“Diputados presentan consulta por proyecto que según amenaza derechos”.
En un esfuerzo por proteger los derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política de Costa Rica, diputados del Partido Liberal Progresista (PLP), en conjunto con legisladores de al menos tres fracciones adicionales, han presentado una consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional. Este recurso tiene como objetivo cuestionar la legalidad del proyecto de ley 22.834, que ha generado serias preocupaciones sobre sus posibles impactos en los derechos de los ciudadanos, especialmente en cuanto a la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad privada.
El proyecto de ley, que fue aprobado en primer debate, busca modificar la Ley 8.754 contra la delincuencia organizada y fortalecer la función de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Sin embargo, varios diputados advierten que el proyecto podría socavar principios esenciales del sistema de justicia costarricense. En particular, el proyecto habilitaría al Ministerio Público para solicitar medidas cautelares anticipadas, tales como el secuestro de bienes, sin que exista una denuncia formal o pruebas suficientes para sustentar la acusación.
Los diputados del PLP señalan que esta disposición altera profundamente el principio de presunción de inocencia, ya que coloca la carga de la prueba en el ciudadano, quien deberá demostrar el origen lícito de sus bienes, mientras que el Estado no estaría obligado a presentar pruebas concluyentes de culpabilidad al momento de imponer medidas cautelares. Este cambio en la dinámica del proceso judicial representa, según los legisladores, un grave retroceso en términos de derechos y garantías procesales.
Implicaciones del Proyecto en el Derecho de Defensa
Otro punto crítico que ha generado preocupación es la limitación del derecho de defensa. Según los legisladores, el proyecto impone plazos irrazonablemente cortos, de apenas tres días, para que los ciudadanos puedan presentar una defensa contra las medidas cautelares solicitadas. Este margen de tiempo, consideran los diputados, compromete seriamente la capacidad del acusado para organizar una defensa efectiva, violando los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben regir cualquier proceso judicial en un Estado democrático.
El PLP también ha cuestionado la vulneración del derecho a la propiedad privada, un derecho constitucional fundamental. Según el proyecto, el Estado podría tomar posesión provisional de bienes y cuentas financieras sin pruebas suficientes de su origen ilícito, y sin ofrecer garantías claras de que estos bienes serán conservados adecuadamente durante el proceso judicial. Este vacío legal, advierten los diputados, deja a los ciudadanos expuestos a posibles abusos de poder y arbitrariedades por parte del Estado.
Oposición del PLP al Proyecto
El Partido Liberal Progresista ha sido firme en su oposición al proyecto en su forma actual, advirtiendo que representa un peligro real para la democracia costarricense. A pesar de los esfuerzos por modificar el texto durante su discusión, los diputados del PLP sostienen que la propuesta sigue siendo una seria amenaza para los derechos fundamentales de los costarricenses. La defensa de estos derechos, aseguran, es vital para prevenir que el poder del Estado se convierta en una herramienta de injusticia y abuso.
En resumen, la presentación de la consulta de constitucionalidad busca que la Sala Constitucional examine el proyecto y determine si este contraviene los principios fundamentales establecidos en la Constitución. Para los legisladores del PLP y sus aliados, esta acción es necesaria para garantizar que la justicia en Costa Rica se mantenga imparcial y respetuosa de los derechos de todos los ciudadanos.
