“Contraloría: MEP falla en consolidar evaluación tras eliminar bachillerato”.
De acuerdo con el último informe de la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio de Educación Pública (MEP) no ha logrado consolidar una herramienta evaluativa efectiva desde la eliminación de las Pruebas Nacionales de Bachillerato en 2019. Esta situación ha generado un vacío significativo en la macroevaluación de los aprendizajes y pone en entredicho la capacidad del país para medir el progreso educativo de manera adecuada.
Tras la eliminación de las pruebas de bachillerato, el MEP implementó en 2021 las pruebas FARO (Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades). Sin embargo, estas también fueron descontinuadas tras una única aplicación debido a problemas técnicos, como la controversia surgida por el cuestionario de factores asociados, diseñado para recopilar información contextual sobre el estudiantado. Esta inconsistencia ha dejado al sistema educativo sin una herramienta sistemática y comparable que permita medir los logros y necesidades de los estudiantes.
Durante los ciclos lectivos de 2023 y 2024, el MEP ha intentado introducir pruebas comprensivas, cuyo objetivo es evaluar el dominio de los aprendizajes fundamentales de cada asignatura. A pesar de estos esfuerzos, la metodología utilizada ha sido cuestionada por su incapacidad para generar resultados comparables y por no abarcar a toda la población estudiantil. La Contraloría advierte que esta falta de estabilidad en las pruebas estandarizadas impide que el sistema educativo cuente con datos fiables y continuos para evaluar su efectividad.
El IX Informe del Estado de la Educación también resalta esta problemática. Según el documento, uno de los mayores desafíos del sistema de evaluación en Costa Rica es la constante modificación de objetivos y herramientas con cada cambio de gobierno. Esta fluctuación no solo genera inestabilidad, sino que dificulta la creación de un sistema de evaluación coherente y sostenible. Katherine Barquero, investigadora del Estado de la Educación, enfatiza que los sistemas de macroevaluación efectivos deben ser autónomos, técnicamente sólidos y estar basados en mecanismos de rendición de cuentas.
Según la Contraloría y expertos del Estado de la Educación coinciden en que el MEP debe desligarse de su rol como “juez y parte” en el proceso de evaluación. En varios países, las agencias independientes son responsables de la medición y evaluación del sistema educativo, lo que asegura una mayor transparencia y consistencia en los resultados. La OCDE ha recomendado que Costa Rica fortalezca su capacidad de evaluación mediante la creación de pruebas nacionales más frecuentes y ajustadas a los nuevos planes de estudio.
El MEP, por su parte, sostiene que cuenta con el personal adecuado para llevar a cabo esta labor, descartando la necesidad de delegar la evaluación a una entidad independiente. Sin embargo, las críticas persisten. Según la Contraloría, mientras no se consolide un sistema de evaluación estable y confiable, será difícil avanzar en la mejora continua del sistema educativo del país.
