modo “choque constante”.

Honduras no solo lucha contra la corrupción y la violencia.
También es uno de los territorios más vulnerables al clima en toda América Latina, solo por detrás de Haití.

Huracanes como Mitch (1998), Eta e Iota (2020) arrasaron ciudades, cosechas y empleos.
Cada vez que el país empieza a levantarse, llega un nuevo golpe.

Y mientras eso pasa, el mundo también mueve las piezas:

• sube el petróleo por guerras lejanas
• caen las remesas cuando EE.UU. se enfría
• baja la demanda de materias primas en Asia

Todo golpea directamente el bolsillo hondureño.

Pobreza que no baja porque el suelo siempre tiembla.

En los últimos 15 años, Honduras ha vivido con un promedio de 63% de pobreza.
Incluso antes de la pandemia, ya estaba alrededor del 60%.

Cuando llegó el COVID-19, todo explotó:

El gobierno celebró una reducción reciente, pero esa baja se compara con el peor año de la pandemia.
El terreno sigue siendo frágil.

Remesas: el salvavidas que mantiene a flote al país.

Un cuarto de la economía hondureña depende del dinero que sus ciudadanos envían desde el extranjero.

Si ese ingreso desapareciera hoy, Honduras caería en una pobreza mucho más profunda.

La migración dejó de ser una esperanza para muchos, sobre todo con el fin de las caravanas.
Miles han tenido que quedarse en casa y sobrevivir como puedan.

Café, banano, palma, maquila… y un país atrapado en lo mismo.

La economía hondureña depende de muy pocos motores.
Y esos motores casi no cambian:

• agricultura vulnerable al clima
• industria maquilera que paga poco
• comercio informal que no garantiza estabilidad
• empresas sin acceso a crédito
• inversión extranjera que no llega o se retira

Esa falta de diversificación explica por qué, aunque Honduras crece alrededor de 3.6% anual, la gente no lo siente.

Un crecimiento que avanza dos pasos… y retrocede tres.

Un economista lo resumió así:

“Honduras construye una casa donde un día colocan ladrillos y al siguiente los quitan”.

Esa inestabilidad, política, económica, institucional, impide que el crecimiento sea sostenible.
Y sin crecimiento sostenido, la pobreza no baja de verdad.

Instituciones débiles: el agujero que se traga todo avance.

Los casos de corrupción de alto nivel, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández condenado en EE.UU. han desgastado la confianza pública.

En un país donde la justicia no siempre se cumple, donde la política cambia rumbo cada cuatro años y donde la inseguridad jurídica espanta la inversión, es muy difícil que lleguen empleos de calidad.

El costo humano de una economía en pausa.

Mientras los analistas discuten cifras, la realidad es una sola:

• jóvenes que no terminan secundaria
• familias enteras trabajando en la informalidad
• madres que viven del “día a día”
• agricultores que dependen del clima
• comunidades que nunca se recuperan del último desastre

Más del 70% de los hondureños trabaja sin contrato ni seguridad social.
Eso no es “economía en desarrollo”.
Es una batalla diaria por comer mañana.

Honduras no es pobre por naturaleza. Es pobre porque nunca la dejan levantar la casa completa.

Un país no puede salir adelante si cada avance se rompe por:

• un huracán
• un escándalo político
• un cambio internacional
• o un sistema que no protege a su gente

Las elecciones del domingo definirán un nuevo gobierno.
Pero el verdadero desafío será romper ese ciclo que mantiene a Honduras atrapada.

Y eso, hermano… eso no lo resuelve una sola persona.
Es un cambio que se construye ladrillo por ladrillo, esta vez sin quitarlos al día siguiente.

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Durante la visita, los gastos de viaje y seguro estarán a cargo del Ministerio de Justicia, mientras que viáticos, hospedaje y alimentación contarán con un monto de 286 dólares. Según información oficial del Ministerio, Campos percibirá el 100% de su salario durante su estadía. A su regreso, deberá entregar un informe ejecutivo al presidente Chaves en un máximo de ocho días, detallando actividades, resultados y beneficios para el Ministerio y el país.

En su ausencia, la viceministra de Gestión Estratégica, Carolina Castro, asumirá la dirección del Ministerio.

La visita coincide con la adjudicación de la construcción del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), proyecto clave para fortalecer la capacidad institucional del país frente al crimen de alta peligrosidad.

Según los documentos del contrato, el plazo para el movimiento de tierras es de 90 días naturales, mientras que la construcción del inmueble tiene un plazo máximo de 195 días naturales. Todos los plazos y etapas son públicos en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Algunos medios se enfocan principalmente en viáticos, salarios y aspectos administrativos. En ACR, el énfasis está en la cooperación internacional y la supervisión del proyecto Cacco, explicando al lector el contexto completo, los objetivos estratégicos y cómo se desarrollará la obra. Esto permite una lectura clara, educativa y sin manipulaciones.

Cláusula legal:
Toda la información presentada se basa en documentos y comunicados oficiales de acceso público. Mundo ACR no realiza imputaciones, juicios ni certifica la veracidad de opiniones de terceros mencionadas en este artículo. Su finalidad es exclusivamente informativa.

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