Escándalo en el BCR: Junta Directiva Señalada por Inacción ante Compras con Sobreprecio.
La Unión de Empleados del Banco de Costa Rica (Unebanco) ha lanzado fuertes acusaciones contra la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR), calificándola de “omisa y pasiva” frente a las presuntas irregularidades en la compra de al menos 10 propiedades por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) desde 2017.
Las acusaciones se centran en pagos inflados por un total de $92 millones (más de ₡48.486 millones al tipo de cambio vigente) en sobreprecios por estas adquisiciones.
Jonathan Blanco, secretario general de Unebanco, denunció que, a pesar de que se presentó una denuncia penal en la Fiscalía por estos hechos, la Junta Directiva del BCR no ha tomado medidas concretas. Según Blanco, existen indicios de que se dio la orden de eliminar información de discos duros para evitar la recopilación de pruebas.
El caso que más ha captado la atención es la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en Puntarenas, adquirido por BCR SAFI en 2020 por $70 millones. Este inmueble había sido comprado anteriormente por una sociedad vinculada al exdiputado Humberto Vargas Corrales por $16 millones, lo que significa una diferencia de $54 millones. La adquisición está bajo investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
Además del PEP, otras propiedades en Guadalupe, Santa Ana, La Uruca, Ciudad Colón y Pavas, todas vinculadas a sociedades relacionadas con el exlegislador Vargas, están bajo la lupa por presuntas anomalías. Estas investigaciones fueron impulsadas por solicitudes de inversionistas de los fondos de BCR SAFI, quienes cuestionan la transparencia de las compras.
El gerente general del BCR, Douglas Soto, ha indicado que están revisando todas las compras realizadas por BCR SAFI, aunque no especificó desde cuándo se está llevando a cabo esta revisión. Mientras tanto, Manfred Sáenz, gerente corporativo jurídico de BCR SAFI, negó la existencia de un modus operandi irregular y argumentó que las fluctuaciones en los precios de las propiedades son normales en el mercado inmobiliario.
En respuesta a estos cuestionamientos, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) ordenó al BCR realizar un aporte de capital de ¢22 mil millones a BCR SAFI para garantizar su estabilidad financiera a largo plazo. La medida incluye la prohibición de distribuir dividendos a los accionistas hasta que se cumplan los requisitos establecidos por la superintendencia.
