Acusan a exministro Méndez Mata por cierre de plantas de asfalto.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ha presentado una acusación formal contra el exministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, por el cierre de cuatro plantas productoras de mezcla asfáltica. Junto a Méndez, también fueron acusados el exdirector de obras, Vega León, y el oficial mayor, Cheves Ramírez. El delito que se les imputa es influencia contra la Hacienda Pública, debido a decisiones que, según la Fiscalía, carecieron de sustento técnico y jurídico.
Detalles del caso: plantas cerradas y recursos perdidos
Las cuatro plantas involucradas fueron instaladas en diversas regiones del país: Tajo El Chopo en Cañas, Guanacaste; Siquirres, Limón; Colima en Santo Domingo de Heredia; y Paso Real en Buenos Aires de Puntarenas. Esta última fue adquirida justo antes del proceso de cierre técnico y representó una inversión superior a los ₡1.700 millones, siendo la planta más costosa de las cuatro.
La Fiscalía acusa a Méndez Mata y a los otros implicados de haber eliminado los recursos asignados a estas plantas, provocando su deterioro, abandono y eventual cierre. Se argumenta que esta acción permitió que las plantas fueran enajenadas como bienes del MOPT, lo que generó un impacto negativo en las finanzas del Estado.
Según el expediente 19-000028-0033-PE, la Fiscalía también sostiene que estas plantas eran rentables en un escenario de producción ideal, con gran importancia para la obra pública vial. Sin embargo, el cierre técnico afectó la inversión realizada en la compra, instalación, mantenimiento y operación de las plantas. Además, se incrementó el costo de la mezcla asfáltica vendida por productores privados, generando una carga adicional para el Estado.
Próximos pasos en el proceso judicial
El expediente fue comunicado a las partes involucradas la semana pasada, y la Procuraduría General de la República deberá determinar si presentará una querella o acción civil resarcitoria. Si la causa es elevada a juicio, el Tribunal Penal deberá fijar una fecha para el inicio del proceso judicial.
Este caso ha generado un amplio interés, ya que implica la posible pérdida de recursos significativos y la toma de decisiones cuestionadas en el ámbito de las obras públicas, un sector clave para el desarrollo del país.
