El ajuste al Poder Judicial, las nuevas órdenes dentro de las cárceles y las respuestas a la oposición fueron presentados por el Gobierno como partes de una misma forma de ejercer el poder: reducir el gasto, reforzar el mando institucional y cerrar filas alrededor de Rodrigo Chaves.

La presidenta Laura Fernández y varios integrantes del Ejecutivo utilizaron la conferencia para dejar claro que no contemplan suavizar sus decisiones ante las críticas políticas o institucionales.

El mensaje fue repetido desde distintos frentes: el Gobierno considera que el país debe abandonar prácticas del pasado, imponer límites al gasto y recuperar espacios donde, según su lectura, la autoridad pública se ha debilitado.

El presupuesto como prueba de fuerza.

Rodrigo Chaves colocó el choque con el Poder Judicial dentro de una discusión más amplia sobre las finanzas públicas.

El ministro de la Presidencia y Hacienda rechazó las advertencias sobre las consecuencias de un menor presupuesto judicial y afirmó que esa institución deberá ajustarse, al igual que el resto del país.

Su argumento no se limitó al monto del recorte.

Chaves sostuvo que durante años decisiones políticas, programas públicos y gastos de distintas administraciones fueron financiados con deuda que ahora debe pagar la ciudadanía. Bajo esa lectura, mantener la disciplina fiscal no sería una elección del Gobierno, sino una obligación con las generaciones futuras.

Para defender esa posición, volvió sobre los gobiernos de Óscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, a quienes atribuyó parte del deterioro fiscal acumulado.

También criticó a exdiputados que integraron la Comisión de Asuntos Hacendarios y aseguró que varias iniciativas enviadas durante su anterior administración fueron archivadas sin avanzar.

Así, la discusión sobre el presupuesto judicial terminó convertida en una revisión política de las últimas décadas y en una advertencia al Congreso actual, el Ejecutivo no pretende financiar nuevas exigencias mediante más deuda.

En las cárceles, el Gobierno quiere mandar sin intermediarios.

Mientras Hacienda defendía límites al gasto, el Ministerio de Justicia presentó un paquete de decisiones destinado a modificar la vida interna de los centros penitenciarios.

El ministro Gabriel Aguilar anunció el retiro de los televisores instalados en las celdas, nuevas restricciones para las visitas íntimas y el traslado de privados de libertad identificados como figuras de poder dentro de los módulos.

También ordenó rotaciones entre directores y policías penitenciarios, especialmente en áreas sensibles como máxima seguridad de La Reforma.

La Unidad de Inteligencia Penitenciaria y la Dirección de Inteligencia y Seguridad deberán revisar posibles enriquecimientos injustificados, estilos de vida y conductas sospechosas entre funcionarios.

El anuncio más severo se dirigió al personal penitenciario que sea detenido colaborando con bandas o introduciendo artículos prohibidos. Según Aguilar, esos funcionarios serán ubicados en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro.

Más que una lista de medidas, el planteamiento del jerarca fue una disputa directa por el control de las cárceles.

Aguilar afirmó que las decisiones dentro del sistema penitenciario corresponden al Poder Ejecutivo y rechazó que grupos criminales, funcionarios corruptos u otras instituciones condicionen su administración.

Algunas de esas afirmaciones podrían abrir nuevas discusiones sobre las competencias de los jueces de ejecución de la pena y de otras entidades de control.

Laura Fernández cierra filas alrededor de Chaves

La conferencia también sirvió para responder a quienes cuestionan la permanencia de Rodrigo Chaves en dos ministerios.

La diputada Claudia Dobles había criticado su ausencia en el Congreso, la falta de acercamiento con las fracciones opositoras y su actuación durante la visita presidencial a Crucitas.

Laura Fernández no entró a discutir cada señalamiento.

Respondió que la evaluación de los ministros le corresponde a ella mientras ocupe la Presidencia y aseguró que Chaves cumple las metas fijadas por su administración.

La mandataria utilizó el mismo argumento frente a las críticas de José María Villalta y añadió que espera que el diputado frenteamplista nunca llegue a la Presidencia.

La respuesta confirmó algo que ya era visible dentro del Ejecutivo: los cuestionamientos externos no están debilitando la posición política de Chaves. Por el contrario, Fernández aprovechó la conferencia para ratificarlo públicamente.

De la explicación al enfrentamiento personal.

El tono cambió cuando las respuestas dejaron de concentrarse en las decisiones del Gobierno y pasaron a referirse a quienes las critican.

Chaves descalificó los conocimientos de Villalta sobre el sector privado y recurrió a la expresión “¿qué sabe una gallina de astronomía?” para responderle.

También atacó al director ejecutivo del Poder Judicial, Jorge Araya, por describir el ajuste presupuestario como un golpe de Estado presupuestario.

Laura Fernández, por su parte, calificó la reacción del Poder Judicial como un “berrinche” y afirmó que las instituciones que no quieran acompañar al Gobierno deberían evitar obstaculizar su trabajo.

Estas frases dominarán probablemente la conversación pública por su dureza.

Sin embargo, debajo del intercambio verbal quedó una definición política más importante: el Ejecutivo no trata las críticas como simples diferencias sobre presupuesto, cárceles o coordinación institucional. Las presenta como resistencia de sectores que, según su discurso, quieren conservar privilegios o impedir cambios.

Una conferencia para marcar quién toma las decisiones.

La conferencia dejó menos espacio para el diálogo que para la delimitación de autoridad.

En el Poder Judicial, el mensaje fue que también deberá ajustarse.

En las cárceles, que el Ministerio de Justicia pretende recuperar el control interno.

En el gabinete, que Rodrigo Chaves conserva el respaldo pleno de la presidenta.

Y frente a la oposición, que el Gobierno no modificará su rumbo para evitar confrontaciones.

La discusión que queda abierta no es únicamente si cada medida resulta popular.

También será necesario observar hasta dónde puede avanzar el Ejecutivo en su intención de reforzar el mando sin provocar nuevos choques legales, institucionales y políticos.

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MUNDO ACR | Redacción Política

La discusión sobre la armonización del mercado eléctrico ya dejó de moverse únicamente alrededor del ICE, las tarifas o la apertura energética.

Ahora también se convirtió en una pelea política por algo mucho más sensible, quién representa realmente el modelo de país que quiere defender Costa Rica.

Y en medio de ese choque, el PLN empezó a quedar atrapado en una posición particularmente incómoda.

Porque mientras el oficialismo intenta pegarle la etiqueta de “comunistas” a quienes frenaron el proyecto, Liberación Nacional responde reivindicando precisamente conceptos históricamente ligados a su identidad.
Estado Social de Derecho, educación pública, equilibrio social y defensa institucional.

Ahí fue donde el debate dejó de ser solamente eléctrico.

El PLN intentó responder… pero terminó entrando al terreno que abrió el oficialismo

El presidente liberacionista Ricardo Sancho reaccionó después de que la presidenta Laura Fernández calificara de “comunistas” a diputados del PLN y del Frente Amplio por oponerse al proyecto.

Sancho aseguró que usar el término comunismo “para asustar” es un discurso “añejo” y afirmó que si defender el Estado Social de Derecho es ser comunista, entonces “toda Costa Rica es comunista”.

Y ahí fue donde el debate empezó a enredarse todavía más.

Porque gran parte del país puede defender, instituciones públicas, educación estatal o programas sociales sin necesariamente considerarse comunista.

Ahí el PLN intentó sacar la discusión del terreno ideológico, pero terminó hablando precisamente de ideología, mercado, derechos y modelo económico.

Y eso dejó una sensación política complicada, el Gobierno terminó llevando toda la discusión al terreno ideológico.

El partido que ayudó a negociar el proyecto ahora intenta frenarlo

Otro de los puntos incómodos para Liberación es que durante años sectores del partido participaron en negociaciones alrededor de la modernización eléctrica.

Incluso desde el Gobierno se insiste en que parte importante de la estructura del proyecto fue ajustada precisamente para acercarse a posiciones históricamente defendidas por el PLN.

Pero ahora el partido se distancia argumentando que el proyecto, favorece grandes consumidores, abre espacio a un “mercado salvaje” y no garantiza reducción de tarifas para las familias.

Ahí es donde empieza a crecer una pregunta incómoda para Liberación, si sectores del partido participaron durante años en conversaciones alrededor del proyecto, ¿Qué cambió realmente ahora?

Porque la discusión ya no parece únicamente técnica.

También empieza a sentirse como cálculo político y una pelea por quién se queda con el relato frente al país.

Villalta intentó mover la discusión hacia otro lado

Por su parte, el jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, trató de regresar el debate hacia otro punto,
la incapacidad del Gobierno para construir acuerdos políticos.

Villalta aseguró que el proyecto “iba destinado al fracaso” y calificó al Ministerio de la Presidencia como “inoperante”, acusándolo de dedicar más tiempo al ataque político que a negociar consensos.

Sin embargo, el problema político del PLN sigue siendo distinto al del Frente Amplio.

Porque Villalta nunca ha ocultado su posición de izquierda.

Liberación, en cambio, históricamente intentó venderse como una fuerza de centro socialdemócrata y equilibrio político.

Y ahí es donde la armonización eléctrica terminó abriendo una grieta particularmente sensible para el partido.

Porque mientras intenta defender su identidad histórica, también quedó votando junto al mismo bloque político al que el oficialismo intenta colocar como izquierda radical dentro del Congreso.

La pelea ya no parece solo eléctrica

Lo que empezó como una discusión sobre modernización energética terminó convertido en una batalla política por el relato del país.

Ahora todos intentan venderse como los verdaderos defensores de Costa Rica, unos hablando de empleo, inversión y crecimiento; otros diciendo que están protegiendo el modelo social, las tarifas y a las familias.

Pero en medio de esa guerra narrativa, el PLN ahora enfrenta un reto mucho más complejo, explicar no solo por qué rechaza el proyecto…

sino también qué modelo quiere defender y hasta dónde está dispuesto a diferenciarse tanto del oficialismo como de la izquierda tradicional.

Porque la pelea ya no parece solo sobre electricidad.

También empieza a parecer una disputa por quién logra convencer al país de que realmente está defendiendo el futuro del modelo costarricense.

En MUNDO ACR seguimos explicando las disputas políticas que terminan definiendo el rumbo económico, institucional y energético de Costa Rica. Unite también a nuestro canal de WhatsApp para seguir nuestras coberturas y análisis.

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El consenso permitió aprobar un nuevo texto relacionado con iniciativas como la Marina de Limón y la Terminal de Cruceros.

La propuesta nació durante la administración de Rodrigo Chaves y ahora forma parte de la agenda impulsada por el gobierno de Laura Fernández.

Dudas frenaron proyectos de Japdeva.

Durante el periodo legislativo anterior, parte de la oposición mantenía reservas sobre la manera en que podrían seleccionarse socios privados para los proyectos de Japdeva.

La principal preocupación giraba alrededor de la transparencia y del respeto a los principios de contratación pública.

Eso provocó que el expediente se llenara de mociones y enfrentamientos políticos que frenaron el avance del proyecto durante meses.

Ahora el panorama cambió.Tras negociaciones entre las fracciones, apareció una nueva redacción que terminó recibiendo el respaldo unánime de los 55 diputados presentes.

Acuerdo político permitió avanzarEl diputado José María Villalta explicó que el acuerdo buscó equilibrar dos posiciones, darle mayor flexibilidad a Japdeva para desarrollar proyectos y, al mismo tiempo, mantener controles en la selección de socios estratégicos.

Desde Liberación Nacional también respaldaron el consenso y señalaron que Limón necesita inversión, empleo y movimiento económico.

Con la aprobación del texto sustitutivo, las mociones pendientes fueron rechazadas o retiradas para permitir que los proyectos de Japdeva continúen avanzando.

Ahora la nueva versión será enviada a consulta a 15 instituciones, entre ellas la Contraloría General de la República.

Limón seguirá en el centro de la discusión.

Más allá del trámite legislativo, el acuerdo deja ver algo poco común en temas sensibles, oficialismo y oposición terminaron cediendo posiciones para destrabar proyectos relacionados con desarrollo regional e inversión en Limón.

La discusión ahora continuará en consultas institucionales y en el próximo avance del expediente dentro de la Asamblea Legislativa.

📲 Mientras muchos solo ven peleas políticas, aquí te contamos qué decisiones pueden terminar impactando empleo, inversión y desarrollo en el país.

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El tema de una posible renuncia del presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha causado una ola de reacciones en el ámbito político costarricense. Las declaraciones de figuras públicas como José María Villalta, exdiputado del Frente Amplio, y Pilar Cisneros, vocera del oficialismo, han avivado la discusión.

Villalta utilizó sus redes sociales para criticar la eventual decisión de Chaves de dejar Casa Presidencial. En su publicación, aseguró que dicha acción no solo sería un deshonor a la investidura presidencial, sino también un “escupitajo” al pueblo que confió en su liderazgo.

Según Villalta, el motivo detrás de esta posible renuncia estaría ligado a “intereses personales” y a la búsqueda de “nuevas inmunidades”. También enfatizó que la Asamblea Legislativa no debería oponerse a aceptar la dimisión.

“Si se quiere ir, que se vaya. Es una prueba irrefutable de que no está -y nunca estuvo- a la altura. Incluso es un peligro para la República y sus instituciones pretender mantener contra su voluntad en tan importante cargo a quien no lo quiere y está dispuesto a pisotearlo de tal manera en beneficio personal”, expresó el exdiputado.

Por su parte, Pilar Cisneros calificó las declaraciones de Villalta como “suposiciones falsas”. La vocera oficialista argumentó que el presidente Rodrigo Chaves no necesita ninguna inmunidad, afirmando que las denuncias en su contra carecen de fundamento sólido.

“El presidente Chaves no necesita ninguna inmunidad. ¡Vamos a demostrar que las 60 denuncias que tiene son sin sustancia!”, declaró Cisneros, quien también aseguró que una eventual renuncia no pone en peligro la institucionalidad o la democracia del país.

Cisneros añadió que, si el mandatario decide dimitir, sería en pro de garantizar una mayoría legislativa que permita implementar los cambios necesarios para el desarrollo de Costa Rica.

“Lo que diga Villalta es una suposición; su problema no tiene ningún asidero con la realidad”, sentenció.

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