Cárcel para quienes recluten menores en delitos: proyecto de Ley avanza.
Comisión de Seguridad y Narcotráfico ha dado un paso significativo al dictaminar un proyecto de Ley que sanciona severamente a quienes recluten a jóvenes para cometer delitos. La iniciativa propone penas de entre 4 y 6 años de prisión para aquellos que, de manera directa o indirecta, induzcan o involucren a menores en la ejecución de crímenes.
Esta propuesta legislativa, impulsada por varios sectores políticos, ha sido bien recibida en el ámbito parlamentario. La diputada Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN), celebró el avance del proyecto, destacando que es un paso crucial en la protección de la niñez y en la lucha contra el crimen organizado. “Es imperativo cortar de raíz el uso de menores en actividades ilícitas. Esta ley será una herramienta clave para desmantelar las redes criminales que explotan a nuestros jóvenes”, expresó Larios.
El avance de este proyecto coincide con otros movimientos en la Asamblea Legislativa, que han generado diversas reacciones entre los diputados. Durante la juramentación del magistrado Porfirio Sánchez para un nuevo período de ocho años en la Sala Segunda, varios legisladores decidieron retirarse del recinto en señal de protesta. La jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros, explicó que la protesta se debió a desacuerdos sobre la reelección de Sánchez, un tema que ha generado controversia en el ámbito político.
Relevancia del Presupuesto Nacional 2025
En paralelo, la Comisión de Asuntos Hacendarios continúa sus discusiones sobre el Presupuesto Nacional 2025. Este martes, jerarcas del Ministerio de la Presidencia comparecerán ante los diputados para aclarar varios aspectos de la propuesta presupuestaria, una discusión que podría influir significativamente en los proyectos sociales y de seguridad para el próximo año.
Importancia del Proyecto
La ley contra el reclutamiento de menores no solo busca penalizar a quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de los jóvenes, sino también establecer un precedente en la lucha contra el crimen organizado en Costa Rica. El uso de menores por bandas criminales es una práctica recurrente, dada la percepción de que los menores son menos propensos a recibir castigos severos. Este proyecto intenta cerrar ese vacío legal y proteger a los más jóvenes de ser arrastrados hacia el mundo delictivo.
Con esta ley, se espera que tanto el Poder Judicial como las fuerzas de seguridad cuenten con herramientas más robustas para combatir este flagelo y prevenir que más menores caigan en las manos de organizaciones criminales. La implementación de esta medida será clave para medir su efectividad en los próximos años.
Este proyecto de Ley podría marcar un antes y un después en la lucha contra la criminalidad juvenil en Costa Rica. Mientras el país enfrenta desafíos complejos en materia de seguridad, la aprobación de esta iniciativa representa una luz de esperanza en la batalla por proteger a los menores y frenar la expansión del crimen organizado.
