Reelección de Jorge Araya: los votos de la oposición
El 27 de octubre, Claudia Dobles cuestionó la reforma presidencial de Pueblo Soberano porque permitiría que una persona regresara al poder repetidamente. Advirtió sobre la posibilidad de permanecer durante décadas en la Presidencia y señaló que la iniciativa estaba pensada para Rodrigo Chaves.
Al día siguiente, la diputada respaldó la continuidad de Jorge Araya García durante otros ocho años en la Sala Constitucional.
Álvaro Ramírez, de Liberación Nacional, y José María Villalta, del Frente Amplio, también votaron a favor de esa continuidad. Los tres habían cuestionado la reforma presidencial, aunque por razones diferentes.
No se trata de cargos equivalentes. La Presidencia depende del voto popular y los magistrados cuentan con garantías especiales para proteger su independencia frente a los políticos. Pero esas diferencias no impiden examinar los criterios que utilizan los legisladores cuando deciden quién debe continuar ejerciendo poder público.
En el caso de Villalta, además, existe un antecedente particular. En 2018 cuestionó el nombramiento de Araya. Ocho años después, defendió que permaneciera en el cargo.
Los 29 votos que no alcanzaron
El 28 de octubre, la Asamblea Legislativa resolvió el expediente 25.801, relacionado con la reelección de Jorge Araya García como magistrado de la Sala Constitucional.
Veintinueve diputados de Pueblo Soberano se pronunciaron contra su continuidad. Veinticuatro legisladores de oposición la respaldaron y cuatro estuvieron ausentes.
El registro nominal de la votación permite comprobar cómo votó cada diputado.
Aunque hubo más votos contrarios que favorables, Araya continuará hasta octubre de 2034.
La razón está en el artículo 158 de la Constitución Política. Los magistrados son nombrados por ocho años y se consideran reelegidos por periodos iguales, salvo que al menos 38 diputados acuerden impedirlo.
Faltaron nueve votos.
Esta protección busca evitar que un magistrado dependa de la aprobación política periódica de quienes podrían verse afectados por sus decisiones.
La Procuraduría General de la República explicó en 2023 que la garantía fue discutida desde la Asamblea Constituyente de 1949. También reconoció que limitar las reelecciones puede favorecer la renovación de la Corte, aunque advirtió sobre las consecuencias que podría tener para la independencia judicial.
La Constitución protege la continuidad de los magistrados. Eso no significa que su desempeño deba quedar fuera del escrutinio público.
Villalta cuestionó su elección en 2018
Cuando Araya fue elegido magistrado propietario de la Sala Constitucional en 2018, José María Villalta cuestionó las circunstancias de aquel nombramiento.
Durante la discusión de octubre de 2026, diputados oficialistas recuperaron esas críticas para cuestionar que el Frente Amplio ahora respaldara su permanencia.
Villalta no negó su posición anterior.
Según la cobertura del debate legislativo del 28 de octubre, reconoció que mantenía cuestionamientos sobre el proceso de 2018, pero sostuvo que la nueva decisión debía considerar el desempeño de Araya durante sus ocho años como magistrado propietario.
El diputado afirmó que no encontraba motivos suficientemente graves para impedir su continuidad. También advirtió que dejar vacantes podría provocar nuevos bloqueos legislativos, debido a la mayoría calificada necesaria para nombrar sustitutos.
Su posición de 2026, por tanto, no fue una defensa sin explicaciones. Villalta distinguió entre las circunstancias del nombramiento original y la evaluación posterior del trabajo realizado.
El oficialismo, por su parte, cuestionó los antecedentes de Araya en cargos vinculados con administraciones liberacionistas y planteó dudas sobre su independencia.
Los diputados opositores respondieron que haber trabajado para gobiernos de un partido no demuestra, por sí solo, parcialidad judicial.
Araya rechazó haber militado en una agrupación política y explicó sus antecedentes durante la comparecencia legislativa.
El debate dejó planteados dos asuntos diferentes. Uno es la trayectoria previa de quien aspira a integrar la Corte. Otro es lo que sus decisiones y resultados permiten establecer sobre el ejercicio del cargo.
Los argumentos para mantenerlo
La oposición también presentó cifras sobre el trabajo del despacho de Araya.
En la Comisión de Nombramientos, el diputado frenteamplista Antonio Trejos expuso que, entre noviembre de 2018 y agosto de 2026, el despacho recibió 31.656 asuntos y resolvió 31.460.
La relación equivale aproximadamente al 99,4 % de los asuntos recibidos. Son cifras expuestas por Trejos y recogidas en la cobertura del debate legislativo, no una comprobación independiente de MUNDO ACR sobre el informe original.
Los números tampoco permiten establecer cuánto tardó cada expediente ni evaluar por sí solos la calidad de las resoluciones.
Trejos argumentó que los atrasos de asuntos que requieren decisiones colegiadas no podían atribuirse automáticamente a un solo magistrado.
Diputados liberacionistas destacaron resoluciones sobre derechos fundamentales y sostuvieron que los cuestionamientos presentados no demostraban faltas suficientes para impedir la continuidad de Araya.
La Comisión de Nombramientos había terminado dividida. Cuatro diputados oficialistas recomendaron la no reelección y tres opositores defendieron que continuara.
El Plenario terminó resolviendo el asunto bajo el mecanismo constitucional que exige 38 votos para impedir la permanencia.
Claudia Dobles y los límites del poder
El día anterior a esa votación, Claudia Dobles había cuestionado la reforma constitucional impulsada por Pueblo Soberano.
La diputada advirtió que el proyecto permitiría regresar repetidamente a la Presidencia. Su crítica fue recogida en la cobertura del 28 de octubre de Delfino.cr.
El expediente 25.867 permitiría dos mandatos presidenciales consecutivos. Después exigiría permanecer cuatro años fuera del cargo antes de optar por una nueva candidatura.
No establece un máximo de periodos presidenciales acumulados durante toda la vida.
El oficialismo sostiene que no propone una reelección indefinida. Efectivamente, el proyecto impediría un tercer periodo consecutivo inmediato, aunque permitiría nuevos regresos después de cumplir la pausa.
Dobles cuestionó esa posibilidad de regresar repetidamente.
Al día siguiente respaldó que Araya permaneciera otros ocho años en la Corte.
La diferencia entre ambas instituciones es relevante. La reelección de magistrados está vinculada con garantías de independencia judicial que no funcionan de la misma manera para la Presidencia.
En la documentación consultada no encontramos una explicación individual de Dobles sobre los motivos de su voto del 28 de octubre. Por ello, no corresponde atribuirle razones que no haya expresado.
Queda documentada, sin embargo, su posición ante dos decisiones distintas sobre la continuidad de personas que ejercen poder público.
La otra reelección judicial
El caso de Araya no fue el único debate de esta legislatura sobre la permanencia de magistrados.
El 9 de setiembre, Julia Varela obtuvo otro periodo de ocho años en la Sala Segunda.
Los 31 diputados oficialistas votaron contra su reelección, mientras 25 legisladores opositores presentes la respaldaron.
Varela ocupa esa magistratura desde 2002. Con el nuevo periodo podrá completar 32 años consecutivos.
El registro legislativo de aquella votación documenta el resultado.
En ambos casos, Pueblo Soberano defendió impedir la continuidad de magistrados y las bancadas opositoras consideraron que no existían motivos suficientes para separarlos del cargo.
La duración de una trayectoria judicial no demuestra por sí sola un problema. Pero tampoco sustituye la evaluación de desempeño, independencia y rendición de cuentas.
El contraste con Lula
En esa misma semana, dirigentes del PLN y el Frente Amplio felicitaron a Luiz Inácio Lula da Silva por su nueva victoria presidencial en Brasil.
Lula ganó por cuarta vez la Presidencia el 25 de octubre. La legislación brasileña permite dos mandatos consecutivos y nuevas candidaturas después de permanecer fuera del cargo.
Álvaro Ramírez elogió el enfoque social del proyecto brasileño. Miguel Guillén destacó la trayectoria democrática de Lula y Vianey Mora, del Frente Amplio, interpretó el resultado como una derrota del llamado tecnofascismo.
Las declaraciones fueron recogidas por Diario Extra.
Felicitar a un presidente elegido bajo las reglas de Brasil no equivale a respaldar una reforma constitucional en Costa Rica.
El episodio sí aporta otro elemento al debate. Las valoraciones políticas sobre la continuidad presidencial también toman en cuenta la trayectoria de quien gobierna, sus resultados y las circunstancias del país.
La propuesta de Pueblo Soberano
Mientras cuestiona la continuidad de determinados magistrados, Pueblo Soberano impulsa una reforma que ampliaría las posibilidades de reelección presidencial.
El diputado José Miguel Villalobos reconoció públicamente que la iniciativa abriría la puerta a una candidatura de Rodrigo Chaves en 2030.
Eso no significa que Chaves vaya a regresar a la Presidencia. Para hacerlo tendría que cumplir los requisitos correspondientes, presentarse a una elección y obtener los votos necesarios.
La reforma tampoco está aprobada. Modificar la Constitución requiere un procedimiento especial y mayorías legislativas que el oficialismo no reúne por sí solo.
Los diputados de Pueblo Soberano han defendido la renovación de la Corte y han cuestionado antecedentes y desempeño de Araya. La oposición ha respondido con argumentos sobre independencia judicial y evaluación del trabajo realizado.
Son debates diferentes, con consecuencias institucionales diferentes. Sus protagonistas, sin embargo, deben responder públicamente por las razones de sus decisiones.
La decisión que ya quedó tomada
La reforma presidencial sigue en discusión. Su futuro dependerá del trámite constitucional y de las decisiones legislativas.
La continuidad de Jorge Araya ya quedó resuelta.
El 28 de octubre, Claudia Dobles, Álvaro Ramírez y José María Villalta estuvieron entre los 24 diputados que respaldaron su permanencia.
Villalta explicó por qué su evaluación de 2026 fue distinta de la que había hecho sobre el nombramiento de 2018. La documentación revisada no ofrece el mismo nivel de detalle sobre las razones individuales de Dobles y Ramírez para esta votación.
Veintinueve diputados se pronunciaron contra la continuidad de Araya. Necesitaban 38.
El magistrado continuará hasta 2034.
Firma editorial | MUNDO ACR
El poder no deja de ser poder porque se ejerza desde una silla distinta. Y los años en el cargo merecen tantas explicaciones como los votos que permiten quedarse.
