Arias acusa a Chaves por visas sin presentar pruebas públicas.
El expresidente Óscar Arias elevó este domingo el tono político del debate por la revocatoria de visas a miembros de la Junta Directiva de La Nación al responsabilizar directamente al presidente Rodrigo Chaves de haber solicitado esa medida ante Estados Unidos.
La acusación, sin embargo, fue lanzada sin que Arias presentara evidencia pública que respalde tal afirmación.
En una publicación difundida con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el exmandatario aseguró que la revocatoria de visas “a solicitud del presidente Rodrigo Chaves” constituye una herida a la libertad de prensa y un mecanismo de intimidación propio de regímenes autoritarios.
El señalamiento marca una diferencia importante respecto a otras voces políticas que habían reaccionado al caso.
Mientras algunas figuras opositoras se habían limitado a pedir explicaciones o plantear dudas sobre una eventual incidencia del Gobierno costarricense en la decisión estadounidense, Arias dio un paso más allá y presentó como hecho consumado una supuesta intervención directa del mandatario.
Hasta el momento, no existe prueba pública conocida que confirme que el presidente Rodrigo Chaves haya solicitado a Estados Unidos revocar las visas de los directivos de La Nación.
Tampoco el gobierno estadounidense ha explicado oficialmente los motivos detrás de la medida.
La declaración de Arias, por tanto, introduce en el debate una acusación de extrema gravedad institucional sin respaldo documental o confirmación oficial visible hasta ahora.
El contexto político añade otra capa al episodio.
El propio Arias fue uno de los costarricenses a quienes Estados Unidos revocó la visa en meses recientes, lo que inevitablemente coloca sus declaraciones bajo una lectura política más compleja: la de un exmandatario personalmente afectado por la misma medida que ahora denuncia.
Más allá de la discusión sobre la decisión consular estadounidense, el episodio abre otra pregunta de fondo: qué tan responsable resulta atribuir públicamente a un presidente una supuesta gestión internacional de represalia contra un medio de comunicación sin presentar evidencia verificable ante la ciudadanía.
Porque en democracia, acusar de autoritarismo a un gobierno no es un señalamiento menor.
Y cuando una imputación de ese calibre se formula sin pruebas públicas sobre la mesa, el debate deja de girar solo sobre la libertad de prensa y también alcanza la responsabilidad de quien acusa.
En ACR no solo reportamos declaraciones: analizamos su peso, sus implicaciones y la evidencia que las respalda… o la falta de ella.
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