Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela según la ONU
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha presentado un informe contundente que señala al gobierno de Nicolás Maduro por presuntamente cometer crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Estos crímenes incluyen violaciones graves de los derechos humanos, tales como asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, según el documento de 158 páginas publicado por la misión.
Un informe alarmante
El informe, que abarca el período entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, acusa a las fuerzas de seguridad y a grupos civiles armados progubernamentales de estar involucrados en la represión de opositores y en la brutal represión de protestas posteriores a los comicios. Según la misión, cuerpos como el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), junto con la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional, participaron en actos de violencia y represión.
Los abusos no se limitaron a líderes de la oposición. El informe destaca que ciudadanos comunes también fueron víctimas de la represión simplemente por expresar su desacuerdo con el gobierno o con los resultados electorales anunciados.
Detenciones arbitrarias y represión selectiva
Una de las denuncias más graves es el uso de campañas como la operación “Brazalete Blanco” para justificar la represión contra militares, políticos y activistas de la sociedad civil. En los diez meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas por supuestas conspiraciones, y durante la campaña electoral se registraron otras 121 detenciones relacionadas con actividades opositoras.
El informe destaca un aumento de la represión tras el anuncio de los resultados electorales, con una campaña masiva de detenciones indiscriminadas que llegó a cifras comparables con las protestas de 2014, 2017 y 2019. Las autoridades venezolanas habrían intensificado su respuesta represiva, incitando un clima de violencia y hostilidad, según las declaraciones recogidas por la misión.
Responsabilidad institucional
Además de las fuerzas de seguridad, el informe señala al Consejo Nacional Electoral por incumplir las normas básicas de transparencia e integridad, y a la Asamblea Nacional por aprobar leyes que restringen los derechos humanos y el espacio cívico y democrático. El sistema de justicia también fue señalado por su falta de independencia, lo que permitió que las violaciones de derechos humanos se perpetuaran sin consecuencia alguna.
El informe de la misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, junto con el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá, subraya que la represión en Venezuela ha alcanzado niveles preocupantes, no solo en el contexto electoral, sino como parte de un patrón más amplio de persecución contra quienes desafían al régimen de Maduro.
Implicaciones a futuro
Las conclusiones de la misión son claras: las violaciones de derechos humanos en Venezuela, especialmente en el contexto electoral de 2024, podrían constituir crímenes de lesa humanidad, y el gobierno de Maduro deberá rendir cuentas ante la comunidad internacional. Estos hallazgos plantean interrogantes sobre el futuro político de Venezuela y las posibilidades de justicia para las víctimas.
