Investigación en marcha: Comisión Legislativa Examina supuestos nombramientos controversiales en la Junta Directiva del Banco Popular.

La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa de Costa Rica ha decidido abrir una investigación exhaustiva sobre los recientes nombramientos en la Junta Directiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC). El objetivo de esta comisión es esclarecer las presuntas irregularidades en la designación de altos cargos que han generado inquietud tanto en el sector financiero como en la opinión pública.

Entre los funcionarios llamados a comparecer se encuentran Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, actual presidente del Banco Popular; Gina Carvajal Vega, gerente general; Manuel González Cabezas, exauditor de la entidad; y Marco Chaves Soto, auditor interno. También han sido convocados Genoveva Chaves, expresidenta de la entidad, y Lenín Hernández Navas, extitular de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Además, Rocío Aguilar Montoya, superintendenta general de Entidades Financieras (Sugef), tendrá que rendir cuentas sobre su recomendación de destituir a varios directivos del banco.

La controversia surgió cuando Sugef señaló que los nombramientos de Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, María Clemencia Palomo Leyton y Eduardo Navarro Ceciliano no cumplían con los requisitos de experiencia establecidos en la normativa vigente. Este incumplimiento, según la reguladora, es motivo suficiente para que el Gobierno revoque estos nombramientos. La falta de experiencia adecuada fue detectada bajo el artículo 5 del Acuerdo CONASSIF 15-22, que requiere que los directores tengan una trayectoria demostrable en puestos similares en áreas relevantes para la actividad financiera de la entidad.

Francisco Nicolás, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), fue quien impulsó la moción para iniciar esta investigación, afirmando que las irregularidades detectadas en el Banco Popular “no son cosa pequeña”. El legislador señaló que el nombramiento de directivos sin cumplir con los requisitos legales, así como el manejo de recursos en una financiera en situación crítica, como es el caso de Desyfin, son situaciones que ameritan una investigación a fondo.

Recomendación de Sugef y Observaciones de KPMG

La recomendación de Sugef no solo se limita a cuestionar la experiencia de los directores, sino que también destaca las deficiencias en la evaluación realizada por KPMG, que no consideró adecuadamente la experiencia de los directivos en los mercados relevantes. Esto generó preocupación sobre la transparencia y la eficacia del proceso de evaluación que llevó a la aprobación de estos nombramientos.

Según Sugef, la normativa en vigor exige que los directores de entidades financieras tengan un conocimiento profundo de los productos y mercados en los que operan, lo que parece no haberse cumplido en este caso. La falta de alineación entre la experiencia de los directores y los requisitos regulatorios podría tener graves implicaciones para la estabilidad y la confianza en el Banco Popular y su conglomerado financiero.

Próximos Pasos

La programación de las audiencias se encuentra en desarrollo, y se espera que estas sesiones permitan esclarecer las responsabilidades de los involucrados. El objetivo principal es determinar si los nombramientos se realizaron de manera ilegal y, en caso afirmativo, tomar las medidas correctivas necesarias. Asimismo, se busca reforzar la supervisión de las entidades financieras para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Este caso podría marcar un precedente en la regulación de los nombramientos en entidades financieras en Costa Rica, subrayando la importancia de cumplir estrictamente con los requisitos legales y regulatorios en el sector.

La investigación sobre los nombramientos en la Junta Directiva del Banco Popular pone en evidencia las tensiones entre las instituciones financieras y los organismos reguladores en Costa Rica. A medida que las audiencias se desarrollan, será clave seguir de cerca los resultados de esta investigación y sus posibles consecuencias para la entidad bancaria y el sistema financiero en general.