DEKRA Lucha por la Continuidad en la Inspección Vehicular: Recurso de Amparo Presentado.
En un esfuerzo por asegurar la continuidad del servicio de inspección vehicular en Costa Rica, la empresa DEKRA ha presentado un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. La empresa argumenta que su participación como oferente se ha visto comprometida debido a actuaciones que consideran contrarias al debido proceso, afectando la igualdad de condiciones en la licitación.
La Controversia de la Licitación
El principal motivo del recurso de amparo radica en la admisión de más de 25 documentos nuevos fuera del plazo establecido, favoreciendo a un solo oferente, TÜV Rheinland. DEKRA sostiene que el plazo para la presentación de documentos que acrediten capacidad técnica y financiera venció en septiembre de 2023, y que permitir la inclusión de documentos fuera de este plazo viola los principios de equidad y transparencia en el proceso de licitación.
“Específicamente, DEKRA cuestiona la validez constitucional de la admisión de más de 25 documentos nuevos fuera de plazo, únicamente en beneficio de un solo oferente (TÜV Rheinland), pese a que el momento para la presentación de documentos que acrediten capacidad técnica y financiera venció en setiembre del 2023”, afirmó la empresa en un comunicado.
Implicaciones del Recurso de Amparo
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la presentación de un recurso de amparo suspende los efectos de los actos impugnados. Esto significa que la decisión final en el actual proceso de licitación deberá esperar la resolución de la Sala Constitucional. Este paso legal busca garantizar que todos los oferentes tengan la oportunidad de competir en igualdad de condiciones y que el proceso sea transparente y justo.
Reacciones y Expectativas
La presentación del recurso de amparo por parte de DEKRA ha generado diversas reacciones en el sector empresarial y en la opinión pública. Algunos ven esta acción como una defensa legítima de los derechos y la equidad en los procesos de contratación pública, mientras que otros consideran que podría retrasar innecesariamente la adjudicación del servicio de inspección vehicular, crucial para la seguridad vial en el país.
La intervención de la Sala Constitucional será determinante para resolver esta controversia y garantizar un proceso de licitación justo y equitativo. La resolución de este caso no solo afectará a las empresas involucradas, sino que también sentará un precedente importante para futuros procesos de contratación pública en Costa Rica.
