Calderón se enfrenta a millonaria condena: apelará para evitar pagar ȼ23 millones al Estado.
El exmandatario costarricense Rafael Ángel Calderón Fournier ha anunciado su intención de apelar una sentencia judicial que lo obliga a pagar ȼ23 millones al Estado en concepto de costas judiciales. Este monto corresponde a una demanda que Calderón había presentado en busca de la devolución de ȼ150 millones de impuestos sobre la renta pagados entre 2003 y 2004.
El caso tiene su origen en una solicitud presentada por Calderón, quien exigía la devolución de dicha suma, argumentando que los ingresos por los cuales se le cobró el impuesto habían sido recalificados como provenientes de actividades ilícitas, y no de honorarios profesionales. Según Calderón, esto invalidaba el cobro del impuesto. Sin embargo, la Dirección General de Tributación y los tribunales rechazaron su solicitud por considerarla extemporánea.
Antecedentes del Caso
La batalla legal del exmandatario comenzó en abril de 2015 cuando el Tribunal Contencioso Administrativo dictaminó en su contra, argumentando que su demanda carecía de fundamento legal. Como resultado, además de perder la solicitud de devolución de impuestos, Calderón fue condenado a cubrir las costas del proceso judicial.
“Esto es una indefensión total para mí, fue una sorpresa. Nunca recibí ninguna notificación, el abogado murió por eso trabajaremos con los abogados para dar una respuesta”, comentó Calderón tras conocer la condena.
A pesar de la decisión adversa, Calderón y su equipo legal han expresado su disposición para continuar luchando en los tribunales. La apelación, que será presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, busca revertir la sentencia que, de confirmarse, obligaría al exmandatario a pagar los ȼ23 millones.
Implicaciones para el exmandatario
La condena se enmarca dentro de un contexto de mayor escrutinio hacia la conducta de figuras políticas en Costa Rica. Este proceso añade otra capa de complejidad a la trayectoria de Calderón, quien ha sido protagonista de varios episodios legales desde su salida de la presidencia.
El futuro de este caso dependerá del fallo que emita el Tribunal Contencioso Administrativo en la apelación. Si el tribunal ratifica la sentencia, Calderón no solo perdería el caso, sino que estaría obligado a cumplir con el pago de las costas judiciales, un golpe financiero importante para el exmandatario.
Este episodio legal entre Calderón y el Estado pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las figuras políticas cuando deben lidiar con asuntos fiscales y judiciales. Mientras tanto, la ciudadanía espera con interés el desenlace de esta apelación, que podría cambiar el rumbo de la situación financiera de Rafael Ángel Calderón.
